«La esclavitud fue un crimen de lesa humanidad y pido disculpas en nombre del Gobierno por el papel del Estado neerlandés» Con estas palabras, Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos escenificaba el gesto de reconocimiento y petición de perdón por los 250 años de pasado colonial y sobre todo por haber «permitido, fomentado, mantenido y beneficiarse de la esclavitud». Llama la atención que esta disculpa oficial por parte de los Países Bajos se produzca pocos días después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asegurara que las relaciones bilaterales con España están en pausa porque nadie ha contestado a la petición de perdón que pidió a la corona española por los abusos cometidos en la Conquista de América Latina.

El perdón expresado por Mark Rutte por las acciones del Reino de Países Bajos fueron pronunciadas en el Archivo Nacional de La Haya y ante los descendientes de personas esclavizadas entre 1621 y 1873. En esos 250 años de estado colonial, el actual primer ministro neerlandés reconoció que el sistema infligió “sufrimientos indescriptibles” a personas convertidas en mercancías, explotadas y abusadas. No dudo en calificar los hechos de «crimen de lesa humanidad», aceptando este término que nunca antes había sido usado por el gobierno para hablar de la esclavitud.

El comercio legal de esclavos terminó en 1814, pero en las colonias neerlandesas se mantuvo hasta el 1 de julio de 1873. Y se calcula que más de 600.000 mujeres, hombres y niños africanos fueron enviados como esclavos al continente americano en condiciones espantosas por traficantes holandeses. La petición de perdón oficial en nombre del actual gobierno de los Países Bajos llega pocos meses antes de que se cumplan los 150 años del fin de la esclavitud.

Y el primer ministro Rutte reveló que durante mucho tiempo, pensó que “no es posible asumir la responsabilidad de manera significativa” por algo que ocurrió en el pasado. Pero ha explicado que se ha dado cuenta de que “estaba equivocado” porque los “siglos de opresión y explotación” aún afectan a las sociedades de hoy en particular con «estereotipos racistas, en patrones discriminatorios de exclusión, en desigualdad social”.

Se da la circunstancia que apenas dos días antes de esta disculpa neerlandesa, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador señaló que sus relaciones con España «siguen en pausa» porque considera que no hay «una actitud de respeto» de parte española. E insistió en que para abrir «una etapa nueva en las relaciones», es «importante» que haya un «gesto de humildad» en el que España reconozca «el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios» de América Latina.

Esta reiterada petición de AMLO para que España reconozca su responsabilidad histórica ha caído sin embargo en saco roto. El gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, rechazó «tajantemente» las «incomprensibles» críticas del presidente de México contra el rey y empresas españolas. Y en cualquier caso, ni se plantea abrir el debate sobre si España debería pedir perdón por los abusos cometidos en el pasado durante la Conquista.

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La derecha se parapeta en la justicia para lograr lo que no consiguió en las urnas. Es un fenómeno que ya ha ocurrido en varios países del mundo. En el caso de España, el Partido Popular se escuda en el Tribunal Constitucional para exigir al Gobierno que renuncie a la reforma de la sedición para renovar el Poder Judicial, que lleva cuatro años caducado. Cuando, lo que está de fondo es un interés político, ya que la hemeroteca ha destapado declaraciones en las que dirigentes del PP defendían la renovacion de los órganos judiciales. La situación generada por la derecha española ha provocado la reacción del presidente del Gobierno, que ha llamado a la calma y asegurado que acatarán la decisión del Constitucional. Pero, a su vez, tomarán «cuantas medidas sean necesarias para acabar con el bloqueo del CGPJ y el TC».

Además, en Alemania han condenado a una mujer de 97 años por ser ser cómplice de 10.500 asesinatos en un campo de concentración nazi. En Afganistán, los talibanes han recortado aún más los derechos de las mujeres y han prohibido su acceso a la universidad. Y, en Argentina, la celebración por el Mundial acaba con la evacuación de la selección argentina en helicóptero.

En la sobremesa, como cada miércoles de la audiencia, llamamos inesperada y aleatoriamente a un mecenas para comunicarle que ha ganado el sorteo-libro de la semana: José, de Coruña. Nos cuenta que lo que más le gusta de La Cafetera son las causas en las que ponemos el foco, como la ecología.

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La decisión del Tribunal Constitucional de bloquear la votación en el Senado de la reforma del Código Penal que cambiaba la forma de elección de los miembros del COGPJ y del propio TC es noticia en numerosos medios internacionales. Se habla de una «interferencia sin precedentes» y de una «lucha de poder» entre justicia y política en España. Se recuerda asimismo el bloqueo judicial que vive el país desde hace 4 años por la falta de acuerdo del PP y el PSOE sobre los nuevos nombramientos. Y varios medios se hacen eco de la reacción crítica del gobierno de Pedro Sánchez hablando de «golpe a la democracia».

