La atención de todo el planeta está copada por la epidemia, la lucha por contener la expansión y las consecuencias de las medidas. Pero mientras tanto, en varios países se están produciendo situaciones y aprobando normas que están pasando desapercibidas. Entre ellas destacan la criminalización en tres estados de EEUU de las protestas contra instalaciones petroleras, la aprobación de tratados comerciales sin debate parlamentario o la liberación en Pakistán de los responsables del secuestro y asesinato del periodista Daniel Pearl.

En algunos países se está dando una situación similar en el fondo, pero al revés en la forma. Se está aprovechando la pandemia para, en su nombre, aprobar legislación controvertida. Es el caso de Hungría, que ha autorizado a su presidente a extender el estado de alarma indefinidamente o de Texas, Mississipi y Ohio que han decidido suspender los abortos en su territorio al no considerarlos «operaciones esenciales».

NOTICIA ACTUALIZADA: El gobierno andaluz aprueba en plena crisis sanitaria un decreto ley de eliminación de trabas administrativas que cambia de golpe 21 leyes que afecta a turismo, ladrillo y comercio y promueve una «desregularización ambiental».

 

La activista Naomi Klein lo advertía en Twitter. En las últimas dos semanas y sin apenas escrutinio público a causa del caos por el coronavirus, tres estados de EEUU, Kentucky, Dakota del Sur y Virginia Occidental han aprobado nuevas normas que aumentan el castigo penal para las protestas contra infraestructuras de combustibles fósiles como las que se vieron en 2016 cuando la comunidad india intentó parar la construcción de un oleoducto en Dakota. En concreto los tres estados contemplan fuerte multas por protestas en lo que etiquetan como «infraestructuras claves» -mencionando específicamente conductos de gas natural o petróleo- y consideran delito el daño a las mismas.

Otros tres estados del país, Texas, Mississipi y Ohio, por su parte ordenaron, entre las medidas anunciadas para luchar contra la expansión del coronavirus, cancelar o posponer todo procedimiento relacionado con el aborto. La decisión se justificó con el argumento de que toda atención médica debía estar orientada hacia los pacientes del coronavirus y hacia aquellos cuya vida esté en riesgo y consideraba los abortos como «operaciones no esenciales».

La medida sin embargo ha provocado críticas de ONGs, asociaciones feministas y responsables de los programas de género en EEUU por considerarla «ideológica» y advertencias del riesgo que supone estas medidas. Otros estados como Iowa, Alabama y Oklahoma -todos conservadores- anunciaron medidas en el mismo sentido. Aunque el 31 de marzo, un juez federal anunció que suspendía la decisión de Texas de incluir los abortos en la lista de procedimientos prohibidos durante la crisis del coronavirus. En varios países se han cerrado «a última hora» una serie de acuerdos comerciales controvertidos. Por ejemplo, Canadá ha ratificado, justo antes de cerrar el Parlamento por la epidemia y sin tramitación, el acuerdo comercial EEUU-Canadá México. También se ha dado luz verde al acuerdo comercial UE-Vietnam y se están negociando los del bloque europeo con Nueva Zelanda, Australia y EEUU, como resume Tom Kucharz. 

En Europa y concretamente en Hungría también se ha «aprovechado» la emergencia del coronavirus para aprobar una normativa que da poderes extraordinarios al presidente Viktor Orban de forma indefinida. En concreto el Parlamento húngaro, en donde el partido de Orban tiene una mayoría de dos tercios, ha dado luz verde a la propuesta del gobierno de permitir la extensión del estado de alarma de forma indefinida. Esto permite al presidente gobernar por decreto, sin pasar por el Parlamento y suspender leyes. Asimismo le autoriza a bloquear la divulgación de informaciones «que puedan obstaculizar o imposibilitar la defensa» (frente a la epidemia) y aplicar penas de hasta cinco años de cárcel para los infractores.

Mientras que en Pakistán, un tribunal ha anulado la condena a muerte contra Ahmed Omar Sheij acusado de decapitar al periodista del Wall Street Journal Daniel Pearl en 2002. Los jueces han reducido su pena a siete años de cárcel como simple autor del secuestro junto a otras tres personas. Había sido condenado en Pakistán poco después del crimen y llevaba preso desde 2002. Aunque existían dudas sobre la autoría del asesinato después de que una investigación en EEUU asegura que solamente había participado en el secuestro del periodista y  Jalid Sheij Mohamed, lugarteniente de Osama bin Laden, dijo en 2007 que él fue quien decapitó a Pearl. Ahora la justicia pakistaní ha decido liberar a Ahmed Omar Sheij y a los otros tres acusados por «falta de pruebas».

ACTUALIZACIÓN:

En Andalucía el Parlamento regional ha dado luz verde a una reforma legal de gran calado en plena crisis por la pandemia del coronavirus. PP, Ciudadanos y Vox han aprobado, sin debate parlamentario, un decreto ley que elimina de trabas administrativas y requisitos y cambia de golpe 21 leyes que afectan a sectores de turismo, ladrillo y comercio. Y en particular cae muchas restricciones medioambientales con el argumento de liberalizar la economía andaluza. Cambia por ejemplo la regulación de los campos de golf, que a partir de ahora no tendrán que cumplir los requisitos que se exigían. También se eliminan las prohibiciones para abrir en festivos. Las principales organizaciones ecologistas españolas hablan de «retroceso histórico» esta desregularización ambiental.

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