Ruth Marcus Marcus fue finalista para el Premio Pulitzer de comentario periodístico. La junta del Pulitzer cita «sus comentarios incisivos e inteligentes en un amplio abanico de aspectos   Otros columnistas del Washington Post en radiocable

Ruth Marcus – Washington Post. La demanda, presentada por Activistas y Defensoras Gays y Lesbianas (GLAD), argumenta que la Sección 3 viola la cláusula de protección paritaria de la Constitución al tratar las parejas homosexuales que han contraído matrimonio legal bajo la ley estatal de forma diferente a las parejas heterosexuales casadas.

Ello cuestiona, entre otras cosas, negar la pensión de viudedad al cónyuge viudo; vetar la posibilidad de que una pareja haga la declaración de la renta conjunta, una opción que les ahorraría miles de dólares en devoluciones; e impedir que un funcionario federal añada a su cónyuge a su seguro médico.

La demanda de GLAD sostiene que el Congreso tradicionalmente ha delegado en los estados la regulación del matrimonio. De cualquier forma, dice, el motivo de que los legisladores aprobaran la Ley de Defensa del Matrimonio -impulsar «los intereses del gobierno en la defensa y la conservación de la institución del matrimonio heterosexual tradicional… defendiendo las nociones tradicionales de moralidad… (y) ahorrando recursos públicos preciosos»- no puede justificar la discriminación de las parejas del mismo sexo.

«El Congreso no ha identificado todavía un motivo de que a los individuos homosexuales que han cumplido sus obligaciones como contribuyentes y casados con alguien del mismo sexo se les deba negar las protecciones que se facilitan a las personas casadas con alguien del sexo contrario,» reza la demanda.

Este caso es a la vez atrevido y contenido. Sus reclamaciones son inevitables y obvias -y potencialmente revolucionarias. Plantea un enigma legal -y se podría convertir en un importante dolor de cabeza político- para la administración Obama.

La demanda es contenida en el sentido de que no solicita al gobierno federal nada más que el respeto a las decisiones estatales en materia marital. Si prospera, solamente afectará a los estados que reconocen el matrimonio homosexual (Massachusetts y Connecticut) o que reconocen los matrimonios homosexuales contraídos en otros lugares (Nueva York).

Es atrevida porque los defensores de los derechos de los homosexuales, en su mayoría, han evitado escrupulosamente las salas federales en los últimos años. Aunque defendiendo el matrimonio al nivel de la justicia estatal, los colectivos homosexuales han sido reticentes a elevar una demanda federal que podría sentar un mal precedente desde un tribunal de orientación conservadora.

Pero con más de 1.100 leyes y regulaciones federales que conceden prestaciones o realizan otras distinciones basadas en el estado civil, era inevitable que un desafío así se presentara una vez que los estados empezaron a reconocer los matrimonios homosexuales; de ahí la parte inevitable y obvia.

La resolución de este caso, sin embargo, tendrá implicaciones mucho más allá de las discretas cuestiones en materia de pensión de viudedad o tipo de declaración, que es lo que la hace potencialmente revolucionaria y arriesgada. El gran vacío del Derecho Constitucional es el grado al que se garantiza la igualdad ante la ley y la protección equitativa a los derechos homosexuales. La forma en la que la justicia afronte la cuestión relativamente limitada en la picota podría modelar los límites de la ley en este terreno durante años -para bien o para mal.

Por ejemplo, si negar estas prestaciones es inconstitucional, ¿también es inconstitucional negarse a reconocer los matrimonios homosexuales o relegarlos a la posición de uniones civiles equivalentes pero diferentes? Yo diría que sí, pero dudo que el Supremo actual lo vea de esa forma. Y el riesgo potencial reside en generar una ley detestable que termine atando de manos a los futuros tribunales.

Hablando de atar: incluso si el Obama candidato apoyó la derogación de la Ley de Defensa del Matrimonio, el Departamento de Justicia está en general obligado a defender la constitucionalidad de un estatuto. Políticamente, el Departamento de Justicia de Obama está en un punto delicado: no ha manifestado ninguna gana de cabrear a los social conservadores, pero defender la ley provocaría una tormenta desde la izquierda.

En mi opinión, los demandantes de este caso tienen derecho, por política y por ley. Les animo a seguir -pero sigo sin ver claro cómo acaba.

Ruth Marcus

© 2009, Washington Post Writers Group

Marie Cocco Sus columnas han ganado los premios de Associated Press, el Newswomen�??s Club of New York, el Sindicato de Periódicos de Nueva York, la Asociación de Editores del Estado de Nueva York y el Club de Prensa de Nueva York…   Otros columnistas del Washington Post en radiocable

Marie Cocco – Washington.  Ahora que muchos de nosotros hemos sido sableados, es momento de eliminar el término «reforma de las prestaciones sociales» del diccionario político.

