Coincidiendo con el 8M, medios como France 24, International Business Times o RFI ponen de relieve que aunque está despenalizado desde 1985, en España sigue habiendo numerosos obstáculos para las mujeres que deciden abortar. Explica que la objeción de conciencia de los médicos, sobre todo en el sector público, es una de las principales causas y eso hace que el 84% de los abortos que se practican en España sean en centros privados y que incluso haya provincias del país en las que nunca se han llevado a cabo.
France 24 apunta que en España, abortar sigue siendo un derecho plagado de obstáculos. La TV francesa enfatiza que entre objeciones de conciencia masivas por parte de médico, movimientos anti-aborto muy activos y autorizaciones parentales para menores, facilitar la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un combate que el gobierno «de izquierdas y feminista» sigue librando y espera ganar. Resalta que en España el 84,5% de los abortos se realizan en el sector privado, porque la mayoría de los médicos de la Sanidad Pública se niegan a practicarlos y eso obligar a muchas mujeres a tener que recorrer centenares de kilómetros para ejercer este derecho.
International Business Times enfatiza que en España, aunque el aborto es legal, sigue habiendo barreras. El diario anglosajón detalla el caso concreto de una mujer médico del Hospital Clínico San Carlos que a pesar de necesitar un aborto terapéutico por motivos de salud no consiguió que ninguno de sus colegas ginecólogos se lo practicaran aduciendo objeción de conciencia y la derivaron a un centro privado. Resalta que esta historia ilustra cómo las mujeres en España siguen teniéndose que enfrentar a barreras cuando intentan interrumpir voluntariamente su embarazo, algo que es legal desde 1985.
RFI subraya que el gobierno español prepara una ley para garantizar el acceso al aborto en los hospitales públicos. La radio gala recoge que según las asociaciones médicas, la mayoría de los ginecólogos del sector público son objetores de conciencia y no practican abortos, por lo que el 84,5% de los que se realizaron en España en 2020 fueron en centros privados. Menciona que el gobierno español ha revelado que esto ha hecho que en 8 de las 50 provincias, no se haya llevado a cabo ningún aborto desde que se despenalizó en 1985. Y enfatiza que se está preparando una ley que garantice el acceso al aborto en los hospitales públicos españoles.
MSN señala la objeción de conciencia médica como una de las grandes barreras para el derecho al aborto en España. El digital estadounidense explica que a pesar de que el aborto se despenalizó en 1985 en España, las mujeres siguen sufriendo obstáculos para interrumpir voluntariamente sus embarazos siendo la objeción de conciencia médica una de las causas. Resalta que el gobierno de Pedro Sánchez está intentando cambiar esta situación, pero no hay datos estadísticos de la cantidad de médicos españoles que se niegan a practicar abortos. Aunque menciona que según asociaciones de doctores, la mayoría de los ginecólogos que trabajan en la Sanidad Pública se ha acogido a esta figura que acuñaron los pacifistas para rechazar el servicio militar.
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Cerca de la mitad de los ríos, lagunas y aguas costeras europeas están contaminadas y para evidenciarlo, la TV europea analiza en un reportaje de Mónica Pinna la situación de España y en concreto de Zamora y del Mar Menor, donde «la actividad humana amenaza a poblaciones y ecosistemas». De la primera muestra cómo el agua del grifo de muchas localidades de esta región castellano-leones supera las niveles máximo de nitratos en gran parte por los vertidos de la ganadería industrial y sobre todo de las macro-granjas porcinas. Pero además pone de relieve el desastre ecológico en la laguna salada murciana donde el proceso de eutrofización que han provocado los vertidos de nitratos procedentes principalmente de la agricultura han hecho proliferar la algas, convertido al Mar Menor en una «sopa verde» y provocado muertes masivas de peces.
La qualité des eaux européennes en cause : l’exemple de l’Espagne https://t.co/mIr7WXQTap – source/editor :
Euronews resalta que en torno a la mitad de los ríos, lagos y aguas costeras de Europa contienen sustancias peligrosas y se fija en particular en España, donde advierte que las actividades humanas están amenazando a poblaciones y ecosistemas. Y empieza detallando el caso concreto de Zamora, donde el agua del grifo está contaminada con nitratos y muestra una verificación en una casa particular donde se superan ampliamente los 50g de nitrato por litro que es el límite establecido por la ONU. Recoge además las palabras de los vecinos que monitorizan la calidad del agua y que señalan que la contaminación se debe a los vertidos de purines y desechos de la agricultura y ganadería intensiva de la zona, en particular los de las macro-granjas de cerdos.
