Eugene Robinson- Washington. No culpe a los picapleitos. La crisis del papeleo incompleto o fraudulento en las ejecuciones por impago – que es un pelotazo o un fraude, dependiendo de los expertos a los que crea – es culpa de agentes de crédito arrogantes y avarientos que se jugaron los derechos de propiedad básicos de los titulares.
Las entidades bancarias y el resto de agentes de crédito, al parecer, prestaron testimonios ante los tribunales que resultaron no ser ciertos. Dado que los jueces tienen más bien poco sentido del humor en lo que al delito de perjurio se refiere, este caos podría pasar un tiempo con nosotros.
Al sector de las hipotecas le encantaría achacar toda la cuestión a picapleitos oportunistas y depredadores que explotan simples tecnicismos para obstaculizar un sinnúmero de subastas hipotecarias que se tramitarían legítimamente. Los banqueros tienen razón al denunciar que los retrasos están destrozando irremediablemente el mercado de la vivienda a través de la inepta gestión, a medida que los compradores potenciales de inmuebles subastados irremediablemente se ven obligados a esperar el momento en que tienen respuesta todos los interrogantes acerca de los formularios o la sección apropiada del reglamento.
Pero es culpa de los mismos banqueros que se den tantos ejemplos de formularios de subasta con lagunas legales tan considerables como para colar un camión de mudanzas. Durante los años de la burbuja inmobiliaria, los agentes de crédito buscaron atajos de papeleo con el fin de aprobar tantos préstamos – que vender a otros agentes, que a menudo los seccionaban y titularizaban en valores que vendían a los inversores – tan rápidamente como fuera posible. Esta precipitación y negligencia en los detalles, que ahora sale a la luz pública, son en parte responsables de la crisis actual.
El ordenamiento varía de un estado a otro, pero todos aceptan el principio de que los prestatarios que no cumplen la obligación contractual de pagar sus letras pueden ser objeto de un expediente de desahucio por impago. El proceso es devastador para familias y vecindarios. En muchos casos, estoy convencido, todas las partes se beneficiarían más de encontrar alguna forma de evitar la subasta – modificar los términos del préstamo, digamos, rebajando los tipos o incluso rebajando la entrada para plasmar la caída del precio de la vivienda. Reconozco, sin embargo, que hay muchos otros casos en los que la subasta es la opción preferible o quizá la única opción.
Pero también es necesario que la entidad que concede la hipoteca tenga derecho a resolver el contrato de hipoteca. Cualquiera que haya adquirido alguna vez un inmueble estará familiarizado con la pila gruesa de formularios que hay que firmar, sellar, compulsar y registrar ante notario. Resulta que a menudo las instituciones financieras no incluían cada coma ni marcaban todas las casillas – traduciéndose en que en algunos casos, puede no quedar claro que el titular nominal del contrato hipotecario tiene el derecho claro e inalienable a tomar posesión del domicilio.
Serán tecnicismos, pero no tienen nada de simples. Por una parte, si se cuenta con que los prestatarios respetarán la ordenación, el agente que concede la hipoteca debe hacer lo propio. Por otra, no puede darse un mercado inmobiliario real sin la instancia del régimen claro de propiedad. Los abogados que investigan esta faceta de la crisis hipotecaria están haciendo al sistema un favor.
El otro gran problema es que las entidades de crédito vienen dando salida a los procesos de ejecución y subasta a velocidad industrial, eliminando retrasos en cuanto es posible – cambiando firmas por firmas digitales, por ejemplo. En la era de la información, parte de esto se considera reducción razonable del plazo de trámite. Pero lo que no tiene sentido es que se tramiten expedientes de ejecución tan rápidamente, y a tamaño volumen, que el titular que figura en la firma – digital o bolígrafo – no tenga tiempo material de leerlos. Ahora sabemos que algunas personas, en calidad de auxiliares, vienen dando salida hasta a 10.000 expedientes al mes.
En 23 estados, cada expediente tiene por ley que superar una vista presidida por un magistrado. Abogados avispados como linces, representando a clientes morosos, han sacado a la luz expedientes en los que «firmantes automáticos» de formularios a mansalva remitieron sumarios en los que dan fe de revisar personalmente todos los formularios – cuando, en realidad, no lo hacían. Esto no es solo el tipo de cosas que cabrean a los jueces.
La administración Obama ha rechazado la idea de instituir una moratoria oficial a las subastas hipotecarias. Es comprensible: En la mayoría de los casos la moratoria simplemente aplaza lo inevitable, al tiempo que obstaculiza cualquier tendencia de remisión que el mercado de la vivienda pudiera registrar en otras circunstancias.
Pero tal vez la crisis haga darse cuenta a los bancos de que tendrían que estar abriendo menos expedientes por impago y hacer más modificaciones en los préstamos – ajustes sensatos que permitirían conservar sus hogares a las familias. Y si esto sucede, se lo deberemos a los picapleitos.
Eugene Robinson
Premio Pulitzer 2009 al comentario político.
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