Para hacer el «trabajo sucio», empresas como Google, Facebook, Microsoft o Open AI utilizan mano de obra de Kenia, India y Uganda encargada de entrenar a la inteligencia artificial. En concreto recurren a miles de trabajadores de estos países para filtrar el contenido altamente tóxico y violento de cara enseñar al algoritmo a detectarlo. Y, según resalta Publico.es, en la mayoría de casos estas personas están mal pagadas, menos de dos dólares la hora, y terminan con problemas de salud mental.

Un hombre que tiene sexo con un perro delante de un niño pequeño, una violación anal a un menor que describe al detalle cada paso, abusos sexuales que introducen instrumentos cortantes en la vagina, la violación, tortura y asesinato de una niña, suicidios en directo, incesto, autolesiones. Estos son algunos de los contenidos que, según el artículo de Laura G. De Ribera en Publico, tienen que visionar, leer, describir y etiquetar los trabajadores que las grandes compañías tecnológicas, como Open AI (creadora de ChatGPT y Dalee) o Meta (dueños de Facebook, Instagram, WhatsApp) tienen contratados en países en desarrollo, para depurar los datos con los que entrenan a sus algoritmos de machine learning.

«Para hacer que la inteligencia artificial parezca inteligente, hay cientos de miles de personas que están haciendo un trabajo invisible y mal pagado en los rincones menos privilegiados del planeta», nos dice Virginia Eubanks, politóloga en la Universidad de Albany (EEUU) y divulgadora experta en justicia social y tecnología. Y es que para alimentar a los algoritmos y enseñarles a reconocer contenido de la web (imágenes, texto), es necesario que alguien los entrene primero, dándoles de comer toda esa información que necesitan para, eventualmente, poder sacar sus propias conclusiones.

«Para que se puedan cumplir las normas que establecemos respecto a la pornografía en una red social, por ejemplo, hay una madre en una chabola en India viendo miles de imágenes al día y decidiendo qué es un pene y qué es un pulgar, por unos pocos céntimos la hora», señala Eubanks.

Aunque esta experta lleva años denunciando la situación, no fue hasta comienzos de este año que se hizo pública con todo detalle. Una investigación de la revista Time destapaba las condiciones de los empleados de Sama, una empresa californiana que emplea a trabajadores de Kenia, Uganda e India para que etiqueten contenidos de sus clientes (Google, Meta o Microsoft).

En 2021, Sama fue contratada por Open AI para clasificar decenas de miles de fragmentos de texto, con el fin de detectar lenguaje tóxico relacionado con violencia, discurso de odio y abuso sexual. Esta es una labor que deben hacer trabajadores humanos. Los modelos de lenguaje generacional (como ChatGPT) y los algoritmos de moderación de contenidos (filtros para detectar contenido inapropiado) necesitan de este «pequeño» paso previo. Precisan que se les suministre el contenido pernicioso ya etiquetado para que, así, tras ser alimentada con miles y miles de ejemplos, la inteligencia artificial (IA) pueda llegar a identificarlo «por sí sola» cuando se tope con imágenes o textos parecidos en el futuro.

Es necesario, también, para filtrar la información con la que se alimentan los modelos generacionales de lenguaje para que no tengan acceso a ella y, por tanto, no puedan reproducir esos textos e ideas comprometidas. Para entendernos, es como enseñar a hablar a una cotorra evitando decir palabrotas en su presencia. Aunque aquí los contenidos en cuestión son bastante más dañinos.

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En este programa de La Cafetera de Radiocable.com entrevistamos a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera que se opone frontalmente al plan de expansión de regadíos de la Junta de Andalucía para el entorno de Doñana y a Oskar Matute, diputado de EH Bildu, uno de los impulsores de la Ley de Vivienda que acaba de anunciar el gobierno de España. Además analizamos noticias internacionales como las declaraciones de Lula pidiendo un G20 para hablar de paz y criticando que EEUU y Europa no hablen de ello y de la situación en Sudán donde la pugna por el poder entre dos generales ha provocado violentos enfrentamientos, un centenar de muertos e incertidumbre sobre el país.