Pero el reportaje pone especialmente el foco en el Mar Menor y en su catástrofe ecológica. Subraya que cada mañana las playas son rastrilladas para evitar la acumulación de algas que proliferan de manera incontrolada alimentadas por los vertido de nitratos procedentes de los fertilizantes. Añade que este proceso conocido como eutrofización ha causado un desastre ambiental y la muerte de toneladas de peces en 2019 y 2021 que han desatado la indignación en España. Entrevista a varios biólogos que denuncian que el Mar Menor se ha convertido en un «sopa verde», sin que se haya encontrado aún una solución. Menciona como la administración murciana, de derechas, asegura haber tomado numerosas medidas y echa parte de la responsabilidad por la contaminación al gobierno de coalición de izquierdas. Pero la TV termina señalando «la realidad es que la laguna se está muriendo y los especialistas creen que aún se puede salvar, pero cuanto más tiempo pase, más irreversibles serán los daños».
Euronews es un canal de televisión multilingue europeo creado en 1993. Es propiedad de SOCEMIE (Societé Opératrice de la Chaîne Européenne Multilingue d’Information Euronews) en el que están integradas las cadenas nacionales europeas (aunque RTVE salió del canal en 2008 tras el cambio regulatorio del ente). Se dedica íntegramente a la información las 24 horas del día y nació como alternativa europea a la CNN. Emite en español, italiano, francés, alemán, inglés, portugués, ruso, árabe, turco, persa, ucraniano, griego, húngaro y polaco. Llega a 350 millones de hogares en 155 países del mundo.
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Como recuerda la ONG Open Armas, hay «otros refugiados y otras guerras» y que en total hay más de 84 millones de personas refugiadas en el mundo: mujeres, hombres y niños obligados a huir de guerras, persecuciones, del hambre. Este fin de semana los barcos de rescate de Open Arms y Médicos Sin Fronteras salvaron la vida de 28 y 31 personas, respectivamente.
Rescate en la zona SAR de Malta / MSF
Este sábado 5 de marzo la ONG Open Arms rescató en aguas internacionales del Mediterráneo Central a 28 personas que huían de Libia, entre las que se encuentran varios menores. Un día antes avistaron una patrullera libia que interceptó en aguas internacionales a personas «que huían de un país en guerra y las devolvieron al mismo, para seguir sufriendo cautividad, torturas, violaciones y extorsión». «Todo ello financiado por nuestra Unión Europea».
En la zona SAR de Malta el barco de rescate de Médicos Sin Fronteras salvó la vida de 31 personas «tras seis horas de búsqueda en la oscuridad y con muy malas condiciones meteorológicas». Cuentan que «el barco ya estaba haciendo aguas» cuando llegaron. Y señalaron que, si no hubieran llegado a tiempo, «31 personas habrían muerto por culpa de unas políticas migratorias que, deliberadamente, ponen en riesgo la vida de las personas en lugar de salvarlas».
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Josemi Lorenzo Arribas (Asamblea Antimilitarista de Madrid), describe en La Cafetera de Radiocable como se puede ayudar a Ucrania dentro del marco del pacifismo. Entre las medidas cita el llamamiento a la deserción de tropas rusas y ucranianas que se nieguen a matar y conceder a estas personas estatus de refugiadas.
Lorenzo Arribas defiende que a un Estado como el español, que es el séptimo exportador de armamento del mundo, «parece que sí que le compete poder tener algo más que gestos». Gestos que, apunta, «van en el sentido contrario de enviar más armas a personas que no las saben utilizar, sabiendo además que es inútil y que lo único que va a hacer es prolongar el sufrimiento».
Insiste en que «desde un país como España con una larga tradición antibelicista, se pueden hacer muchas cosas». Como «un llamamiento a la deserción de las tropas rusas y también de las de las tropas ucranianas que se quieran negar a matar». Además «conceder estatuto de refugiado a esas personas que no quieren empuñar armas».
