Desde Amnistía Internacional han denunciado el «hecho sumamente preocupante» que supone la retirada de Turquía del Convenio de Estambul, «en el contexto de la actual erosión de los derechos en el país», donde la violencia de género en el ámbito familiar «es generalizada» y donde «al menos 300 mujeres fueron asesinadas sólo el último año».

violencia machista ni una menos Foto: ONU Mujeres / Dzilam Méndez

Recuerdan que el Convenio de Estambul es «un instrumento de derechos humanos ampliamente aceptado para abordar los altísimos niveles de violencia contra las mujeres en Europa».

Señalan que su retirada ha reactivado la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo, y tildan de «vergonzosa» la decisión concretada este 1 julio, que «supondrá una situación de mayor peligro para millones de mujeres y niñas».

Además, subrayan el rechazo y la condena «en términos categóricos por gobiernos, organismos internacionales y líderes y lideresas mundiales, como Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen».

 

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Este lunes España vivió con gran indignación social la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de avalar el cartel electoral de Vox que criminalizaba a menores no acompañados señalando que «son un evidente problema social y político». A esto se sumó la indignación por las cargas policiales contra manifestantes de la concentración que pedía justicia para Samuel, el joven asesinado en A Coruña. La Cafetera de Radiocable.com puso el foco con el analista José Romero en la respuesta ciudadana frente al retroceso de derechos humanos y la permisibilidad del discurso de odio en España.

caerolada-protesta

A pesar de las palabras de la Audiencia Provincial de Madrid asegurando que los menores no acompañados suponen «un evidente problema social y político», los datos no lo sostienen. Como publicó ElDiario.es, en la Comunidad de Madrid, según los últimos datos oficiales, hay 269 menores extranjeros no acompañados acogidos, la inmigración no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y no se da una correlación entre llegadas de menores migrantes y el aumento de la delincuencia. Además, subrayan que ningún menor migrante recibe una ayuda directa de 4.700 euros en la Comunidad de Madrid, como dio a entender el partido de ultraderecha en su cartel electoral de las pasadas elecciones del 4 de mayo.

El aval de la justicia al cartel racista de Vox generó una gran indignación social, y planteó el debate de si la justicia se tiene que limitar a la reinterpretación de las leyes, o tiene que hacer una lectura contextual de lo que ocurre en la sociedad. Una sociedad que este lunes se movilizó en diferentes ciudades del país en solidaridad con Samuel, el joven asesinado en A Coruña, y por la defensa de las personas LGBTI. A pesar del contexto solidario y de apoyo al joven, en Madrid la concentración terminó con cargas policiales que han generado una respuesta generalizada de repulsa e indignación social.

Lo que subyace de lo ocurrido este lunes es que «hay quienes confunden a las víctimas con el problema», como escribió la periodista Olga Rodríguez en ElDiario.es, cuando «el ‘problema social y político’ no son los menores extranjeros, ni la gente LGTBI, ni los activistas; es el racismo, la homofobia, la desprotección de las personas vulnerables».

Sobre el retroceso en derechos humanos también pusieron especial atención los oyentes del programa. En la agenda cafetera, la que conforma la audiencia, destacaron la retirada de Turquía del Convenio de Estambul contra la violencia de género. Sobre España, pusieron el foco en las claves de la Ley del «solo sí es sí’.

En la página internacional, se destacó el aval del Supremo a las leyes electorales de Arizona que restringen el derecho al voto de minorías. Y, en Honduras, la condena al autor intelectual del asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres, «un paso muy importante en su caso y de la justicia medioambiental»- señaló Juan L. Uralde. Además Uralde puso el foco en el incendio provocado por una fuga en un gasoducto submarino en las aguas del Golfo de México. Unas imágenes que «muestran nuestra espeluznante capacidad de destrucción y de impacto sobre el entorno en el que estamos». Afortunadamente, dijo, «en España esas imágenes no las veremos porque la nueva Ley de Cambio Climático cierra la posibilidad de extracción  de combustibles fósiles del subsuelo, tanto en la tierra como en nuestros mares».

