El polémico plan para liberar más de un millón de toneladas de aguas residuales de la central nuclear japonesa en el Océano Pacífico ha recibido finalmente el visto bueno del gobierno nipón. Los vertidos empezarían en 2023 y aseguran que el agua será tratada y diluida para que los niveles de radiación no representen ningún riesgo. Pero la decisión ha levantado una ola de protestas por parte de los habitantes de Fukushima, la industria pesquera, los ecologistas y también de China, Taiwán y Corea del Sur que aseguran que es una amenaza para la salud humana y el medio ambiente.

(Foto: Flickr/IAEA)

Japón asegura que la medida, cuyo estudio fue anunciado  en septiembre de 2019, es «inevitable» en el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima que resultó dañada en marzo de 2011 por un terremoto y un tsunami y para resolver la acumulación de agua radiactiva que se usó para enfriar los reactores y el combustible nuclear. Los tanques que almacenan esta agua se están quedando sin espacio y se llenarán em 2022.

El agua es tratada y filtrada en la planta para eliminar la mayoría de isotopos radioactivos, pero algunos siguen presentes, en particular el tritio. El gobierno japonés asegura que este isotopo radioactivo solo es peligroso para la salud en grandes cantidades y en el agua tratada en Fukushima y que se pretende verter al mar los niveles de tritio serán mínimos. Habla en concreto de que serán 40 veces inferiores al tope legal establecido para el agua potable y una séptima parte del máximo fijado por la OMS.

Los vertidos de este tipo son una práctica habitual en la industria de la energía atómica y tienen el beneplácito de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Pero las reacciones al anuncio del gobierno japonés no se han hecho esperar.

Empezando por los ecologistas. Desde Greenpeace, que lleva años expresando su oposición a la liberación de esta agua en el océano, ha asegurado que con estos planes el gobierno «falla una vez más al pueblo de Fukushima». Mientras que la industria pesquera japonesa también se ha opuesto, advirtiendo que dañará la reputación de los productos de la región y los consumidores se negarán a comprarlos.

Y además los países vecinos de Japón como China, Corea del Sur y Taiwán han protestado al considerar que el agua de Fukushima podría representar un riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, también instó a Japón a «actuar de manera responsable».

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El exdirector de Greenpeace y diputado de Unidas Podemos, Juan López Uralde, analizó en La Cafetera de Radiocable.com la polémica en torno a Vivotecnia, un caso que «se inicia en un vídeo que muestra el nivel de maltrato a los animales con los que esta empresa experimenta». Y que, en palabras de Uralde: «Pone de manifiesto la necesidad de una ley de bienestar animal que se viene reclamando desde hace tiempo y que queremos promover también».

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«¿Cómo es posible que esto pueda ocurrir sin ningún tipo de control?»- se pregunta Juan López Uralde. Señalando que «se ha permitido que ocurra con impunidad». Aunque, también pone en valor que «el movimiento ciudadano» de indignación respecto a las imágenes difundidas «haya tenido una respuesta desde algunas instituciones».

La publicación de dichas imágenes ha provocado las críticas de varios centros de investigación y organizaciones, y una campaña social en la plataforma de recogida de firmas Change.org que ha superado las 250.000 firmas para pedir a la Comunidad de Madrid que retire inmediatamente la licencia a Vivotecnia y cierre sus instalaciones. Denuncian «el terrible sufrimiento infligido a perros, cerdos, monos, conejos, ratas y ratones, y las violaciones sistemáticas de las leyes europeas y españolas destinadas a proteger a los animales en los laboratorios».

La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación y la Comunidad de Madrid ha paralizado la actividad de la empresa. La empresa alemana, con sede en Tres Cantos (Madrid), realiza análisis de seguridad y toxicidad de fármacos y de productos sanitarios. Su laboratorio presta servicio a instituciones de investigación.