Denuncia «la terrible situación de la población ucraniana, masacrada por un régimen criminal» y añade que «tampoco es de recibo que varones entre 18 y 60 años no puedan salir del país si quieren o se les obligue a matar, a empuñar armas, si tampoco quieren». Para Lorenzo Arribas «no es admisible» y en su opinión, las autoridades deberían promover la Cultura de la paz cuyas propuestas no se han escuchado en los medios de comunicación: enviar ayuda humanitaria, alimentos y medicinas, promover deserciones militares, prohibir la venta de armas, crear corredores seguros, acoger refugiados…
Desde el movimiento antimilitarista señalan, «la dificil situación» pero ponen en evidencia las contradicciones de nuestro propio gobierno cuando decide enviar armas a un pueblo que está siendo masacrado. ¿No está siendo masacrada la población saharaui por parte de los marroquíes, con resoluciones de las Naciones Unidas desde hace decenios? – se pregunta. ¿No están siendo masacrados los palestinos por parte del Estado de Israel, con resoluciones de las Naciones Unidas desde hace decenios? ¿No está siendo masacrada la población de Yemen con armamento enviado periódicamente desde el Estado español?».
Josemi Lorenzo Arribas propone, además, «cortar la exportación de armamento y las cuentas claras sobre cuánto armamento construido en España le ha llegado de Rusia en la última década».
Propuestas desde el pacifismo para este y otros conflictos:
✓ Presionar desde la opinión pública a todas las potencias que puedan frenar la catástrofe humanitaria (China, Israel, etc)
✓ Presionar desde la opinión pública para que los gobiernos faciliten alimentos y medicinas a la población.
✓ Este es el momento de reivindicar en alto justicia internacional y que los tribunales penales persigan los crímenes de Lesa Humanidad y a sus promotores. Hoy es Putin, como ayer fue Bush.
✓ Promover una alianza / asociación de paises ante la ONU, que se reconozcan como pacifistas, neutrales y comprometidos con la no violencia.
✓ Exigir desde la opinión pública (medios de comunicación y ciudadanos) la creación de los corredores humanitarios.
✓ Dejar de exportar armamento (lo de Arabia Saudí es sangrante) como muestra de firme compromiso del Estado español con la paz.
✓ Apoyar todo esfuerzo resistente no violento de la población ucraniana para contener la invasión.
✓ Apoyar todo esfuerzo resistente no violento de la población rusa para denunciar la invasión.
✓ Promover la deserción entre las tropas de ambos contendientes y garantizar el estatuto inmediato de refugiado político de tales desertores/as.
✓ Acoger a la población ucraniana que huye de la guerra con ese mismo estatuto.
✓ Conceder estatuto de refugiado a la población rusa represaliada por su oposición a la guerra que lo solicite.
✓ Solicitar al gobierno ucraniano que respete a los varones que no quieran empuñar armas y que les permita la salida del país.
✓ Informar sobre la compraventa de armamento y tecnología de uso militar (o de doble uso, es decir, la que acaba finalmente solo con uso militar) del conglomerado de la TEDAE (Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio) a la Federación Rusa en los últimos años.
✓ Impedir el acceso a España de cualquier ciudadano/a de Rusia implicado en el negocio armamentístico, bloquear sus cuentas e intervenir sus propiedades.
✓ Instar a la prohibición internacional de cualquier tipo de armamento. En este sentido, recordemos que ni siquiera nuestro país ha firmado el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN).
✓ Renunciar a cualquier acuerdo con la Federación Rusa mientras Putin y sus secuaces se mantengan en el poder si no se detiene la invasión.
✓ Reconocer y favorecer la teoría y la cultura pacifista y su presencia en medios y libros escolares.
Publicado por el programa de radio La Cafetera de radiocable.com
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El video de un hombre apaleado por agentes fronterizos españoles nada más bajar de la valla de Melilla ha provocado gran indignación, pero el ministro del Interior ha defendido que se trató de un uso «proporcionado» de la fuerza. Es lo que pone de relieve el diario británico en un artículo que firma su corresponsal Sam Jones. Destaca, al igual que otros muchos medios internacionales, que en las últimas horas se ha registrado el intento masivo de unas 3.700 personas por entrar en España por esta frontera,- del que se hacen eco numerosos medios de todo el globo-. Añade que también ha coincidido con las facilidades para acoger a refugiados de la guerra en Ucrania. Pero pone de relieve que el incidente de los golpes a un inmigrante grabado por RTVE ha tenido un gran impacto y ha sido ampliamente criticado, a pesar de que Grande Marlaska lo haya justificado.
