La ONG que defiende los Derechos Humanos en todo el mundo ha calificado los procesos contra el Juez Baltasar Garzón como una amenaza para los DDHH. Considera que atenta contra el concepto mismo de justicia y hace «sospechar que se trata de represalia contra Garzón». Recuerdan especialmente que el magistrado impugnó las amnistías concedidas en España y otros países del mundo. (Foto: Flickr/elfer)
Human Rights Watch considera que «El juicio que se iniciará próximamente -el 24 de enero- contra el juez español Baltasar Garzón por haber investigado crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo atenta contra el concepto mismo de justicia tanto dentro como fuera de España. La imputación de Garzón en una segunda causa -cuya primera vista está fijada para el 17 de enero- que investiga la decisión del juez de intervenir las comunicaciones entre diversos abogados y sus clientes en el marco de un resonado caso de corrupción hace sospechar que se trata de represalia contra Garzón por su actuación en varios casos controvertidos.»
El consejero jurídico de la ONG Reed Brody destaca que «resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional. Al cabo de 36 años desde la muerte de Franco, España finalmente va a juzgar a alguien en relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y esta persona no es nada menos que el juez que intentó investigar tales delitos».
Explican que la decisión de Garzón de no aplicar la ley española de amnistía,en su investigación sobrecrímenes de detención ilegal y desaparición forzada durante la Guerra Civil española y la dictadura de Franco, encuentra sustento en el derecho internacional, que establece la obligación de los estados de investigar los delitos internacionales más graves y considera las desapariciones como un delito de carácter permanente mientras no se de razón del paradero de las víctimas.
(Foto: Flickr/Iasecas)
Human Rights Wathc recuerda que «de hecho, la reacción en cadena provocada por el histórico pronunciamiento que Garzón dictó en 1998 contra el Gral. Augusto Pinochet de Chile por el asesinato y la tortura de miles de personas dio lugar a la derogación de las leyes de amnistía en numerosos países en todo el mundo».
En los dos procesos contra Garzón, la fiscalía ha pedido que se archivara la causa penal ya que, según señaló, los hechos no serían constitutivos de delito. No obstante, las causas han prosperado como acciones particulares y fueron sustanciados por el Tribunal Supremo, que tiene facultades para juzgar a jueces en ejercicio. En la causa sobre la investigación de los crímenes del franquismo, los querellantes son dos organizaciones de significado carácter franquista. En la causa ??Gürtel?, los querellantes son los abogados y los detenidos cuyas conversaciones fueron intervenidas, incluso imputados en el caso de corrupción.
Y se cita a un ex miembro del Tribunal Supremo recién jubilado que señaló a Human Rights Watch que creía que los enemigos de Garzón en el poder judicial habían adelantado la causa ??Gürtel? para que el proceso contra el juez por la investigación de los crímenes del franquismo, claramente más controvertido, tuviera menor difusión pública y permaneciera a la sombra de esta otra causa.
Con respecto al causa por el Caso Gürtel, Human Rights Watch no ha adoptado una posición respecto de la legalidad de las grabaciones o de si estas pueden considerarse procedentes. Sin embargo, consideran que acudir a la interposición de una querella penal, cuando existen otras vías posibles, constituye una medida a primera vista injustificada. El enjuiciamiento de jueces por el delito de prevaricación es un hecho prácticamente sin precedentes en España
Los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados han señalado que los jueces no deberían ser juzgados por sus pronunciamientos a menos que se configuren circunstancias absolutamente excepcionales, y que ??con el fin de proteger a los jueces de acciones judiciales injustificadas… [es] esencial que también se [les] conceda? cierto grado de inmunidad penal?.
Y Reed Brody apunta: «A menos que existan circunstancias claras y suficientemente convincentes, procesar a un juez por su actuación judicial atenta contra la independencia judicial. Son muchos los gobernantes antidemocráticos que no dejarían pasar la oportunidad de aplicar sanciones penales para silenciar a jueces cuya labor se opone a intereses creados?.
La ONG recuerda que Garzón ha impulsado, además del caso de Pinochet, causas contra el ex oficial de la Armada argentina Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo, otro ex militar argentino. Y más recientemente, en abril de 2009, admitió a trámite una demanda interpuesta por particulares e inició una investigación penal sobre presuntos abusos sufridos por cuatro detenidos en Guantánamo que tenían vínculos con España.
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