El gobierno español está probando el efecto que tiene sobre la productividad, recortar las horas laborales de los empleados sin reducir el salario con un proyecto que pretende impulsar en el futuro la semana de 4 días. Este es el análisis que hace la prensa internacional tras el lanzamiento del programa piloto anunciado por el Ministerio de Industria. Esta iniciativa ya había copado numerosos focos en el extranjero cuando se planteó y ahora se recogen también los detalles concretos. Se señala asimismo que en España es en uno de los países que más se está impulsando la semana laboral de 4 días y varias empresas ya lo están testando, Aunque se pone de relieve que a diferencia de la mayoría de iniciativas que se han dado en este terreno, el nuevo proyecto piloto del gobierno plantea un modelo laboral de reducción de horas sin recorte de sueldo y que impulse la productividad.

Euronews resalta que España va a probar recortar las horas laborales para ayudar a la productividad de las empresas. La TV europea explica que en España se ha lanzado un proyecto piloto para pymes que recorta la semana laboral en al menos medio día sin disminución salarial para intentar impulsar la productividad. Recuerda que el llamado «modelo escandinavo» que defiende que la productividad aumenta con menos horas de trabajo ha ganado popularidad durante la pandemia y ahora desde el Ministerio de Industria español se ha impulsado esta iniciativa que dará subvenciones por valor de 10 millones de euros para testarlo. Detalla que las empresas que soliciten estas ayudas tendrán que presentar un plan para mejorar la productividad y compensar el sobrecoste salarial que tendrá que estar implementado en un año y mantenerse al menos dos años.

Die Zeit enfatiza que el gobierno español lanza un proyecto piloto de semana laboral más corta. El diario alemán detalla que se ha puesto en marcha un programa en España para evaluar los efectos que sobre la productividad tiene una semana laboral más corta con el mismo salario. Apunta que se trata de un proyecto piloto para pymes que se llevará a cabo en los próximos dos años, pero que podría utilizarse en todo el país en el futuro. Enfatiza que el gobierno compensará a las empresas por los posibles impactos en la producción y los costos administrativos adicionales, pero las pymes interesadas deberán comprometerse a reducir en al menos un 10% las horas de trabajo de una cuarta parte de su plantilla.

Ouest France apunta que España va a testar el efecto de reducir el tiempo de trabajo en la productividad. El rotativo francés pone de relieve que el gobierno español acaba de lanzar un programa para alentar a las empresas a reducir la semana laboral de sus empleados sin bajarles el sueldo. Añade que inicialmente va destinado a ayudar a pymes del sector industrial y con el objetivo de generar un aumento de la productividad que compense los sobrecostes salariales. Y enfatiza que el objetivo de este proyecto piloto es conseguir una representatividad estadística suficiente para analizar el efecto de esta medida sobre la productividad con idea de impulsar la semana de 4 días laborales. Subraya que en España ya hay varias empresas que la han implantado, aunque con reducción de salario, pero aunque cuenta con el apoyo decidido de los sindicatos sigue siendo un asunto sensible, especialmente para la CEOE.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este 22 de diciembre que España no veló por la calidad del aire en sus dos mayores ciudades entre 2010 y 2018. Se han superado de manera «sistemática y continuada» los límites establecidos en Madrid y Barcelona y por ello se condena a España.

Bruselas denunció en verano de 2019 a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la directiva europea de calidad del aire en Madrid, Barcelona, el Vallès Oriental y Occidental y Baix-Llobregat, al estimar que se excedía de forma «sistemática y continuada» el nivel límite anual de nitrógeno (NO2) de la ley vigente desde 2008 y legalmente vinculantes desde 2010.

El hecho de superar los valores límite fijados por la normativa europea para los contaminantes en el aire ambiente «basta por sí solo para poder declarar el incumplimiento de la obligación de velar por que no se superen», subraya ahora el TJUE en su sentencia.

