Dos estados de EEUU, gobernados por republicanos, son noticia por protagonizar retrocesos en materia de derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI. En Oklahoma, se acaba de aprobar una ley que prohíbe el aborto después de la sexta semana de gestación y solo contempla excepciones por motivos médicos. Esto se une a la restrictiva norma aprobada en 2021 en Texas que prohíbe interrumpir el embarazo desde que hay latido fetal y que en la práctica había hecho que muchas mujeres texanas viajaran al vecino estado de Oklahoma para abortar.

En Florida, mientras tanto, el gobernador republicano Ron de Santis sigue tomando decisiones polémicas y que contribuyen a recortar derechos y libertades de la comunidad LGTBI. Lo último ha sido atacar a Disney planteando retirarle el estatus especial que tiene en sus parques de ocio y que le da poderes similares a los de un gobierno local. Y el motivo de esta decisión es que Disney ha criticado la polémica ley de De Santis que prohíbe hablar de temática LGTB e identidad d género en las escuelas del estado y que ha sido bautizada como «Don´t say Gay» (No digas gay).

El parlamento de Oklahoma, situado en el sur de Estados Unidos justo al norte de Texas, ha aprobado este 28 de abril una ley que prohíbe el aborto después de la sexta semana de gestación. El texto prevé algunas excepciones por razones médicas, pero no en caso de violación o incesto. Ahora la ley pasa al escritorio del gobernador republicano para su firma y puesta en vigor. Algo que podría suceder en breve y convertir a Oklahoma en uno de los estados más restrictivos con respecto a la interrupción del embarazo.

El Senado de Oklahoma, de hecho, ha aprobado otro texto que prohíbe toda interrupción voluntaria del embarazo sin importar el mes de gestación. Esta es una norma que aún tiene que hacer el tránsito parlamentario, pero que se une a la retahíla de estados conservadores -Texas, Florida, Misisipi- que están aprobando legislación restrictiva con respecto al derecho al aborto.

El caso de Texas es el más conocido y señalado por su extremismo, ya que su ley prohíbe interrumpir el embarazo desde que hay latido fetal -en torno a la cuarta semana- y además incluye facilidades y estímulos para que se denuncie cualquier aborto. La norma entró en vigor el 1 de septiembre de 2021, pero está recurrida en el Tribunal Supremo. Aunque ya había provocado que miles de mujeres texanas viajaran a otros estados, como Oklahoma, para abortar.

Florida, por su parte, y especialmente su gobernador, Ron De Santis -uno de los republicanos más en auge y que de hecho «hace sombra» a Donald Trump- ha vuelto a tomar una decisión polémica y que supone un ataque a la disensión y a la defensa de los derechos LGTBI. Ha anunciado que va a retirar el estatus especial que permitía a Disney ser una especie de «autogobierno» en los condados en los que ha construido sus famoso parques temáticos.

El enfrentamiento De Santis-Disney se remonta en realidad a marzo de 2022, cuando el Senado de Florida aprueba el proyecto de ley HB 1557, titulado Derechos de los Padres en la Educación y conocido como «Don’t Say Gay» (No digas gay) porque prohíbe enseñar y hablar en las escuelas sobre orientación sexual e identidad de género. Disney no reaccionó inmediatamente, pero tras la indignación y movilización de sus empleados, el CEO de la empresa, Bob Chapek condenó públicamente la ley, abogando por su derogación o impugnación en los tribunales, y anunció que la empresa dejaría de hacer donaciones al partido republicano en Florida.

Pero a mediados de abril, el gobernador Ron DeSantis «contraatacó» anunciando que para castigar a Disney, eliminaría el estatus especial que le permite operar como un gobierno independiente en su parque temático en el área de Orlando. Se trata de unos privilegios reconocidos por una ley de 1967 y que da a The Walt Disney Company el control gubernamental sobre el llamado distrito Reedy Creek, donde la empresa asumió la responsabilidad de proveer servicios municipales como energía, agua, carreteras y protección contra incendios, pero quedando exenta de la burocracia estatal y del pago de impuestos por estos servicios.

Disney ha podido en estos años incluso emitir sus propios bonos sobre este distrito que abarca abarca alrededor de 10.117 hectáreas en los condados de Orange y Osceola, incluidos cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos, un complejo deportivo, 281 kilómetros de carretera, 107 kilómetros de vías fluviales y las ciudades de Bay Lake y Lake Buena Vista.

Pero ahora, la ley aprobada por DeSantis plantea que este distrito y el estatus especial de Disney sobre él se disolverá el 1 de junio de 2023. Pero aunque se trata de una decisión que busca castigar a la multinacional por oponerse a su ley anti-LGTBI, las derivadas de este cambio de estatus podrían volverse contra el propio gobernador de Florida o al menos contra los ciudadanos.

Para empezar se ha anunciado que la disolución del distrito especial significaría que los condados de Orange y Osceola asumirían los activos y pasivos de Reedy Creek y tenderían que hacerse cargo del cuidado de las carreteras, la policía, la protección contra incendios, la gestión de desechos y más. Pero además, Disney ha anunciado que el Estado no puede disolver el estatus especial sin hacer pagar las obligaciones de deuda que asciende a 1.000 millones de dólares. La «guerra cultural» de DeSantis contra Disney sobre la ley «Don´t say gay» podría así saldarse con un importante aumento de impuestos para los contribuyentes de Florida.

linea

Radiocable.com y su programa La Cafetera se financian con las aportaciones de lectores y oyentes. Necesitamos tu ayuda para sobrevivir. Si te gusta el periodismo que defiende el programa y sientes que te acompaña, hazte suscriptor-mecenas aquí.

Print Friendly, PDF & Email

TAMBIÉN EN RADIOCABLE

© Radiocable en Internet S.L.