Así funcionan en España los protocolos contra la violencia sexual en entornos de ocio
En España, aunque tras el caso del futbolistas Dani Alves se ha puesto el foco en ello, se trabaja desde hace décadas el tratamiento de las violencias sexuales en espacios de ocio. En The Conversation repasan las tres claves que marcan los protocolos: prevención, detección y reacción y atención a la víctima. Los hay ya creados por administraciones pero los recintos también pueden diseñar los suyos propios, pero se resalta la importancia de que sean específicos y de que el personal reciba formación.
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Ana Belén Almécija Casanova
El caso Dani Alves ha puesto de manifiesto la eficacia de los protocolos contra las violencias sexuales en entornos festivos. La sala barcelonesa donde sucedieron los hechos está adherida al protocolo No Callem (No Callamos) del Ayuntamiento de Barcelona, lo que implica que el personal que trabaja en el local está sensibilizado y formado sobre las violencias sexuales y cómo actuar ante ellas.
Hace décadas que desde diferentes entidades se trabaja el abordaje de las violencias sexuales en espacios de ocio, pero especialmente en los últimos años se ha constatado la necesidad de contar con herramientas para prevenirlas y reaccionar ante ellas adecuadamente tanto por las administraciones como por el propio sector.
Como punto de partida hay que tener presente que el procedimiento ante estos comportamientos debería incluirse en los planes de seguridad de las actividades, pero es esencial señalar que su tratamiento ha de ser específico. No estamos ante un delito más, no solo porque el impacto que tiene una violencia sexual para quien la sufre es mucho mayor que el de otros delitos e infracciones, sino porque su detección a menudo es complicada.
En contextos de fiesta existe un proceso de normalización de algunas conductas (como hemos podido ver también en la fiesta posterior a la gala de los premios de cine Feroz, celebrada el pasado 29 de enero) que facilita la impunidad de los agresores y que lleva a la justificación de su comportamiento.
Los mitos sobre las violencias sexuales todavía son defendidos por quienes agreden y por su entorno como verdades que respaldan su actitud y les exime de culpa, haciendo recaer sobre la agredida la responsabilidad de lo que le ha sucedido. Además, es habitual identificar la violencia sexual solo desde la perspectiva penal, lo que deja fuera muchas conductas que son reprobables. Si el personal no tiene formación especializada es posible que no detecte los hechos o que no reaccione de forma adecuada.
Los recintos pueden diseñar su propio protocolo o adherirse a los ya creados por diferentes administraciones. Por ejemplo, el citado “No Callem” o el “Protocolo de seguridad contra las violencias sexuales en entornos de ocio” del departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña. También algunas entidades realizan procedimientos para fiestas concretas como el “Protocolo municipal para la atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales y otros tipos de violencias machistas en las fiestas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife”. Es esencial que todo el proceso de diagnóstico, diseño, implantación y evaluación se lleve a cabo por profesionales expertos en igualdad, género y seguridad.
En cuanto al contenido, existen diferentes aspectos a tener en cuenta, como la prevención, la detección, la reacción y la atención a la persona afectada.
Prevención
La formación de todo el personal es el punto de partida para prevenir la violencia sexual. Los contenidos deben incluir diferentes temas como la sensibilización, conceptos jurídicos básicos, procedimientos operativos para actuar ante determinadas conductas, coordinación con otros recursos y atención a la persona afectada.
Además, el compromiso contra la violencia sexual ha de visibilizarse a través de carteles o mensajes en redes sociales. Esa práctica ayuda a crear un entorno seguro para trabajadores y asistentes y puede ser disuasorio para potenciales agresores, quienes sabrán que en ese recinto se reacciona activamente ante determinadas conductas.
Las diferentes metodologías de prevención de la inseguridad que nos aporta la criminología ambiental también nos serán muy útiles. Hay que analizar el diseño del local y detectar las zonas que puedan ser de riesgo y buscar soluciones para combatirlos: mejorar la señalización y la visibilidad, evitar recovecos, implantar sistemas tecnológicos que permitan pedir ayuda en entornos alejados de la multitud o por el contrario excesivamente ruidosos, mayor presencia de personal en determinadas zonas…
Detección y reacción
Uno de los aspectos a incluir en el protocolo es un procedimiento operativo para que el personal actúe de manera correcta en caso de detectarse una agresión. Aunque la reacción será diferente según de quién se trate –no será la misma actuación la del personal de barra que la del personal de control de acceso o de seguridad privada– todos deben saber cómo actuar, ya sea directamente o avisando a quien corresponda. Es esencial una buena coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad y otros recursos como los sanitarios.
Atención a la víctima
La persona agredida merece la mejor atención posible desde el primer momento. Todas las actuaciones han de girar alrededor de su protección y bienestar. Hay que respetar sus derechos, sus necesidades, tiempos y decisiones. De ahí que la formación deba incluir cómo debe ser esa atención inicial hasta que llegue o se derive a un profesional especializado.
También hay que conocer qué información es especialmente relevante para trasladarla a la policía cuando sea el caso y cómo preservar las posibles pruebas y el escenario de los hechos.
Finalmente, es importante contar en los recintos con los llamados “puntos lilas”. Estos puntos son espacios estáticos de referencia desde los que se ofrece información y atención. En ellos ha de haber personas expertas capaces de gestionar las diferentes situaciones con las que puedan encontrarse y han de trabajar en coordinación con seguridad pública, privada y personal sanitario. Si por las características de local no es viable, como mínimo debe contarse con un responsable del protocolo contra las violencias sexuales que además pueda realizar inicialmente las funciones de atención y acompañamiento de las personas afectadas.
Ana Belén Almécija Casanova, Criminóloga y Jurista. Profesora asociada de legislación aplicada a la edificación EPSEB-UPC. Vicepresidenta de ACPIDA, Asociación Catalana para la Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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