Para hacer frente a un entorno de aumento de la demanda de agua en un contexto de cambio climático y sequías más intensas, una de las alternativas sostenibles que ha surgido es la de regenerar aguas residuales para usarlas para el riego. De momento sólo se está reutilizando para este fin en Europa el 2,4% de las aguas residuales tratadas, aunque en España se llega al 10%. Pero en este artículo de The Conversation detalla cómo se podría incentivar esta reutilización y cómo beneficiaría a ríos y acuíferos.



La sobreexplotación del acuífero de La Mancha Occidental (España) afecta al estado de los humedales del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
Luis Pizarro Ruiz / Shutterstock

Mario Ballesteros Olza, Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Irene Blanco Gutiérrez, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

La creciente demanda de agua para el campo, la ciudad y la industria, sumada al aumento de la intensidad y la frecuencia de los episodios de sequía como consecuencia del cambio climático, están obligando a la búsqueda de fuentes alternativas de agua más sostenibles.

Entre estas opciones se encuentra la regeneración de aguas residuales para su posterior reutilización, una opción que promueven las nuevas estrategias globales y europeas como el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el nuevo Plan de Acción de Economía Circular de la UE.

A pesar de este impulso, en la actualidad solo se están reutilizando un 2,4 % de las aguas residuales tratadas en Europa, aunque este porcentaje varía de manera notable entre los Estados miembros. La Comisión Europea advierte que hay potencial para multiplicar por seis el volumen de aguas residuales que actualmente se regeneran.

Diferencias entre países europeos

Chipre es el país europeo que más volumen de aguas residuales tratadas regenera para su reutilización, con más de un 90 %; seguido de Malta, con un 60 %. A continuación estarían otros países de la región mediterránea como Grecia, Italia y España, cuyos porcentajes oscilan entre el 5 % y el 12 %.

En el caso de España, en el año 2020-21 se regeneraron 400 hm³, es decir, en torno al 10 % del volumen total depurado, según el avance del último informe de seguimiento de los planes hidrológicos de cuenca y de los recursos hídricos. Una cifra que, aun siendo de las más elevadas de la UE, queda lejos del objetivo de superar los 1 000 hm³/año que fijó el Plan Nacional de Reutilización de Aguas de 2012.

Además, al igual que ocurre en Europa, los niveles de reutilización varían considerablemente entre las distintas regiones del país. Son más elevados en Murcia, Comunidad Valenciana y las islas, mientras que en el resto del territorio estos niveles aún son mayoritariamente bajos o prácticamente nulos.

A pesar de lo anterior, el contexto actual invita a pensar que la situación podría mejorar en el corto-medio plazo. Esta evolución se debe, entre otras, a las siguientes iniciativas:

El caso del acuífero de La Mancha Occidental

Desde el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales de la Universidad Politécnica de Madrid hemos realizado un estudio en el marco del proyecto RECLAMO para profundizar sobre la situación actual de la reutilización de agua para riego en España.

En el trabajo hemos analizado las percepciones de los principales grupos de interés en el caso de la región del acuífero de La Mancha Occidental (Alto Guadiana), una zona con una importante problemática ambiental ligada a su sobreexplotación y en la que, actualmente, se reutiliza muy poca agua.

El estudio contó con la participación de personal de la administración pública, grupos ecologistas, agricultores, distribuidores de productos agroalimentarios, organizaciones de consumidores, empresas dedicadas a tecnologías de agua y expertos en reutilización de agua. Estos últimos contribuyeron a la caracterización de la situación actual de la reutilización de agua para regadío en la región, así como al desarrollo de escenarios futuros, mediante la metodología de los mapas cognitivos difusos.

Los principales resultados del estudio, basados en el conocimiento local y general de los representantes de estos grupos de interés, indican que el agua regenerada se percibe como una alternativa prometedora a la hora de garantizar el suministro de agua para riego, mientras se contribuye a aliviar la presión sobre el acuífero. Estos derechos de reutilización de agua regenerada solo pueden obtenerse en sustitución de antiguos derechos de explotación de agua procedente del acuífero de La Mancha Occidental.

A pesar de ello, el trabajo también refleja que la reutilización de agua para regadío está muy por debajo de sus posibilidades en la región. Los principales motivos son cuestiones relacionadas con la falta de un marco institucional más adecuado, la aceptación social del agua regenerada y los altos costes de la regeneración del agua en comparación con sus fuentes tradicionales.