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Tras una gestión centralizada de la primera ola de la pandemia que fue un «fracaso» en varios aspectos, España se encontró lidiando con 17 modelos de gestión sanitaria autonómica y finalmente ha ido optando por una descentralización enmarcada. Es el análisis que hace el diario francés de la estrategia de gestión de la pandemia que se está llevando a cabo en el país. Apunta que el modelo autonómico que se solía denominar como «federalismo imperfecto» está empujando a España aúna más por la vía federal. Aunque advierte de que en el contexto de fuerte rivalidades regionales que se vive, ha quedado en evidencia que el éxito frente a la Covid-19 depende del grado de colaboración entre autonomías y gobierno central.

Le Monde se pregunta si ¿puede ser más eficaz un modelo descentralizado por territorios para luchar contra una pandemia global que una gestión de crisis centralizada?». Y asegura que en el caso de España, donde el sistema autonómico se califica a menudo de «federalismo imperfecto», ha quedado en evidencia que eso depende del grado de colaboración entre regiones y estado. Pero advierte que la cuestión de cómo garantizar la cooperación y la cohesión del país cuando el contexto es de fuerte descentralización y gran rivalidad territorial, «ha quedado sin respuesta», especialmente tras conocerse los «contactos discretos» de la Comunidad de Madrid para comprar la vacuna rusa Sputnik o con la decisión unilateral de Castilla y León de suspender la vacunación con Astra Zeneca.

El artículo recuerda que en la primera ola de la pandemia, el gobierno optó por una gestión centralizada de la crisis. Pero señala que tras más de 20 años de descentralización de la salud pública, en muchos aspectos la estrategia fue un fracaso. Menciona la «desastrosa» comunicación de casos por autonomías o la competencia entre estas y el gobierno central por proveer mascarillas o equipos de protección. Y enfatiza que ni siquiera funcionó el mecanismo de solidaridad para transferir pacientes de regiones saturadas a otras que no lo estaban. Subraya que tras el verano y todos estos acontecimientos, España ha hecho frente a las siguientes olas de la pandemia con un modelo de gestión descentralizada y avanzando por el camino del federalismo.

Le Monde es un diario vespertino francés fundado en 1944 y considerado el periódico de referencia del país. Está editado por el Grupo Le Monde que tras dificultades económicas es controlado desde 2010 por los empresarios Pierre Bergé y Xavier Niel y el banquero Matthieu Pigasse. Prisa posee también un 15% del diario que además ha recibido subsidios estatales, en torno a 17 millones de euros en 2010. Su línea editorial está considerada como de centro o centro-izquierda. Su difusión en 2020 supera los 400.000 lectores -combinando papel y abonos digitales- y vende un promedio de 40.000 ejemplares fuera de Francia. Su website recibe más de 40 millones de visitas al mes y es el principal sitio de información en francés en Internet. En 2008, Le Monde fue condenado a pagar 300.000 euros de indemnización por haber publicado un artículo sobre prácticas dopantes en el FC Barcelona.

Sandrine Morel es corresponsal de Le Monde en España desde 2010. Anteriormente escribía para Le Nouvel Observateur y otros medios francófonos, como La Depeche du Midi o Les Nouvelles caledoniennes, y fue además redactora jefe de Le Courrier D´Espagne de 2007 a 2010. En 2019 recibió el Premio a la mejor corresponsal extanjera del CIP. Es además la autora de algunos artículos que han dado mucho que hablar como un perfil sobre Belén Esteban y sobre Emilio Silva, “el hombre que quiere acabar con Franco, o la advertencia de la “engañosa” eficacia en la frontera de Melilla junto con textos que resaltan el papel de la economía sumergida para evitar una revolución, las acusaciones de manipulación en TVE o la denuncia de que no se afronta el dopaje. Y en junio de 2018 publicó “En el huracán catalán”, un libro que ha tenido un gran eco, en el que detalla cómo ha vivido todo el proceso independentista en Cataluña y donde revela aspectos como el trato preferencial que dio a los corresponsales extranjeros la Generalitat o la sugerencia de que podían “influir” en sus artículos comprando  publicidad.

Advertencia: Por respeto a la ley L.P.I. española, radiocable.com ni reproduce textualmente ni publica links a los textos externos que han llamado la atención de nuestro equipo. Si desea conocer la literalidad del artículo acuda directamente al medio referido.

