El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha anunciado planes para endurecer los requisitos de las becas de acceso a la universidad española. Y eso a pesar de que España destina solo un 0,1% a este capítulo, la mitad de la media de la OCDE;

Wert estudia también fijar un número mínimo de alumnos por carrera, de manera que aquellas carreras universitarias que no llegasen a alcanzarlo dejarían de ser impartidas: «El ministerio quiere reducir una oferta de títulos universitarios que ve excesiva» -explica el periódico El Pais. Es decir, pretende, reducir el número de universidades públicas.

Paralelamente, Esperanza Aguirre, la Pta. de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a cuestionar la gratuidad del bachillerato, argumentando que «no son enseñanzas obligatorias».

Y todo esto está enmarcado por el anuncio del gobierno -hecho por carta- del nuevo recorte de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación.

Utilizando la #neolengua, lo llaman «racionalización», «Estándar de eficiencia mínima», «optimización»..etc . Pero es mas sencillo : jibarización de lo público, recorte, precarización… la antesala de la privatización.

Dicen que es necesario reducir el número de universidades que hay distribuidas por el país porque su elevado número y sus excesivos costes hacen inviable que se impartan las materias con calidad. Que es mejor que haya pocas por España, pero especializadas.

La visión, además de reconocer su incapacidad para gestionar bien la enseñanza, es peligrosa porque dejará la universidad en manos, solamente, de quienes puedan pagar la estancia de sus hijos fuera de su lugar de origen.  Si eliminas la proximidad eliminas una de las grandes conquistas de la igualdad de oportunidades. La respuesta, debiera estar en la mejora de los procesos educativos, no en su desaparición…

También se está colocando el foco en la forma en la que se conceden las becas. De nuevo resurge el debate de instaurar la beca-crédito. Esa que luego, una vez licenciado, tiene que devolver el alumno. El modelo, además de bancarizar la educación, ha demostrado ser perverso allí donde se ha experimentado, por ejemplo en Chile, donde, como ha denunciado Camila Vallejo, la Vicepta de la FECH, los alumnos se ven ahogados por las deudas pues a menudo los salarios al terminar la vida de estudiante no rentan lo suficiente como para abordar tales deudas.

La espiral de presión en la que introducen al alumno hace que muchos opten por no acogerse a ellas, por no estudiar o por abandonar. Es decir, la fórmula, elitista a más no poder, incentiva ciudadanos sin formación.

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La educación debe ser pública, sí; soportada por el Estado, por los impuestos. Porque costearla a través de los impuestos es un enorme avance para el concepto de ciudadanía.

Es muy pedagógico. Primero porque responsabiliza a la sociedad con la educación de sus vecinos. Y de la misma forma que un ciudadano culto, es un ciudadano con más oportunidades, un país culto es, finalmente, un país con más oportunidades;  Si la educación es observada como un compromiso tributario las exigencias de calidad, por parte de los ciudadanos, serán siempre las máximas.

Por eso no hay que permitir esa transformación. Porque todas estas propuestas en realidad son la antesala de la privatización educativa. Están pensadas desde un marco ideológico que cree que lo público es costoso e ineficaz.  Y pensadas desde un marco que sabe, sobre todo, que Educación, Sanidad y Pensiones son los últimos tres grandes sectores donde les aguardan millonarias ganancias.