Hablamos de la acción de dos ecologistas contra el cuadro de Los girasoles de Van Gogh: ¿Por qué enfrentar la vida con el arte? ¿Fue una acción eficaz? Además, comentamos la noticia de la CNN de los 199 cuerpos en nitrógeno líquido que están a la espera de ser revividos: ¿Querrías hacerlo?
Un año después de que el Supremo confirmara la sentencia de seis años y medio contra Salvador Alba y tras diversos recursos para dilatar su ingreso, finalmente este 18 de octubre a las 10h00, el ex juez ha ingresado en el centro penitenciario Las Palmas I, conocido como el Salto del Negro. Fue sentenciado por corrupción para conspirar contra la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y exdiputada de Podemos, que ha celebrado la noticia en twitter y en el programa La Cafetera de Radiocable,com. (NOTICIA ACTUALIZADA)
Por fin. El exjuez corrupto Salvador Alba entra en prisión https://t.co/rbmG509gm4 vía @Cahora
— Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) October 18, 2022
Salvador Alba había intentado una nueva maniobra dilatoria para evitar su ingreso en prisión, previsto para el 17 de octubre, aduciendo problemas de salud. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó una orden de busca y captura por no haberse presentado, el ex juez, voluntariamente en un centro penitenciario, una vez levantada la suspensión de la ejecución.
Ahora deberá cumplir la condena por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público en su confabulación para intentar acabar con la carrera política y profesional de Victoria Rosell. La diversas resoluciones judiciales que han condenado a Alba han destacado que sus delitos son “los más graves que puede cometer un juez” en el ejercicio de sus funciones.
ACTUALIZACIÓN:
Victoria Rosell: “El exjuez Alba, hoy en prisión, iba directo al CGPJ pero yo estoy vetada”. La magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género concedió una entrevista en La Cafetera de Radiocable.com tras el ingreso en prisión del exjuez Alba que conspiró contra ella. Tuvo que dimitir entonces y «dejar de representar a más de 136.000 personas» que votaron para hacerle diputada. «Lo tuve que dejar por una corrupción del PP, que para no hablar de lo suyo me llamaron a mí corrupta», explica Rosell. Ahora celebra «que le hayamos expulsado de la carrera judicial».
Pero, recordó: «Yo no recupero mi escaño de la legislatura número 12, en la que se firmó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en la que tuvimos muchas cosas que hacer en justicia (…); y, ¿cuántos escaños y votos más hemos perdido por el ‘lawfare’, por esta corrupción política y mediática?». Además, a propósito de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), subrayó que, mientras ella está «vetada» como candidata, el exjuez Alba «iba directo al CGPJ» (entrevista a partir del minuto 6:00).
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Según explicó Juan López Uralde, portavoz de Alianza Verde y exdirector de Greenpeace, España se ha «liberado» del Tratado de la Carta de la Energía, que «sirve a las empresas eléctricas como herramienta para extorsionar a gobiernos cuando les conviene». Un hecho que para Uralde «alumbra cierta esperanza» y es «una buena noticia».
En La Cafetera de Radiocable.com ha señalado que este tratado «ata a los gobiernos con los compromisos de las empresas eléctricas». De manera que, «si estas hacen una inversión, los gobiernos se ven atados a esa inversión y no pueden ir contra ella» porque eso podría implicar que las empresas les llevaran ante un tribunal privado «donde normalmente son condenados». Y ponía el ejemplo de «si mañana se acomete un gasoducto y el gobierno quiere dar marcha atrás». En ese caso las empresa «pueden hacer que el gobierno acabe siendo sancionado» (entrevista a partir del minuto 42:00).
Uralde ha subrayado también el movimiento que hay en contra de este tratado: «Hay muchas protestas, porque se considera muy vinculado a las industrias de combustibles fósiles y que no sirve para cumplir Acuerdos de París». Un movimiento global por el abandono del tratado de la carta de energía.
La reducción del IVA en productos de higiene femenina es la última medida aprobada por el gobierno español e impulsada por el ministerio de Irene Montero que han colocado al país a la vanguardia de las políticas feministas en Europa. Es lo que sostiene el influyente diario alemán en un reportaje que firma Celine Chorus y que repasa las últimas leyes aprobadas por el gobierno de coalición y la lucha del movimiento feminista español recordando la situación en la que estaban las mujeres españolas en 1975. Resalta que durante décadas España tuvo la reputación de ser un país «machista, archicatólico y conservador» pero ahora está considerado uno de los más progresistas del mundo en igualdad de género.
