La izquierda está dividida sobre la ilegalización de la apología del franquismo, resalta Le Monde
El anuncio del gobierno de que se reformará el Código Penal para convertir en delito la exaltación y el «culto» a la dictadura está lejos de generar unanimidad en España, «tanto a derecha como a izquierda». Es lo que pone de relieve el diario galo en un artículo de su corresponsal Sandrine Morel. Explica que, de concretarse la intención del Ejecutivo de Sánchez, desaparecerían la Fundación Franco y las manifestaciones falangistas. Pero subraya que se ha abierto un debate profundo al respecto porque junto a las voces que consideran que ya es hora de sancionar estos comportamientos, otros alertan de que afecta a la libertad de expresión. Y entre estos menciona a El País o Gabilondo, entre otros.
Le Monde apunta que 40 años después de la muerte del dictador, «los días de la Fundación Franco parecen finalmente contados», ya que esta organización «a menudo calificada de anomalía democrática» porque defiende el legado del franquismo no «debería sobrevivir» a la reforma del Código Penal que ha anunciado el gobierno. Explica que el ejecutivo que lidera Pedro Sánchez en coalición con Podemos quiere penalizar la apología de la dictadura. Y resalta que si la medida se concreta acabaría con la Fundación, pero también con las manifestaciones de ex falangistas que cantan el Cara al sol con el brazo en alto como se vieron cuando la exhumación de Franco.
Pero el reportaje pone de relieve que esta ilegalización de la exaltación del franquismo está lejos de provocar unanimidad en España y de hecho ha desencadenado un profundo debate. Recoge que mientras muchos consideran que «ya es hora» de sancionar esta apología, otros señalan que el asunto afecta a la libertad de expresión y opinión o no es oportuna dado el trabajo que aún le queda por hacer a España en cuanto a memoria histórica. Y enfatiza que la división además no es ideológica ya que ha críticas a la medida tanto a izquierda como a derecha. Y en este sentido se hace eco del editorial de El País que consideraba la medida como «propaganda penal» y también de la Iñaki Gabilondo que considera que penalizar la exaltación del franquismo limita la libertad de expresión de forma parecida a como lo hacía la «Ley Mordaza» y evidencia la debilidad de las convicciones democráticas.
Le Monde es un diario vespertino francés fundado en 1944 y considerado el periódico de referencia del país. Está editado por el Grupo Le Monde que tras dificultades económicas es controlado desde 2010 por los empresarios Pierre Bergé y Xavier Niel y el banquero Matthieu Pigasse. Prisa posee también un 15% del diario que además ha recibido subsidios estatales, en torno a 17 millones de euros en 2010. Su línea editorial está considerada como de centro o centro-izquierda. Su difusión en 2016 es de más de 286.000 ejemplares y vende un promedio de 40.000 ejemplares fuera de Francia. Su website recibe más de 40 millones de visitas al mes y es el principal sitio de información en francés en Internet. En 2008, Le Monde fue condenado a pagar 300.000 euros de indemnización por haber publicado un artículo sobre prácticas dopantes en el FC Barcelona.
Sandrine Morel es corresponsal de Le Monde en España desde 2010. Anteriormente escribía para Le Nouvel Observateur y otros medios francófonos, como La Depeche du Midi o Les Nouvelles caledoniennes, y fue además redactora jefe de Le Courrier D´Espagne de 2007 a 2010. En 2019 recibió el Premio a la mejor corresponsal extanjera del CIP. Es además la autora de algunos artículos que han dado mucho que hablar como un perfil sobre Belén Esteban y sobre Emilio Silva, “el hombre que quiere acabar con Franco, o la advertencia de la “engañosa” eficacia en la frontera de Melilla junto con textos que resaltan el papel de la economía sumergida para evitar una revolución, las acusaciones de manipulación en TVE o la denuncia de que no se afronta el dopaje. Y en junio de 2018 publicó “En el huracán catalán”, un libro que ha tenido un gran eco, en el que detalla cómo ha vivido todo el proceso independentista en Cataluña y donde revela aspectos como el trato preferencial que dio a los corresponsales extranjeros la Generalitat o la sugerencia de que podían “influir” en sus artículos comprando publicidad.
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