En España la idea de obligar a los inmigrantes a firmar un contrato para respetar la leyes y costumbres la lanzó Rajoy en la última campaña electoral. Y el PP acaba de llevar esta propuesta al Parlamento, aunque se ha quedado sólo a la hora de defenderla. Pero en Europa, hace tiempo que experiencias de este tipo se están llevando a cabo.

Un estudio publicado por el Real Instituto Elcano analiza los modelos de contratos en países como Holanda, Francia o Reino Unido. Y llega a la conclusión de que sus resultados no están claros, pero reflejan un clima de sospecha hacia los inmigrantes, sobre todo hacia los procedentes de países musulmanes. Además considera que miden la integración con criterios económicos más que culturales o por el respeto a ciertos valores.

(Foto: Flickr/Megazoi)

Según la autora de la investigación, Virginie Guiraudon, en total hay 11 países europeos que han puesto en marcha algun tipo de cursos y contratos de integración o establecido exámenes de civismo y ciudadanía: Suecia, Dinamarca y Finlandia fueron los primeros, seguidos por los Países Bajos, Austria, Bélgica, Francia, el Reino Unido y Estonia, Alemania y Suiza. Aunque en muchos caso se hizo impulsado por partidos de extrema derecha.

Todos tienen en común que enfocan la integración como un proceso individual en el cual el nuevo inmigrante es responsable de su éxito en la sociedad de acogida, mientras que ésta no debe hacer ningún esfuerzo. La noción de �??contrato�?� incide además en que los inmigrantes tienen derechos pero también deberes y, hasta cierto punto, la obligación de integrarse. Se da completamente la espalda al enfoque multicultural, que se centra en los grupos o comunidades más que en los individuos, y que busca reconocer las diferencias culturales.

En Holanda los primeros «cursos de integración» para inmigrantes se implantaron en 1994 como una ayuda. Pero poco a poco se fueron endureciendose por motivos políticos. Ahora para conseguir un visado, los inmigrantes potenciales deben superar un curso y examen sobre el idioma y costumbres de Holanda, que ellos mismos han de costearse. Y los que están en el país deben seguir cursos de instrucción cívica para renovar sus permisos de residencia.

En Francia, el contrato de integración empezó como un experimento opcional en 2002, pero desde 2007 es obligatorio. Al inmigrante se le proyecta una película llamada Vivir en Francia y después se realiza una entrevista para comprobar su dominio del francés. También se le explica que debe respetar valores como la separación de la Iglesia y el Estado o la igualdad entre hombres y mujeres. Si el conocimiento del idioma no se considera adecuado se le ofrecen clases gratuitas.

Desde febrero de 2008, el Reino Unido también ha endurecido su contrato para obtener la ciudadanía hasta convertirlo en algo parecido a un carnet por puntos. Los inmigrantes deben demostrar su contribución al Reino Unido y dominio del inglés, y aprobar un examen sobre la vida y valores en este país.

El estudio del Intituto Elcano resalta que todos los modelos de contratos o cursos de integración resaltan principios como la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de expresión o los valores laicos… que sugieren que los inmigrantes proceden de culturas y políticas que no comparten esos valores, señalando de forma tácita a los países donde predomina el islam. Pero se pregunta quién decide qué valores se han de transmitir. El curso holandés por ejemplo muestra matrimonios homosexuales y mujeres en top less pero en el frances aparecen aviones militares sobrevolando el Arco del Triunfo.

También se destaca que si bien en un principio el acento se puso en los incentivos para que los inmigrantes voluntariamente se acercaran a la cultura local, ahora predominan las sanciones y la obligatoriedad. Sin embargo, los inmigrantes de países como EEUU o Australia o aquellos que están altamente cualificados quedan exentos.

Y lo paradójico es que todos estos sistemas, pese a recalcar valores y cultura, terminan midiendo el éxito de la integración en función de criterios puramente económicos: si el inmigrante tiene un trabajo y no supone una carga para el Estado de Bienestar se considera que está plenamente cohesionado.