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La activista por los derechos de las personas migrantes Helena Maleno relató en La Cafetera de Radiocable.com la deportación forzada que sufrió el pasado 23 de enero en Marruecos, donde vivía desde hace 20 años. Cuenta que su familia ha podido salir del país pero su casa y todo lo que tenía se ha quedado en Marruecos: «Estoy sin nada». Sin embargo, asegura que seguirá adelante con su labor: «Creo que es el momento de alzar más la voz, porque nos quieren acallar a todo precio, incluso viéndonos muertas».

Helena Maleno insiste en «seguir adelante, por la memoria de las compañeras y por tantas otras que luchan por los derechos de las personas migrantes, por ese mundo en que en las fronteras se ha instaurado una política de muerte». Porque, insiste: «Nos quieren calladas pero no podemos callar, porque muchas personas están muriendo en las fronteras, más de 2000 murieron en 2020 intentando cruzar una frontera».

helena maleno

Agradece el apoyo social que ha recibido desde que hizo pública su denuncia: «Soy una privilegiada por la red de solidaridad que me acompaña, que se encarga de mi protección y seguridad». Aunque llevan «más de 6.000 firmas» de apoyo para pedir a las autoridades protección para ella y su familia, por parte de las autoridades, asegura que aún no ha habido «ninguna respuesta».

«Nuestra demanda es que de verdad se tomen las medidas para que no se pongan en riesgo nuestras vidas como ha pasado en estos meses»- insiste Maleno.  Cuenta que hace dos días entraron en su domicilio en Marruecos y se llevaron varios documentos y uno de sus teléfonos. El «tercer allanamiento». Cuando, recuerda: «Ya se nos persiguió con un procedimiento judicial con informes falsos de la policía, la UCRIF, que ganamos y demostramos que defender la vida no es un delito y que se han utilizado otras vías paralelas que utilizan las cloacas de los Estados para perseguir a las defensoras».

Maleno relata la «angustia» que pasó al estar un mes separada de su hija tras la deportación forzada: «Tuvimos que sacarla con asistencia consular porque estaba teniendo seguimientos policiales y temíamos por su integridad». Lo que ha supuesto «el culmen de una situación de violencia» que llevaban viviendo «durante años». Insiste en que, aunque se cerró el procedimiento judicial, han «recibido ataques, amenazas y agresiones».  Y, «la petición es que se termine de verdad y que el gobierno defienda a quien defiende».

Durante la deportación, asegura: «Nadie medió palabra conmigo, solo me hacían gestos, y pude mandar un mensaje diciendo ‘creo que me van a meter en otro avión'». «Pedí agua, tomar una medicación, y se me negó absolutamente todo, no sabía donde estaban mis enseres personales y mi documentación». Entonces, sigue cuenta: «Se me llevó al avión y me dijeron que me sentase y me callase la boca, me dejaron la última a la salida, y en la puerta del avión me esperaba la policía del Estado español con mi documentación, mis papeles personales y un documento de la policía, y me llevaron a Barcelona».

Aunque la deportación se produjo a finales de enero, Maleno no lo ha hecho público hasta tres meses después porque «primero tenía que poner a salvo» a su familia. Aún así, antes de publicarlo, confiaron en encontrar la solución por otras vías, internacionales, a través de «peticiones a gobiernos para que esto parase». Pero «llegó un momento en que esto no paraba sino que se acrecentaba», asegura. Y, entonces, las organizaciones internacionales que le acompañan en su protección «decidieron que contarlo» para protegerle a ella y a su familia, «pero también para explicar lo que está pasando en la frontera, y que esto le pasa a otras personas que defienden derechos».

«Sabemos que muchas mujeres que defendemos derechos somos castigadas a través de nuestro cuerpo -el informe policial hablaba de mis relaciones sexuales, como si eso indicara que soy más peligrosa-, y, ahora, he sido castigada a través de hacerle daño a mi hija»- denuncia.

