Nunca me gustó la Ley de partidos aunque no se puede negar que ha sido eficaz para luchar contra ETA. Por lo tanto es aceptable que siga vigente pues protege más de lo que perjudica. La duda radica en que no necesitabas esa ley para meter en la cárcel a alguien si conseguías demostrar que sus actividades financiaban a un terrorista. Y por otra parte hay algunos complementos de la misma que son simplemente pueriles, por ejemplo el de la condena explícita de la violencia.

Primero porque mentir es barato, segundo porque una ley no se puede sustentar sobre el grado de cretinidad del sospechoso y tercero porque si nos ponemos a pedir en el Congreso de los Diputados una condena explícita de otros violentos -hay tantos, verdad- dejamos la Cámara vacía. No hace falta decir que la violencia es asquerosa y primitiva, así en genérico.

Que esa Ley es poco clara, y está llena de matices discutibles, lo demuestra el hecho de que el Constitucional haya querido zanjar el caso aquí antes de que los de Iniciativa Internacionalista se pusieran a recurrir a Europa. No es lo mismo ilegalizar un partido en España, que hacerlo allí, de cara a unas europeas. En Europa no se andan con bromas y una cosa son los indicios y otra muy diferente las pruebas. Uno puede tener indicios de que esa organización es un satélite de HB, pero otra cosa distinta es ser capaz de demostrar que forman parte necesaria de la actividad terrorista. Si España trata de evitar que acudan a las elecciones pero Europa lo acepta, tenemos un lío montado de cuidado.

Desde luego tanto el PSOE como el PP tienen que acatar la sentencia, como se han acatado otras. Eso supone aceptar que el sistema funciona, porque de lo contrario ¿que pasaría ahora con quienes fueron ilegalizados antes?.

Más allá de todo esto, el asunto merece otra consideración. Tras este caso nos viene a la memoria el impetu tan vehemente con el que el PP exigía la ilegalización inmediata de ANV antes de las elecciones. Aquello sirvió de ariete durante semanas de forma vergonzante. Pues este caso demuestra que, como decía entonces el Partido Socialista, antes de ilegalizar una organización deben tenerse muchos, muchos argumentos. De lo contrario el trabajo no sirve para nada más que concluir que, en efecto, un cretino no es siempre un delincuente.