El 40% de latinoamericanos sufrió inseguridad alimentaria en 2021
Las sucesivas crisis internacionales y la guerra en Ucrania comprometen el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional. En 2021, la inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 40,6% de la población de la región, cifra mucho mayor que el promedio mundial (29,3%), según un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Los precios de los alimentos han aumentado más que la inflación desde fines de 2018 y se han acelerado a partir de mayo de 2020. Y el hambre aumentó un 30% en la región entre 2019 y 2021. El estudio subraya también que los impactos de la guerra en Ucrania sobre los sectores productivos se entienden en el contexto de las distintas crisis que se han vivido en los últimos 15 años: la financiera de 2008, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y, desde 2020, la pandemia de COVID-19.
Del mismo modo, alerta que la prolongación de estas crisis, donde coinciden varias amenazas de carácter productivo, comercial, climático y geopolítico, no solo ponen en peligro la seguridad alimentaria, sino que también podrían conducir a retrocesos regionales y mundiales en materia de pobreza, desigualdad, acción climática y desarrollo sostenible.
José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, explicó que «las alzas de los precios internacionales de los alimentos e insumos afectan tanto a los países exportadores como a los importadores netos de alimentos». Además, señaló que la región importa más de 80% de los fertilizantes utilizados en la agricultura. Y, una reducción en los rendimientos y las cosechas de productos claves para la seguridad alimentaria por una menor fertilización «se sumaría a los efectos dañinos de la inflación de alimentos sobre la población más vulnerable».
En este contexto, los organismos del informe instaron a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social y extender su alcance al área rural en respuesta al triple desafío que supone el combate a la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza extrema, y el apoyo a la producción de alimentos en la región.
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