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La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de rechazar el recurso que pedía declarar ilegal el poster electoral del partido de ultraderecha para el 4M es noticia en el principal periódico de Irlanda. En la crónica que firma su corresponsal Guy Hedgecoe recuerdan que el «controvertido» cartel de Vox desató grandes críticas comparaba lo que percibía una jubilada española de pensión con lo que cuesta todo el sistema de acogida de menores de la CAM y había sido recurrido por «engañoso» y por promover el delito de odio. Pero enfatiza que la justicia lo ha validado, al rechazar el recurso, y lo ha hecho además asegurando en el fallo, que los MENA son un «evidente problema social y político».

NOTICIA ACTUALIZADA: The Guardian también se hace eco de que un tribunal de Madrid «legitima» el «incendiario» poster anti-inmigración de Vox

The Irish Times detalla que la justicia española ha rechazado el recurso contra un cartel electoral usado por la ultraderecha que presentaba a los menores inmigrantes como una amenaza y un coste que vacia las finanzas públicas. Explica que el «controvertido» poster fue usado por Vox en las elecciones autonómicas de Madrid del pasado 4M y mostraba la imagen de una anciana junto a un joven de piel oscura enmascarado, comparando lo que se gastaba la CAM en pensiones (426 euros por pensión/mes) y en la gestión de los menores extrenajeros no acompañados (4.700 euros al mes). Destaca que el cartel desató críticas inmediatas denunciando su «naturaleza engañosa» al comparar lo que percibe una jubilada con lo que cuesta todo el sistema de acogida de menores en centros especializados y con el personal necesario. Y añade que además, según las cifras oficiales en Madrid hay 3.700 niños en centros de acogida, pero sólo 269 son MENA.

El artículo subraya que un fiscal presentó una demanda contra el cartel electoral por considerar por considerar que promovía un delito de odio y el rechazo a una comunidad específica. Y enfatiza que tras una primera decisión judicial que autorizó su mantenimiento durante la campaña electoral, la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la apelación del fiscal. Y pone de relieve que en el «controvertido» fallo de este tribunal se asegura sobre los menores inmigrantes: «Independientemente de su los datos ofrecidos sobre verdad, representan un evidente problema político y social». Recuerda asimismo que Vox «frecuentemente» intenta presentar a los menores inmigrantes no acompañados como una «gran amenaza» para España.

ACTUALIZACIÓN:

The Guardian se hace eco de que un tribunal de Madrid «legitima» el «incendiario» poster anti-inmigración» de Vox. El rotativo británico en un texto de Sam Jones resalta que los defensores de los derechos humanos y numerosos políticos han reaccionado a la noticia de que una corte ha dictaminado que un «controvertido y falso cartel electoral» del  partido español de extrema derecha no debe ser retirado porque es una «expresión política legítima». Enfatiza que el poster «sugiere de forma incorrecta» que los refugiados y los menores inmigrantes reciben diez veces más beneficios mensuales que una abuela en su pensión. Y pone especialmente de relieve el argumento del tribunal de que los menores extranjeros no acompañados -que son «descritos de forma implacablemente negativa» en el cartel- son un «evidente problema social y político».

The Irish Times fue fundado en Irlanda en 1859 y está considerado el diario de referencia del país. Aunque creado por nacionalistas protestantes, hoy su línea editorial es liberal y de centro derecha en economía, más progresista en política y temas sociales, y se muestra en general pro-europeo. Es propiedad de The Irish Times Trust, un grupo de varios fideicomisarios sin animo de lucro encargados de garantizar su independencia política y religiosa. Su circulación actual ronda los 90.000 ejemplares.

Guy Hedgecoe lleva en España desde 2003. Es corresponsal de The Irish Times y colaborador habitual de la BBC, Deutsche Welle y ahora también de la edición europea de The Politico. Anteriormente fundó Iberosphere, un medio digital de análisis de noticias sobre la Península Ibérica y fue director de la edición en inglés de El País. Entre los artículos que ha escrito destacan un perfil sobre Rodrigo Rato, “de Dios del FMI a paria“ y otro sobre Otegi, el político más divisivo de España, además de un análisis de la conflictiva relación de España con su Constitución, de por qué es un “país de ladrones” que lucha con la corrupción y otros sobre el posible “fiasco” del contrato del AVE a la Meca por los problemas en el consorcio o la constatación de que España sigue siendo refugio de fugitivos y un polo para el crimen global.