Teresa Ribera se ha mostrado muy clara con respecto al plan del gobierno andaluz sobre los regadíos en Doñana: “Es un mal cálculo porque es un engaño de cara a las personas que puedan tener preocupación por qué actividad económica pueden desarrollar en su zona. Hay otras que son viables, pero esta, desde luego, no lo es. Es muy difícil que pueda haber más agua y, simultáneamente, genera un ruido que es muy difícil de acallar”. Además ha recordado que Doñana «no es un sitio cualquiera” y está “en el centro de la atención de prácticamente todos los observadores internacionales de aves, de aguas, de ecosistemas”. Aunque advierte también de que Doñana está siendo vigilado de cerca» por terceros países» en Europa y por las cadenas de distribución, en relación a las fresas, el agua y en definitiva, la agricultura en España.

En este sentido la ministra recuerda: “Tenemos una condena del Tribunal de Justicia en la Unión Europea, ejecución que está siendo vigilada muy de cerca por parte de la Comisión Europea desde hace mucho. Por tanto, no se le puede escapar una amenaza de estas características y, además, plantea una presión absolutamente injusta para con los agricultores que sí tienen derechos de riego, es decir, si no va a haber más agua, ¿a quién se le quita el agua para esto? ¿a quienes ya lo tienen para para usos legales o al propio parque?”.

Ribera enfatiza «no se explica el parámetro de todo vale» y apunta que “la única explicación” a este plan es que el PP ha pactado con Vox. Y se pregunta: “¿Por qué Moreno Morilla, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, pacta con Vox una cosa así? Creo que solamente puede explicarse por razones de populismo local porque no hay ninguna otra explicación lógica. A mí me parece que este es un muy mal comportamiento desde el punto de vista de la responsabilidad política y la responsabilidad institucional”.

Por su parte, Oskar Matute que también ha sido entrevistado en esta Cafetera ha defendido que hasta ahora la ley y el mercado se basaban solo en la vivienda como elemento patrimonial, y la nueva norma acorada por el gobierno, EH Bildu y ERC «rompe el paradigma de la vivienda como elemento patrimonial y la coloca como un derecho, intentando implementar políticas claras de apoyo al alquiler social». Y resalta que en particular, dado que las competencias de la vivienda recaen en las CCAA, la ley actúa sobre dos elementos en los que el Estado puede influir más: los alquileres, para poner coto a los precios abusivos que hay y evitar desahucios de familias vulnerables.

Y subraya que se han apoyado en el ejemplo de la ley catalana que demostró que la contención de precios puede funcionar ya que dos Observatorios evidenciaron que los precios bajaron con esa política. También ha rechazado que la norma pueda generar un mercado negro -«si se da, el Estado puede intervenir»- o desincentivar el alquiler: «Un propietario que alquila una vivienda, saca bastante más dinero al valor patrimonial del inmueble que no pierde y podrá vender cuando quiera, que si tuviera ese dinero en un depósito. Por eso creemos que hay que ofrecer garantías a los propietarios y hay CAA que han avanzado bastante en esto» y cita en este sentido la figura del mediador creada en Euskadi.

El diputado de EH Bildu añade:  «Hay maneras de que un gobierno pueda intervenir en el precio del alquiler, no desde una óptica expropiatoria, sino regulatoria. Nadie entiende que un poder público no regule elementos sustanciales de la vida de la gente, como la vivienda.» Además señala que aunque la aplicación de la ley depende de las CCAA que tienen las competencias sobre la vivienda, «ahora tienen en sus manos un instrumento eficaz para poner coto al aumento indiscriminado del precio de la vivienda. Y si algún ayuntamiento o comunidad no lo quiere hacer, tendrán que ser los ciudadanos los que les señalen».

Y con respecto al alquiler vacacional, uno de los asuntos que más está afectando al precio de los alquileres, Matute asegura que se ha creado una comisión para estudiar su impacto y el del alquiler de habitaciones en los precios y el mercado y que no puedan sortear la ley.

Además, en la Sobremesa de La Cafetera debatimos sobre las propinas en bares y restaurantes y sobre el decrecimiento.

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En esta Sobremesa del programa La Cafetera de Radiocable.com reflexionamos con los oyentes sobre las propinas en hostelería y nos preguntamos si ´¿deberían ser obligatorias?, ¿son caridad y algo de señoritos o de justicia?, ¿de quien es la responsabilidad de que los camareros tengan sueldos dignos? Además también debatimos sobre la idea del decrecimiento de la economía, al que se opone Pepe con contundencia porque plantea que no permitiría pagar la pensiones, pero que defiende Fernando y parte de la audiencia como una necesidad inapelable y que aún puede hacerse de forma controlada antes de que el planeta nos obligue a ello.