La justicia europea, que solo desestimó la acusación de que Vallès-Baix Llobregat incumpliese la normativa en lo que respecta al valor límite anual en 2018, dio así la razón de forma global al Ejecutivo comunitario.

Las medidas no son adecuadas ni suficientes

La Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa establece dos valores límite en relación con el dióxido de nitrógeno: uno tiene una referencia anual y el otro, horaria.

De acuerdo con los informes anuales emitidos desde 2010 hasta 2018, España superó los valores límite anuales en las urbes citadas, y en Madrid, además, se superó el valor límite horario de NO2. En estos casos, los Estados deben adoptar planes de calidad del aire en los que establezcan medidas adecuadas que garanticen que el período de superación sea lo más breve posible. Además, deberán preverse medidas adicionales específicas destinadas a proteger a los sectores vulnerables de la población, incluidos los niños.

La Comisión considera que en los planes de calidad del aire adoptados desde la entrada en vigor de la directiva, España no ha previsto medidas adecuadas y suficientes para garantizar que el periodo de superación de dichos límites en las tres zonas afectadas fuera lo más breve posible.

Según el tribunal, con sede en Luxemburgo, existe un incumplimiento de la normativa «aun cuando exista una posible tendencia parcial a la baja puesta de relieve por los datos recabados».

Para declarar que se ha superado un valor límite basta con que se registre un grado de contaminación superior al valor máximo permitido en un punto de muestreo aislado.

Siete años de incumplimiento

La corte constató que, según la información proporcionada por la Comisión, no rebatida por España, en las zonas afectadas de Madrid, Barcelona y Vallès – Baix Llobregat residen, respectivamente, más de 3,1, 2,8 y 1,4 millones de habitantes, e «ignorar este hecho equivaldría a hacer caso omiso de los objetivos perseguidos» por la directiva, «en particular el de protección de la salud humana y del medio ambiente en su conjunto».

Desestimó igualmente la alegación española sobre la representatividad de los datos recabados, al estar los puntos de muestreo ubicados en los entornos de mayor impacto de tráfico, ya que eso es precisamente, señaló el tribunal, lo que marca la ley.

Por otro lado, la normativa europea obligaba a España a elaborar planes de calidad del aire desde el 11 de junio de 2010. La corte ha constatado además que cuando el 16 de abril de 2017 expiró el plazo dado por Bruselas para tomar medidas «el incumplimiento de dicha obligación ya se venía produciendo desde hacía más de siete años».

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La decisión del Constitucional de bloquear la votación en el Senado de la reforma legal que cambiaba la forma de elección de los jueces sigue siendo, 24 horas después, noticia en la prensa internacional. Uno de los más punzantes es el semanario británico que pone de relieve que aunque hay mucha hipérbole política en España y es «exagerad0″ decir que España está en riesgo de ser una dictadura, si que el país está inmerso en su «mayor lío institucional» desde el 1-O y lo hace además sumida en una espiral de «hiperpartidismo». Otros numerosos medios de todo el globo se hacen eco de lo sucedido y de forma general se ve a España sumida en una crisis institucional comparable al 23F y el 1-O, y que alcanza el «paroxismo», según algunos como Le Monde.

The Economist cree que España está en su «mayor lío institucional» en años, pero que las acusaciones de golpe son «exageradas». El semanario británico apunta que los españoles son «dados a la hipérbole política» y sus representantes llevan semanas hablando de amenazas para la democracia. Y enfatiza que la decisión del TC sobre un asunto crucial para el estado de derecho ha sido descrita por muchos como un «golpe» e incluso comparada con el 23F. Pero considera que esto es una «exageración» porque el conflicto con el TC se centra en esencia en determinar quien tiene el poder para nombrar jueces. Pero señala que los «agoreros apocalípticos» tienen algo de razón, porque aunque no hay tanques en la calle, España se encuentra en «su mayor lío institucional desde el referéndum ilegal en Cataluña». Y en este sentido señala que el conflicto judicial tiene sus raíces precisamente en la crisis catalana porque se usó la ley de sedición de 1882 para encarcelar a los independentistas.