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En plena campaña por incorporar a la Corte Penal Internacional el delito de ecocidio como nuevo crimen contra la humanidad y el planeta, se ha sabido que la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) tiene previsto denunciar ante el tribunal de La Haya al presidente brasileño precisamente por genocidio y ecocidio. Consideran que en los actos practicados por Jair Bolsonaro en la Amazonía y contra los pueblos originarios hay elementos concretos suficientes para que la CPI inicie una investigación.

“Ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”. Esta es la definición legal recogida por doce expertos ambientales y penales, a propuesta de la Fundación Stop Ecocide y registrada en el Parlamento de Suecia que se está enarbolando para incluirlo en la lista de delitos universales contemplada por la Corte Penal Internacional, junto con el genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión.

Hay una gran campaña internacional lanzada para ello a la que se han sumado, además de numerosas organizaciones ecologistas, la ONU o el Parlamento Europeo. El objetivo es prevenir los desastres medioambientales, pero también que el daño deliberado que humanos, industrias o gobiernos causan a la naturaleza no quede impune.

Y en este contexto se ha conocido la intención de los pueblos indígenas brasileños de denunciar a Jair Bolsonaro por ecocidio, además de genocidio. Esto se sumaría a la querella presentada en 2019 por el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (CADHu) y la Comisión Arns, integrada por exministros brasileños e intelectuales del país, en la que se acusaba al presidente de Brasil de crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio de los pueblos indígenas.

Luiz Eloy Terena, abogado y coordinador jurídico de la APIB, en declaraciones a El País, ha confirmado que en los actos practicados por Bolsonaro contra los pueblos originarios, «hay elementos concretos para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación». Y enfatiza que el presidente brasileño hace además caso omiso de la Constitución de 1988, por la cual debería quedar garantizada la protección de las comunidades de indígenas, así como el derecho que estos tienen sobre su territorio. Según el abogado, desde el Gobierno no se salvaguardan dichas tierras, sino que se incentiva la presencia de los llamados grileiros [cuatreros de tierras públicas], madereros y mineros ilegales.

Si el proceso avanza Jair Bolsonaro podría convertirse en uno de los primeros líderes mundiales juzgado por ecocidio. Aunque si llega a ser condenado, es improbable que sea durante su mandato, ya que normalmente, la CPI suele tardar hasta una década en exigir responsabilidades a los jefes o ex jefes de Estado y de gobierno. no se haga efectiva hasta al menos una década después de su mandato. Pero las penas de prisión por estos delitos podrían alcanzar los 30 años.

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La crisis entre España y Marruecos sigue abierta y ahora se juega en el tablero del turismo y las vacaciones ya que tras la cancelación de la “Operación Marhaba” (paso del Estrecho) desde puertos españoles por parte de Rabat, se está produciendo también un «boicot» turístico. Es al menos lo que señala la prensa marroquí que asegura que sus ciudadanos más pudientes que acostumbran a pasar sus vacaciones en España, y que cifran en unos 900.000, han decidido no desplazarse este año a la Península Ibérica y quedarse en su país. También apuntan que los responsables políticos o altos funcionarios tienen prohibido pasar sus vacaciones en España. Y esta situación supondría, según estos medios, unas perdidas para la economía española de

Assabah habla de boicot en turismo y titula «Vacaciones en España, no gracias». El diario árabe explica, en un dossier que analiza las repercusiones de la crisis bilateral en la economía, que entre los marroquíes que tienen la posibilidad de pasar fuera del país sus vacaciones de verano, un 20% acostumbraba a hacerlo en España. Y recuerda que en 2019 fueron 900.000. Pero enfatiza que este año «aquellos marroquíes lo suficientemente ricos como para plantearse unas vacaciones en la Costa del Sol o en Baleares, han entendido que lo importante es salvar el turismo nacional frente al de un país extranjero”. Añade que la mayoría de sus nacionales que visitan en España lo hacen además en coche con un gasto medio diario muy elevado, por lo que señala un perjuicio económica significativo para las arcas españolas. Añade que además en 2020 hubo 2.248 apartamentos adquiridos en España por marroquíes no residentes que permanecerán vacíos toda la temporada de verano en «otro golpe para el turismo local».

