La jueza de Benavente, Tania Chico, acudió el lunes 8 de junio a Santa Marta de Tera (Zamora), acompañada de la Guardia Civil y de familiares de las víctimas, para buscar a ocho personas desaparecidas desde el verano de 1936. Es la primera vez que la Justicia se involucra y tutela una exhumación de la memoria histórica y se ha producido a consecuencia de la causa abierta en otoño de 2008 en la Audiencia Nacional. Además la Fiscalía ha inisistido en que el Juzgado de Granada abra la fosa en la que estaría enterrado García Lorca.

 

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El 22 de enero de 1936, Baltasar Carbajo Vidales, José Villalibre Toral, Baltasar Valderrey Turrado y Aquilino Ortega Villahoz fueron detenidos por un grupo de falangistas en Destriana (León). Al atardecer fueron asesinados. Y según los investigadores se ordenó que fueran enterrados en una fosa en la iglesia de Santa Marta. 73 años después, un juez supervisa la busqueda de sus restos y el de otros fusilados.

Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), está llevando a cabo un diario de la exhumación en El País. En el primer día de búsqueda encontraron inidicios, pero no restos. Este martes ya han aparecido algunos, aunque la identificación es dificil y al encontrarse en un cementerio, los arqueólogos creen que puede haber habido desplazamiento de cadáveres.

Por ello prevén que el trabajo dure varios días. Pero tanto los familiares como los miembros de la ARMH consideran esta exhumación como un hito y un precedente que podría facilitar las cosas a otras familias.

Esta exhumación con tutela judicial es la primera que se produce a raiz de la apertura de una causa contra el franquismo de el Juez Garzón. Este se inhibió posteriormente en favor de 43 juzgados. De momento solo tres de ellos, los de Zamora, Palencia y Jaen, han abierto diligencias para abrir las fosas o para elaborar una instrucción en la que se explique cómo fue ideado y cometido el delito.

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