 

El artículo detalla las últimas decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, de eliminar el delito de sedición y dividir en dos el de malversación y enfatiza que el presidente española tiene «talento para la supervivencia» y ha mantenido el gobierno de coalición durante tres años aunque su habilidad para llegar a acuerdos ha hecho que la derecha le pinte como un «camaleón sin principios». Y pone de relieve que esto ha desembocado ahora en una crisis institucional sobre la separación de poderes y en especial sobre el Tribunal Constitucional. Recuerda que los mandatos de cuatro de los jueves han expirado, pero se mantienen en el puesto porque el PP rechaza los nuevos nombramientos mientras esté Sánchez de presidente sobre la base de que deben ser los jueces y no los políticos quienes elijan, «una noción que apoya la UE pero que los populares sólo defienden desde que están en la oposición».

 

Y tras repasar todos los pasos dados por Pedro Sánchez para intentar superar el bloqueo, los del PP recurriendo al TC para bloquearla, la votación del TC y algunos jueces sobre sus propios nombramientos, han provocado denuncias de «golpe». Sostiene que España «no está en peligro de ser una dictadura» sino que más bien, igual que en EEUU, está viendo cómo los partidos «juegan duro constitucionalmente para controlar el tribunal que determina las reglas del juego político». Pero advierte de que el país está cayendo en una «espiral de hiperpartidismo» y mientras solo se pida sentido de estado a los oponentes y no a los propios «es poco probable que cambien las cosas».

Otros medios internacionales también han puesto el foco en la crisis judicial en España.

Le Monde señala que la crisis institucional en España ha alcanzado su paroxismo. El rotativo francés, en una crónica de Sandrine Morel, subraya que los conservadores y los socialistas están librando una «encarnecida disputa» sobre el control de la nominación de los jueces. Explica que por un lado está la derecha que lleva cuatro años bloqueando la renovación del CGPJ para mantener su control de la justicia y el TC y por otro la izquierda que «ha intentado aprobar por detrás una reforma controvertida para nombrar jueces». Y enfatiza que el «previsible choque institucional entre el poder legislativo y el judicial ha tenido lugar» con el fallo del TC aceptando la petición del PP de bloquear la votación prevista en el Senado para simplificar la elección de sus propios miembros aprobada por el Congreso.

The Politico subraya que España es «lanzada a una crisis» tras bloquear el TC la reforma judicial. La versión europea del digital estadounidense se hace eco de la reacción de Pedro Sánchez señalando que la decisión del Constitucional de aceptar la petición de la oposición de detener la acción legislativa del gobierno «no tiene precedentes en la historia democrática» de España y la sume en una crisis institucional. Apunta que el presidente español ha asegurado que acepta el fallo judicial aunque enfatiza que supone que por primera vez se impide a los representantes democráticamente elegidos ejercer su deber y culpa al PP del enfrentamiento con la judicatura. Añade que el fallo del TC implica que los cuatro años de bloqueo de nombramientos de nuevos jueces proseguirán y recoge también las palabras de Feijoo celebrando la decisión y acusando al gobierno de haber violado las normas constitucionales.

Liberation apunta que en España los jueces y cargos de izquierda se sumergen en una crisis institucional. El rotativo francés apunta que en sus 40 años de democracia, España ha vivido tres grandes crisis institucionales que han puesto en peligro sus credenciales democráticas: el 23F, el 1-O y la desatada ahora tras el fallo del Tribunal Constitucional, controlado por los conservadores, impidiendo que una ley de reforma judicial propuesta por los socialistas en el gobierno sea votada en el Parlamento. Enfatiza que es el punto culminante de un pulso iniciado en 2018 que ha provocado una «parálisis inédita que debilita la democracia española».