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La votación en el Parlamento de Andalucía a favor del plan del gobierno de Juanma Moreno para expandir los regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana ha traspasado fronteras y llamado la atención de la prensa internacional. Se pone de relieve que la propuesta de la Junta andaluza es «controvertida» y supondría una «amnistía» para las explotaciones de cultivo de fresas que usan pozos ilegales ya que las legalizaría. Y se subraya que la medida es apoyada por el PP y por Vox, pero es criticada y contestada por los científicos, ecologistas, el gobierno central, la oposición andaluza e incluso la Comisión Europea. Se apunta incluso que las instituciones de la UE ya han sancionado a España por no proteger adecuadamente a Doñana y ahora advierten de que podrían tomar nuevas medidas si la expansión de regadíos puede poner en riesgo uno de los humedales más importantes de Europa.

NOTICIA ACTUALIZADA: The Guardian resalta que Andalucía es acusada de complacer a la extrema derecha con su plan de regadíos en Doñana.

El Washigton Post destaca el «controvertido» plan de Andalucía para aumentar los regadíos cerca de unos humedales en España. El influyente diario estadounidense resalta que el Parlamento andaluz ha dado el visto bueno inicial a un «controvertido» propuesta para expandir regadíos en la zona de Doñana, uno de los más importantes humedales de Europa. Detalla que el plan para reorganizar los terrenos y convertir 1.5000 hectáreas en el entorno del parque natural en irrigables, ha sido impulsado por el PP que gobierna Andalucía y ha contado con el apoyo del partido de extrema derecha Vox. Pero enfatiza que esta expansión de regadíos se ha aprobado en contra a los ecologistas y de las «repetidas advertencias» del gobierno central y de la Comisión Europea que señalan que Doñana se está secando, ya se enfrenta a una fuerte presión por la agricultura y el turismo y además sufre una prolongada sequía agravada por el cambio climático.

 

Añade que quienes critican el plan del gobierno andaluz subrayan que en la práctica supone una «amnistía» a todas las explotaciones que están usando pozos ilegales de los acuíferos para cultivas fresas y exportarlas a Europa. Y recoge tanto los argumentos del PP de que quiere ayudar a los agricultores que están en un limbo legal como los de la oposición que advierten de que el plan promete un agua que no existe para ganar votos.

Euronews habla de una «batalla europea por el futuro del parque natural de Doñana». La TV destaca las «tensiones» que ha provocado el plan de regadío del gobierno regional conservador de Andalucía que quiere una «amnistía para las explotaciones ilegales de fresas» que utilizan el agua del entorno de los humedales de Doñana. Pone de relieve que el gobierno español se ha mostrado muy crítico con este plan y que además tanto los ecologistas como la Comisión Europea no han escondido su «inquietud». En este sentido recuerda que el Tribunal Europeo de Estrasburgo ya condenó a España por no proteger este parque nacional y el portavoz de la CE ya ha advertido de que se podrían tomar medidas alternativas si se considera que hay un nuevo incumplimiento. Resalta que las zonas húmedas y el ecosistema de Doñana ya están seriamente degradados y el 59% de las lagunas se han secado y hay incluso europarlamentarios europeos que piden «para el ecocidio» que sufre el parque.

International Business Times enfatiza que el plan para pemitir más regadío en un santuario natural en España desata indignación. El digital anglosajón explica que el gobierno conservador de Andalucía quiere legalizar los regadíos de cinco municipios alrededor de Doñana asegurando que no presenta riesgos para este parque natural, pero su decisión ha desatado una gran indignación en España. Recuerda que se trata de uno de los nayores humedales de Europa y lugar de anidación en invierno de aves migratorias y que la propuesta andaluza se produce además cuando la región vive una prolongada sequía. Pero resalta que en el parlamento de Andalucía los conservdores tienen mayoría y han aprobado proceder con el plan a pesar de que los científicos y el gobierno central señalan que el parque están en condición crítica.

El plan de expansión de regadíos del gobierno andaluz y la amenaza para Doñana también son noticia en otros medios internacionales como ABC News, Reuters, Die Tageszeitung, La Tribune de Geneve, Fox News, etc.