The Washington Post señala que en una «interferencia sin precedentes» el más alto tribunal español frena al gobierno. El rotativo estadounidense recoge que el TC ha emitido un fallo que impide que el Senado debata y vote un emmienda del Código Penal en lo que supone una «interferencia sin precedentes» en la legislatura que hace presagiar un «conflicto político potencial» con la coalición de gobierno de izquierdas. Explica que el Constitucional ha aceptado la apelación del principal partido de la oposición de derechas, el PP, para detener la aprobación de un reforma en el Parlamento sobre cómo se eligen los organos judiciales, incluido el propio TC. Y se hace eco de la reacción crítica del gobierno de Pedro Sánchez acusando al PP de intentar «retener con formas espúreas un poder que los ciudadanos le han negado en las elecciones.»

The Guardian destaca que los jueces españoles bloquean la legislación que afectaría a su propio tribunal y recoge las acusaciones de «golpe contra la democracia». El diario británico, en una crónica de su corresponsal Sam Jones, detalla cómo los jueces conservadores del Tribunal Constitucional han dado el paso sin precedentes de suspender la aprobación de una ley que habría cambiado la forma en que se aprueban los nombramientos para este mismo tribunal. Resalta que el gobierno de coalición española había conseguido que los cambios en el funcionamiento del CGPJ fueran incluidos en el Código Penal y aprobados por el Congreso para intentar romper el bloqueo de nuevos nombramientos judiciales que desde hace varios años promueve este organismo judicial en donde los jueces conservadores tienen mayoría. Y resalta que ahora, tras un «largo pleno» el Tribunal Constitucional ha aceptado, con los seis votos de los magistrados conservadores, el recurso del PP que considera inconstitucional la reforma legal y pedía su suspensión. Recoge que el gobierno ha asegurado que respeta el fallo judicial pero no aprueba «el camino judicial y político usado para impedir una votación en el Senado». Y apunta que hay acusaciones de «golpe a la democracia» por la decisión de los jueces conservadores de congelar la aprobación de decisiones del gobierno.

Bloomberg subraya que un tribunal español frustra el intento de Sánchez de nombrar jueces en lo que ve como un «enfrentamiento de poderes». La agencia estadounidense resalta, en un artículo que firma Alonso Soto, que los jueces del Tribunal Constitucional han bloqueado un reforma clave del presidente español para intentar acelerar su renovación en un «enfrentamiento de poderes» que aumentará aún más la tensión política en el país de cara al año electoral que se avecina. Explica que la semana anterior los diputados del Congreso habían aprobado un cambio en la ley que rige al Consejo General del Poder Judicial, facilitando el camino para que los dos candidatos de Sánchez llegaran al TC, cuya renovación está bloqueada desde hace años. Pero apunta que el propio Tribunal ha frustrado esta reforma provocando que el gobierno denuncie que los intereses partidistas están erosionando las instituciones.

Anadolu apunta que por primera vez en la historia democrática el TC congela el voto de una ley en España. La agencia turca se hace eco de la decisión del Constitucional de bloquear la votación de un proyecto de ley en el Senado tras su aprobación en el Congreso que habría desbloqueado la parálisis del propio TC. Y enfatiza que es la primera vez en la historia de la democracia española que esto se produce. Añade que la votación suspendida habría permitido al PSOE nombrar a dos miembros del CGPJ poniendo fin a un bloqueo judicial de cuatro años. Y recuerda que el Tribunal Constitucional están en la actualidad controlado por jueces conservadores y tiene que emitir fallos sobre leyes cruciales como la eutanasia, el aborto o la reforma laboral.

RND habla de «crisis de sistema en España» por la lucha de poder entre justicia y política «en campo abierto». La agencia alemana pone de relieve en una noticia que firma Martin Dahms apunta que los 11 jueces del Tribunal Constitucional español se han reunido para «examinar» una votación del Parlamento español. Señala que se trata de una «lucha de poder entre la justicia y la política en campo abierto, detrás de la cual hay una lucha de poder aún más antigua entre derecha e izquierda». En este sentido enfatiza que los jueces progresistas y conservadores del TC se reunieron en grupos separados como si no fueran un único tribunal, sino un «club de debate». Detalla el trasfondo del conflicto está el intento del gobierno de Pedro Sánchez, con una enmienda en otra reforma legal, de superar el bloqueo del CGPJ que desde hace 4 años mantiene el PP al negarse a llegar a una acuerdo para renovar los mandatos judiciales y manteniendo así la mayoría conservadora. Pero apunta que el gobierno no ha sido «escrupuloso» en la reforma de las reglas para elegir al CGPJ y provocado «sospechas de que quiere tomar el poder judicial».