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«La esclavitud fue un crimen de lesa humanidad y pido disculpas en nombre del Gobierno por el papel del Estado neerlandés» Con estas palabras, Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos escenificaba el gesto de reconocimiento y petición de perdón por los 250 años de pasado colonial y sobre todo por haber «permitido, fomentado, mantenido y beneficiarse de la esclavitud». Llama la atención que esta disculpa oficial por parte de los Países Bajos se produzca pocos días después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que las relaciones bilaterales con España están en pausa porque nadie ha contestado a la petición de perdón que pidió a la corona española por los abusos cometidos en la Conquista de América Latina.

El perdón expresado por Mark Rutte por las acciones del Reino de Países Bajos fueron pronunciadas en el Archivo Nacional de La Haya y ante los descendientes de personas esclavizadas entre 1621 y 1873. En esos 250 años de estado colonial, el actual primer ministro neerlandés reconoció que el sistema infligió “sufrimientos indescriptibles” a personas convertidas en mercancías, explotadas y abusadas. No dudo en calificar los hechos de «crimen de lesa humanidad», aceptando este término que nunca antes había sido usado por el gobierno para hablar de la esclavitud.

El comercio legal de esclavos terminó en 1814, pero en las colonias neerlandesas se mantuvo hasta el 1 de julio de 1873. Y se calcula que más de 600.000 mujeres, hombres y niños africanos fueron enviados como esclavos al continente americano en condiciones espantosas por traficantes holandeses. La petición de perdón oficial en nombre del actual gobierno de los Países Bajos llega pocos meses antes de que se cumplan los 150 años del fin de la esclavitud.

Y el primer ministro Rutte reveló que durante mucho tiempo, pensó que “no es posible asumir la responsabilidad de manera significativa” por algo que ocurrió en el pasado. Pero ha explicado que se ha dado cuenta de que “estaba equivocado” porque los “siglos de opresión y explotación” aún afectan a las sociedades de hoy en particular con «estereotipos racistas, en patrones discriminatorios de exclusión, en desigualdad social”.

Se da la circunstancia que apenas dos días antes de esta disculpa neerlandesa, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador señaló que sus relaciones con España «siguen en pausa» porque considera que no hay «una actitud de respeto» de parte española. E insistió en que para abrir «una etapa nueva en las relaciones», es «importante» que haya un «gesto de humildad» en el que España reconozca «el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios» de América Latina.

Esta reiterada petición de AMLO para que España reconozca su responsabilidad histórica ha caído sin embargo en saco roto. El gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, rechazó «tajantemente» las «incomprensibles» críticas del presidente de México contra el rey y empresas españolas. Y en cualquier caso, ni se plantea abrir el debate sobre si España debería pedir perdón por los abusos cometidos en el pasado durante la Conquista.

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La derecha se parapeta en la justicia para lograr lo que no consiguió en las urnas. Es un fenómeno que ya ha ocurrido en varios países del mundo. En el caso de España, el Partido Popular se escuda en el Tribunal Constitucional para exigir al Gobierno que renuncie a la reforma de la sedición para renovar el Poder Judicial, que lleva cuatro años caducado. Cuando, lo que está de fondo es un interés político, ya que la hemeroteca ha destapado declaraciones en las que dirigentes del PP defendían la renovacion de los órganos judiciales. La situación generada por la derecha española ha provocado la reacción del presidente del Gobierno, que ha llamado a la calma y asegurado que acatarán la decisión del Constitucional. Pero, a su vez, tomarán «cuantas medidas sean necesarias para acabar con el bloqueo del CGPJ y el TC».

Además, en Alemania han condenado a una mujer de 97 años por ser ser cómplice de 10.500 asesinatos en un campo de concentración nazi. En Afganistán, los talibanes han recortado aún más los derechos de las mujeres y han prohibido su acceso a la universidad. Y, en Argentina, la celebración por el Mundial acaba con la evacuación de la selección argentina en helicóptero.