Spanien: Es war einmal ein Macho-Land https://t.co/xCCzYn7XHJ pic.twitter.com/IGRttcKiPh
— U.Fischer (@Schmuserill) October 1, 2022
Süddeutsche Zeitung resalta que aunque durante mucho tiempo no se ha reconocido su importancia, España tiene un problema de «pobreza menstrual» que hace que el 40% de las mujeres no puedan elegir el producto de higiene que les gustaría por el precio. Y resalta que el gobierno ha apoyado la reducción del IVA en estos productos para afrontarlo. Pero enfatiza que este es sólo la última decisión impulsada por el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero que ha puesto al país a la vanguardia de las políticas nacionales feministas. Recuerda que durante década España ha tenido la reputación de ser un país machista, archicatólico y conservador, pero afirma «ahora está considerado uno de los más progresistas de Europa en este terreno» e incluso el presidente, Pedro Sánchez, se declara «abiertamente feminista».
El artículo repasa las medidas aprobadas por el gobierno de coalición PSOE-Podemos como la ley de salud reproductiva que contempla por primera vez en Europa las bajas laborales menstruales o permite el aborto desde los 16 años, sin conocimiento de los padres, o como la del «Solo sí es sí». Y añade que Sánchez ha anunciado que también quiere abolir la prostitución. Pero pone de relieve que los avances no se deben sólo a que el gobierno de izquierdas ha puesto la política de igualdad como eje central, sino también a la existencia de un movimiento feminista español muy activo. Recuerda en este sentido que en España hasta 1975, las mujeres no podían trabajar ni abrir una cuenta sin el permiso de sus maridos y no tuvieron los mismos derechos que los hombres hasta 1978 y desde entonces se ha ido avanzando.
Süddeustche Zeitung es un diario alemán fundado en Munich en 1945. Es el periódico más leído de Alemania, rozando los 1,5 millones de lectores, y junto con el FAZ, los dos diarios de referencia. Su linea editorial es «liberal progresista» y está considerado “el diario intelectual del liberalismo de la izquierda alemana”. En sus páginas han escrito algunos de los más importantes periodistas alemanes. Pertenece al Südwestdeutsche Medien Holding y su tirada en papel en 2022 supera los 305.000 ejemplares.
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El mismo día que la primera ministra británica Liz Truss pedía perdón en la BBC por haber intentado bajar los impuestos a los ricos, lo que calificó incluso de «errores cometidos», en España el PP sigue defendiendo la política fiscal que en Reino Unido ha tambaleado la estabilidad del gobierno en Reino Unido.
A pesar del contexto que se vive en el país vecino y de que el 80% de la sociedad española defiende la subida de impuestos a los ricos, según el último barómetro del CIS, el PP insiste en una bajada generalizada de impuestos. Argumentando que «donde mejor está el dinero es en el bolsillo de la gente». Sin embargo, la mayoría de la población de la que habla el principal partido de la oposición, exige que los que más tienen sí paguen más impuestos, una medida a la que se opone el PP. La muestra es que en Madrid y Andalucía, gobernadas por los populares, eliminaron el Impuesto sobre el Patrimonio. Algo que se remediará con el llamado ‘Impuesto de Solidaridad’ del gobierno central -un impuesto a las grandes fortunas-, que evitará la doble imposición en las comunidades que ya tengan Impuesto sobre el Patrimonio y obligará a pagarlo en las que lo eliminaron.
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En busca de la coletilla perdida,… Los oyentes proponen frases que puedan servir de coletilla en una conversación o una tertulia.
“España se arriesga a perder dinero del fondo de recuperación por fallar en los plazos”. Este era el titular de una noticia de la influyentes agencia estadounidense del pasado 14 de octubre. Y desencadenó una oleada de informaciones y titulares en la prensa conservadora que aseguraban que Bruselas había congelado o bloqueado los fondos de recuperación para España, que se ponía en cuestión el reparto de dinero y que se habían incumplido los mecanismos de control.
Políticos como Isabel Díaz Ayuso o Rafael Hernando, economistas y periodistas se hicieron eco de ello, afirmando que la congelación era un hecho y criticando al gobierno… hasta que la propia Comisión Europea salió a desmentirlo categóricamente. El origen de esta desinformación fue la noticia de Bloomberg, aunque lo que detallaba no se corresponde con lo que luego se ha interpretado en España. Uno de los corresponsales que la firma, ha explicado con detalle lo que decía y lo que no la información.
❗️NEW: Spain missed a second deadline last month to set up a new auditing system, putting at risk more payments of recovery funds, as senior Commission officials told the Spanish government during a visit to Madrid in September, we’re told. https://t.co/eUsgyEjeTK
— Jorge Valero (@europressos) October 14, 2022
Bloomberg destacó que España no cumplió con dos fechas límite para completar una reforma requerida para desbloquear el pago del fondo de recuperación post-pandemia de la UE, arriesgando con ello los nuevos pagos de 160.000 millones que es susceptible de recibir. Y detalla que en concreto, el gobierno español ha fallado implementar el nuevo sistema auditor, un hito importante al que se había comprometido con la UE.