ACTUALIZACIÓN:

The Guardian resalta que Andalucía es acusada de complacer a la extrema derecha con su plan de regadíos en Doñana. El diario británico se hace eco en un artículo de su corresponsal Sam Jones de la polémica suscitada por el plan de expandir regadíos de las granjas de cultivo de fresas en el entorno del parqie nacional de Doñaña y en particular de las críticas de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Robera, acusando a la Junta de Andalucía de hacer «demagogia electoral de corto plazo» y de estar «haciendole el juego» a la extrema derecha. Recuerda que Doñana es uno de los más importantes humedales de Europa pero ha ido secandose y viviendo un declive «dramático» en los últimos 30 años por el clima, la agricultura, contaminación minera y el drenaje de sus lagunas. Pero enfatiza que el gobierno regional andaluz ignoró la preocupación y advertencias de la Unesco o la UE, y ha inidicado la tramitación de una ley propuesta por el PP y Vox que expandirá los regadío en el entorno «amnistiando» a los cultivadores de fresas que usan pozos ilegales.

Advertencia: Por respeto a la ley L.P.I. española, radiocable.com ni reproduce textualmente ni publica links a los textos externos que han llamado la atención de nuestro equipo. Si desea conocer la literalidad del artículo acuda directamente al medio referido. 

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En España, había a finales de 2022, casi 800.000 personas esperando por una operación no urgente en la Seguridad Social. El dato divulgado recientemente por el Ministerio de Sanidad ha llamado la atención de varios medios globales que ponen de relieve que se trata de un nuevo récord histórico. Se apunta asimismo que estas cifras suponen un aumento del 12% en las listas de espera en un año- Pero además también se señala que este problema de la Sanidad española no se limita a las operaciones, sino que se ha trasladado también a las citas con los médicos que también presentan retrasos nunca vistos, ya que de media los españoles tardan hasta 95 días en poder ver a especialistas.

Euronews advierte de «alguien podría morir» al alcanzar niveles récord las listas de espera hospitalarias en España.  La TV europea detalla el caso concreto de una mujer española de 90 años que tras sufrir una micro embolia tuvo que esperar 2 meses para ver a un especialista de la Sanidad Pública y once meses después aún no tiene cita para una prueba de escáner que le prescribieron. Pero enfatiza que no se trata de un caso aislado ya que los hospitales españoles tiene unas listas de espera en registros récord. Explica que a finales de 2002 había 793.521 personas en espera por una cirugía, 88.000 más que en diciembre de 2021, pero además ahora los pacientes tardan también más que nunca en poder ver a un médico. Detalla que el tiempo media de espera para lograr una cita con un especialista es de 95 días, aunque para algunas especialidades alcanza los 113 días, más de 3 meses.

 

Cita a médicos que señalan que este problema está afectando a la calidad de la sanidad y se advierte de que algunos paciente «pueden morir mientras están en lista de espera». Resalta que los sindicatos ha hecho propuestas para paliar la situación, pero uno de los aspectos que más preocupa y dificulta el problema es que España sigue muy por debajo de otros países europeos en inversión per cápita en Sanidad: 1.808 euros frente a 4.418 en Alemania o 3.523 en Francia.

Anadolu subraya que las listas de espera para cirugía en España rompen un nuevo récord con casi 800.000 personas en espera. La agencia turca recoge que el Ministerio de Sanidad español ha revelado que casi 800.000 pacientes estaban en la lista de espera para operaciones quirúrgicas no urgentes en el país al finalizar el año 2022. Pone de relieve que se trata de un nuevo máximo histórico y que más de 86.780 personas se han incorporado a estas listas de espera, lo que supone un incremento del 12,28% con respecto al año anterior, dejando el total en 793.521 pacientes. Recuerda que en comparación, en junio del año anterior, las listas de espera en España estaban en 742.518 personas. Y añade que mientras en junio de 2022, los pacientes tenían que esperar de media 113 días para un intervención, ahora esta cifra ha subido a 122 días.

The Olive Press destaca el número récord de personas que esperan para una operación en hospitales públicos en España. El digital anglosajón pone de relieve que la media que un paciente tiene que esperar por un procedimiento quirúrgico no urgente en España es de 122 días y la lista de espera alcanzó el 31 de diciembre pasado, las 793.521 personas. Resalta que son cifras del Ministerio de Sanidad que recogen un aumento de 86.781 personas desde diciembre de 2021 y de 51.003 desde junio de 2022. Detalla asimismo las diferencias por CCAA, recogiendo que en Madrid el tiempo de espera es de 63 días y en Euskadi y Galicia, de 73 días, mientras en Castilla La Mancha y Canarias es de 157 días, con Extremadura, Cantabria y Cataluña en cifras similares.

