Los derechos de las mujeres, entre los más amenazados durante la pandemia
Amnistía Internacional detalla las violaciones de derechos humanos agravadas durante la pandemia. Entre ellas, las que afectan a los derechos de las mujeres. La pandemia de la COVID-19 ha incrementado los niveles de inseguridad y violencia contra las mujeres en todo el mundo.
Desde Amnistía que ya antes de la crisis sanitaria, una de cada cinco mujeres sufría violencia de su pareja en el hogar en Europa. Pero los confinamientos y las medidas de aislamiento para contener la propagación del virus han expuesto a las mujeres y las niñas a mayores riesgos de abusos.
Señalan el caso de países como Polonia, Rumanía o Eslovaquia que «han utilizado la COVID-19 como una oportunidad para socavar o restringir aún más el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres».
También denuncian que las personas migrantes y solicitantes de asilo han sido «víctimas de discriminación». Citan los casos de detenciones a migrantes en países como Canadá, Estados Unidos, o México; las «cuarentenas selectivas» en Alemania, Chipre y Serbia, y desalojos forzosos en Francia y Grecia; y la situación en los campos de refugiados en Grecia. Donde «miles de personas, mayores, personas con enfermedades crónicas, menores, embarazadas, madres primerizas y personas con discapacidad, se han visto atrapadas en condiciones lamentables y peligrosas de hacinamiento».
La crisis migratoria en las Islas Canarias también ha estado en el foco de Amnistía Internacional, señalando que «se estén tramitando órdenes de devolución sin que las personas migrantes o posibles solicitantes de asilo hubieran recibido una adecuada asistencia letrada, tal y como exige el derecho internacional de los derechos humanos».
La organización también ha llamado la atención sobre la situación en los CETIs (Centros de Estancia Temporal para Migrantes), especialmente en el de Melilla, «hacinado y sin reunir las condiciones adecuadas para garantizar la protección y la salud de las personas residentes».
La COVID-19 también «ha visibilizando y profundizando la discriminación, la violencia y otras violaciones de derechos humanos que sufren a diario las personas LGBTI«. Por ejemplo, las restricciones a la atención médica de todo aquello que no sea la COVID-19 ha paralizado también procesos de transición de miles de personas trans en países como Estados Unidos, India o Australia. Y sus tratamientos hormonales se han quedado en un limbo, la atención psicológica se ha ralentizado y las intervenciones se han pospuesto. Lo que «ha impactado en la salud psicológica de estas personas».
Los defensores y defensoras de derechos humanos también están «en el punto de mira». Amnistía Internacional denuncian que la pandemia «ha sido un castigo añadido» para los defensores y defensoras de los derechos humanos que están «injustamente encarcelados», y también «se ha utilizado como pretexto para cometer nuevos actos de hostigamiento, persecución e incluso homicidio contra ellos».
Además, destacan que los Gobiernos de Europa Oriental y Asia Central han respondido a la pandemia de COVID-19 «con medidas represivas y abusivas». Para la organización, la aplicación policial de las medidas de confinamiento en toda Europa «ha afectado desproporcionadamente a las minorías étnicas y los grupos marginados, que han sufrido actos de violencia, controles de identidad discriminatorios, cuarentenas forzosas y multas».
El personal sanitario también ha estado «amenazado». Afirman que en el mundo, con datos de septiembre, ya habían muerto al menos 7.000 profesionales de la salud tras contraer la COVID-19. Y solamente en México había entonces al menos 1.320 fallecimientos confirmados: la cifra más alta para un solo país.
En España, la degradación del servicio de Atención Primaria «ha llegado en lugares como Madrid a unos niveles tan preocupantes que provocan un riesgo en el derecho al acceso la salud en la comunidad». También, la organización ha documentado cómo «la inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia». Y, «algunas de estas violaciones de derechos humanos siguen vigentes hoy»- aseguran.
Otra de las vulneraciones de derechos humanos que señala Amnistía es la censura de información esencial sobre la pandemia, que «se ha convertido en un fenómeno mundial». Por lo que «ha instado a los Gobiernos a contener su egolatría y dar prioridad a la salud pública».
Y recuerdan que los Gobiernos «deben garantizar que el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones respeta plenamente los derechos humanos».
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