Cómo aumentar la reutilización del agua

La simulación de escenarios llevada a cabo en el estudio muestra dos factores con un alto impacto positivo en cuanto a la promoción de la reutilización de agua para riego en la región:

  • Un aumento de la voluntad política, que se tradujera en una mayor agilidad burocrática y en una mejor coordinación institucional.
  • Campañas de sensibilización, que aumenten la aceptación social del agua regenerada.

Por el contrario, el análisis muestra que la necesidad de recuperar el 100 % de los costes del tratamiento necesario para reutilizar el agua en la agricultura podría desincentivar el uso de este recurso por parte de los regantes.

Por último, el trabajo también apunta a la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo 2020/741 como un elemento clave para contribuir positivamente a la promoción de la reutilización de agua para regadío. Su puesta en marcha conllevaría la previsible disminución del riesgo tanto para las personas como para el medioambiente, así como una mayor facilidad para el comercio de productos regados con agua regenerada a nivel europeo gracias al establecimiento de unos requisitos homogéneos en todo el territorio.The Conversation

Mario Ballesteros Olza, Investigador postdoctoral en Economía Agraria, Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Irene Blanco Gutiérrez, Profesora Titular de Universidad. Departamento de Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresa, ETSIAAB, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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La llegada a un pueblo del Pirineo de un refugiado sirio dentro del programa «Operación 500″ que intenta reasentar a familias en dificultades en localidades de menos de 500 habitantes es recogida por el prestigioso diario británico. En un reportaje que firma Stephen Burgen detalla cómo de este «innovador proyecto» ya se han beneficiado 30 familias, de las cuales 24 son refugiados, y se busca tanto favorecer su integración como luchar contra la despoblación de zonas rurales en Cataluña.

The Guardian se fija en la historia concreta de Orwa Skafe, un sirio que abandonó su país hace siete años y que gracia a un «innovador programa de reasentamiento» ha encontrado paz en Tirvia un pequeño pueblo de 130 habitantes del Pirineo tras ser uno de los primeros beneficiarios del programa de la Generalitat catalana para reubicar a refugiado en zonas despobladas. Explica que el programa se llama en este sentido «Operación 500″ porque involucra a localidades con menos de 500 habitantes y lo están llevando a cabo la agencia de empleo regional catalana, la comisión de igualdad y la Asociación de Micro-aldeas.

El reportaje explica que el programa de repoblación se va a mantener durante un año y ofrece a quienes participen una casa y un salario de 19.434 euros que pagan las autoridades locales tras organizar el trabajo de estas personas. Enfatiza que de momento hay 30 familias que han sido reubicadas, de las cuales 24 son refugiadas. Y apunta que el programa persigue además de ayudar ante la despoblación de entornos rurales ayudar a la integración de los refugiados y en este sentido se pone mucho enfasis en crear tejido social y redes comunitarias.

The Guardian es un diario británico fundado en 1821 y conocido hasta 1959 como The Manchester Guardian. Su línea editorial es de centro izquierda. Es propiedad del Guardian Media Group, que también edita The Observer, controlado hasta 2008 por The Scott Trust, una fundación sin ánimo de lucro centrada en mantener la independencia del diario. Ahora pertenece a The Scott Trust Limited, una compañía que ya no es una fundación, pero mantiene los mismos preceptos. Fue el diario que destapó el escándalo de las escuchas telefónicas en Reino Unido que provocó el cierre del tabloide News of the world. Y en 2014 obtuvo un premio Pulitzer por su cobertura del caso Snowden. En julio de 2021, su circulación de pago fue de 105.134 ejemplares.  la 4ª entre los grandes diarios, pero su website es el 3º más popular del Reino Unido, solo por detrás de los de BBC y Daily Mail.

Stephen Burgen es colaborador freelance de The Guardian desde 2010. Llegó a España y en concreto en Barcelona en 2001 como corresponsal de The Times, donde estuvo hasta 2008. Posteriormente fue, junto a Carles Puigdemont, fundador y director de Catalonia Today, un periódico de noticias sobre Cataluña en ingles. Ha escrito dos libros, uno de ellos “Walking the Lions” ambientado en Barcelona. En su cobertura de España para The Guardian ha puesto el foco en la “premura” de la Justicia en Cataluña en contraste con el “ritmo glacial” de la corrupción, cómo el turismo está “matando” a Barcelona,  la popularidad del jamón ibérico en China, o el caso del edificio In Tempo como símbolo de la “locura del boom del ladrillo”, entre otros.