Bladi apunta que prohíben a los responsables marroquíes pasar sus vacaciones en España. El digital resalta que el 20% de marroquíes que tienen la costumbre de veranear en destinos españoles han decidido boicotearlos este año. Y añade que además en el contexto de tensión entre los dos países, no se ha autorizado a los parlamentarios, ministros, altos funcionarios o personalidades públicas a que pasen sus vacaciones en suelo español. Enfatiza que sus ciudadanos han decidido este año hacer turismo nacional, lo que implica una «enorme» cantidad que dejará de ganar el turismo español. Y cita una estimación que calcula esas pérdidas en 3.000 millones de dirhams (unos 283 millones de euros) que ascenderían a 4.000 millones incluyendo las compras.

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En España se incrementan los contagios entre los más jóvenes y alcanza una incidencia que vuelve al riesgo alto con más de 15o casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Con estos datos el país arranca el verano bajo una sensación de inquietud y déjà vu ante la siguiente ola de contagios. La Cafetera de Radiocable.com analiza la situación y las características de la ola de contagios en España.

Madrid gente en Gran Vía durante la pandemia con mascarilla

En la página internacional, además del avance de contagios y la variante ‘delta’, también preocupa la distribución de vacunas. El Secretario General de Naciones Unidas en su visita a España hizo un llamamiento a erradicar la «brecha de vacunación» entre países, ante el desigual reparto de dosis.

Además, el programa ha puesto el foco en Brasil, donde, desde pueblos indígenas, han denunciado a Jair Bolsonaro en La Haya por genocidio y ecocidio. Un delito sobre el que, como han destacado los oyentes en la agenda cafetera, cada vez más voces están reclamando que se incluya como un delito internacional en la Corte Penal Internacional.

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La histórica reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en buena medida «ayudada» por la pandemia, que se registró el año pasado ha permitido a España cumplir, por primera vez, la meta fijada en el Acuerdo de París, de rebajar el nivel existente en 1990. En concreto se lanzaron a la atmósfera 271,5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), lo que supone una reducción del 13,7% con respecto a 2019 y del 6,4% en relación a 1990. La agencia de noticias británica pone de relieve el hito de España enfatizando que ha sido posible gracias a un aumento de la energía renovable, el menor uso del carbón y el frenazo económico provocado por la crisis del coronavirus.

Los datos divulgados por el Ministerio de Teresa Ribera corresponden al Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del año 2020 y estima de forma preliminar, que las emisiones brutas de CO2 de España han sido 271,5 millones de toneladas. Esto supone una disminución de un 13,7% con respecto al año 2019, pero sobre todo es la primera vez a lo largo de la serie de las últimas tres décadas, en que las emisiones descienden con respecto al año 1990. En concreto, la reducción con respecto a ese año es de un 6,4% y alcanza un 38,6% en relación al año 2005.

Y se citan dos causas principales: por un lado el incremento de la generación eléctrica con fuentes de origen renovable y la caída en el uso del carbón (con cierre masivo de centrales eléctricas térmicas). Y por otro, las limitaciones de actividad y movilidad asociadas a la pandemia de COVID-19 que en concreto provocó un significativo descenso del tráfico rodado, náutico y aéreo y de la actividad industrial.

Reuters explica que las emisiones de carbono de España cayeron el año pasado por debajo de los niveles de 1990, según el Ministerio de Transición Ecológica. En concreto apunta los 272 millones de toneladas de 2020 supusieron una reducción del 13,7% en relación a las emisiones de 2019 y en torno al 6,4% con respecto a las de 1990. Y enfatiza que ha sido posible gracias al aumento de energía renovables, al menor uso del carbón y al frenazo económico que produjo la pandemia. En este sentido recoge que la cantidad de electricidad generada en España el año pasado fue un 3,6% menor que la del año anterior como resultado de las restricciones impuestas a las empresas para luchar contra el coronavirus.

Pero el artículo pone de relieve la importante reducción de emisiones de España se debió también a que las energías renovables se dispararon un 13% mientras que el carbón prácticamente ha quedado desterrado. Y recuerda que España cuenta con «abundante sol, colinas ventosas y amplias planicies y está transformando su sistema energético para depender de fuentes renovables y que su economía sea neutra en carbono en 2050″. Y menciona que el reciente plan climático del gobierno español enviado a Bruselas prevé incluso reducir a cero capacidad energética ligada al carbón para 2030.

