El pasado mes de octubre dos policías se presentaron en la redacción de la Cadena Ser: «Seguridad avisó de que estaban subiendo en ascensor y habían preguntado por mi. Apenas tuvimos tiempo de llamar al redactor jefe» -explica en radiocable.com Pilar Velasco, periodista del equipo de investigación.
Según Reporteros Sin Fronteras, España ha descendido en el último año del puesto 36 al 44 en la clasificación mundial de la Libertad de Prensa
¿Publicar un sumario sobre corrupción puede ser considerado una injuria? ¿Explicar dónde y con quién pasaba el fin de semana un Ministro en plena crisis política puede llamarse acoso?
Denunciar los abusos de los poderosos sale caro. La causa abierta contra los directivos de la SER es tan solo la última que se ha conocido de una larga lista de ataques a la prensa. Sucede en todo el mundo, pero el periodismo en España vive un acoso judicial sin precedentes, aunque raras veces se visualiza. Políticos, empresarios, artistas, deportistas, corruptos, y delincuentes utilizan los tribunales y la policía como herramienta para acallar a los periodistas cuando resultan incómodos.
El director de la Cadena Ser, Daniel Anido y el director de Informativos Rodolfo Irago, han sido condenados en Primera Instancia -puede ser recurrido- a penas de cárcel, inhabilitación y al pago de una multimillonaria indemnización. La sentencia -enormemente criticada en la red, en la profesión y en ámbitos judiciales- les condena por publicar en la web de la Ser -a la que el juez no considera medio de comunicación social- una lista de afiliados irregulares al PP durante la crisis del Tamayazo.Y no es el único ataque a la libertad informativa. El pasado mes de octubre dos policías se presentaron en la redacción de la emisora:
«Seguridad avisó de que estaban subiendo en ascensor y habían preguntado por mi. Apenas tuvimos tiempo de llamar al redactor jefe» -explica Pilar Velasco, periodista del equipo de investigación.
Pedían documentos y preguntaban dónde estaban determinados profesionales. Semanas después se volvieron a personar los mismos policías con una orden de entrega de más de 60 documentos y pidiendo que se explicara «en que informaciones» se habían utilizado esos documentos:
«Buscan papeles, a veces incluso a sabiendas de que son documentos públicos que se pueden conseguir en el registro, y a veces también exigen las informaciones derivadas de los mismos que se pueden escuchar en antena» -añade Agustín Cubillo, también de la Ser, que resume la actividad radioactiva de los equipos de investigación: «Siempre estamos pisando cristales rotos».
Que un policía se persone en la redacción es algo relativamente frecuente, incluso con peticiones peregrinas. José Manuel Romero-Salazar, subdirector del diario EL PAIS explica en radiocable.com:
-«Algunas entradas de la policía en la redacción del periódico han sido muy vodevilescas. Eso nos ocurrió con las imágenes del accidente de Spanair. El juez ordenó que entraran aquí a «requisarlas» cuando llevaban dos días publicadas en Internet». ¿Como se pueden requisar unas imágenes que vuelan por el ciberespacio?
Pero pocas veces se había utilizado la presión policial y judicial en nuestro país para amedrentar periodistas, como ahora.
«En los últimos años la corrupción urbanística ha protagonizado gran parte de las informaciones en los medios de comunicación y de sus protagonistas han brotado múltiples denuncias dirigidas contra los medios que lo hemos contado» -explica César González Antón, director de informativos de La Sexta, medio que también ha recibido estas advertencias.
Edward Murrow, el periodista norteamericano
que se enfrentó a la censura del senador McCarthy
Según Reporteros Sin Fronteras, España ha descendido en el último año del puesto 36 al 44 en la clasificación mundial de la Libertad de Prensa:
Los periodistas en España «aún se ven amenazados físicamente», al igual que en Italia y en los Balcanes. Pero la principal amenaza proviene de las nuevas legislaciones en vigor. «Muchas leyes promulgadas desde el mes de septiembre de 2008 cuestionan el trabajo de los periodistas», -señala el estudio.