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Irmgard Furchner trabajó como mecanógrafa del campo de Stutthof entre 1943 y 1945. Tenía entonces 18 años años. Ahora, casi 80 años después, la justicia alemana la ha declarado culpable por complicidad en el asesinato de 10.505 personas y condenado a dos años de libertad condicional. Es un caso que ha tenido un gran impacto por la edad de la acusada, 97 años, por ser una de las pocas mujeres juzgadas por crímenes nazis y por haber sido el primer proceso de este tipo contra un empleado civil de un campo de concentración de Hitler. Y evidencia la determinación de Alemania para hacer que rindan cuentas todos los que estuvieron involucrados en el nazismo y proporcionar justicia a las víctimas.

En junio pasado, un tribunal alemán ya condenó a Josef Schütz, un ex guardia de un campo nazi de 101 años, a cinco años de prisión por complicidad de asesinato de 3.518 personas. Pero el compromiso de Alemania con las víctimas del nazismo ha alcanzado un nuevo hito con la sentencia de Irmgard Furchner, una ex secretaria del campo de concentración de Stutthof, en territorio polaco por complicidad en más de 10.500 asesinatos.

El juez ha considerado que a pesar de ser una trabajadora civil, estaba completamente al tanto de lo que sucedía en el campo. Se calcula que en Stutthof murieron durante la II Guerra Mundial alrededor de 65.000 prisioneros, entre ellos muchos judíos. Y a partir de 1944 se utilizaron en este campo de concentración las cámaras de gas.

Irmgard Furchner trabajó allí entre junio de 1943 y abril de 1945, cuando tenía 18 y 19 años, en calidad de empleada civil como taquígrafa y mecanógrafa. Y, según la Fiscalía y ahora también la sentencia, eso eso la hizo corresponsable de lo que allí ocurría, ya que con su trabajo de oficina, contribuyó a garantizar el funcionamiento del campo y fue un importante apoyo para el comandante del campo y sus ayudantes.

Se da la circunstancia de que el proceso contra Furchner debía haberse celebrado en septiembre de 2021, pero la acusada huyó de madrugada de su residencia de ancianos para no tener que enfrentarse al mismo. Posteriormente el proceso se tuvo que interrumpir por enfermedad de Furchner, pero a finales de abril de 1922 se pudo celebrar. Duró 40 días y hasta el último día, la acusada permaneció en silencia escuchando los cargos y testimonios.

Sólo cuando quedó visto para sentencia Irmgard Furchner aseguró: «Siento todo lo que pasó. Lamento haber estado en Stutthof en ese momento. Es todo lo que puedo decir». Para muchos, su condena es, pese a todo, una victoria más que simbólica para las víctimas.

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La votación favorable en el Congreso de la norma que convierte a España en uno de los pocos países del mundo en el que cualquiera a partir de los 16 años puede cambiar de género en el DNI con un tramite administrativo y sin supervisión médica es noticia destacada en medios de todo el globo. Se pone de relieve que esta ley aumenta y garantiza los derechos de las personas transgénero y que ha sido posible gracias al fuerte apoyo de Podemos. Pero también se pone especialmente el foco en lo «divisivos» que han sido el debate y la norma en España y en cómo ha provocado incluso una fractura en el PSOE y en el movimiento feminista,

BBC resalta que España aprueba una divisiva ley transgénero. La TV británica explica que con 188 votos a favor y 155 en contra, el Congreso ha dado luz verde a un norma que da derechos a las personas trans y permite cambiar el género en del DNI a partir de los 16 años. Enfatiza que esta ley ha sido impulsada por el partido de izquierdas Podemos, dentro de la coalición de gobierno con los socialistas de Pedro Sánchez. Se hace eco de las palabras de Irene Montero destacando que la ley «des-patologiza» las vidas de las personas trans y garantiza sus derechos, pero apunta Pero apunta que ha dividido al movimiento feminista español, con voces críticas con la norma que advierten de que podría erosionar los derechos de las mujeres, y también ha provocado una grieta en el gobierno de coalición y en el PSOE -menciona en particular en este sentido, la posición de Carmen Calvo-.

Fox News subraya que la ley aprobada en España permite a menores a partir de 16 años cambiar el género con el que están registrados sin supervisión médica. La TV conservadora estadounidense se hace eco de la votación del Parlamento español a favor de una ley que permite a las personas desde los 16 años cambiar el género en el DNI sin supervisión médica, ni de sus padres. Y subraya que los menores de 12 y 13 años podrán hacerlo con autorización judicial y los de 14 a 16, acompañados de sus padres o tutores legales. Recuerda que hasta ahora, las personas transgénero en España necesitaban para hacer este cambio un diagnóstico médico de dysphoria y en algunos casos demostrar que llevaban dos años viviendo bajo el género con el que se identificaban o que se habían hormonado. Añade que la ley estaba «fuertemente apoyada por Podemos», pero ha provocado la feroz oposición de los conservadores y provocado división entre las formaciones de izquierda y las feministas.