The Guardian explica que el ministro del Interior ha defendido la actuación de la policía que fue grabada golpeando y rociando con spray de pimienta a un joven migrante subsahariano que había escalado la valla fronteriza de Melilla que separa a España y Marruecos, insistiendo en que el uso de la fuerza por parte de los agentes fue «proporcionado». Resalta que el video ha emergido coincidiendo con el intento de unas 3.700 personas, a lo largo de dos días, por saltar la valla y lograrlo casi 900. Y añade que el incidente en cuestión también coincide con el sistema expres que está organizando España para acoger a los refugiados de la guerra en Ucrania.
El artículo apunta que las imágenes fueron grabado por las cámaras de la TV pública RTVE y muestra a un hombre golpeado nada más bajar de la valla, en el suelo y cuando llega a suelo español por al menos cinco agentes de la Guardia Civil. Enfatiza que esto ha sido criticado como «brutalidad» por los grupos de defensa de DDHH y ha llamado la atención del Defensor del Pueblo que ha pedido más información ante lo que «parece un uso desproporcionado de la fuerza». Pero recoge que el ministro Fernando Grande Marlaska ha defendido la actuación de los agentes asegurando que el asalto de la valla había sido «extremadamente violento», ya que los inmigrantes usaron ganchos, martillos o tornillos en los zapatos para enfrentarse a los agentes.
La agencia turca Anadolu también se hace eco de la polémica grabación del migrante africano golpeado por agentes españoles y resalta que desde Interior sostienen que fue una respuesta «proporcional y legal». Otros numerosos medios de todo el globo, como el Washington Post, Ouest France, Reuters, San Francisco Chronicle, Der Standard, Firenze Post o TV5, han recogido los masivos intentos de entrada a España de migrantes a través de la valla de Melilla.
The Guardianes un diario británico fundado en 1821 y conocido hasta 1959 como The Manchester Guardian. Su línea editorial es de centro izquierda. Es propiedad del Guardian Media Group, que también edita The Observer, controlado hasta 2008 por The Scott Trust, una fundación sin ánimo de lucro centrada en mantener la independencia del diario. Ahora pertenece a The Scott Trust Limited, una compañía que ya no es una fundación, pero mantiene los mismos preceptos. Fue el diario que destapó el escándalo de las escuchas telefónicas en Reino Unido que provocó el cierre del tabloide News of the world. Y en 2014 obtuvo un premio Pulitzer por su cobertura del caso Snowden. En julio de 2021, su circulación de pago fue de 105.134 ejemplares. la 4ª entre los grandes diarios, pero su website es el 3º más popular del Reino Unido, solo por detrás de los de BBC y Daily Mail.
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Se estima que cerca de un millón de ucranianos ya ha abandonado su país tras la operación militar de Rusia, pero se calcula que podrían salir hasta 4 millones. Y en contraste con lo sucedido cuando los refugiados llegaban de las guerras de Siria o Afganistán, Europa está reaccionando con un despliegue de generosidad inmenso. Incluso se ha activado en tiempo récord la directiva de protección para asegurar la acogida y permitir la entrada ilimitada de ucranianos. Esto ha sido posible por el enorme impacto que las imágenes de la situación en el país están teniendo, pero también y sobre todo por la reacción de los Estados del Este, como Polonia, Eslovaquia o Hungría, tradicionalmente lo que más han dificultado los intentos de «comunitarizar» la política de asilo en la UE, como cuenta este artículo de The Conversation.
La crisis de Ucrania por tanto ya ha cambiado la política del derecho al asilo y el refugio en Europa. Pero además podría hacerlo de forma aún más profunda a nivel continental y mundial, si se aprovecha para revisar el marco legal que se estableció en la Convención de Ginebra en 1951. Y a nivel de la UE, si los países del Este -sobre todo los pertenecientes al llamado grupo de Visegrado- vencen sus reticencias sobre las políticas de asilo comunitarias se podrían dar pasos significativos. El debate sobre el tema ha vuelto a estar en la agenda y los refugiados ucranianos van a tener una influencia clave en el mismo.
Policías ante una fila de refugiados ucranianos que tratan de salir de su país por la frontera con Eslovaquia en Uzhgorod el 26 de febrero de 2022. Shutterstock / Yanosh Nemesh
La invasión de Ucrania por las tropas rusas está provocando la salida del país de cientos de miles de refugiados que huyen de las bombas, y que son acogidos en los países vecinos de la UE y en Moldavia. La ONU estima que unos 4 millones de personas pueden abandonar el país, un cálculo que tendrá que revisarse en función de la evolución del conflicto.
