Multas de 4.000 euros en Valencia por exhibir banderas franquistas
Por primera vez la Generalitat valenciana ha multado con 4.000 euros a dos participantes en la marcha del partido España 2000 en Benimaclet el pasado 12 de octubre por exhibir banderas franquistas. La sanción es por incumplir la prohibición de exhibir públicamente elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas, algo que supone una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática valenciana. Y aunque es la primera vez que se multa este comportamiento, la Generalitat ha querido dejar un mensaje claro: si la ultraderecha exhibe símbolos preconstitucionales en sus actos públicos en el territorio valenciano deberá abonar una sanción.
(Foto: Flickr/Petezin)
La sanción llega, según detalla un artículo de ElDiario.es, tras un proceso en el que las sancionadas, dos ultraderechistas catalanas, Francina V. S. y Marta Carlota S. P., se defendieron alegando que sus actos «no son constitutivos de infracción» y que la bandera franquista con el águila de San Juan que exhibieron no es «ni preconstitucional ni anticonstitucional».
Pero la Generalitat ha opinado lo contrario al considerar que el escudo es el franquista y por ello sanciona con 4.000 euros por persona «la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas». En la resolución, también se reprocha una «evidente extralimitación» del partido convocante de la marcha, España 2000, «al celebrarse la manifestación con una finalidad distinta a la comunicada a la Delegación del Gobierno y en contra de la Constitución y las leyes».
En este sentido, el gobierno valenciano señala que «la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas en la manifestación del barrio de Benimaclet, junto a la exhibición de simbología nazi, la bandera de la Falange, los saludos fascistas y las antorchas, convierte dicha manifestación en un acto de promoción y exaltación en público de la dictadura franquista.»
La sanción, 4.000 euros por cabeza, es la primera que aplica el Gobierno valenciano en cumplimiento de la Ley de memoria democrática y para la conveniencia de la Comunitat Valenciana.
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