Los ecologistas denuncian como un “retroceso histórico” la desregularización ambiental aprobada en Andalucía
En plena crisis por la pandemia del coronavirus, el Parlamento regional andaluz ha dado luz verde a una reforma legal de gran calado. PP, Ciudadanos y Vox han aprobado, sin debate parlamentario, Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía que elimina de trabas administrativas y requisitos y cambia de golpe 21 leyes que afectan a sectores de turismo, ladrillo y comercio. Y en particular deroga muchas restricciones medioambientales, por ejemplo con respecto a los campos de golf, con el argumento de liberalizar la economía andaluza. ONGs como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF ha criticado la decisión y hablan de «retroceso histórico» con esta desregularización ambiental.
En concreto los ecologistas consideran que la convalidación del decreto ley es un retroceso inaceptable en las garantías ambientales de las normas andaluzas, un grave ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública. Denuncian, además, que supone un peligroso precedente para otras comunidades autónomas. Critican asimismo que se haya aprovechado la actual situación de excepcionalidad para sacar adelante esta norma y haya recurrido al argumento de la necesidad de «agilizar trámites administrativos para reducir el impacto socioeconómico del Brexit y de la pandemia del coronavirus».
La norma aprobada por el parlamento andaluz cambia por ejemplo la regulación de los campos de golf, que a partir de ahora no tendrán que cumplir los estrictos requisitos ambientales que se exigían. Pero también se modifica de la Ley de medidas frente al cambio climático y se amplían las actuaciones que se pueden declarar de interés autonómico, lo que facilitará la aprobación de urbanizaciones residenciales, puertos, grandes establecimientos comerciales, etc.
Las principales organizaciones ambientales aseguran que apoyan el anuncio del PSOE y Adelante Andalucía de presentar un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional contra este Decreto. Y añaden que también ejercerán todas las acciones legales posibles en ámbitos españoles y europeos para que esta «contrarreforma ambiental» de la Junta de Andalucía no se consolide.