RFI apunta que España adopta una ley trans que divide a la izquierda y las feministas. La radio francesa recoge que un proyecto de ley que permite cambiar libremente el género desde los 16 años ha sido aprobado por los diputados españoles «tras meses de tensiones en el seno de la izquierda que gobierno y del movimiento feminista». Subraya que esta norma era el «caballo de batalla» de Podemos y si recibe el visto bueno del Senado permitirá a España unirse a los pocos países del mundo que autorizan la autodeterminación de género con una simple declaración administrativa. Recuerda que Dinamarca fue el primero en hacerlo en Europa en 2014. Pero resalta que la ley ha provocado una fractura entre Podemos y el PSOE, que intentó «en vano» modificar el texto. Y menciona que además de la oposición cerrada de las tres formaciones de derecha, PP, Ciudadanos y Vox, varias personalidades feministas del PSOE de la anterior generación se han abstenido para evidenciar su desaprobación de la norma.

Bloomberg apunta que la victoria de los derechos de las personas trans en España casi divide al país en dos. La agencia estadounidense recoge que el Congreso española ha aprobado una norma que convierte a España en uno de los pocos países en lo que cualquiera a partir de los 16 años puede cambiar fácilmente su género en el DNI. Resalta que se trata de una ley que da más derechos a las personas trans españoles, pero advierte de que también ha sacado la «transfobia a la luz». Y subraya que en una señala de los divisivo que ha sido el debate sobre este asunto, la mitad del Congreso aplaudió la votación mientras la otra mitad estaba en silencio.

La aprobación de la ley trans también es noticia en otros muchos medios internacionales como ABC News, The Times, Le Figaro, ARD, Al Jazeera, La Croix, Huffignton Post, RTS, France 24, The Economic Times, NDTV, etc.

 

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El racismo, la xenofobia y la discriminación tienen un profundo impacto en la salud, pero en muchas ocasiones se pasan por alto y se descartan, debido a los prejuicios que aún persisten en ciencia. Esta es una de las conclusiones de una serie de artículos publicados en The Lancet. Los expertos ponen como ejemplo las grandes disparidades observadas durante la pandemia de la covid-19 para ilustrar la necesidad de un cambio significativo que ayude a combatir las desigualdades sanitarias.

El racismo, la xenofobia y la discriminación ocurren en todas partes del mundo y tienen un impacto crítico en la salud de las personas. Esta es una de las principales conclusiones de una serie de cuatro artículos que publica esta semana The Lancet, en la que un grupo internacional de científicos analiza cómo afectan estos determinantes a la vida de las minorías sociales.

A través de una revisión de la literatura científica actual, los autores describen las diversas formas a través de las cuales la discriminación daña la salud, incluido el impacto directo en el cuerpo a través de las respuestas al estrés, la caracterización de los entornos del día a día y la limitación de las oportunidades individuales de las personas para mejorar su salud.

“El racismo, la xenofobia y la discriminación son determinantes importantes que han sido relativamente ignorados en el ámbito de la salud. Son procesos que ocurren en todas partes del mundo, con resultados similares para la salud. ”, explica a SINC Delan Devakumar, autor principal de la serie y profesor en la University College London.

Comprender la discriminación en salud

El racismo y la xenofobia son problemáticas globales con particularidades en cada territorio. Si bien los contextos y las historias difieren, las consecuencias para la salud que tiene la discriminación basada en características como la pertenencia a una casta, una etnia, a grupos indígenas, el estatus migratorio, la raza, la religión y el color de piel, son similares en todo el mundo.

Para comprender el impacto de estas problemáticas en la salud, los autores estudiaron las causas que producen el racismo y la xenofobia. “Describimos dos conceptos centrales, la separación y el poder jerárquico. La separación se da cuando los individuos se ven a sí mismos como diferentes de los demás. Después aparece una jerarquía, en la que se considera que algunas personas son mejores que otras. Las personas en la parte inferior de esta jerarquía tienen las peores condiciones de salud física y mental”, explica Devakumar.

La jerarquía puede plasmarse en barreras de acceso al sistema de salud para los inmigrantes. “La pandemia de la covid-19 propició un ejemplo real. En Reino Unido vimos un aumento de la mortalidad entre hombres y mujeres según el origen étnico. La Oficina de Estadísticas Nacionales encontró que, en la segunda ola en el Reino Unido, las mujeres procedentes de Bangladesh tenían un riesgo 4,11 veces mayor de morir y los hombres bangladesíes un riesgo 4,96 veces mayor en comparación con la población británica blanca. Otras etnias también tuvieron mayores tasas de mortalidad”, argumenta Devakumar.

