El periódico italiano Il Mattino publica un artículo titulado: �??Viajes de oro a España para mujeres en el sexto mes de embarazo�?� en el que se denuncia que algunas mujeres de ese país estaban recurriendo al extranjero para practicar abortos clandestinos en avanzado estado de gestación. Las cifras pagadas por las prestaciones médicas -afirma- alcanzaban en algunos casos los 10.000 euros:

�??La investigación judicial de Nápoles sobre los abortos clandestinos practicados por médicos que en los hospitales se declaraban objetores de conciencia y en clínicas privadas procedían sin escrúpulos a interrupciones del embarazo no previstas por la ley, ha obtenido resultados clamorosos: se ha descubierto que en algunos casos el aborto se practicaba incluso entre el sexto y el octavo mes de gestación. Por eso para algunos de los denunciados se perfila la acusación de homicidio. Dichos abortos no se practicaban sólo en estructuras privadas italianas, sino también en el extranjero: muchas mujeres iban a España e Inglaterra para someterse a intervenciones ilícitas. Las cifras pagadas por las prestaciones médicas alcanzaban en algunos casos los 10.000 euros�?�.

�?�En España las pacientes, con la ayuda de los médicos napolitanos, han conseguido �??liberarse�?? del feto incluso en el sexto mes de gestación. Para varios casos que están examinando los investigadores se considera posible la más grave de las acusaciones: homicidio. La meta principal del �??turismo del aborto�?? es Barcelona: más de quince viajes mensuales, con salida de Nápoles. Y el número parece que peca por defecto: los Carabinieris del mando provincial están convencidos de que a la ciudad llegaban también pacientes de otras regiones de Italia, para ser hospitalizadas sucesivamente en las clínicas españolas. Los investigadores han aclarado cómo se desarrollan los traslados al extranjero. Los ambulatorios privados napolitanos organizan el viaje en los más mínimos detalles, garantizando la asistencia de un médico italiano durante toda la estancia, el cual se asume la responsabilidad de la intervención ante el sistema sanitario de la península ibérica�?�.

�??En efecto, para la ley española se puede abortar hasta la 23 semana de gestación, independientemente del estado de salud del feto. Los Carabinieris han averiguado que las mujeres pagan a la clínica 150 euros más por cada semana de gestación. Al sexto mes el gasto supera los 3500 euros, cifras a las que hay que añadir la retribución del médico italiano: 4.000 euros por cada viaje, según ha averiguado la fiscalia Graziella Arlomede. Por otra parte, no es la primera vez que se habla de abortos �??fáciles�?? en España. En los meses pasados, en Barcelona, varios profesionales fueron detenidos bajo la acusación de haber practicado abortos ilegales, hasta el octavo mes de gestación�?�.

El periódico francés Le Figaro publica un texto titulado: �??España quiere proteger sus 10.000 kilómetros de costa�?�. En el artículo se destaca que el Gobierno ha recuperado una ley de protección del litoral de 1988 que está provoca la ira de los propietarios pues pretende recuperar todos los terrenos urbanizados a menos de 100 metros de la zona arenosa de la costa. «El poder público ofrece a los propietarios cuyas casas están más allá de la línea de protección del litoral una compensación simbólica»…

�??En virtud de una ley de costas que data de 1988 y que hasta ahora permanecía en el olvido del ministerio de Medio Ambiente, el ejecutivo socialista desea redefinir el conjunto de las zonas costeras del dominio público. Pero, si el Gobierno desea evitar nuevas masacres de hormigón a lo largo de sus 10.000 kilómetros de costa, también desea limpiar las construcciones anárquicas ya existentes. Para conseguirlo, el Estado pretende recuperar todos los terrenos urbanizados en la zona protegida. Esto es; todos los edificios construidos a menos de 100 metros de la zona arenosa (dunas) o rocosa (acantilados)�?�.

�??Para los propietarios, la iniciativa del Gobierno supone un auténtico mazazo. El poder público ofrece a los propietarios cuyas casas están más allá de la línea de protección del litoral una compensación simbólica. El Estado propone comprar sus bienes al precio de la época en la que fueron comprados. Una propuesta que la mayoría de los propietarios considera escandalosa, teniendo en cuenta que los precios de la vivienda han aumentado un 150% en diez años. Por su parte, los residentes afectados han tomado la delantera para no tener que ver como �??expolian�?� sus bienes. El colectivo ha presentado una denuncia ante el Parlamento Europeo por atentado contra la propiedad privada y denunciando el efecto retroactivo de la ley. Por el momento, su solicitud no es más que papel mojado�?�.