El negocio del control migratorio en España supera los 600 millones, señalan desde openDemocracy
Unas 350 empresas, 943 contratos públicos y un volumen de no menos de 610 millones de euros a lo largo de 15 años conforman las grandes cifras de una industria sobre la que hay poca información, pero que está llevando a cabo un papel destacado en un asunto de plena actualidad: el control migratorio en España. Es lo que pone de relieve en la plataforma mediática digital, openDemocracy, un artículo de Gonzalo Fanjul y Virginia Rodríguez. La de los refugiados e inmigrantes que intentan llegar a Europa es una de las grandes crisis humanitarias de nuestro tiempo. Pero así como es evidente quienes son los «perdedores» en este asunto, también hay «ganadores» que se están lucrando con el sistema concebido para detener el flujo de personas que intentan llegar a Europa. Desde oD se detalla la investigación de la Fundación porCausa que ha elaborado lo que podría considerarse el primer «mapa del negocio del control migratorio» en España poniendo el foco precisamente en que el sistema tiene como objetivo detener los flujos, no gestionarlos.
En openDemocracy explican que cada una de las 33.293 personas que han fallecido desde 1993 intentando llegar a Europa, son los «perdedores» del sistema migratorio y para determinar quiénes son los ganadores, la Fundación porCausa ha estado un año realizando un trabajo de investigación para hacer el primer «mapa» de la industria del control migratorio en España. Apuntan que se trata de un negocio «complejo» pero «fabuloso» y que se alimenta casi exclusivamente de fondos públicos. En este sentido señalan que se ha consolidado un ecosistema de actores económicos que recibe cantidades crecientes de dinero público para hacer efectivas las políticas de control migratorio.
El artículo denuncia que además estos mismos actores han adquirido una posición de fuerza en el sistema que les permite influir sobre las normas y decisiones políticas que les afectan. Y sobre todo se critica que todo el sistema ha sido diseñado para «detener» los flujos migratorios, no para gestionarlos. Se apunta que hay cuatro sectores definidos en esta industria siendo los más importantes el de la vigilancia de las fronteras y las acciones de detención y retorno forzoso de inmigrantes en situación ilegal -que incluye los CIE-. Y revela que entre 2002 y 2016, casi 350 empresas que se beneficiaron de 943 contratos públicos por un valor total superior a los 610 millones de euros. Añade que diez de estas compañías (siendo la tecnológica Indra la nº1) acumulan más de la mitad de los recursos.
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