El programa, además, ha analizado con Juan López Uralde, exdirector de Greenpeace, la polémica en torno a Vivotecnia,»se inicia en un vídeo que muestra el nivel de maltrato a los animales con los que esta empresa experimenta». Un caso en el que, «el movimiento ciudadano ha tenido una respuesta desde algunas instituciones, pero lo grave es que se haya permitido este nivel de crueldad». Y, para Uralde, «pone de manifiesto la necesidad de una ley de bienestar animal que se viene reclamando desde hace tiempo».

En la página internacional, el programa ha puesto el foco en Estados Unidos, donde mientras se celebra el juicio sobre el caso de George Floyd, se siguen produciendo casos de violencia policial a población negra. Además, sigue coleando la tensión entre la UE y Turquía tras el desplante que vivió la presidenta de la Comisión Europea bautizado como ‘sofa gate’.

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El programa sometió a debate en la red el tratamiento que dan a la actualidad las portadas de los periódicos del día. El debate puede seguirse a través del Hashtag en Twitter #LaCafeteraHelenaMaleno.Pulsa play para escucharlo.
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Durante años, las querellas presentadas por familiares víctimas y familiares de la dictadura han sido sobreseídas por los tribunales provinciales y los recursos de amparo desestimados por el Tribunal Constitucional. Pero ahora más de veinte grupos de damnificados llevan meses y en algunos casos años esperando a que el TC decida si admite sus recursos a trámite o no. Y una decena de ellos han solicitado al alto tribunal que desencalle la tramitación en un momento en el que han surgido grietas en el criterio hasta ahora monolítico y cierta división en la judicatura con respecto al veto sistemático a investigar los crímenes del franquismo en España.

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La decisión que tienen que tomar los magistrados del TC sobre la petición de una decena de grupos de víctimas y que detalla un artículo de Eduardo Bayona en Publico.es puede tener un alto significado. Hasta ahora todos los recursos de amparo presentados ante el alto tribunal se despachaban con la argumentación jurídica de que no se apreciaba en el asunto «especial trascendencia constitucional».

Pero ahora que más de 20 grupos de víctimas llevan esperando hasta dos años a que el TC decida sobre sus recursos, piden que se active esos procedimientos y que «en su día, previo emplazamiento del ministerio fiscal y los trámites oportunos, dicte sentencia en la que anule las resoluciones recurridas y otorgue el amparo solicitado».

Y lo hacen en un momento en el que comienzan a abrirse grietas en el monolítico criterio favorable al sobreseimiento de ese tipo de pesquisas que venía dándose en la judicatura española. En concreto, en los recursos de amparo presentados por Gerardo Iglesias, primer coordinador general de IU, y otros dos históricos militantes asturianos del PCE, Vicente Gutiérrez Solís y Faustino Sánchez García, ha habido divergencias en los criterios de los magistrados del Constitucional cuando tres de ellos propusieron admitirlos a trámite.

De haberlo hecho, el tribunal tendría que haberse pronunciado en una sentencia sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo en el actual régimen constitucional. Pero aunque la propuesta no salió adelante, al apoyar los otros ocho magistrados la tesis contraria, los abogados y activistas de la memoria ponen de relieve que empiezan a verse en la justicia, tanto en el TC, como también en algunas audiencias provinciales, votos discordantes con la posición monolítica de vetas sistemáticamente las querellas sobre crímenes del franquismo en España. Y se destaca como un «avance».

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Los cambios en la Constitución que se aprobaron en referéndum el pasado mes de julio en Rusia incluían no sólo la posibilidad de que Vladimir Putin se presente a dos nuevos mandatos presidenciales, sino también varias enmiendas que prohibían el matrimonio igualitario y las adopciones transgénero. Ahora, el presidente ruso acaba de promulgar formalmente estos cambios que establecen «la fe en Dios» como valor central del país.

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Vladimir Putin ha firmado este mes de abril la enmienda constitucional que prohíbe formalmente cualquier tipo de matrimonio entre personas del mismo sexo en Rusia y bloquea cualquier legislación al respecto. También han quedado prohibidas las adopciones de niños para personas transgénero y se establece que la «fe en Dios» será un valor central que regirá la vida del país.

