«La justicia española ha anunciado nuevas investigaciones sobre 13 antiguos dirigentes del Banco de Valencia así como de un empleado de la Consultora Deloitte, sospechosos de haber falsificado las cuentas del banco antes de su nacionalización en 2011″.

(Foto: flickr/ La República…)

«Los 13 miembros del ex Consejo de Administración de la entidad financiera, así como un responsable de la auditora Deloitte serán investigados por la presunta comisión de un delito de falsificación de las cuentas anuales del banco en 2009, según la sentencia del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional de Madrid».

(…) «Banco de Valencia es -junto con Bankia, CatalunyaCaixa y NovaCaixaGalicia- uno de los cuatro bancos españoles que tuvieron que ser nacionalizados tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, una crisis que debilitó profundamente el sector financiero. Estas dificultades precipitaron la concesión en 2012 de una ayuda europea de 41.300 millones de euros a las entidades financieras españolas».

«Banco de Valencia recibió 4.500 millones de esta ayuda, además de una primera inyección del estado español de mil millones de euros, antes de ser vendido en diciembre de 2012 por un euro simbólico a la primera entidad española por activos, CaixaBank«.

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«Gran Bretaña está revisando sus opciones en las aguas de Gibraltar después de una incursión ilegal en sus aguas territoriales el lunes, según ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores. Mark Simmonds aseguró en la Cámara de los Comunes que el buque del estado español, el Ramón Margalef, auxiliado por tres patrulleras de la Guardia Civil desoyó las órdenes de abandonar la zona».

(Foto: flickr/cinefilo)

«El embajador de España en el Reino Unido ha sido convocado por el Foreign Office para explicar lo sucedido. El ministro Simmonds, por su parte, ha declarado que el buque español había llegado a 250 metros de la entrada al puerto de Gibraltar. Durante el incidente, el Ramon Margalef aseguró que estaba allí para llevar a cabo trabajos oceanográficos que eran el interés comunitario europeo«.

«Mark Simmonds compareció en la Cámara de los Comunes para responder a una pregunta urgente sobre Gibraltar, planteada por el diputado conservador Bob Neill, y aseguró que una escalada de tensión no era interesante para nadie, y que este litigio requiere una solución política«.

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«Las manifestaciones no autorizas cerca del Parlamento Español podrían suponerle a los participantes la imposición de una multa de 600.000 euros, en virtud de una nueva ley de Seguridad Ciudadana que quiere aprobar en España el partido gobernate, el derechista Partido Popular».

(Foto: flickr/Fotomovimiento)

«En virtud de la legislación, que probablemente se apruebe esta misma semana en el Parlamento, la protesta social que conduce al acoso o insultos de los funcionarios pasará a ser un delito penal. Acudir enmascarado a una manifestación también podrá ser castigado con importantes multas. Así mismo, serán castigadas las protestas no autorizadas y negarse a facilitar la identificación a un agente de policía. también serán multadas las personas que ofrecen servicios sexuales en las cercanías de áreas de juego para los niños».

«Otros delitos considerados graves en esta nueva ley, son la publicación de imágenes o datos personales de los agentes de policía, la interrupción de actos públicos, la posesión de drogas ilegales, el vandalismo de los bienes públicos y el consumo de alcohol en la calle. Las multas varían entre 1.000 y 30.000 euros para delitos menores. Sin embargo, sólo insultar a un policía podría conllevar una sanción de 30.000 euros».

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«Sandra, una mujer maltratada  cuyos dos hijos han sido víctimas de abusos sexuales por parte de su padre y de su abuelo, vive con el temor no sólo de una nueva agresión sino también de la conclusión de las ayudas sociales, por culpa de la cura de austeridad que está imponiendo el gobierno en España».

(Foto: flickr/Mcnolete)

«El Gobierno conservador se defiende pero las asociaciones de protección de la mujer y la oposición socialista denuncian las reducciones presupuestarias que amenazan el modelo español, país pionero en Europa, en materia de lucha contra la violencia doméstica».

«Antes, mis tres niños podían comer la comida que se sirve en el comedor escolar, pero el año pasado, nos han suprimido las becas para el almuerzo y para los libros, lamenta Sandra Soto de Lara, 33 años, que vive, con sus niños de 3, 7 y 9 años, en Colmenar Viejo, una localidad al norte de Madrid, en casa de su madre, Lola».

«Entre madre e hija, suman 800 euros de ingresos al mes: 400, de subsidio social para Lola como desempleada y 400 para Sandra, como ayuda por ser víctima del maltrato. Como ya le sucedió a su madre antes que a ella y cientos de miles de mujeres más, Sandra vivió el infierno de la violencia pero decidió luchar. Su marido, víctima a su vez, de abusos en la infancia, acaba de ser condenado».

«Las leyes de 2005 y 2009 conviertieron a España en uno de los países punteros en la protección de la mujer, con la creación de teléfonos rojos, los tribunales especializados y el brazalete electrónico, copiado después  por Francia, Italia o la Gran Bretaña». Pero algo está cambiando, «según denuncian diversas asociaciones, el programa para la Prevención de la violencia conyugal contempla para 2014 un presupuesto de 21,8 millones de euros, un 22,5% menos en comparación con el de 2008″.

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