Advertencia: Por respeto a la ley L.P.I. española, radiocable.com ni reproduce textualmente ni publica links a los textos externos que han llamado la atención de nuestro equipo. Si desea conocer la literalidad del artículo acuda directamente al medio referido. 

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Según el estudio el ‘Perfil del Donante 2022′, el 39% de la población española ha colaborado con ONGs en el ultimo año, un millón más que en 2020. Cerca de 16 millones de españoles y españolas han contribuido económicamente con alguna Entidad No Lucrativa (ENL) durante los últimos 12 meses.

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De hecho,  han aumentado las colaboraciones puntuales, del 13% al 17%.  Tres de cada 10 personas que han colaborado con una ONG en 2022 lo han hecho por las de crisis de este año: el 33% de ellos ha contribuido con donaciones para la guerra de Ucrania, el 30% con el volcán de La Palma y el 29% frente al Covid-19.

Sobre el perfil del donante, destacan que la edad media del donante es de 49 años. Donan por igual hombres y mujeres (50%) y el 66% está casado o en pareja, mientras que el 10% está soltero. Y, las causas por las que más aporta la sociedad española son las que tienen que ver con infancia (53%), mayores (49%), personas enfermas (45%) y la discapacidad (41%).

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Durante años en España se «evitó públicamente» la historia de los españoles asesinados en campos nazis y en general afrontar los «años oscuros» del pasado. Pero la nueva Ley de Memoria Democrática ha supuesto un «cambio» en esta tendencia y está sacando a la luz el «doloroso capítulo de los vínculos a menudo olvidados con el nazismo». Es lo que pone de relieve el diario israelí en un artículo en el que detalla cómo entre 10.000 y 15.000 republicanos españoles terminaron deportados a campos de concentración nazis y ahora son reivindicados.


The Times of Israel resalta que en octubre de 2022, el progresista gobierno español aprobó una nueva ley de Memoria Democrática que reconoce a los españoles que sufrieron y murieron a manos de los nazis. Explica que la ley va a crear un censo y un banco de ADN para ayudar a identificar a los miles de españoles que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Y pone de relieve que la forma en la que España se ha enfrentado a su «perturbador pasado» ha evolucionado considerablemente en las décadas recientes. Enfatiza que España, durante años «evitó públicamente» la historia de los españoles asesinados en los campos nazis, víctimas de Adolf Hitler, igual que a las víctimas de Franco

El artículo subraya que la nueva ley supone un cambio, al reconocer que el gobierno debe jugar un papel y contribuir a recordar la memoria de todas las víctimas de los «años oscuros» en España. En este sentido detalla como en los tres años de Guerra Civil, Franco contó con ayuda de Hitler y tras su victoria le «devolvió» el favor enviándole materias primas. Pero sobre todo pone de relieve que muchos de los exiliados españoles terminaron alistándose para luchar contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y entre 10.000 y 15.000 acabaron deportados en campos de concentración. Recuerda que Franco consideraba a estos exiliados «traidores» y se desentendió de ellos, hasta que grupos de ciudadanos empezaron a reivindicar su memoria con gestos como las Stolpersteine y otros reconocimientos.

The Times of Israel es un diario digital fundado en 2012 y centrado en noticias de Israel, Oriente Medio y «todo el mundo judío». Pertenece a David Horovitz, ex redactor jefe de The Jerusalem Post y fundador del periódico, y a Seth Klarman. En su redacción hay varios periodistas de Haaretz, el gran diario israelí más de izquierdas, aunque The Times of Israel asegura no tener orientación política. Sin embargo tiene una plataforma de blogs en la que ha habido autores que han generado polémica por defender posturas conservadoras y violentas. Tiene ediciones en inglés, árabe, francés y chino y se calcula que su audiencia es de 2 millones de lectores.

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En los últimos cinco años 11.286 personas han perdido la vida en su trayecto migratorio hacia el Estado español, según el último informe de Caminando Fronteras. Esto suponen seis víctimas al día desde 2018 hasta el 30 de noviembre de 2022. En concreto, han muerto 1.272 mujeres y 377 niños/as migrantes.

Foto de Oscar Camps Proactiva Open Arms patera

Insisten en las consecuencias de que no haya vías seguras y que las personas «se hayan visto obligadas a usar rutas cada vez más peligrosas y arriesgadas». Como la la ruta canaria, que es la más mortífera, con 7.692 víctimas.

«La pérdida de sus vidas y la desaparición de la mayor parte de sus cuerpos no es casualidad»- subraya la organización. De hecho, en el informe ponen énfasis «en las medidas de una necropolítica estructurada sostenida en el tiempo».

Entre 2018 y 2022 han desaparecido 241 embarcaciones con todas las personas a bordo, sin que nadie sobreviviera para contarlo. Personas procedentes de 31 países distintos y que son reflejo de una tragedia con dimensiones internacionales.