Sesgos raciales de la ciencia

Los autores advierten también que las suposiciones inexactas e infundadas sobre diferencias genéticas entre las razas continúan dando forma a los resultados de salud a través de la investigación, la política y la práctica.

“El racismo puede afectar muchos aspectos en ciencia, desde la elección de qué investigación se realiza en primer lugar, qué poblaciones se incluyen o excluyen, quién realiza la investigación, a cómo se interpretan los resultados. Hay pocos estudios sobre este tema, especialmente fuera de Estados Unidos”, explica el autor principal.

La ciencia ha demostrado con el tiempo que la raza humana es una de las especies más similares genéticamente, explican los autores. La variación genética y fisiológica se asocia a las categorías raciales y étnicas, que son construcciones sociopolíticas. Aun así, persiste el mito de que las razas son biológicamente distintas, lo que se manifiesta en la investigación y la práctica médica de diversas formas.

Estereotipos raciales

A menudo, la raza y el origen étnico se cuentan como factores de riesgo para la salud. Por ejemplo, al diagnosticar la enfermedad renal crónica, la raza y el origen étnico se han utilizado como variables para calificar la función renal de los pacientes en varios países, incluidos EE UU y Reino Unido. En este caso, el uso de una puntuación basada en la raza sobre la función renal podría contribuir a los estereotipos raciales y las desigualdades entre los pacientes negros con enfermedad renal crónica.

Sin embargo, las razones por las que las personas que pertenecen a las minorías tienen un mayor riesgo de enfermedad no han sido tan estudiadas por los profesionales de la salud y los investigadores. Existe una tendencia a asumir que estas desigualdades están determinadas genéticamente y son inmutables.

Los autores argumentan que estas desigualdades no deben explicarse solo por patrones de privación socioeconómica entre grupos raciales y étnicos y destacan el papel significativo de las respuestas fisiológicas, causadas por la discriminación pasada y presente, en la explicación de las desigualdades raciales en salud.

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Una semana después de que el Congreso español aprobara el proyecto de ley que contempla la posibilidad de que las mujeres con reglas muy dolorosas se acojan a un permiso laboral, el Partido Socialista francés ha anunciado que también implantaba un día de «baja menstrual» para las empleadas de su sede nacional. Es lo que pone de relieve el rotativo galo en un artículo en el que detalla como la «medida inédita en Europa» impulsada por España ha servido para que el PS francés, que llevaba esta iniciativa en su programa, la haya sacado adelante. La «baja menstrual» está siendo una de las iniciativas recientes del gobierno española que más han llamado la atención de los medios internacionales.

Ouest France asegura que «tienen en común el rojo y más cosas» ya que igual que España lo adoptó unos días antes, el Partido Socialista francés ha anunciado este 21 de diciembre que pone en marcha un día de «baja menstrual» para las empleadas de su sede nacional en Ivry-sur-Seine. Resalta que los diputados españoles aprobaron una semana antes el proyecto de ley que crea un permiso laboral al que se pueden acoger las mujeres que sufren reglas muy dolorosas que constituye una «medida inédita en Europa».

Y el artículo explica que los socialistas galos había celebrado cono una «conquista feminista» la iniciativa de su «misma familia política» en referencia a sus homólogos del PSOE. Y apunta que «imitando a España», el PS francés ha aprovechado para recordar que en su programa en las últimas elecciones, con Anne Hidalgo como candidata, tenían una iniciativa similar, y han decidido instaurarla en su sede central en Ivry-sur-Seine, donde tiene una treintena de trabajadoras, siendo la mitad mujeres. Recoge que en el comunicado en el que anuncia la medida, el PS destaca que la baja menstrual es un «derecho que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida en el trabajo y el bienestar de las mujeres».

Ouest France es un diario francés creado en 1944, que se vende en el oeste del país y París. Pertenece a la Asociación para el apoyo a los principios de una democracia humanista (ASPDH) que controla la familia Hutin. Su línea editorial es de centro-derecha. Desde 1975 es el periódico con mayor difusión de Francia, superando en 2022, los 635.000 ejemplares (casi 200.000 más que Le Figaro o Le Monde).