Romero-Salazar cuantifica en unas diez las querellas que tiene sobre la mesa contra miembros de la redacción. ?l mismo ha sido objeto de tres de Álvarez Cascos, -con distintas ampliaciones de la original-, pidiendo penas de cárcel: «Tuve que declarar hace un mes en Plaza de Castilla y me acaba de llegar el auto en el que se declara archivada»
La propia Esperanza Aguirre -según contó después EL PAIS- reconoció en una reunión del PP usar la judicialización como estrategia:
«Yo puse una querella al fiscal general en 2005. Así se les paran los pies (…) Desde entonces en Madrid ya no van a por nosotros», -dijo Aguirre incluso a pesar de que la querella fue archivada por el Supremo.
A juzgar por la cascada de denuncias que han llovido desde su partido sobre los medios, las palabras de Aguirre no cayeron en saco roto.
«Durante una reunión de rutina con la policía para tratar diversos temas, el agente abrió una carpeta, sacó una fotografía y me preguntó ¿conoce usted a esta persona?; Claro, contesté yo, es mi compañero; -Pues estamos pensando en imputarle, me dijo» -explica Pilar Velasco-. Se nos ha llegado a amenazar incluso con una denuncia por «moobing periodístico» -concluye.
Las estrategias, además, se han afinado. Quienes atacan a la prensa ya no denuncian a la empresa, denuncian al periodista, con nombres y apellidos, tirando contra su patrimonio e incluso pidiendo penas de cárcel: Saben que si denuncian a la empresa seguramente se diluirá, pero al ir contra el profesional se aseguran de que la próxima vez que su nombre aparezca en un sumario el periodista se lo piense dos veces.
Paco Hernando «El pocero» persiguiendo a dos periodistas con un palo
Al hilo de la desorbitada condena que recibieron Daniel Anido y Rodolfo Irago, Reporteros Sin fronteras emitió un durísimo comunicado advirtiendo a la justicia española:
«La sentencia dictada es realmente escandalosa, desproporcionada e indigna de un país miembro de la Unión Europea. Resulta inaceptable que se condene a penas de cárcel a unos periodistas, o se les prohíba ejercer su profesión, por no haber hecho otra cosa que cumplir con su deber informativo».
«Algunos magistrados españoles, que tienen la suerte de poder ejercer libremente su profesión dentro de la Unión Europea, deberían darse cuenta de todo el alcance que tienen sus decisiones, tanto a nivel local como internacional», -dijo Reporteros sin Fronteras.
A menudo las querellas están dirigidas a personas que ni siquiera han sido los autores de la información o que solo han recogido palabras de un entrevistado. Esto está sucediendo en varios medios españoles -cuyos nombres piden que se reserve- con periodistas, locutores de radio o presentadores de televisión.
Uno de los casos más paradigmáticos, donde se difumina la línea entre los derechos y la libertad de información es el que vivió Fernando Jaúregui. Micanoa.com -el medio que dirigía- y Telemadrid se vieron obligados a pagar por la supuesta intromisión en el derecho al honor e intimidad de cinco jugadores del Barça, incluso a pesar de que no había sentencia firme.
Después de aquel caso Jaúregui consiguió que se reformase la Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque ya era tarde para el medio que tuvo que desembolsar 120.000 euros. El periodista ha sido objeto, además, de otras denuncias parecidas, de las que pudo salir airoso.
«El problema -explica Jaúregui a radiocable.com- es que los profesionales de este país estamos completamente desprotegidos y seguimos sometidos a la Ley Fraga y a una legislación que desconoce completamente lo que es un medio interactivo y de Internet».
Las demandas inquietan al profesional pero no suelen llegar a buen puerto si sólo han recogido una información o un testimonio. El Tribunal Supremo tiene diversas sentencias en las que ampara al periodista ateniéndose al concepto de «Reportaje Neutral».
Pero con final feliz o no, la judicialización del periodismo es una herramienta que ha llegado a ser absolutamente retorcida: se ha dado la situación de estar investigando a personajes políticos corruptos y que los periodistas se enteren, paralelamente, de que se están siendo investigados por hacerlo. Es todo un asalto a la sociedad democrática porque cuando un periodista es perseguido por informar sobre corrupción, no es el periodista el que está amenazado, es el derecho de la sociedad a conocer la verdad, a menudo, sobre los cargos públicos a los que elige.
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