El artículo recordaba que España es es segundo mayor beneficiario del fondo de recuperación de la UE valorado en 724.000 millones de euros y que ya había recibido un pago de 31.000 millones del total de su asignación. Pero en ninguna momento hablaba de «congelación» o «suspensión» de los pagos. Y se puntualizaba que la Comisión avisó a España de que no habría un nuevo pago, cuando el gobierno lo solicitará, hasta que solucionara este requisito técnico.
Pero en ningún momento, se apuntó a que se hubiera procedido a ningún hecho consumado, como dieron a entender muchos medios en España. Ni se cuestionó desde Bruselas el reparto de fondos. El propio corresponsal de Bloomberg, Jorge Valero lo ha explicado en su cuenta de twitter.
La Comisión avisó a nuestro país que no habrá un nuevo pago hasta que lo solucione, pero primero lo tiene que solicitar. Nuestro texto no menciona “congelación” o “suspensión”. Nadie ha desmentido el contenido de nuestra información, ni en Bruselas ni en Madrid. (2) — Jorge Valero (@europressos) October 16, 2022
Bloomberg es una agencia de información especializada en información económica . Pertenece a la compañía multimedia Bloomberg LP, que creó en 1981 Michael Bloomberg, ex socio del banco de inversión Salomon Brothers y ex alcalde de Nueva York, y de la que posee el 88%. Además de la agencia, el grupo tiene radios, un canal de TV y diversas publicaciones como la revista BusinessWeek y está a la cabeza del negocio global de la información financiera. Tiene unos 325.000 suscriptores de sus servicios y diariamente la agencia distribuye más de 5.000 noticias, que son fuente de más de 350 diarios.
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El Parlamento Europeo ha aprobado un informe sobre el acceso al agua como derecho humano, donde exige que los Estados garanticen «un acceso universal, adecuado y asequible al agua potable suficiente, de calidad y segura, así como un mejor acceso al agua para fines de saneamiento e higiene». Pero no se queda ahí, también insta a proteger a los defensores y defensoras de derechos ambientales «para que trabajen sin estar sometidos a violencia e intimidación».
Piden a la Unión que promueva a nivel internacional, regional y nacional mecanismos de protección para asegurar que la realización del derecho al agua. Y advierten: «El saneamiento no es opcional para los Estados sino un derecho exigible».
También instan a las delegaciones de la Unión y a las misiones de los Estados miembros que planteen cuestiones como la situación de los defensores de los derechos humanos y las ONG que promueven estos derechos. Promoviendo la seguridad y libertad de los defensores de los derechos ambientales «para que trabajen sin estar sometidos a violencia e intimidación».
Además, exigen que la gestión del agua responda prioritariamente a intereses ambientales -«al ser una necesidad básica para las plantas, los animales y los seres humanos»- y sociales, «especialmente la integración laboral y la mejora de los ingresos y la seguridad de la gente en situación de pobreza». Y señalan que «la mejora del suministro de agua y del saneamiento, así como de la gestión de los recursos hídricos», puede impulsar el crecimiento económico sostenible de los países y contribuir en gran medida a reducir la pobreza.
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En un contexto de evidente escalada de tensión el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, lejos de lanzar mensajes tranquilizadores a la ciudadanía y de dar la sensación de tener la situación bajo control, ha seguido recurriendo al lenguaje belicista con términos como el de «aniquilar».
Josep Borrell ha advertido a Rusia de que «un ataque nuclear tendrá respuesta. No una respuesta nuclear, pero una respuesta tan potente militarmente que el Ejército ruso sería aniquilado». Así se anticipaba el jefe de la política exterior europea a un escenario que, en consecuencia, se está normalizando cada vez más en las conversaciones, que es la amenaza nuclear y una tercera guerra mundial.
Pero, ¿Era necesario que Borrell hablara públicamente de «aniquilar» y de «una respuesta nuclear»? ¿A quién iba dirigido? ¿A Putin o a la sociedad para que se vaya preparando para lo peor? Sobre esto ha centrado el debate La Cafetera de este lunes, que ha reflexionado sobre la aportación de Josep Borrell como alto representante de Exteriores a la resolución del conflicto y a la diplomacia europea. ¿Se está convirtiendo Borrell en un problema para la diplomacia europea? ¿Llegará el tiempo de sentarse a hablar con Putin o con Rusia? ¿Y quién lo hará entonces? ¿Borrell?
