La compensación de 5.000 millones de dólares acordada entre la petrolera española y el gobierno de Argentina por la expropiación de YPF es analizada con lupa por varios medios argentinos. En general lo consideran positivo
por significar el fin de una disputa que estaba perjudicando al país, pero muestran preocupación por el coste final de la deuda, contabilizando intereses.

(Foto: Flickr/Jgrmontero)

Ámbito Financiero señala que el diablo está en los detalles. El artículo de Rubén Rabanal asegura: «El problema es que, más allá de los festejos por el acuerdo y el anuncio al Congreso, el diablo está en los detalles. La ley de expropiación, la nacional y la específica para las acciones de YPF, establecen que el precio a pagar a la petrolera no saldrá de un acuerdo como el que se selló sino de la valuación que presente el Tribunal Nacional de Tasaciones. Hasta ahora, y después que el Gobierno proclamara denuncias por el vaciamiento de YPF y la voluntad de no pagar ni un peso, ese tribunal no hizo pública esa valuación que exige la ley.

 

En el Senado y Diputados deberá discutirse en sesiones abiertas el acuerdo, las condiciones de negociación, la valuación y los bonos a emitir, que para este caso son 500 millones en Bonar X, 1.250 millones en Discount 33 y 3.250 millones en Bonar 24, más otro paquete complementario por 1.000 millones en bonos, obviamente todo en dólares.»

Clarín señala que Repsol también cobrará intereses por los bonos que no computarán como dinero cobrado de la deuda. La columna del editor del diario, Ricardo Kirschbaum, apunta: «Con el mismo énfasis con el que afirmó en 2012 que Repsol debía indemnizar a la Argentina, Kicillof anunció ayer cómo se le pagará a la petrolera española. Fue didáctico: se le garantizaron 5.000 millones de dólares, mediante una ingeniería financiera y cláusulas que aseguran el precio puesto al 51% de las acciones expropiadas. Curioso: el ministro no explicó cómo se llegó a ese valor. El precio lo pusieron los expropiados. El ministro se mostró ligeramente molesto por el uso de la palabra garantías pero no hay otra palabra para denominar lo que el Gobierno aseguró a los españoles.

 

La deuda no quedará saldada hasta que Repsol no cobre en metálico los 5.000 millones. Se estima, también, que los intereses que devengan de esos bonos –algunos calculan que oscilan entre los 400 y 500 millones de dólares por año– no se computarán como dinero cobrado. Siguiendo ese razonamiento simple, si Repsol retuviese todos los bonos recibidos hasta su vencimiento llegaría a cobrar los 5.000 millones de capital más una cifra que ronda alrededor de los 4.500 a 5.000 millones de intereses.»

La Nación señala que cae el mito de que el «gran desatino» de la expropiación saldría gratis a los argentinos. Su editorial sostiene: «El anuncio oficial sobre el acuerdo del gobierno kirchnerista con la petrolera Repsol para emitir deuda por unos 6000 millones de dólares con el fin de pagarle a la empresa española la indemnización por haberle arrebatado hace casi dos años sus acciones en YPF no sólo puso fin al mito del desendeudamiento que sembraron las autoridades nacionales. También colocó al descubierto las falacias de un relato populista con el que se quiso convencer a los argentinos de que la expropiación de YPF iba a resultarnos prácticamente gratis.

 

Se le garantizará a Repsol el rápido cobro de una compensación a través de una emisión de bonos en moneda extranjera a un plazo de hasta veinte años por parte del Estado argentino, que pagarán intereses que irán del 7 al 8,75 por ciento anual. Deuda que comenzará a pagarse hacia fines del año próximo, cuando ya haya un nuevo gobierno elegido por la ciudadanía.»

Página 12 analiza la posibilidad de que Argentina tenga que desembolsar al final más de 5000 millones. El texto de Tomás Lukin afirma: «En términos nominales y en valor bruto, es probable (considerando que un dólar pagado hoy es lo mismo que un dólar pagado en 2033). Si se llevaran los pagos a valor presente (descontando intereses por el tiempo transcurrido hasta la fecha de pago), el resultado sería muy inferior. El mecanismo es el mismo que opera cuando una empresa toma un crédito para invertir o una familia accede a un crédito hipotecario, cuando se cancela la deuda uno devuelve más que lo que recibió. El beneficio reside en postergar en el tiempo el pago aunque tenga un costo. En el caso de la compensación a Repsol, el plazo es de dos décadas.

(Esta noticia está incluida en el resumen de prensa internacional de radiocable.com)