Los asesinatos machistas llevaban años cayendo en España de forma lenta pero constante. Sin embargo desde finales de 2022 y principios de 2023 se ha vivido un pico de muertes de mujeres a manosd e sus parejs o ex parejas generando alarma social. En The Conversation analizan algunos de los motivos que pueden explica esta ola de feminicidios. Uno de ellos es el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén) que está en el punto de mira.

Miren Gutierrez, Universidad de Deusto

Once mujeres asesinadas a manos de sus parejas el pasado diciembre y tres en un solo día en enero. El 23 de enero un hombre con antecedentes por violencia machista fue detenido en Valladolid por supuestamente asesinar a cuchilladas a su pareja y a la hija de esta. No ha terminado el primer mes de 2023 y ya hay que lamentar seis víctimas mortales en España. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que provoque estas muertes? ¿Qué medidas se deberían tomar desde el punto de vista de los datos?

Aunque los asesinatos machistas parecían estar cayendo lentamente, se ha producido un pico excepcional en este tipo de crímenes en las últimas semanas (como se ve en los gráficos). Esto ha generado la alarma y la repulsa de más de cuarenta organizaciones, que piden que se les considere para el diseño de medidas de protección.

Diciembre de 2022 ha sido el mes más trágico desde que se tienen datos, solo igualado por el último mes de 2008. Pero si se amplía el periodo de observación por mes, se pueden advertir subidas en los datos periódicamente entre junio y agosto y entre diciembre y febrero.

Se ha especulado sobre si los repuntes están relacionados con el periodo vacacional y la convivencia entre el agresor y la víctima. No hay estudios conclusivos al respecto. Pero un análisis sobre el impacto de la pandemia de la Covid-19 y el confinamiento en la violencia machista indica que “la limitación de la movilidad” conllevó tanto “una disminución de las agresiones graves” como una “acumulación del riesgo que suponen estas circunstancias”. Es decir, durante la pandemia descendieron los asesinatos, pero no la violencia. Para las víctimas, el confinamiento significó su aislamiento, la disminución de sus oportunidades para salir de la situación de violencia y de recibir atención profesional.

Desde 2003, España registra los homicidios como violencia machista si el asesino y la víctima tienen una relación. A partir del 2021, la definición de violencia de género se amplió para incluir el asesinato de cualquier mujer o menor en el que se considere que el género ha desempeñado un papel. Para ello, las estadísticas se dividen en cinco categorías que van desde los homicidios vinculados a la explotación sexual, la trata o la prostitución hasta el homicidio de menores si se cree que el delito se ha cometido con la intención de hacerle daño a una mujer. Ahora se cuestiona cómo se usan los datos.

VioGén en el punto de mira

El Observatorio sobre Violencia de Género –que agrupa a cuarenta organizaciones– denunció que el sistema de valoración de riesgo había fallado: “Casi la mitad de las mujeres asesinadas en diciembre de 2022 habían denunciado a su agresor. Y cinco mujeres se encontraban dentro del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén). Según el Ministerio del Interior, en este sistema hay 74 656 mujeres con protección, de las cuales 17 se encuentran en riesgo extremo y 706 en riesgo alto”. El texto termina exigiendo “un cumplimiento estricto de las medidas de vigilancia y control”, incluyendo su “evaluación continua”.

Uno de los aspectos de VioGén que se pide mejorar es la determinación de nivel de peligro, ya que si han asesinado a una mujer considerada en riesgo bajo o medio es que ha habido una valoración errónea.

VioGén se estrenó en 2007. En 15 años, este programa ha evaluado el peligro de volver a sufrir malos tratos de 800 000 víctimas y se usa para activar medidas de protección. El sistema integra la información recogida por quienes toman declaración a la denunciante. La importancia de cada respuesta se pondera automáticamente y se arroja una evaluación de riesgo que, cuando es alta, activa medidas de protección policial. Estas pueden ir desde llamadas de seguimiento a poner un coche patrulla en la puerta.

El sistema se ha ido ajustando y el Gobierno trabaja en VioGén 2, que cruzará datos, además de con Interior y Prisiones, con Justicia y Sanidad, por ejemplo, para integrar información sobre las entradas en urgencias de las víctimas.

Pero hoy lo critican. Un reto es que quienes recaban la información tengan más y mejor formación y sensibilidad sobre violencia machista y eviten integrar en los datos sus propios prejuicios. Al margen de su eficacia, otro reto es su falta de transparencia. Fundación Éticas realizó una auditoría estudiando 126 casos y realizando 31 entrevistas con supervivientes de violencia machista. La auditoría concluye que:

• VioGén no es transparente. Las auditoras no pudieron acceder a ningún dato o información del sistema.
• VioGén no ha sido auditado de forma independiente, ya que las encuestas sobre su conveniencia “han sido realizados por personas que trabajan para el ministerio y las fuerzas policiales o tienen intereses creados”.
• Aunque el Ministerio del Interior ve VioGén como un sistema de recomendación, “las altas tasas de aceptación prima facie (primera impresión) de los resultados algorítmicos (95 %) apuntan a un sistema automatizado que debe someterse a un mayor escrutinio”.
• VioGén no involucra a las personas a las que está destinado. Las mujeres y las organizaciones de mujeres nunca han sido incluidas en su diseño. Además, el 80 % de las mujeres entrevistadas tenían comentarios negativos. Las quejas incluían desde no estar informadas de cómo funciona el sistema a que alguna de las preguntas que les hicieron no era clara.

Mientras que la opacidad de VioGén es criticada, otras voces la juzgan necesaria para garantizar la privacidad y protección de las víctimas. Sin embargo, no toda mejora es cuestión de datos. Para poder ayudar a todas las víctimas, las asociaciones exigen también un incremento los recursos para su protección.

Miren Gutierrez, Investigadora, activismo de datos, Universidad de Deusto

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.