En 2007, el Gobierno pensaba que el lobby internauta podía hacerle daño electoral
Los «internautas» españoles son un «lobby» que goza de un gran impacto mediático y tiene la capacidad, al menos aparentemente, de provocar un daño electoral en las urnas al Gobierno de turno. Así lo cree Estados Unidos y lo admitió el propio Ejecutivo español en 2007, según se reflejó en varios de los cables diplomáticos filtrados por Wikileaks y a los que ha tenido acceso el diario 20minutos.es.
Esta información se ha difundido justo cuando se ha lanzado una campaña desde Internet pidiendo que no se vote a ninguno de los partidos políticos que han sacado adelante la Ley Sinde en el Senado: PSOE, PP, CiU.
(Foto: Flickr/Aupamon)
La Embajada estadounidense en España es consciente desde hace años de la existencia de un grupo de presión entre usuarios de la Red y de sus principales reivindicaciones. No saben quiénes o cuántos son, pero creen que defienden la piratería sin límites y el gratis total. La primera vez que se alude a ellos y a su impacto político en los cables filtrados es el 19 de noviembre de 2007.
En un despacho confidencial, Hugo Llorens, segundo de la delegación en España, insinúa que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «es sensible» a la opinión y las acciones de los «internet surfer groups» (internautas) y los «consumer groups» (consumidores) por el «posible daño político» que pudieran causarle de cara a las elecciones generales de marzo de 2008.
«No hay muchos españoles» que pertenezcan al colectivo de los internautas, explica Llorens, aunque «tienen un impacto mediático desproporcionado». El Gobierno, apunta el cable, «hace malabarismos» para intentar buscar un equilibrio entre el incremento de la penetración de la banda ancha en España, el freno a la piratería y la «contención» de una reacción negativa por parte de los usuarios en caso de sacar adelante una regulación.
EE UU resalta en sus comunicaciones que el «lobby» internauta protagonizó protestas contra el anterior ministro de Cultura César Antonio Molina y después contra Ángeles González Sinde, que le sucedió en el cargo el 7 de abril de 2009 y cuyo nombramiento fue tomado como una «declaración de guerra». EE UU no creía, en cualquier caso, que a Rodríguez Zapatero le afectara todo esto, pero sí se fijó en que González Sinde decidió mantener un «perfil bajo» durante sus primeros meses de mandato para no agitar el ambiente.