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La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado que el Arzobispado de Santiago se ha negado a conceder un permiso de acceso a un cementerio y está impidiendo la exhumación de los restos de cuatro republicanos asesinados en 1936 Santa María de Bértoa. Emilio Silva, presidente de la ARMH, explica en el programa La Cafetera de Radiocable.com que nunca habían tenido problemas para acceder a cementerios de la Iglesia Católica en Galicia, pero en esta ocasión hay una oposición con el argumento de que «algunos feligreses se oponen». Además, Silva destaca que han pedido que se cambie la información de un panel en el Museo Picasso que achacaba las causas de la Guerra Civil a «las tensiones de los años 20, recrudecidas en los 30″.

Emilio Silva denuncia que la exhumación de una fosa en Bértoa en búsqueda de los restos de cuatro asesinados en 1936 está paralizada porque falta un permiso eclesiástico que no se concede: «La Iglesia Católica, en concreto el obispado de Santiago, se ha negado a que accedamos a un espacio en medio de unos nichos para buscar los restos. Y la excusa que nos han puesto es que algunos feligreses se oponen. Tenemos todos los permisos concedidos y solo estamos esperando a que nos diga un sacerdote que podemos entrar. Nunca nos había pasado, salvo en el caso de Villadangos cuando se votó en contra de la exhumación. Pero en ningún cementerio de la Iglesia católica en Galicia habíamos tenido problema, pero ahora hay una oposición que no sabemos si tendremos que acabar en una vía judicial para reclamar un derecho».

Denuncia que esto es posible porque el Estado sigue sin ser quien se encargue de las exhumaciones de represaliados por el franquismo y permite que se pueda seguir discutiendo si las familias tienen derecho o no a recuperar los restos de sus seres queridos y enterrarlos donde quieran. «En 1936 un cura permitió que los cuatro asesinados fueran enterrados en el cementerio, pero ahora otro cura impide que sus familiares recuperen sus restos», subraya.

El presidente de ARMH explica asimismo que han pedido al Museo Picasso de Málaga que cambie la información de un panel en el que se asegura que las causas de la Guerra Civil española fueron las tensiones de los años 20que se intensificaron en los 30: «Hemos denunciado que eso es una forma de blanquear el franquismo. A Federico García Lorca no le dispararon unas tensiones políticas, ni a las más de 4.500 personas que estaban en fosas comunes del cementerio de San Rafael en Málaga. Este lenguaje que trata de poner como causas de la guerra, tendencias sociales o cosas que estaban ocurriendo, cuando la guerra tiene nombre, apellidos, fechas e intenciones políticas, realmente es un ejercicio de blanqueamiento de los golpistas de 1936″.

Subraya que han reclamado el cambio en un museo que cada año recibe más de 700.000 visitantes, muchos de ellos extranjeros. Y añade: «Constantemente nos vamos encontrando en el siglo XXI un lenguaje eufemístico que trata de encubrir por un lado los hechos y por otro a los autores de los hechos». Señala asimismo que es vergonzoso que esto suceda además en un museo dedicado al artista que pintó el Guernica y por ello han pedido que se explique cómo empezó la guerra. Y señala: «Todo forma parte de una inferioridad democrática. Nadie diría que el Holocausto lo causaron los problemas políticos y sociales derivados del crack del 29 y que eso degeneró en que los nazis organizasen la solución final. Pero aquí seguimos con la ambivalencia».

Finalmente, Silva recomienda el documental «Heroínas olvidadas. Españolas en la Resistencia» que cuenta la historia de seis mujeres españolas con tradición antifascista que ejercieron en España y luego en Francia, desde dentro de la Resistencia.


[Escuchar intervencion completa de Emilio Silva a partir de ]

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El suelo en espacios verdes urbanos y en zonas naturales de todo el mundo ya comparten niveles similares de contaminantes como microplásticos, metales o pesticidas. Es lo que constata un estudio científico, en el que han participado investigadores españoles del CSIC y la Universidad de Alicante. Se pone de relieve que aunque pudiera esperarse que los parques, jardines y espacios verdes de las ciudades estuviesen más afectados por los contaminantes que los ecosistemas naturales, geográficamente alejados de las actividades humanas, la realidad es que la dispersión de contaminantes a través del transporte aéreo, la eliminación incontrolada de basuras e, incluso, el agua de lluvia es mayor de lo que se pensaba y ha afectado ya a zonas más remotas.