Reuters es una agencia de noticias internacional con sede en Londres y  fundada en 1851. Está considerada una de las más prestigiosas del mundo y suministra información tanto a medios de comunicación como a mercados financieros (valores, análisis de productos, etc). Antes independiente (sus estatutos prohibían que alguien poseyera más del 15% de las acciones), pertenece desde 2008 a The Thomson Corporation y ahora es conocida como Thomson Reuters. Está presente en 200 países y cuenta con unos 2.500 periodistas y 600 fotoperiodistas que cada día transmiten más de ocho millones de palabras en 26 idiomas. Durante la crisis del euro Reuters ha destacado  por revelar varias informaciones exclusivas sobre España (adelantó la petición del rescate a la banca). Aunque algunos periodistas acusaron a la agencia de tener una “agenda antieuro“.

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La decisión de indultar a los presos del 1-O sigue recibiendo apoyos en medios de todo el globo y el último en hacerlo y además de manera contundente ha sido el primer diario francés. En un editorial titulado «Cataluña: la esperanza de un acuerdo con Madrid», Le Monde sostiene que los encarcelamientos eran una «anomalía europea» y los indultos ofrecen «al fin una vía para el apaciguamiento». Resalta que Sánchez ha tomado la decisión incluso sabiendo que buena parte de la opinión pública española está en contra y en este terreno enfatiza que el PP ha criticado con dureza la medida «pero no ofrece una estrategia alternativa para salir del bloqueo». Finalmente defiende que un acuerdo entre gobierno central y Generalitat sería «deseable» no sólo para la reconciliación con España, sino también entre catalanes «ya que la mitad no son independentistas».

Le Monde sostiene que la decisión de Pedro Sánchez de indultar a los independentistas catalanes presos desde hace tres años «ofrece al fin una vía de apaciguamiento en este conflicto que mina a España y envenena a Europa». Asegura que el encarcelamiento de los líderes del 1-O era un freno a la normalización de relaciones entre Madrid y Barcelona y «una anomalía en Europa». Pero además considera que el indulto decretado por el presidente español es una medida «aún más audaz» porque se enfrenta a la opinión pública del país, que según algunos sondeos es mayoritariamente hostil al perdón para los independentistas. Y en este sentido resalta que la decisión ha sido «violentamente atacada» en el Parlamento por el PP que la califica de «traición» -aunque enfatiza que Pablo Casado no ofrece ninguna estrategia alternativa para salir del bloqueo en Cataluña, más allá de la respuesta judicial que «hasta ahora ha fracasado»-.

El editorial apunta que los independentistas excarcelados han reiterado su petición de referéndum, pero Sánchez lo ha rechazado categóricamente y tiene como objetivo reanudar el diálogo con Cataluña centrándolo en asuntos concretos como financiación o inversiones. Defiende que la llegada a la Generalitat de Pere Aragonés «un independentistas moderado de la izquierda republicana y partidario del diálogo» supone una «oportunidad» para Sánchez que también necesita los votos de ERC para seguir en el poder, aunque advierte de que la tarea «no será fácil». Pero señala que un compromiso entre el gobierno central y el autonómico sería deseable no solo para favorecer la reconciliación con el resto de España, sino también entre catalanes, de los que, recuerda, la mitad no son independentistas, han vivido con dificultades la fractura social por el 1-O y «también esperan un gesto».

Le Monde es un diario vespertino francés fundado en 1944 y considerado el periódico de referencia del país. Está editado por el Grupo Le Monde que tras dificultades económicas es controlado desde 2010 por los empresarios Pierre Bergé y Xavier Niel y el banquero Matthieu Pigasse. Prisa posee también un 15% del diario que además ha recibido subsidios estatales, en torno a 17 millones de euros en 2010. Su línea editorial está considerada como de centro o centro-izquierda. Su difusión en 2020 supera los 400.000 lectores -combinando papel y abonos digitales- y vende un promedio de 40.000 ejemplares fuera de Francia. Su website recibe más de 40 millones de visitas al mes y es el principal sitio de información en francés en Internet. En 2008, Le Monde fue condenado a pagar 300.000 euros de indemnización por haber publicado un artículo sobre prácticas dopantes en el FC Barcelona.

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