Varias organizaciones se han dirigido por carta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para pedir la adopción urgente de una Ley de Vivienda en España. Reclaman un mecanimo de control de precios del alquiler, un parque social de viviendas que asegure el acceso a la vivienda, asegurar que las personas que han sido desalojadas de su vivienda tengan acceso a una vivienda alternativa adecuada y que se cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas.

Desde Amnistía Internacional recuerdan que el precio del alquiler en España ha subido un 50% en solo 5 años y hay 3,4 millones de viviendas vacías, según el último censo de 2011.

Los siete elementos indispensables que debe contener la Ley de Vivienda, según dichas organizaciones consisten, por un lado, en definir la vivienda como un derecho humano subjetivo, establecer la obligación de disponer de un parque social de viviendas que asegure el acceso a la vivienda e incluir la obligación de asegurar que las personas que han sido desalojadas de su vivienda tengan acceso a una vivienda alternativa adecuada.

También, insisten en la necesidad de recopilar estadísticas sobre las personas que han perdido su hogar de manera desagregada por edad, sexo, entre otros aspectos, y la obligación de que los jueces y juezas puedan considerar la situación de una persona en riesgo de pérdida de su hogar antes de dictar la orden de desahucio.

Además, abogan por introducir un mecanismo de control de precios en las viviendas de alquiler que garanticen la asequibilidad de la vivienda, y contemplar las reformas legales necesarias para que se cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas. Recordando que España ha sido objeto de seis dictámenes desde el año 2015 al 2021 en los que el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas ha concluido que España estaba vulnerando el derecho a la vivienda.

Señalan el alto número de desalojos, destacando que desde el año 2013 hasta el 2021, se han producido en España 469.513 desalojos, 274.618 por impago del alquiler, 172.693 por impago de la hipoteca y 22.202 por otras cuestiones. Y, en 2020 hubo un total de 29.406 desalojos. También ponen el foco en la ausencia de estadísticas sobre personas que han perdido su vivienda. Apuntan que casi una década después de que Naciones Unidas pidiera desglosar las cifras de personas sin vivienda, las estadísticas sobre desalojos no muestran el número de personas que han perdido su vivienda como consecuencia de un desalojo, ni por tanto existen datos desagregados que permitan obtener un diagnóstico sobre el acceso y disfrute del derecho a la vivienda en España y diseñar estrategias ajustadas a la realidad.

El escaso parque de vivienda social es otro de los problemas sobre la vivienda en España, que, afirman, cuenta con un parque de viviendas que representa el 2,5% del total de viviendas. Situándose a más de 6,5 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea, que se sitúa en el 9% aproximadamente. De modo que España sólo supera a Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre y está muy alejada de países como Holanda (30%), Austria (24%) Dinamarca (20%) Suecia (19%), Reino Unido (17,6%) y Francia (16%).

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La legalización de la marihuana es un tabú que cada vez más países están rompiendo, ya sea legalizándola para uso médico, o también para uso recreativo. En el caso de España, ¿qué opina su ciudadanía? Cuando el CIS le pregunta a la sociedad española sobre legalizar la venta de marihuana hay cierta división, un 49,7 está a favor, mientras un 40,9% está en contra. Sin embargo, la cosa cambia cuando les preguntan sobre legalizarla para uso médico, entonces, el 90,1% dice que sí. Pero, ¿cambia esta opinión en función del sexo, la edad, el partido al que votamos y las creencias religiosas? Las personas más reticentes a su venta son mayores de 65 años, votantes de partidos conservadores y católicas.

Según los datos del barómetro del CIS de abril de 2021, cuando se trata de permitir la marihuana para uso médico, sí hay consenso, más allá de edades, género, voto y creencias religiosas. Los más mayores, los encuestados de más de 65 años, aunque son los más reticentes a la legalización, la gran mayoría de ellos, el 83%, sí  apoyaría su legalización para tratamientos médicos. Muestra de un gran consenso, porque en el resto de franjas de edad el apoyo supera el 90%. Una opinión mayoritaria que trasciende también el partido al que votemos. El apoyo para uso medicinal no baja del 75%, en el caso de los votantes del PRC, y supera el 80% entre los votantes del resto de formaciones políticas.

Pero, el consenso se rompe cuando a los encuestados se les pregunta por la legalización para su venta. Por ejemplo, los hombres son más proclives a la legalización del cannabis (56,1%) que las mujeres (43,6%). Una diferencia menor. Sin embargo, cuando hablamos de edad, aunque la mayoría de generaciones se muestran a favor, los mayores de 65 años se muestran totalmente en contra. El 60,1% de los jóvenes de 18 a 24 años da el visto bueno a legalizarla, una cifra similar a la de los jóvenes de 25 a 34 años (59,8%) y los de 35 a 44 años. El apoyo de la ciudadanía de 45 a 64 años ronda el 52%. Mientras que los más mayores, los de más de 65 años, son los más contrarios, con diferencia: solo estarían a favor el 33,5%.

Además, según al partido que votemos, también hay claras diferencias. Los votantes más contrarios a legalización de la venta de marihuana son los del PRC y del PP. El 75% de votantes del Partido Regionalista de Cantabria y el 60,5% del Partido Popular están en contra. Menos contrarios se muestran los seguidores de Vox, que la rechazan el 51,9%.

En el lado opuesto están los votantes de la CUP, Bildu, Unidas Podemos y ERC, que son los más favorables. Con diferencia, los votantes de la CUP son los más proclives, en concreto, el 91,7%. Le siguen el 84,3% de los de Bildu, el 78,3% de los de Unidas Podemos y el 77,8% de los de ERC. Sin embargo, sorprende que, al contrario que la mayoría de partidos conservadores, el 65,1% de votantes de JxCat sí esté a favor; un partido al que los encuestados sitúan en el centro-derecha. En el caso de los votantes de Ciudadanos la mayoría, aunque ajustada, el 51,8%,  también estaría a favor, una cifra similar a la del PSOE, cuyo 53,1% de los votantes también sería proclive a legalizar la venta de cannabis.

Las creencias también marcan diferencias, las personas que se autodefinen como católicas o creyentes de otra religión son mucho menos favorables a la legalización que las agnósticas o ateas. En concreto, a las personas católicas practicantes es a las que menos les gusta esta idea (25,9%), y le siguen las creyentes de otra religión (39,9%) y las católicas no practicantes (44,8 %), frente al 69,4% de apoyo que darían las agnósticas o ateas.

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