Estos cambios en la Constitución se votaron en el referéndum del 1 de julio de 2020 en donde obtuvieron un 77% de apoyo. Y además de las normas anti-LGTBI, se incluían enmiendas que otorgan al presidente inmunidad de por vida frente a cualquier proceso judicial y que, al «poner el contador a cero» en cuanto a mandatos, permiten a Vladimir Putin presentarse dos veces más a la presidencia.

Con la promulgación por ley de la legislación que define el matrimonio como la unión «entre un hombre y una mujer» se interpreta como un nuevo ataque a la comunidad LGTBI, cuya vida ha «empeorado notablemente» según denuncian ONGs y asociaciones.

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La activista Helena Maleno asegura que su vida y la de su familia «están en peligro» y «exige» la protección de los Gobiernos de España y Marruecos. Desde su organización ‘Caminando Fronteras’ han presentado una recogida de firmas y una carta al Presidente del Gobierno «para que proteja de forma urgente a la defensora de Derechos Humanos Helena Maleno». En un vídeo difundido desde la cuenta de Twitter de la activista, ha informado que el pasado 23 de enero de 2021 fue deportada y expulsada de Marruecos, su país de residencia desde hace 20 años, cuando volvía de un viaje de trabajo en España.»El Estado español aceptó mi deportación, desde el Ministerio del Interior eran conscientes de ello y se me envió a otra ciudad distinta a la que yo venía. El trato fue vejatorio, tenía que tomar una medicación que no se me dejó»- ha afirmado Maleno en rueda de prensa.

helena maleno

En un vídeo difundido desde la misma cuenta de Twitter de Helena Maleno, ha informado Helena Maleno que el pasado 23 de enero de 2021 fue deportada y expulsada de Marruecos cuando volvía de un viaje de trabajo en España. Señalando que Marruecos ha sido el país de residencia para ella y su familia durante los últimos 20 años.

Según explican en la carta pública de Caminando Fronteras, «tras ser objeto de una violenta y repentina deportación, Helena se vio obligada a permanecer varias semanas separada de su hija menor de edad, temiendo por la seguridad de la misma mientras permanecía en el país que la había expulsado».  Señalan que, «a pesar de que tanto los tribunales de España como de Marruecos han reconocido que la labor de Helena no es delito», denuncian «la criminalización orquestada durante años desde el Ministerio del Interior de España» que «ha logrado que Helena y su familia hayan tenido que abandonar forzosamente su hogar».

Desde la organización exigen: «el reconocimiento público del trabajo de Helena Maleno como defensora de derechos humanos y el impacto positivo de su labor para la democracia y el Estado de derecho; el cese de la criminalización, depurando responsabilidades en las instituciones pertinentes para la no repetición de acciones persecutorias contra su persona; la protección de Helena Maleno y de su familia, permitiendo el ejercicio de su legítima labor de defensa de derechos humanos; y la reparación de los innumerables daños instigados contra la defensora y su familia».

Helena Maleno ha recibido un gran apoyo no solo social sino también desde la política y el activismo. Desde sus cuentas de Twitter partidos como Izquierda Unida y Podemos, y cargos políticos como la ministra de Igualdad, Irene Montero, la vicepresidenta Ione Belarra, y Pablo Iglesias, han contribuido a la campaña de apoyo #JusticiaParaHelenaMaleno.  

También ha contado con los mensajes de apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional, insistiendo en que «la solidaridad no es delito», mientras Oxfam Intermon señalaba que «su labor salva vidas» y CEAR apuntaba a que «la solidaridad con las personas migrantes y refugiadas nunca puede ser un delito».

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Dos noticias positivas para el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático: En Francia, se ha aprobado este 10 de abril una ley que prohíbe las rutas aéreas domésticas que puedan ser cubiertas en un trayecto de tren de menos de dos horas y media, para reducir las emisiones de carbono. Por otro lado, en Groenlandia la victoria en las elecciones del partido de la izquierda ecologista, Inuit Ataqatigiit, pone en cuestión un gran proyecto de minería de tierras raras que suscitaba una gran controversia y al que se oponen desde la formación política.