En la sobremesa, como cada miércoles de la audiencia, llamamos inesperada y aleatoriamente a un mecenas para comunicarle que ha ganado el sorteo-libro de la semana: José, de Coruña. Nos cuenta que lo que más le gusta de La Cafetera son las causas en las que ponemos el foco, como la ecología.

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El programa sometió a debate en la red el tratamiento que dan a la actualidad las portadas de los periódicos del día. El debate puede seguirse a través del Hashtag en Twitter #LaCafeteraGolPPeMazo.Pulsa play para escucharlo.
El programa La Cafetera -Aquí su sección con todos los programas- se emite en directo todas las mañanas de lunes a viernes (a partir de las 8:30 hora de la península ibérica, España).La Cafetera se puede descargar también, posteriormente, en diversas plataformas: En el Podcast de radiocable.com , en Spreaker, en iTunes , en TuneIn, en iVoox, o en Youtube, entre otras . Es un programa de experimentación de radiocable.com, de actualidad, y tiene como espacio de difusión twitter, facebook y otras redes sociales.
♪ Músicas: Como sabes este es un programa no comercial, sin publicidad. Las musicas que utilizamos, ademas, son todas Creative Commons:
The Gray Havens - Silver
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Casa Monte Negra-por The Whiskey Wasps
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No show show blues - ben bostick
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Still life - anbr
Give it up- roy young
You and me- eldar kedem
Hummingbirds-james forest
Undertown- low light
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Como cada miércoles, el día de la audiencia, llamamos inesperada y aleatoriamente a un mecenas para comunicarle que ha ganado el sorteo-libro de la semana: José, de Coruña. Nos cuenta que lo que más le gusta de La Cafetera son las causas en las que ponemos el foco, como la ecología.

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La decisión del Tribunal Constitucional de bloquear la votación en el Senado de la reforma del Código Penal que cambiaba la forma de elección de los miembros del COGPJ y del propio TC es noticia en numerosos medios internacionales. Se habla de una «interferencia sin precedentes» y de una «lucha de poder» entre justicia y política en España. Se recuerda asimismo el bloqueo judicial que vive el país desde hace 4 años por la falta de acuerdo del PP y el PSOE sobre los nuevos nombramientos. Y varios medios se hacen eco de la reacción crítica del gobierno de Pedro Sánchez hablando de «golpe a la democracia».

The Washington Post señala que en una «interferencia sin precedentes» el más alto tribunal español frena al gobierno. El rotativo estadounidense recoge que el TC ha emitido un fallo que impide que el Senado debata y vote un emmienda del Código Penal en lo que supone una «interferencia sin precedentes» en la legislatura que hace presagiar un «conflicto político potencial» con la coalición de gobierno de izquierdas. Explica que el Constitucional ha aceptado la apelación del principal partido de la oposición de derechas, el PP, para detener la aprobación de un reforma en el Parlamento sobre cómo se eligen los organos judiciales, incluido el propio TC. Y se hace eco de la reacción crítica del gobierno de Pedro Sánchez acusando al PP de intentar «retener con formas espúreas un poder que los ciudadanos le han negado en las elecciones.»

The Guardian destaca que los jueces españoles bloquean la legislación que afectaría a su propio tribunal y recoge las acusaciones de «golpe contra la democracia». El diario británico, en una crónica de su corresponsal Sam Jones, detalla cómo los jueces conservadores del Tribunal Constitucional han dado el paso sin precedentes de suspender la aprobación de una ley que habría cambiado la forma en que se aprueban los nombramientos para este mismo tribunal. Resalta que el gobierno de coalición española había conseguido que los cambios en el funcionamiento del CGPJ fueran incluidos en el Código Penal y aprobados por el Congreso para intentar romper el bloqueo de nuevos nombramientos judiciales que desde hace varios años promueve este organismo judicial en donde los jueces conservadores tienen mayoría. Y resalta que ahora, tras un «largo pleno» el Tribunal Constitucional ha aceptado, con los seis votos de los magistrados conservadores, el recurso del PP que considera inconstitucional la reforma legal y pedía su suspensión. Recoge que el gobierno ha asegurado que respeta el fallo judicial pero no aprueba «el camino judicial y político usado para impedir una votación en el Senado». Y apunta que hay acusaciones de «golpe a la democracia» por la decisión de los jueces conservadores de congelar la aprobación de decisiones del gobierno.