Los Estados miembros de la UE cercanos a Ucrania han reaccionado con rapidez, ofreciendo ayuda y programas específicos (alojamiento en viviendas de particulares, gratuidad del transporte público, apertura inmediata del mercado de trabajo a los refugiados, ayuda alimentaria y médica…).
La Comisión Europea, por su parte, ha realizado una propuesta, calificada como “histórica”: activar la Directiva de Protección Temporal, aprobada en 2001, tras las guerras yugoslavas, y nunca aplicada.
Esta norma obliga a los Estados miembros a acoger y ofrecer ayuda a los que huyen de terceros países, y promueve un reparto solidario del esfuerzo que eso supone. Los acogidos reciben el estatus de refugiado durante al menos un año, y toda la gama de ayudas sociales habituales para los que acceden a ese estatus en Europa (educación, acceso al trabajo, asistencia social y médica…).
Como señala su artículo 1, “La presente Directiva tiene por objeto establecer normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a su país de origen, y fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida”. Si el próximo Consejo de ministros de Interior de la UE, previsto para el jueves 3 de marzo, lo aprueba, como parece probable, la Directiva entrará en vigor de forma inmediata.
La respuesta está en el contexto: en esta ocasión son los Estados de la UE más reacios a recibir refugiados, es decir los de Europa del Este, los que se encuentran en primera línea y van a recibir -están recibiendo- el grueso del flujo de llegada.
Países que conforman el Espacio Schengen (en azul) y Estados miembros de la UE obligados a unirse al espacio Schengen (naranja). Wikimedia Commons / Rob984, CC BY-SA
La gestión de su llegada corresponde en el primer momento a esos países fronterizos, aunque muchos de los ucranianos que entran a territorio Schengen a través de Polonia, Eslovaquia, Hungría o Rumanía abandonen luego estos países para dirigirse a otros que también tienen importantes comunidades de ucranianos, como la propia España (115.000), Italia, Alemania, Portugal o la República Checa.
Fueron -y siguen siendo- los europeos del Este los que más resistencia han puesto a los intentos de la UE de “comunitarizar” la política de asilo y asegurar repartos equitativos del esfuerzo de gestión y asistencia a los solicitantes. Son países que cuentan con opiniones públicas contrarias a la recepción de refugiados y gobiernos que comparten esas posiciones.
Sin embargo, en esta ocasión están actuando con gran generosidad, abriendo sus puertas y ofreciendo todo tipo de ayuda a los que llegan.
¿Por qué los refugiados ucranianos sí y otros no?
La clave de la diferencia entre la reacción ante estos refugiados ucranianos y la suscitada ante los que provienen de otras zonas del mundo estriba en la cercanía cultural y en la percepción de la amenaza de la que huyen.
Mientras que los huidos de conflictos en Oriente Medio son a menudo vistos en Europa del Este como una amenaza a la seguridad (en referencia al terrorismo yihadista) y a la identidad nacional, los ucranianos son vistos como cercanos, como semejantes.
Las fronteras entre Ucrania y estos países se han movido a lo largo de los últimos siglos y con frecuencia han sido porosas, lo que ha dejado a minorías rumanas, húngaras, eslovacas y polacas en Ucrania, y a ucranianos en estos países. El contacto humano con los ucranianos en la zona es denso y antiguo. La comunidad ucraniana es importante sobre todo en Polonia, donde suma más de un millón de personas, en su mayoría inmigrantes que compensan la pérdida de población activa polaca que ha emigrado hacia occidente.
Solidaridad frente a Putin
La apertura de Europa del Este ante los refugiados ucranianos es resultado de una solidaridad basada no sólo en la cercanía cultural, sino en la conciencia de compartir la amenaza que obliga ahora a los ucranianos a huir.
El pasado de sometimiento a la antigua URSS, regida desde Rusia, está muy cercano, y la exigencia de Putin de que estos países abandonen la OTAN convierte a todos ellos en posibles víctimas.
