La defensa de los derechos de la comunidad LGTBI registra avances y retrocesos en el mundo. En Francia han aprobado una ley que considera delito las terapias de «curación» o «conversión» de homosexuales y las castiga con penas de cárcel. Pero en Florida, los republicanos están impulsando una iniciativa denominada «Don´t say gay» (No digas gay) que persigue limitar los debates sobre temática LGTBI en las escuelas.

El pasado 25 de enero, el Parlamento francés aprobó una proposición de ley que crea un nuevo delito en el Código Penal y criminaliza las llamadas «terapias de conversión» para personas homosexuales. A partir de ahora, este tipo de prácticas que defienden algunos grupos religiosos y de extrema derecha para «curar» e imponer la heterosexualidad en el colectivo LGTBI podrán ser castigadas con penas de cárcel y multas.

En concreto se prevén penas de al menos dos años de prisión y 30.000 euros de multa cuando las «terapias» provoquen una alteración de la salud física o mental de la persona que se somete a ellas y tres años de prisión y 45.000 euros de multa cuando se actúe sobre menores o discapacitados. La norma ha sido aprobada por unanimidad de los 142 diputados presentes. Y el propio presidente del país, Emmanuel Macron, ha mostrado su apoyo al señalar que se trata de «prácticas indignas» y que «no hay nada que curar».

En paralelo a esto, en Florida, los republicanos han presentado una iniciativa para prohibir las discusiones y debates sobre orientación sexual o identidad de género en las escuelas primarias del estado. Los activistas LGTBI han bautizado este proyecto de ley con el nombre «Don´t say gay» (No digas gay) y denuncian que se trata de un intento de invisibilizar al colectivo que tendrá un impacto negativo para numerosos jóvenes.

El legislador republicano Joe Harding es el principal impulsor de esta ley que según él busca defender la responsabilidad de ser padres y evitar que las escuelas asuman ese rol al hablar sobre ciertos temas. La proposición ya ha llegado al parlamento federal y que podría recibir el visto bueno, en un estado cuyo gobernador es Ron de Santis, un político al que algunos señalan como «incluso más a la derecha que Trump». Aunque está siendo ampliamente criticada y combatida por parte de los demócratas y la asociaciones LGTBI.

Numerosas voces se han alzado en contra de esta norma. Chasten Buttigieg, el marido de Pete Buttigieg, actual secretario de Transporte de Biden y ex candidato a presidente, es uno de las personalidades que se ha manifestado en contra, asegurando que «matará a niños». Por su parte Anna Eskamani, legisladora de Florida, asegura que «tiene sus raíces en la homofobia y la transfobia». Y otros advierten de que la norma permitiría a los padres presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y exigir indemnizaciones por daños y prejuicios.

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