Bloomberg subraya que un tribunal español frustra el intento de Sánchez de nombrar jueces en lo que ve como un «enfrentamiento de poderes». La agencia estadounidense resalta, en un artículo que firma Alonso Soto, que los jueces del Tribunal Constitucional han bloqueado un reforma clave del presidente español para intentar acelerar su renovación en un «enfrentamiento de poderes» que aumentará aún más la tensión política en el país de cara al año electoral que se avecina. Explica que la semana anterior los diputados del Congreso habían aprobado un cambio en la ley que rige al Consejo General del Poder Judicial, facilitando el camino para que los dos candidatos de Sánchez llegaran al TC, cuya renovación está bloqueada desde hace años. Pero apunta que el propio Tribunal ha frustrado esta reforma provocando que el gobierno denuncie que los intereses partidistas están erosionando las instituciones.

Anadolu apunta que por primera vez en la historia democrática el TC congela el voto de una ley en España. La agencia turca se hace eco de la decisión del Constitucional de bloquear la votación de un proyecto de ley en el Senado tras su aprobación en el Congreso que habría desbloqueado la parálisis del propio TC. Y enfatiza que es la primera vez en la historia de la democracia española que esto se produce. Añade que la votación suspendida habría permitido al PSOE nombrar a dos miembros del CGPJ poniendo fin a un bloqueo judicial de cuatro años. Y recuerda que el Tribunal Constitucional están en la actualidad controlado por jueces conservadores y tiene que emitir fallos sobre leyes cruciales como la eutanasia, el aborto o la reforma laboral.

RND habla de «crisis de sistema en España» por la lucha de poder entre justicia y política «en campo abierto». La agencia alemana pone de relieve en una noticia que firma Martin Dahms apunta que los 11 jueces del Tribunal Constitucional español se han reunido para «examinar» una votación del Parlamento español. Señala que se trata de una «lucha de poder entre la justicia y la política en campo abierto, detrás de la cual hay una lucha de poder aún más antigua entre derecha e izquierda». En este sentido enfatiza que los jueces progresistas y conservadores del TC se reunieron en grupos separados como si no fueran un único tribunal, sino un «club de debate». Detalla el trasfondo del conflicto está el intento del gobierno de Pedro Sánchez, con una enmienda en otra reforma legal, de superar el bloqueo del CGPJ que desde hace 4 años mantiene el PP al negarse a llegar a una acuerdo para renovar los mandatos judiciales y manteniendo así la mayoría conservadora. Pero apunta que el gobierno no ha sido «escrupuloso» en la reforma de las reglas para elegir al CGPJ y provocado «sospechas de que quiere tomar el poder judicial».

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Según el estudio el ‘Perfil del Donante 2022′, el 39% de la población española ha colaborado con ONGs en el ultimo año, un millón más que en 2020. Cerca de 16 millones de españoles y españolas han contribuido económicamente con alguna Entidad No Lucrativa (ENL) durante los últimos 12 meses.

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De hecho,  han aumentado las colaboraciones puntuales, del 13% al 17%.  Tres de cada 10 personas que han colaborado con una ONG en 2022 lo han hecho por las de crisis de este año: el 33% de ellos ha contribuido con donaciones para la guerra de Ucrania, el 30% con el volcán de La Palma y el 29% frente al Covid-19.

Sobre el perfil del donante, destacan que la edad media del donante es de 49 años. Donan por igual hombres y mujeres (50%) y el 66% está casado o en pareja, mientras que el 10% está soltero. Y, las causas por las que más aporta la sociedad española son las que tienen que ver con infancia (53%), mayores (49%), personas enfermas (45%) y la discapacidad (41%).