La formulación es un monumento al oscuro arte de la desinformación. Su premisa es que «los derechos sociales» federales -es decir, la seguridad social, Medicare y Medicaid- están arruinando al país y lastrando a generaciones de jóvenes estadounidenses con el extraordinario peso de hacerse cargo de sus venerables padres y abuelos.

La gente se tragó la propaganda -al menos hasta que la juerga de consumo a crédito irresponsable, los bancos carroñeros y la especulación rampante empezaran a arruinar al país y lastraran a generaciones de estadounidenses, jóvenes y viejos. Ahora tenemos que desmantelar décadas de esta desinformación en torno a «la crisis de los derechos sociales» antes de que los legisladores puedan afrontar cualquier crisis a la que estemos realmente abocados.

En primer lugar, la seguridad social no forma parte de ello, y no lo ha formado nunca. Medicare y Medicaid no son lastres caros y pesados por ser «derechos sociales» sino porque forman parte del sistema de salud estadounidense que se va a pique — un sistema que es caro y pesado.

El Presidente Obama sabe esto. Pero sigue dando demasiada de su credibilidad a la idea convencional, modelada a través de décadas de retórica conservadora y respaldada por demasiados Demócratas, de que de alguna manera la crisis «de los derechos sociales» debe ser afrontada -y ya. Llamativamente, muchas de las personas que vienen advirtiendo a perpetuidad de esta crisis son las mismas lumbreras que decían que se podía solucionar abriendo cuentas privadas de ahorro para reemplazar en gran parte la prestación mensual garantizada que proporciona la seguridad social. Párese a pensar lo bien que habría salido eso.

¿Por qué tenemos que creer ahora a esta tropa?

Usted pensará que con los saldos de los planes de jubilación cada vez más escasos, los mercados inmobiliarios en caída libre y la economía en general tambaleándose, Obama tendría motivos de preocupación más acuciantes que la inquietud por solucionar un programa que lleva más de siete décadas funcionando correctamente. Pero en los preparativos de la cumbre «de responsabilidad fiscal» del lunes, el presidente trasladaba imprudentemente la opinión de que hay que arreglar la seguridad social -y pronto. A esa reunión invitó a algunos de los adivinos cuyos dogmas en materia de la seguridad social han demostrado equivocarse una y otra vez.

Al menos ahora sabemos que con 130 participantes, no es muy probable que esta «cumbre» vaya a dar lugar a resultados concretos. Y eso es bueno.

«La seguridad social es la parte fiscalmente más responsable de todo el presupuesto federal,» dice Nancy Altman, la que fuera una de los principales asesores de Alan Greenspan cuando la comisión encabezada por Greenspan en 1983 sí tuvo que evitar una crisis inminente de verdad. �??La seguridad social pasará en superávit las dos próximas décadas.�?�

Y más allá de eso, el sistema puede sufragar la prestación íntegra hasta el año 2040, según los administradores de la seguridad social – ó 2049, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

En lugar de alimentar el mito de que la seguridad social forma parte de una «crisis» de los derechos sociales, Obama debería aprovechar la coyuntura para refutarlo. Para hacerlo debe diferenciar retóricamente entre seguridad social y Medicare y Medicaid.

Aunque los costes se elevan acusadamente, esto no representa una crisis en Medicaid y ni siquiera en el sistema público de Medicaid destinado a los pobres. Es una crisis de la sanidad.

Estudios independientes han demostrado repetidamente que Medicare es igual de eficaz -más, en muchos sentidos- que la industria del seguro privado. La Kaiser Family Foundation, una organización de investigación sanitaria independiente, afirma que entre 1970 y 2005, el crecimiento del gasto por asegurado de Medicare anual ha rondado un punto porcentual menos que el crecimiento del gasto por parte de las aseguradoras privadas. Esta regla se cumple incluso si los ancianos pacientes de Medicare son mucho más dados a enfermar y necesitan más atención que la población joven atendida por las aseguradoras privadas.

De forma que el verdadero problema de la financiación de Medicare no se puede describir con precisión como gasto «desenfrenado» en derechos sociales. Es otro caso más de retórica política alejada de los hechos.

El Presidente afirma querer abordar los problemas presupuestarios a largo plazo que fueron descuidados -agravados, en la práctica- por su predecesor. No hay nada de malo en ello. Pero primero la opinión pública tiene que entender cuáles son realmente los problemas. Por el momento, no lo entiende. Eso se debe en parte a que la presente tesitura económica difícil exigirá probablemente años de gasto deficitario sólo para impedir que la tendencia bajista se agrave. Pero también se debe a que nos han bombardeado con falsas reclamaciones y advertencias exageradas sobre la seguridad social y Medicare que con frecuencia han venido de aquellos que ideológicamente son contrarios a estos programas en cualquiera de sus formas.

En lo que respecta a los derechos sociales, lo último que necesitamos es una «comisión de derechos.�?� Lo que necesitamos realmente es una comisión de la verdad.

Marie Cocco
© 2009, Washington Post Writers Group