La Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado una investigación sobre la guerra en Ucrania a petición de 39 países y se examinarán las acciones de todas las partes implicadas. Algunas voces defienden incluso acusar a Vladimir Putin de crímenes de guerra. La CPI tiene la capacidad de hacerlo si encuentra pruebas. Pero ¿hay posibilidades reales de que esto suceda? Un artículo de The Conversation analiza la cuestión. Advierte de que es «extremadamente difícil» demostrar la intención de cometer crímenes de guerra y hasta ahora sólo seis persona han sido condenadas por ello en este tribunal. Pero señala algunas de las claves del caso y los posibles escenarios y precedentes de órdenes de arresto.

Catherine Gegout, University of Nottingham

La Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado una investigación sobre las acciones en Ucrania a petición de 39 países. Este es un paso importante en la condena mundial de la invasión rusa.

Varios Estados, la Unión Europea y la Unión Africana se han alineado para condenar al presidente ruso Vladimir Putin. Algunos líderes, como el primer ministro británico Boris Johnson, ya han acusado a Putin de crímenes de guerra, al tiempo que han respaldado la investigación de la CPI.

Algunos expertos han destacado las dificultades de utilizar el derecho internacional para condenar a Rusia, y la investigación examinará las acciones de todas las partes implicadas en el conflicto. Pero la CPI tiene la capacidad de acusar a Putin de crímenes de guerra si encuentra pruebas de que los ha cometido. Sin embargo, es extremadamente difícil demostrar la intención de cometer crímenes de guerra. Tan difícil, que sólo seis personas han sido condenadas por la CPI y han cumplido condena.

El derecho internacional humanitario se basa en los principios de humanidad, necesidad, distinción y proporcionalidad. Es un crimen de guerra cuando no se distingue a los civiles de las tropas militares, cuando no se minimiza el daño a los civiles y cuando hay destrucción, sufrimiento y bajas innecesarias.

Crímenes de guerra en Ucrania

Para acusar a alguien, el fiscal de la CPI debe demostrar que los presuntos delitos son crímenes atroces: genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. El fiscal determina la gravedad teniendo en cuenta la escala, la naturaleza, la forma y el impacto de los supuestos crímenes.

Las investigaciones de la CPI pueden durar años, pero los fiscales tienen varias ventajas en este caso que podrían agilizar el proceso. En primer lugar, la CPI lleva investigando los presuntos crímenes de guerra en Ucrania desde 2014, cuando la entonces fiscal Fatou Bensouda inició una investigación preliminar. En 2015, amplió el alcance para incluir cualquier presunto delito cometido a partir del 20 de febrero de 2014.

En 2020, dijo que había una base razonable para creer que se habían cometido tres tipos de crímenes: los cometidos en el contexto de las hostilidades, los cometidos durante las detenciones y los cometidos en Crimea. Ahora el actual fiscal de la CPI, Karim Khan, está abriendo la investigación propuesta por su predecesor, y ampliándola para incluir la reciente invasión en Ucrania.

En segundo lugar, las nuevas tecnologías facilitan la recopilación de pruebas, como imágenes y grabaciones de los hechos, junto con testimonios de víctimas y testigos. La CPI recibirá las numerosas pruebas reunidas por organizaciones como la agencia de periodismo de investigación Bellingcat. También se dispondrá de las pruebas de los teléfonos móviles de los ciudadanos ucranianos.

¿Arrestar a Putin?

Una vez que se encuentren pruebas suficientes para establecer de manera razonable que se han cometido crímenes atroces, el fiscal puede solicitar a una sala de la CPI que emita una orden de detención contra la persona presuntamente responsable. Esto podría obligar a la persona a comparecer en el juicio, garantizar que no obstruya la investigación e impedir que siga cometiendo atrocidades.

Si la CPI emitiera una orden de detención contra Putin, este no podría viajar a los 123 Estados que forman parte de la CPI por el temor a ser detenido; otros Estados también podrían decidir entregarlo.

Pero una orden de detención no es una garantía de condena. Y es difícil vincular directamente a un jefe de Estado en funciones con delitos cometidos por las fuerzas armadas sobre el terreno. En 2011, la CPI emitió una orden de detención contra Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, por cuatro cargos de crímenes contra la humanidad cometidos en 2010 y 2011. Ese mismo año fue trasladado a La Haya. Su juicio comenzó en 2016 y fue absuelto tres años después.

La CPI consideró que las pruebas presentadas en el caso de Gbagbo “no eran suficientes para apoyar una condena”. La fiscalía no demostró que Gbagbo tuviera una “política” para atacar a la población civil, ni un “plan común” para mantenerse en el poder cometiendo crímenes contra civiles. No demostró que los discursos de Gbagbo contribuyeran a los crímenes cometidos en la violencia postelectoral.

Precedentes

Además de Gbagbo, la CPI solo ha lanzado órdenes de detención contra otros dos jefes de Estado en ejercicio o recientemente destituidos, y ninguno de ellos ha sido juzgado. El presidente sudanés Omar al-Bashir fue el primer jefe de Estado en activo sobre el que recayó una orden de detención de la CPI. Desde 2009 se le busca por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio en Darfur (Sudán).

En 2020, el consejo militar gobernante de Sudán acordó entregarlo a la CPI. Sin embargo, el Gobierno sudanés ha acordado ahora crear un tribunal especial sobre crímenes de guerra en Sudán, y el alcance de la investigación del tribunal incluiría a Bashir.

En 2011, la CPI emitió una orden de detención contra el líder de Libia, Muamar Gadafi, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Fue asesinado antes de que pudiera ser juzgado.

Si se produjese un cambio de régimen en Rusia, Putin podría seguir siendo entregado a la CPI, o, como ocurrió con Bashir en Sudán, Rusia podría crear su propio tribunal para investigar los presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

Este es un caso legal inusual porque ni Ucrania ni Rusia son signatarios de la CPI. Pero Ucrania ha hecho dos declaraciones a la CPI dando a la corte jurisdicción ad hoc para los crímenes de guerra cometidos en Ucrania.

En los Estados en los que la CPI ejerce su jurisdicción, lo hace sobre los crímenes independientemente de la nacionalidad de las personas que los hayan cometido, incluso si son ciudadanos de estados que no son parte de la CPI, por lo que pueden investigar a Putin.

Ucrania también está buscando otra vía para responsabilizar a Rusia del crimen de agresión a través de la Corte Internacional de Justicia, que ha programado audiencias públicas. Este tribunal de la ONU se ocupa de las disputas entre países, por lo que no daría lugar a ningún cargo penal contra Putin como individuo.

Dada la escalada de la situación en Ucrania, con muchas muertes de civiles y niños, los líderes de todo el mundo deben asegurarse de que la CPI tiene la financiación y la capacidad para llevar a cabo sus investigaciones. La postura generalizada de 141 Estados en la Asamblea General de la ONU contra la invasión de Ucrania es una clara señal para Putin de que podría incurrir en responsabilidad personal por esta invasión. La Corte Penal Internacional sólo ha dictado órdenes de detención contra tres jefes de Estado. ¿Podría ser Putin el siguiente?

Catherine Gegout, Fellow at the Hanse-Wissenschaftskolleg, Delmenhorst, 2021. Jean Monnet Research Fellow, EUI, Firenze, 2019-20. Pierre Keller Visiting Professor at the Harvard Kennedy School in 2019. Associate Professor in International Relations, University of Nottingham

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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