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Durante años en España se «evitó públicamente» la historia de los españoles asesinados en campos nazis y en general afrontar los «años oscuros» del pasado. Pero la nueva Ley de Memoria Democrática ha supuesto un «cambio» en esta tendencia y está sacando a la luz el «doloroso capítulo de los vínculos a menudo olvidados con el nazismo». Es lo que pone de relieve el diario israelí en un artículo en el que detalla cómo entre 10.000 y 15.000 republicanos españoles terminaron deportados a campos de concentración nazis y ahora son reivindicados.


The Times of Israel resalta que en octubre de 2022, el progresista gobierno español aprobó una nueva ley de Memoria Democrática que reconoce a los españoles que sufrieron y murieron a manos de los nazis. Explica que la ley va a crear un censo y un banco de ADN para ayudar a identificar a los miles de españoles que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Y pone de relieve que la forma en la que España se ha enfrentado a su «perturbador pasado» ha evolucionado considerablemente en las décadas recientes. Enfatiza que España, durante años «evitó públicamente» la historia de los españoles asesinados en los campos nazis, víctimas de Adolf Hitler, igual que a las víctimas de Franco

El artículo subraya que la nueva ley supone un cambio, al reconocer que el gobierno debe jugar un papel y contribuir a recordar la memoria de todas las víctimas de los «años oscuros» en España. En este sentido detalla como en los tres años de Guerra Civil, Franco contó con ayuda de Hitler y tras su victoria le «devolvió» el favor enviándole materias primas. Pero sobre todo pone de relieve que muchos de los exiliados españoles terminaron alistándose para luchar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y entre 10.000 y 15.000 acabaron deportados en campos de concentración. Recuerda que Franco consideraba a estos exiliados «traidores» y se desentendió de ellos, hasta que grupos de ciudadanos empezaron a reivindicar su memoria con gestos como las Stolpersteine y otros reconocimientos.

The Times of Israel es un diario digital fundado en 2012 y centrado en noticias de Israel, Oriente Medio y «todo el mundo judío». Pertenece a David Horovitz, ex redactor jefe de The Jerusalem Post y fundador del periódico, y a Seth Klarman. En su redacción hay varios periodistas de Haaretz, el gran diario israelí más de izquierdas, aunque The Times of Israel asegura no tener orientación política. Sin embargo tiene una plataforma de blogs en la que ha habido autores que han generado polémica por defender posturas conservadoras y violentas. Tiene ediciones en inglés, árabe, francés y chino y se calcula que su audiencia es de 2 millones de lectores.

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En los últimos cinco años 11.286 personas han perdido la vida en su trayecto migratorio hacia el Estado español, según el último informe de Caminando Fronteras. Esto suponen seis víctimas al día desde 2018 hasta el 30 de noviembre de 2022. En concreto, han muerto 1.272 mujeres y 377 niños/as migrantes.

Foto de Oscar Camps Proactiva Open Arms patera

Insisten en las consecuencias de que no haya vías seguras y que las personas «se hayan visto obligadas a usar rutas cada vez más peligrosas y arriesgadas». Como la la ruta canaria, que es la más mortífera, con 7.692 víctimas.

«La pérdida de sus vidas y la desaparición de la mayor parte de sus cuerpos no es casualidad»- subraya la organización. De hecho, en el informe ponen énfasis «en las medidas de una necropolítica estructurada sostenida en el tiempo».

Entre 2018 y 2022 han desaparecido 241 embarcaciones con todas las personas a bordo, sin que nadie sobreviviera para contarlo. Personas procedentes de 31 países distintos y que son reflejo de una tragedia con dimensiones internacionales.

La organización explicó que estos datos han sido posibles «gracias al monitoreo diario y exhaustivo, en colaboración con las comunidades migrantes y las familias de las víctimas».

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