Nos encontramos por tanto en la situación paradójica de que los Estados miembros de la UE con posiciones más restrictivas ante el refugio y ante la solidaridad intraeuropea en este campo, pueden necesitar ayuda europea para gestionar el refugio, no sólo de las instituciones de la UE, sino de los Estados miembros alejados de la frontera oriental, en forma de reparto de refugiados. Es indudable que la opinión pública europea en este momento es favorable a la acogida de los que huyen de Ucrania y que los Estados y las instituciones europeas van a reaccionar -están haciéndolo ya- con solidaridad ante su llegada.
Implicaciones de futuro
A largo plazo, esta experiencia puede implicar cambios sustanciales en la concepción europea y mundial del derecho al asilo y el refugio.
Las normas actuales (Convención de Ginebra de 1951) fueron redactadas para solucionar un problema europeo creado tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjeron expulsiones masivas de grupos nacionales desde algunos países. En sus orígenes, su aplicación se restringía a Europa y sólo a los desplazados por sucesos anteriores a 1951, pero, pese a ese origen “local”, la Convención de Ginebra se ha aplicado al resto del mundo y ha seguido siendo durante 70 años el marco internacional que regula el refugio. La crisis actual puede suponer un nuevo momento fundacional que permita una revisión de ese marco legal, mal adaptado a las realidades del mundo actual, tan diferente al de 1951.
Países del denominado Grupo de Visegrado: Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa. Wikimedia Commons / CrazyPhunk
A medio plazo, esta llegada de refugiados tendrá inevitablemente influencia en el debate europeo sobre la reforma del sistema de asilo, frenado por la resistencia de los países del grupo de Visegrado.
En los últimos 20 años los refugiados en Europa han sido en su gran mayoría asiáticos y africanos, con un aumento continuo de los latinoamericanos que ha afectado básicamente a España. Si este panorama cambia completamente y el grueso de los refugiados pasa a ser europeo (ucranianos) que entran por la frontera oriental, huyendo de una agresión que el conjunto de la Unión rechaza, y escapando de un país a cuya defensa los Estados de la Unión van a contribuir, la naturaleza del debate se transformará.
Habrá que esperar para ver cómo afecta esto a las normas, a su aplicación y a los refugiados del resto del mundo que seguirán intentando ser acogidos en Europa.
Este artículo fue publicado originalmente por el Real Instituto Elcano.
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Bajo el titular «En España, la unión de comunas hace la fuerza», el voto a favor de las dos localidades extremeñas para constituirse en una nueva y única ciudad es destacado por el primer diario francés en un reportaje de Sandrine Morel. Explica que Don Benito y Villanueva de la Serena están separados por una carretera de apenas 5km y ya comparten infraestructuras, pero ahora una amplia mayoría de vecinos ha optado por unirse aún más y funcionar como un único municipio, lo que permitirá importantes beneficios en empleo, ingresos y servicios. Y subraya que esta muestra de unidad ha sido especialmente destacada en una España «regularmente afectada por las tensiones separatistas».
En #Espagne , Don Benito et Villanueva de la Serena ont voté en faveur de la naissance d’une #NouvelleVille . Si celle-ci n’a pas encore été baptisée, elle dépassera la capitale régionale d’Estrémadure en nombre d’habitants. https://t.co/B8HujWv0nY
Le Monde explica que «la tercera mayor ciudad de Extremadura acaba de nacer» aunque aún no tiene nombre y habrá que esperar a 2027 para su se materialice jurídicamente. Pero enfatiza que el principio de base ha sido ya constituido y gracias al referéndum del pasado 20 de febrero, en el que una amplia mayoría de los habitantes de Don Benito y Villanueva de la Serena «dos municipios agrícolas de la región extremeña separados por un carretera de menos de 5km» votaron sí a su fusión. Aunque apunta que en el caso de los 37.000 residentes de Don Benito, el apoyo fue «ajustado», ya que votó sí el 66,2%, ligeramente por encima del mínimo de 66% que habían fijado los alcaldes para asegurar que la decisión fuera irreversible mientras que en Villanueva, los 26.000 habitantes no tuvieron dudas y un 90% respaldó unirse a la localidad vecina.
