A mediados de los años 90, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, se llevó a cabo una campaña de esterilizaciones de mujeres de zonas rurales e indígenas de todo Perú en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar bajo el pretexto de luchar contra la pobreza. Se calcula que hubo más de 300.000 mujeres esterilizadas contra su voluntad que en muchos casos sufrieron graves lesiones físicas y psicológicas. Ahora se ha abierto la puerta en el país a que los responsables de lo que muchas ONGs consideran un crimen de lesa humanidad, sean finalmente juzgados.

A pesar de que los hechos sucedieron hace 25 años, los responsables de la implementación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar –Fujimori y sus exministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y Mariano Costa– no han sido juzgados. Este 1 de marzo una audiencia pública contra ellos -que debía haberse celebrado en enero, pero fue aplazada- debe servir para que la investigación judicial determine la posibilidad de abrir un juicio y exigirles responsabilidad penal.

Las esterilizaciones forzosas afectaron principalmente a mujeres jóvenes de procedencia indígena, con escasos recursos económicos, de zonas rurales y urbano populares y que además fueron engañadas, chantajeadas y humilladas. Se habla de al menos 300.000 afectadas, aunque también fueron esterilizados 24.000 hombres. Y las esterilizaciones se llevaron a cabo en lugares insalubres, sin anestesia y sin cuidados postoperatorios, quedando en un total abandono por parte del Estado. Esto tuvo como consecuencia que miles de mujeres sufrieron graves infecciones e incluso muertes, además del impact0 para su salud mental.

Según explica en un artículo de ElDiario.es, María Ysabel Cedano, abogada de la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus): «fue un crimen de lesa humanidad. Vulneraron derechos humanos, derechos reproductivos, el derecho a la planificación familiar, al acceso a una gama más amplia de anticonceptivos, el derecho al consentimiento previo libre e informado y por escrito, tratándose de métodos irreversibles». Y piden que tanto Fujimori como sus exministros de Salud y jefes médicos sean llevados a juicio por un crimen de lesa humanidad.

 

 

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