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Aurelia García Cruceño ha sido liberada en México este pasado 20 de diciembre tras pasar tres años entre rejas acusada injustamente de homicidio tras sufrir un aborto involuntario. La joven indígena había sido violada con 19 años por un policía y se quedó embarazada, perdiendo posteriormente de manera fortuita el bebé. Pero fue detenida y encarcelada en 2020, tras un proceso en el que se documentaron numerosas irregularidades, hasta que una jueza ha reconocido su inocencia y ordenado su liberación.

Numerosas organizaciones feministas, de DDHH e indígenas en México, tras años de defender la inocencia de Aurelia y hacer campaña por su causa, han celebrado la noticia. Tras pasar tres años en la cárcel, la joven de 23 años era finalmente declarada inocente y liberada por la jueza Mariela Alfaro Zapata.

La joven indígena tenía 18 años cuando comenzó a sufrir de abuso sexual constante por parte de un policía en el pueblo Xochicalco, en el estado de Guerrero. Tras quedarse embarazada huyó de su comunidad por miedo a las represalias que podría haber recibido por tener un hijo fuera del matrimonio. Pero con 8 meses sufrió un aborto involuntario. Perdió tanta sangre que tuvo que ser atendida en un hospital y allí fue detenida por presuntamente atentar contra la vida de su hijo.

Y en 2020, Aurelia García fue sentenciada a 13 años y cuatro meses de prisión, tras haber sido forzada a aceptar su responsabilidad por el delito de homicidio en razón de parentesco. La joven firmó documentos sin que las autoridades le explicaran en qué consistía y no contó con un intérprete pues ella no habla español, solo náhuatl.

Su condena había sido revertida por la Magistrada Indalecia Pacheco que ordenó repetir el juicio por «violaciones a derechos humanos, cometidas durante el proceso, en perjuicio de Aurelia como mujer indígena». Pero la joven ha pasado tres años entre rejas hasta que la justicia mexicana ha examinado en profundidad su caso y la ha declarado inocente. Desde IMDHD se destaca que importancia de la sentencia emitida por la jueza  Mariela Alfaro Zapata «con perspectiva de género y enfoque intercultural» que sienta un precedente fundamental para las mujeres víctimas de violencia en el estado de Guerrero.

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El gobierno español está probando el efecto que tiene sobre la productividad, recortar las horas laborales de los empleados sin reducir el salario con un proyecto que pretende impulsar en el futuro la semana de 4 días. Este es el análisis que hace la prensa internacional tras el lanzamiento del programa piloto anunciado por el Ministerio de Industria. Esta iniciativa ya había copado numerosos focos en el extranjero cuando se planteó y ahora se recogen también los detalles concretos. Se señala asimismo que en España es en uno de los países que más se está impulsando la semana laboral de 4 días y varias empresas ya lo están testando, Aunque se pone de relieve que a diferencia de la mayoría de iniciativas que se han dado en este terreno, el nuevo proyecto piloto del gobierno plantea un modelo laboral de reducción de horas sin recorte de sueldo y que impulse la productividad.

Euronews resalta que España va a probar recortar las horas laborales para ayudar a la productividad de las empresas. La TV europea explica que en España se ha lanzado un proyecto piloto para pymes que recorta la semana laboral en al menos medio día sin disminución salarial para intentar impulsar la productividad. Recuerda que el llamado «modelo escandinavo» que defiende que la productividad aumenta con menos horas de trabajo ha ganado popularidad durante la pandemia y ahora desde el Ministerio de Industria español se ha impulsado esta iniciativa que dará subvenciones por valor de 10 millones de euros para testarlo. Detalla que las empresas que soliciten estas ayudas tendrán que presentar un plan para mejorar la productividad y compensar el sobrecoste salarial que tendrá que estar implementado en un año y mantenerse al menos dos años.

Die Zeit enfatiza que el gobierno español lanza un proyecto piloto de semana laboral más corta. El diario alemán detalla que se ha puesto en marcha un programa en España para evaluar los efectos que sobre la productividad tiene una semana laboral más corta con el mismo salario. Apunta que se trata de un proyecto piloto para pymes que se llevará a cabo en los próximos dos años, pero que podría utilizarse en todo el país en el futuro. Enfatiza que el gobierno compensará a las empresas por los posibles impactos en la producción y los costos administrativos adicionales, pero las pymes interesadas deberán comprometerse a reducir en al menos un 10% las horas de trabajo de una cuarta parte de su plantilla.