La contaminación del suelo es una de las principales amenazas para la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas. Las zonas verdes urbanas, incluyendo parques y jardines son en ocasiones el único contacto que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Y un estudio internacional refleja que estos suelos en espacios urbanos y en zonas naturales de todo el mundo comparten niveles similares de múltiples contaminantes como metales, pesticidas, microplásticos y genes de resistencia a los antibióticos.

El trabajo, en el que han participado más de 40 autores de centros de investigación y universidades de España, China, Suiza, Australia, Alemania, Chile, Sudáfrica, Francia, Portugal, Eslovenia, Nigeria, México, Estados Unidos, Brasil, India e Israel, ha sido publicado recientemente en Nature Communications. Por parte española han intervenido el Laboratorio de Biodiversidad y Funcionamiento Ecosistémico (BioFunLab) del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Alicante.

En la actualidad, la contaminación del suelo está asociada a las emisiones de los vehículos, los procesos industriales, el tratamiento con pesticidas y a las enfermedades de las plantas, así como a una mala gestión de los residuos. Por esta razón, era de esperar que los espacios verdes urbanos estuviesen más afectados por los contaminantes que los ecosistemas naturales, geográficamente alejados de las actividades humanas. “Cuando pensamos en los bosques y praderas fuera de nuestras ciudades a los que solemos acudir a hacer senderismo, pensamos en lugares relativamente prístinos. Sin embargo, en muchos casos, las zonas naturales que rodean nuestras ciudades ya están tan contaminadas como nuestros parques y jardines” indica Manuel Delgado Baquerizo, líder de BioFunLab del IRNAS-CSIC.

El estudio ha demostrado que los contaminantes preocupantes (metales, pesticidas, microplásticos y genes de resistencia a los antibióticos) pueden dispersarse a través del transporte aéreo, la eliminación incontrolada de basuras e, incluso, con el agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno y llegar hasta los ecosistemas naturales. Y se proporcionan pruebas de una comparación cuantitativa de los contaminantes del suelo en espacios urbanos y naturales en seis continentes.

Los microplásticos, contaminantes típicos de origen antropogénico (humano), también están omnipresentes en los suelos de zonas verdes urbanas y ecosistemas naturales de todo el mundo. “Sorprendentemente, encontramos proporciones similares de la forma y el tipo de polímero de los microplásticos en áreas naturales y espacios verdes urbanos, lo que apoya aún más la idea de una propagación de contaminantes antropogénicos a través de los ecosistemas”, detalla Carlos Sanz Lázaro de la Universidad de Alicante.

“Estas partículas, que suelen proceder de las ciudades, afectan a zonas distantes por transporte atmosférico, siendo las fibras la principal forma de partículas de plástico en suspensión en la atmósfera de ciudades como París, Londres y Dongguan (China). Las fibras consisten generalmente en poliéster y polipropileno que proceden de tejidos sintéticos, cuerdas y redes”, añade.

Los factores socioeconómicos fueron esenciales para explicar la presencia de contaminantes del suelo en todo el mundo. Las regiones con mayor PIB muestran también mayor nivel de metales pesados y las urbes más pobladas muestran mayor proporción de microplásticos. “Algunos de estos contaminantes como los microplásticos, los pesticidas o los metales pesados están incluso presentes en lugares remotos como la Antártida”, apunta Asunción de los Ríos, investigadora del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

Esto podría estar relacionado con la dispersión de estos contaminantes desde las estaciones de investigación antárticas y otros continentes por mar y aire, y por otras actividades como el turismo que pueden contribuir a la acumulación de microplásticos en los suelos de los emplazamientos antárticos. El estudio indica, además, que el aumento de los niveles de múltiples contaminantes del suelo está relacionado con cambios en el microbioma del suelo, incluyendo genes asociados con la resistencia al estrés ambiental, el ciclo de nutrientes y la patogénesis.

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En este programa de La Cafetera de Radiocable.com analizamos asuntos de actualidad como la decisión de los accionistas de Ferrovial de aprobar el traslado de la empresa española a Países Bajos, de la defensa que ha realizado Lula de la utilización de otros estándares monetarios que no sean el dólar, las criticas del Papa a los sistemas sanitarios del mundo o la polémica y acusaciones de «ecocidio» que sigue persiguiendo al plan de expansión de regadíos aprobado por el PP que pone en peligro y casi «en venta» el Parque Nacional de Doñana.