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Una teoría sostiene que la apuesta por las renovables y el abandono de las energías fósiles está causando parte de los problemas que se están sufriendo en Occidente y es responsable, por ejemplo, de subir el precio de la electricidad. Y se plantea que la transición ecológica podría afectar a la competitividad de la economía. Pero un artículo de The Conversation rebate esta idea con datos y argumentos, defendiendo que aunque existen riesgos económicos, estos van a estar supeditados al modo en que se lleve a cabo todo el proceso.
Pedro Linares, Universidad Pontificia Comillas
En la situación de crisis energética que estamos viviendo, algunas voces han acusado al proceso de transición energética de parte de los problemas que sufrimos, queriendo incluso revertir este proceso de transformación ya en marcha. Argumentan que la apuesta por las renovables y el abandono de las energías fósiles subirá el precio de la electricidad, poniendo en riesgo la competitividad de la economía.
¿Qué hay de cierto en todas estas acusaciones? Muy poco. Pero todo depende de cómo se lleve a cabo la transición. A continuación trato de aclarar algunos de los elementos principales.
Comienzo con los riesgos: el principal es que posiblemente la transición energética aumente significativamente la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. Tal como nos advierte repetidamente la Agencia Internacional de la Energía, la reducción de la inversión en proyectos de exploración de combustibles fósiles conllevará una reducción de la oferta de estos combustibles.
Esta reducción de la inversión se produce ante la caída de la demanda impulsada por la descarbonización, y, en condiciones ideales, simplemente supondría una estabilización de los precios de los combustibles fósiles. Pero las condiciones ideales no existen: la incertidumbre y los plazos de tiempo necesarios para materializar las inversiones harán que el mercado esté frecuentemente desajustado entre la oferta y la demanda, y por tanto que los precios oscilen entre épocas de escasez (y por tanto altos precios) y abundancia (bajos precios).
Por lo tanto, lo más probable es que, hasta que consigamos abandonar definitivamente los combustibles fósiles, sus precios sean una continua montaña rusa de la que evidentemente tendremos que protegernos.
En cambio, la evolución de los costes de las renovables presenta riesgos menores. Incluso antes de la subida de los precios del gas natural, la energía solar fotovoltaica y la eólica ya eran competitivas en muchas regiones, y de hecho la mayoría de las inversiones que se están haciendo en el sector eléctrico corresponden a estas tecnologías.
La subida de los tipos de interés y de los costes de las materias primas pueden incidir negativamente en el coste de la fotovoltaica y la eólica, pero difícilmente abandonarán su posición de ventaja con respecto a las energías fósiles o a la nueva energía nuclear.
Ahora bien, esto no supone necesariamente que los costes de la electricidad vayan a bajar significativamente, y menos aún a ser casi nulos como algunos a veces quieren dar a entender. Hay dos razones para ello:
Por todo ello, y en función de cómo avancen estas tecnologías, y de lo bien que diseñemos los sistemas, lo normal es que, a medio plazo, nos situemos en precios de la electricidad no demasiado distintos de los que hemos visto en años pasados. No necesariamente mayores, pero tampoco significativamente inferiores. La potencial construcción de nueva energía nuclear, al menos en países desarrollados, difícilmente abarataría estos costes por la elevada inversión necesaria.
La transición energética, a nivel agregado, puede destruir o puede crear empleo, dependiendo de cómo se haga. Aquí es donde más crítico resulta el cómo.
Si nos limitamos a sustituir combustibles fósiles por renovables, pero no nos preocupamos de mantener la actividad productiva, de garantizar la competitividad de la economía propia frente a otras regiones, de asegurar que las nuevas tecnologías se desarrollan y se fabrican a nivel nacional, y de que esa electricidad renovable y el hidrógeno producido con ella se utilizan para dar costes de la energía competitivos a la industria, nadie nos asegura que el empleo se vaya a mantener.
El sector energético no es tan importante en términos de empleo, lo que es relevante para el empleo es el resto de la economía que utiliza esa energía. Esta transición puede ser una oportunidad para el empleo dependiendo de cómo seamos capaces de trasladar sus ventajas al resto de la economía.
En mi opinión, no hay ningún argumento sólido para retrasar la transición energética y la descarbonización. Pero sí hay muchos aspectos que podemos y debemos cuestionar sobre la forma de hacerla, porque nos jugamos mucho en el proceso. Es imprescindible aprovechar las oportunidades que nos brinda la transición para construir una economía más robusta, más competitiva y más justa. Pero eso requiere, como siempre, visión, consenso y anticipación.
Pedro Linares, Profesor de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, Universidad Pontificia Comillas
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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