Ouest France apunta que España va a testar el efecto de reducir el tiempo de trabajo en la productividad. El rotativo francés pone de relieve que el gobierno español acaba de lanzar un programa para alentar a las empresas a reducir la semana laboral de sus empleados sin bajarles el sueldo. Añade que inicialmente va destinado a ayudar a pymes del sector industrial y con el objetivo de generar un aumento de la productividad que compense los sobrecostes salariales. Y enfatiza que el objetivo de este proyecto piloto es conseguir una representatividad estadística suficiente para analizar el efecto de esta medida sobre la productividad con idea de impulsar la semana de 4 días laborales. Subraya que en España ya hay varias empresas que la han implantado, aunque con reducción de salario, pero aunque cuenta con el apoyo decidido de los sindicatos sigue siendo un asunto sensible, especialmente para la CEOE.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este 22 de diciembre que España no veló por la calidad del aire en sus dos mayores ciudades entre 2010 y 2018. Se han superado de manera «sistemática y continuada» los límites establecidos en Madrid y Barcelona y por ello se condena a España.

Bruselas denunció en verano de 2019 a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la directiva europea de calidad del aire en Madrid, Barcelona, el Vallès Oriental y Occidental y Baix-Llobregat, al estimar que se excedía de forma «sistemática y continuada» el nivel límite anual de nitrógeno (NO2) de la ley vigente desde 2008 y legalmente vinculantes desde 2010.

El hecho de superar los valores límite fijados por la normativa europea para los contaminantes en el aire ambiente «basta por sí solo para poder declarar el incumplimiento de la obligación de velar por que no se superen», subraya ahora el TJUE en su sentencia.

La justicia europea, que solo desestimó la acusación de que Vallès-Baix Llobregat incumpliese la normativa en lo que respecta al valor límite anual en 2018, dio así la razón de forma global al Ejecutivo comunitario.

Las medidas no son adecuadas ni suficientes

La Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa establece dos valores límite en relación con el dióxido de nitrógeno: uno tiene una referencia anual y el otro, horaria.

De acuerdo con los informes anuales emitidos desde 2010 hasta 2018, España superó los valores límite anuales en las urbes citadas, y en Madrid, además, se superó el valor límite horario de NO2. En estos casos, los Estados deben adoptar planes de calidad del aire en los que establezcan medidas adecuadas que garanticen que el período de superación sea lo más breve posible. Además, deberán preverse medidas adicionales específicas destinadas a proteger a los sectores vulnerables de la población, incluidos los niños.

La Comisión considera que en los planes de calidad del aire adoptados desde la entrada en vigor de la directiva, España no ha previsto medidas adecuadas y suficientes para garantizar que el periodo de superación de dichos límites en las tres zonas afectadas fuera lo más breve posible.

Según el tribunal, con sede en Luxemburgo, existe un incumplimiento de la normativa «aun cuando exista una posible tendencia parcial a la baja puesta de relieve por los datos recabados».

Para declarar que se ha superado un valor límite basta con que se registre un grado de contaminación superior al valor máximo permitido en un punto de muestreo aislado.

Siete años de incumplimiento

La corte constató que, según la información proporcionada por la Comisión, no rebatida por España, en las zonas afectadas de Madrid, Barcelona y Vallès – Baix Llobregat residen, respectivamente, más de 3,1, 2,8 y 1,4 millones de habitantes, e «ignorar este hecho equivaldría a hacer caso omiso de los objetivos perseguidos» por la directiva, «en particular el de protección de la salud humana y del medio ambiente en su conjunto».

Desestimó igualmente la alegación española sobre la representatividad de los datos recabados, al estar los puntos de muestreo ubicados en los entornos de mayor impacto de tráfico, ya que eso es precisamente, señaló el tribunal, lo que marca la ley.

Por otro lado, la normativa europea obligaba a España a elaborar planes de calidad del aire desde el 11 de junio de 2010. La corte ha constatado además que cuando el 16 de abril de 2017 expiró el plazo dado por Bruselas para tomar medidas «el incumplimiento de dicha obligación ya se venía produciendo desde hacía más de siete años».

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La decisión del Constitucional de bloquear la votación en el Senado de la reforma legal que cambiaba la forma de elección de los jueces sigue siendo, 24 horas después, noticia en la prensa internacional. Uno de los más punzantes es el semanario británico que pone de relieve que aunque hay mucha hipérbole política en España y es «exagerad0″ decir que España está en riesgo de ser una dictadura, si que el país está inmerso en su «mayor lío institucional» desde el 1-O y lo hace además sumida en una espiral de «hiperpartidismo». Otros numerosos medios de todo el globo se hacen eco de lo sucedido y de forma general se ve a España sumida en una crisis institucional comparable al 23F y el 1-O, y que alcanza el «paroxismo», según algunos como Le Monde.

