Con una negociación frenética e in extremis, el Parlament finalmente ha dado luz verde con 78 votos a favor y 57 en contra a la histórica norma que permite regular el precio de los alquileres en Cataluña y evitar abusos. Se trata de la primera comunidad autónoma española que se dota de una ley para intentar limitar el problema de los alquileres abusivos. Recoge así una demanda de numerosos colectivos de la sociedad civil y podría convertirse en punta de lanza para aprobar normas similares en otras regiones. Aunque cuenta con el rechazo de PSC, PP, Cs y PDeCAT y la amenaza de que el Tribunal Constitucional la anule.

(Foto: Flickr/Srgpicker)

Para hacer frente a la subida exponencial de los precios de los alquileres en Cataluña en la última década y bajo el impulso del Sindicato de Inquilinos, ERC, En Comú, la CUP y JxCAT han votado a favor de la ley de medidas urgentes para la contención de los alquileres. El apoyo de JXCAT se logró a última hora tras alcanzarse un acuerdo sobre la definición de propietario vulnerable que queda exento de una norma que se va a aplicar a los sesenta municipios catalanes que acogen a más de veintidós mil habitantes, lo que afecta a más del 70% de la población catalana.

Le ley implica que los precios de los alquileres no podrán ser incrementados respecto al anterior contrato y si el precio de la vivienda en cuestión estaba por encima de la media de los alquileres de la zona, en el nuevo contrato deberá ajustarse al índice de precios fijado por la Generalitat. Además se estipula que las viviendas que entren en el mercado por primera vez también deberán tener un precio fijado de acuerdo al índice de precios. Aunque quedan exentos los contratos anteriores a 1995 y toda obra nueva, para incentivar la vivienda protegida.

El sector inmobiliario y la patronal han criticado la ley asegurando que puede reducir la oferta de viviendas. Aunque el mayor escollo al que se enfrenta  es su posible anulación por parte del Tribunal Constitucional. El PP, que votó en contra junto con PSC, Ciudadnos y PDeCAT, ha anunciado que la recurrirá. Y en caso de que también lo hiciera el gobierno central, el TC podría suspendida automáticamente antes de revisar el recurso.

Pero tras su aprobación en el Parlament catalán, son muchas las voces que hablan de victoria histórica y de primer paso en España para afrontar el problema de los alquileres abusivos. Javier Gil, del Sindicato de Inquilinos de Madrid, por ejemplo  la defendía resaltando que siente un precedente y y que podría propiciar una ley estatal.

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