Analizamos la votación del 93% de los accionistas de la constructora española Ferrovial a favor de cambiar la sede a los Países Bajos que ha creado un debate estéril: todos coinciden en que sería mejor que una empresa de este tamaño siguiera en España, tanto por el fondo como por las formas, pero desde la derecha se alegran para poder culpar al gobierno. Y eso parece una actitud equivalente a «escupir hacia arriba». La decisión de mudarse también retrata a la propia empresa y su accionariado, desde su lealtad hasta la idea instalada de que «es normal mirar solo por tu propio bolsillo» sin importar las consecuencias para tu comunidad. Y esta consagración del individuo frente a lo colectivo afecta a todo, desde la configuración empresarial al cambio climatico.

Además comentamos las declaraciones del presidente brasileño, Lula Da Silva, preguntándose «¿porque tenemos que trabajar y comerciar con el dólar?» y abogando por impulsar monedas locales y otros estándares. Justo cuando EEUU va comprobando como la influencia y el poder global se van diluyendo. El Papa, por su parte ha sorprendido con unas críticas a los sistemas sanitarios globales por la falta de acceso de los ancianos a medicamentos, el copago o las listas de espera. Y también abordamos las investigaciones de EEUU y la detención de un joven por su presunta implicación en la filtración de documentos secretos.

Con respecto a la actualidad española, el plan para expandir los regadíos en Doñana aprobado por el gobierno regional del PP sigue recibiendo críticas y dejó la contundente imagen de una diputada de Adelante Andalucía volcando un vaso de arena en el escaño del presidente andaluz, Juanma Moreno, para denunciar la «barbaridad» de la propuesta ante la falta de agua crónica en la zona. Otras voces hablan de «ecocidio».

Repasamos asimismo en el programa las noticias de España que más han llamado la atención de la prensa internacional, en la sección «Plata o plomo» analizamos, con Ana Pastor, la película «Tetris» y en Videojuegos hablamos con Lordbartu precisamente de films inspirados en videojuegos como «SuperMario» o «Dragones y mazmorras».

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El fundador de Wikileaks ha cumplido este 12 de abril su cuarto año encarcelado en la prisión de Belmarsh en Londres, a la espera de que el Tribunal Supremo británico determine si permite su extradición a EEUU, aprobada por el gobierno. En estos 1.460 días, Julian Assange ha estado aislado sin que se permitiera a ninguna ONG visitarle y comprobar sus condiciones de reclusión. A esto se suman los siete años que estuvo recluido en la embajada de Ecuador. Coincidiendo con la efeméride, Desde México, Australia o Brasil han vuelto a pedir su liberación defendiendo que su único delito fue usar la libertad de prensa e informar de crímenes de guerra.

Julian Assange lleva casi 11 años de reclusión, los últimos cuatro en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido. El 11 de abril de 2019, la policía británica lo sacó a rastras de la embajada de Ecuador y posteriormente fue llevado a la cárcel de Belmarsh. El presidente ecuatoriano Lenin Moreno había revocado la concesión de asilo y de nacionalidad al periodista australiano que había hecho su predecesor Rafael Correa en 2012.

En abril se cumple otra efeméride relacionada con Assange, ya que un 6 de abril 2010 fue cuando Wikileaks publicó un video mostrando a soldados de EEUU asesinando a civiles, en lo que constituyó el inicio de las denuncias de crímenes y violaciones de derechos humanos de Estados Unidos y de los problemas con las autoridades del fundador de la organización. Le siguieron centenares de miles de documentos y cables diplomáticos que evidenciaron asesinatos indiscriminado de civiles en Irak y Afganistán por parte de soldados norteamericanos, entre otros delitos. Washington imputa desde entonces a Julian Assange de 18 delitos y ha pedido su extradición a Reino Unido para juzgarle.