The Economist cree que España está en su «mayor lío institucional» en años, pero que las acusaciones de golpe son «exageradas». El semanario británico apunta que los españoles son «dados a la hipérbole política» y sus representantes llevan semanas hablando de amenazas para la democracia. Y enfatiza que la decisión del TC sobre un asunto crucial para el estado de derecho ha sido descrita por muchos como un «golpe» e incluso comparada con el 23F. Pero considera que esto es una «exageración» porque el conflicto con el TC se centra en esencia en determinar quien tiene el poder para nombrar jueces. Pero señala que los «agoreros apocalípticos» tienen algo de razón, porque aunque no hay tanques en la calle, España se encuentra en «su mayor lío institucional desde el referéndum ilegal en Cataluña». Y en este sentido señala que el conflicto judicial tiene sus raíces precisamente en la crisis catalana porque se usó la ley de sedición de 1882 para encarcelar a los independentistas.

 

El artículo detalla las últimas decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, de eliminar el delito de sedición y dividir en dos el de malversación y enfatiza que el presidente española tiene «talento para la supervivencia» y ha mantenido el gobierno de coalición durante tres años aunque su habilidad para llegar a acuerdos ha hecho que la derecha le pinte como un «camaleón sin principios». Y pone de relieve que esto ha desembocado ahora en una crisis institucional sobre la separación de poderes y en especial sobre el Tribunal Constitucional. Recuerda que los mandatos de cuatro de los jueves han expirado, pero se mantienen en el puesto porque el PP rechaza los nuevos nombramientos mientras esté Sánchez de presidente sobre la base de que deben ser los jueces y no los políticos quienes elijan, «una noción que apoya la UE pero que los populares sólo defienden desde que están en la oposición».

 

Y tras repasar todos los pasos dados por Pedro Sánchez para intentar superar el bloqueo, los del PP recurriendo al TC para bloquearla, la votación del TC y algunos jueces sobre sus propios nombramientos, han provocado denuncias de «golpe». Sostiene que España «no está en peligro de ser una dictadura» sino que más bien, igual que en EEUU, está viendo cómo los partidos «juegan duro constitucionalmente para controlar el tribunal que determina las reglas del juego político». Pero advierte de que el país está cayendo en una «espiral de hiperpartidismo» y mientras solo se pida sentido de estado a los oponentes y no a los propios «es poco probable que cambien las cosas».

Otros medios internacionales también han puesto el foco en la crisis judicial en España.

Le Monde señala que la crisis institucional en España ha alcanzado su paroxismo. El rotativo francés, en una crónica de Sandrine Morel, subraya que los conservadores y los socialistas están librando una «encarnecida disputa» sobre el control de la nominación de los jueces. Explica que por un lado está la derecha que lleva cuatro años bloqueando la renovación del CGPJ para mantener su control de la justicia y el TC y por otro la izquierda que «ha intentado aprobar por detrás una reforma controvertida para nombrar jueces». Y enfatiza que el «previsible choque institucional entre el poder legislativo y el judicial ha tenido lugar» con el fallo del TC aceptando la petición del PP de bloquear la votación prevista en el Senado para simplificar la elección de sus propios miembros aprobada por el Congreso.

The Politico subraya que España es «lanzada a una crisis» tras bloquear el TC la reforma judicial. La versión europea del digital estadounidense se hace eco de la reacción de Pedro Sánchez señalando que la decisión del Constitucional de aceptar la petición de la oposición de detener la acción legislativa del gobierno «no tiene precedentes en la historia democrática» de España y la sume en una crisis institucional. Apunta que el presidente español ha asegurado que acepta el fallo judicial aunque enfatiza que supone que por primera vez se impide a los representantes democráticamente elegidos ejercer su deber y culpa al PP del enfrentamiento con la judicatura. Añade que el fallo del TC implica que los cuatro años de bloqueo de nombramientos de nuevos jueces proseguirán y recoge también las palabras de Feijoo celebrando la decisión y acusando al gobierno de haber violado las normas constitucionales.

Liberation apunta que en España los jueces y cargos de izquierda se sumergen en una crisis institucional. El rotativo francés apunta que en sus 40 años de democracia, España ha vivido tres grandes crisis institucionales que han puesto en peligro sus credenciales democráticas: el 23F, el 1-O y la desatada ahora tras el fallo del Tribunal Constitucional, controlado por los conservadores, impidiendo que una ley de reforma judicial propuesta por los socialistas en el gobierno sea votada en el Parlamento. Enfatiza que es el punto culminante de un pulso iniciado en 2018 que ha provocado una «parálisis inédita que debilita la democracia española».

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