Más allá de las normas jurídicas, subyace en toda Democracia un compromiso ético entre
gobernantes y gobernados, basado en la confianza recíproca […]

Ayer se produjo una imagen muy simbólica. Fue en las puertas del juzgado donde tuvo que declarar Francisco Camps como imputado. Allí había unos señores ciudadanos, normales, manifestando su opinión de forma pacífica con una pancarta en la que ponía: «Amiguitos del alma, ¿y las privatizaciones?». Hasta que por allí apareció un señor perfectamente trajeado, impecable, simpatizante de Camps -por lo que se ve- que corriendo rasgó la pancarta y salió huyendo con los trozos… Que metáfora ¿no? Que simbología. La propiedad del pueblo hecha añicos, robada a trozos.

Se cuestiona que la opinión pública haga juicios paralelos, manifieste su opinión, pero ¿como no hacerlo? Camps no es una tonadillera que ha defraudado, ni un empresario. Es un político elegido por los ciudadanos, un representante público. El derecho de los ciudadanos a preguntar, a cuestionar, a exigir impecabilidad, es indiscutible. Sólo faltaba.

Algo de razón llevan quienes tratan de mantener el trabajo de los jueces a salvo. Lo que pasa es que aquí hay dos tipos de responsabilidad, la judicial y la política.  Porque lo mismo el juez no ve indicios, no tiene pruebas, y ya está, la judicial habrá funcionado y no hay duda de que es un sistema muy protector. Pero ¿que hay de la responsabilidad política? ¿Donde se administra? ¿Es que Rajoy no ha pedido las facturas de los trajes? ¿las tiene? Como dice Gabilondo el PP es un infatigable reclamador de responsabilidades ajenas, pero nunca cuando se trata de las suyas.

En todo caso no es culpa de la sociedad que se lancen sospechas contra Camps. Su credibilidad quedó en entredicho cuando aseguró que sólo conocía «someramente» a Álvaro Pérez el bigotes. Y luego vinieron los cariños y las conversaciones en las que se referían uno a otro como «amiguito del alma», como bien sabía ya todo Valencia.

¿Por qué entonces no actúa Rajoy? ¿tiene esas facturas? Porque el daño que está haciendo esto a Mariano Rajoy, al PP, y a la política en general es enorme: parece una burla contra las instituciones.

Hoy nos cuenta EL PAIS que Rita Barberá, que acompañaba pomposamente a Camps a las puertas del juzgado, también podría ser salpicada por la investigación. La cosa no hace más que complicarse. Y mientras tanto ahí sigue el Código ético popular, llorando por las esquinas…

8.- Comunicar a la Dirección del Partido Popular y a poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito.

9.- Asimismo, el Partido Popular asume el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos y que, a su vista, pará públicas las conclusiones de su informe, así como las sanciones que de ello puedan derivarse en aplicación del Reglamento de Conflictos y Disciplina.
[Código ético del PP]