La organización explicó que estos datos han sido posibles «gracias al monitoreo diario y exhaustivo, en colaboración con las comunidades migrantes y las familias de las víctimas».

Cuando el Constitucional fue a por el resto… Ya era demasiado tarde. La judicialización de la política en Cataluña y varios países de Latinoamérica eran una advertencia de lo que sucedió ayer, cuando se produjo un choque sin precedentes entre jueces y parlamento en España. El Tribunal Constitucional impidió al Senado votar la reforma de su renovación. Porque este órgano está caducado. No se ha renovado. Cuatro personas tienen el mandato caducado. Llegaron allí porque Rajoy ganó las elecciones, y se tendrían que haber ido porque las perdió, como se ha hecho durante 44 años. Pero la derecha está haciendo lo imposible para mantener, artificialmente, el poder en los jueces que perdió en las urnas.

En medio de todo este terremoto, Juan L. Uralde nos habla de la Ley de Bienestar Animal, que está previsto que se decida hoy, con la polémica enmienda del PSOE sobre los perros de caza. Se trata de una ley que «tiene como objetivo acabar con el maltrato y abandono animal». Uralde insistió: «Todos los perros tienen que estar protegidos por esta ley».

Además, en Estados Unidos, la comisión del asalto al Capitolio pide imputar a Donald Trump por cuatro cargos penales. Y, en Reino Unido, la Justicia considera legal el plan del Gobierno de deportación de migrantes a Ruanda.

En la sobremesa, el vídeo de un falso Morgan Freeman reconstruido con Inteligencia Artificial pone en alerta la protección de nuestras identidades. Porque con la IA pueden suplantar tu identidad hasta el punto que aparezca un vídeo tuyo afirmando cosas que nunca dijiste.

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Condena de 15 meses cárcel por cortar 28 minutos un carril de una carretera para protestar contra la inacción climática. Esto es a lo que se enfrenta una activista en Sidney tras la promulgación de una nueva y polémica ley para responder a protestas ecologistas. Pero no es el único ejemplo de endurecimiento de leyes y aumento de represión contra las acciones climáticas. En Alemania, los miembros del grupo Última Generación que protagonizaron acciones contra obras de arte son investigados como «miembros de una organización terrorista».

Violet Coco es una empresaria de organización de ventas de Sidney que, tras ver la crisis de los incendios forestales que asoló a Australia en 2019, decidió participar en protesta climáticas. Algo que la ha llevado a enfrentarse a una pena máxima de 15 meses de prisión. Ya ha pasado 11 días en la prisión Silverwater de Sídney después de declararse culpable de una serie de delitos cometidos tras una protesta en el puente de la Bahía de Sídney en abril, en la que estacionó una camioneta y se quedó de pie sosteniendo una bengala encendida. Otras tres personas fueron detenidas al mismo tiempo.

Pero su condena –un mínimo de ocho meses de prisión– ha provocado indignación porque se ha convertido en la primera persona encarcelada en virtud de la nueva y polémica ley de Nueva Gales del Sur, promulgada en respuesta a una serie de protestas ecologistas de gran repercusión. También causó indignación el hecho de que se le negara la libertad bajo fianza mientras apelaba la sentencia, veredicto que el tribunal de distrito anuló esta semana. La apelación de su sentencia será juzgada en marzo.

La nueva legislación ha aumentado las penas impuestas a los manifestantes que bloquearan las calles y puentes principales de Nueva Gales del Sur hasta un máximo de dos años de cárcel o 22 mil dólares de multa. Pero no es el único lugar en el que se han endurecido o retorcido las normas para enfrentarse a protestas por la inacción contra el cambio climático. En Alemania, los jóvenes activistas del grupo ecologista Última Generación, que lanzaron líquidos contra obras de arte en museo o bloquearon aeropuertos y carreteras pegando sus manos al asfalto han sido declarados «miembros de una organización criminal».

Es al menos la acusación que la Fiscalía de Neuruppin ha utilizado para pedir la orden de registro de los domicilios de varios miembros destacados de la organización climática. A través de Twitter, Última Generación reveló que las viviendas de once de sus miembros en todo el país habían sido registradas y que les confiscaron aparatos electrónicos como ordenadores portátiles o unidades externas de memoria, carteles y material escrito.

Las autoridades aseguran que investigan una acción en la refinería de Schwedt, al noreste de Alemania, que invadieron los activistas y donde cerraron varios conductos. Pero los activistas ecologistas señalan que consideran estas acciones como un «intento de intimidación» y que el hecho de que les hayan abierto una investigaciones como organización criminal «abren a las autoridades todas las puertas para vigilarnos y es precisamente esta posibilidad su objetivo último».

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