Varios jueces y el gobierno británico han aprobado esta extradición, aunque la defensa del periodista australiano ha presentado un recurso y está a la espera de la decisión del Tribunal SUpremo. Y en caso de perder este recurso, Assange todavía podría recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero mientras se desarrolla toda esta batalla legal, el fundador de Wikileaks sigue recluido en la cárcel de Belmarsh y casi aislado por completo ya que solo su familia cerana y sus abogados han podido visitarlo y en contadas ocasiones. Estos han denunciado que los 11 años de reclusión -ellos incluso utilizan la palabra «tortura» que la propia ONU ha usado para valorar la situación de Assange- han tenido un gran impacto en su salud física y mental.

Pero además, numerosas ONG han denunciado la trabas para conocer las condiciones del encierro de Julian Assange. Los últimos en intentarlo y ser rechazados fueron Reportero Sin Fronteras. Todo esto no ha impedido sin embargo que se mantenga activa la campaña internacional para denunciar la situación del fundador de Wilileaks y pedir su liberación. Coincidiendo con el 4º aniversario de su encarcelamiento en Reino Unido, el presidente Andrés Manuel López Obrador y un centenar de legisladores mexicanos han pedido a EEUU que retiren los cargos contra Assange. También lo han hecho 50 legisladores australianos y otros tantos de Brasil.

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España solo ha gastado el 27% de los 2.900 millones de los fondos de recuperación post-covid europeos que recibió en 2022 y ante el riesgo de que eso lastre las ambiciones de algunos sectores, el gobierno ha decidido «reiniciar» y flexibilizar el PERTE, el sistema para pedir estas subvenciones. Y se espera que esto ayude por ejemplo a la producción de coches eléctricos, un sector que España considera vital y en el que ha perdido posiciones frente a rivales europeos y de EEUU en la «carrera» por atraer inversiones. Es lo que señala un reportaje de la agencia británica que firma Joan Faus y que enfatiza que los coches eléctricos son una de las grandes apuestas industriales de futuro del gobierno español, pero 2022 fue un «año perdido» y ahora se busca corregir este daño y recuperar posiciones en esta «carrera» por la electrificación.

Reuters destaca que fabricantes como Volkswagen o Renault ya han dicho que pedirán fondos del reformado sistema de ayudas anunciado por el gobierno español para alentar la producción de coches eléctricos. Detalla que en julio, España lanzará una nueva versión más flexible de los PERTE por valor de 2.000 millones de euros. Resalta que únicamente el 27% de los 2.900 de los fondos europeos que recibió el país se gastaron en 2022 y el gobierno espera que el nuevo programa ayude al país -que recuerda es el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa- a «seguir en la carrera» de los vehículos eléctricos, después de haber perdido inversiones en beneficio de rivales regionales e internacionales. Añade que además los subsidios que ahora ofrecer EEUU han añadido un nuevo competidor en esta «carrera» en la que ya estaban los países del Este de Europa que tienen menores costes que España.

El articulo enfatiza que expandir la capacidad de producción de vehículo eléctricos se considera vital para el futuro de la industria española. Y pone de relieve que España ha obtenido el permiso de la Comisión Europea para flexibilizar el PERTE, después de que las estrictas condiciones establecidas en la primera ronda se señalaran como la culpable de que muchos fondos no se pudieran utilizar. Resalta que el gobierno está decidido a impulsar que se inyecten los 2.000 millones de euros que quedan del fondo en proyectos tanto para vehículos eléctricos como para fábricas de baterías y permitirá licitaciones individuales, con criterios más simples, lo que ya ha hecho que varias empresas del sector muestren interés en estas ayudas. Añade que muchos creen que 2022 fue un «año perdido» para los objetivos de electrificación de España y el nuevo PERTE quiere corregir esta situación, impulsar específicamente la financiación para plantas de baterías y evitar las tensiones con los fabricantes de automóviles de la primera ronda.

Reuters es una agencia de noticias internacional con sede en Londres y fundada en 1851. Está considerada una de las más prestigiosas del mundo y suministra información tanto a medios de comunicación como a mercados financieros (valores, análisis de productos, etc). Antes independiente (sus estatutos prohibían que alguien poseyera más del 15% de las acciones), pertenece desde 2008 a The Thomson Corporation y ahora es conocida como Thomson Reuters. Está presente en 200 países y cuenta con unos 2.500 periodistas y 600 fotoperiodistas que cada día transmiten más de ocho millones de palabras en 26 idiomas. Durante la crisis del euro Reuters ha destacado por revelar varias informaciones exclusivas sobre España (adelantó la petición del rescate a la banca). Aunque algunos periodistas acusaron a la agencia de tener una “agenda antieuro“.

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