El reportaje subraya que la nueva ciudad tendrá 63.000 habitantes, más que la actual capital extremeña de Mérida y solo por detrás de Badajoz y Cáceres, pero sobre todo a estos dos municipios «rivales» durante muchos tiempo obtener otros «importantes beneficios» al unirse. Y cita estudios que estiman que la oferta de empleo crecerá un 5% y aumentarán las inversiones y ayudas públicas. Añade además que los ingresos de los hogares podrían crecer un 2,75% además de permitir importantes ahorros a escala municipal en gestión de residuos, mejoría de trasporte público. El diario francés subraya además que el referéndum ha sido visto en España como el «símbolo de la fuerza de la unión en un país regularmente afectado por las tensiones separatistas catalanas o vascas».
Le Monde es un diario vespertino francés fundado en 1944 y considerado el periódico de referencia del país. Está editado por el Grupo Le Monde que tras dificultades económicas es controlado desde 2010 por los empresarios Pierre Bergé y Xavier Niel y el banquero Matthieu Pigasse. Prisa posee también un 15% del diario que además ha recibido subsidios estatales, en torno a 17 millones de euros en 2010. Su línea editorial está considerada como de centro o centro-izquierda. A principios de 2022 superó los 500.000 suscriptores -combinando papel y digital -ha alcanzado de hecho los 40.000 abonados on line- y vende además unos 30.000 ejemplares en kioskos en Francia y en el extranjero. Su website recibe más de 40 millones de visitas al mes y es el principal sitio de información en francés en Internet. En 2008, Le Monde fue condenado a pagar 300.000 euros de indemnización por haber publicado un artículo sobre prácticas dopantes en el FC Barcelona.
Sandrine Morel es corresponsal de Le Monde en España desde 2010. Anteriormente escribía para Le Nouvel Observateur y otros medios francófonos, como La Depeche du Midi o Les Nouvelles caledoniennes, y fue además redactora jefe de Le Courrier D´Espagne de 2007 a 2010. En 2019 recibió el Premio a la mejor corresponsal extanjera del CIP. Es además la autora de algunos artículos que han dado mucho que hablar como un perfil sobre Belén Esteban y sobre Emilio Silva, “el hombre que quiere acabar con Franco», junto con textos que resaltan el papel de la economía sumergida para evitar una revolución o las acusaciones de manipulación en TVE. Y en junio de 2018 publicó “En el huracán catalán”, un libro que ha tenido un gran eco, en el que detalla cómo ha vivido todo el proceso independentista en Cataluña y donde revela aspectos como el trato preferencial que dio a los corresponsales extranjeros la Generalitat o la sugerencia de que podían “influir” en sus artículos comprando publicidad.
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El Consejo de Ministros, tras la propuesta del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, ha aprobado el Real Decreto que modifica el Reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo. Y se incorpora un mecanismo de retirada de las medallas a, entre otros, miembros «del aparato de represión de la dictadura franquista» o con «conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos».
El nuevo Real Decreto que modifica el reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo, y del que se hace eco un artículo de Publico de Alejandro Torrús, permite la retirada a miembros «del aparato de represión de la dictadura franquista», personas «hubieran realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos» o, también, a personas cuya conducta y trayectoria sea «incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional» y, particularmente, cuando el beneficiario haya sido «declarado responsable de actos constitutivos de delito» e incluso aunque los delitos hayan prescrito.
El gobierno español sostiene que la nueva norma «responde a la necesidad de adecuar la Medalla al Mérito en el Trabajo a las imprescindibles exigencias democráticas, cívicas y sociales actuales». Y esto permitirá al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz retirar condecoraciones a varias personalidades de la dictadura.
El primero podría ser el propio Francisco Franco que recibió la Medalla de Oro Laureada al Mérito y Sacrificio en el Trabajo en 1953 por situarse «al frente de los trabajadores que en la guerra dieron su sangre y en la paz su esfuerzo» y por sus «47 años de servicios sin reposo, en continuada vela, desde el alba al ocaso, combatiendo y gobernando conduciendo la Nación española desde la oscuridad a la luz», según se justificó entonces.
Pero también podrían verse privados de este galardón otras figuras como el general Yagüe, que participó en el golpe de Estado y la Guerra Civil, Pilar Primo de Rivera, Jose Antonio Girón de Velasco, uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) o el empresario José Banús que utilizó mano de obra de presos políticos en condiciones de trabajo esclavo para la construcción de obras como el Valle de los Caídos.
La revocación de las condecoraciones, según señala el artículo 11 del nuevo reglamento, se iniciará de oficio a iniciativa de la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Así, la tramitación del procedimiento de revocación de la condecoración corresponderá a la Subsecretaría de Trabajo y Economía social.
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