Los diputados franceses han votado a favor de prohibir las rutas aéreas domésticas que puedan ser cubiertas en un trayecto de tren de menos de dos horas y media. Esta medida es parte de un proyecto de ley más amplio, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, cuyo objetivo es reducir para 2030 las emisiones de carbono en un 40% (comparado con niveles de 1990).

La decisión ha sido criticada por la industria de la aviación que atraviesa una gran crisis a causa de las restricciones por la pandemia. Sin embargo la votación ha tenido lugar apenas unos días después de que el gobierno galo anunciar que contribuirá con 4.000 millones de euros a la recapitalización y rescate de Air France, su aerolínea de bandera. Y algunos ecologistas han señalado que aunque la prohibición es positiva, la norma «se queda corta» ya que se pedía que se abolieran todos los trayectos aéreos que pueden ser cubiertos en tren en 4 horas.

Por otro lado en Groenlandia, en las elecciones, ha ganado con el 36,6% de los votos el Inuit Ataqatigiit, el partido de la izquierda ecologista, derrotando al Siumut, el partido socialdemócrata, que llevaba gobernando casi ininterrumpidamente la isla desde 1979 -sólo salieron del poder entre 2009 y 2013-. Esto además de suponer un vuelco político, ya que el Inuit Ataqatigiit aboga por la independencia de Dinamarca, tiene además serias implicaciones para un proyecto de minería de tierras raras y las explotaciones mineras en general.

El actual gobierno de Siumut estaba a favor de un gran y controvertido proyecto de a empresa australiana Greenland Minerals -controlada por Shengue Resources, una empresa de China- para explotar los recursos mineros que parecen existir en Kvanefjield (o Kuannersuit en unuit), al sur de Groenlandia, en concreto las tierras raras ricas en neodimio. Este es un componente que se usa para fabrica decenas de productos desde cristales de astronomía, láseres, turbinas eólicas o vehículos eléctricos.

Pero este proyecto, que también contemplaba la extracción de uranio, había suscitado la inquietud y rechazo de la población local y ha tenido un impacto significativo en el resultado electoral. La minería es uno de los principales sectores económicos de Groenlandia y el cambio climático podría facilitar algunas explotaciones hasta ahora difíciles por la presencia del manto de hielo que cubría la isla. Esto permitiría los groelandeses ganar en autonomía e ingresos y reducir su dependencia de los subsidios que les envían de Dinamarca.

Sin embargo en estas elecciones, los votantes han primado la protección medioambiental y que el desarrollo se lleve a cabo sin daños ecológicos. Aunque la mitad de los groelandeses afirman no ser contrarios a los proyectos mineros, se pide que cualquier explotación sea respetuosa del medio ambiente. Y desde el Inuit Ataqatigiit se defendía que el proyecto de Kvanefjield no cumple esas condiciones. Su triunfo puede asimismo dificultar otros planes de extracción minera en la isla, que hace dos años atrajo, precisamente por esto, la atención de Donald Trump y una polémica oferta de compra.

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Isabel Serra, número dos de la lista electoral de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, anunció en La Cafetera de Radiocable.com, la propuesta de «gratuidad de la universidad y la FP, frente a las sucesivas subidas de tasas  la reducción de becas por parte de los gobiernos del PP». Aseguró que «la Comunidad de Madrid puede pagar la gratuidad de la universidad y la FP, pero no solo eso, sino que se necesitan plazas de FP». Según Serra, «el conjunto de la educación ha sido un objetivo central para el Partido Popular, para el adoctrinamiento y para favorecer la desigualdad». «Somos la tercera región de Europa con más segregación escolar»- señaló (entrevista a partir del minuto 32:10).

isabel serra

Serra insistió en que el gobierno de la Comunidad de Madrid «no ha dedicado ni un solo euro, a parte de lo que han recibido por parte del gobierno estatal o los fondos europeos, para enfrentar a la pandemia». En Madrid, apuntó: «Hay 600.000 personas cubiertas con ERTE y es de las pocas regiones que no ha complementado esos ERTEs con más ayudas». Y, en cuanto a la hostelería, dijo: «Se ha gastado más euros en el video de propaganda que en ayudas a la hostelería, 7.000 millones por parte del gobierno estatal frente a los cero euros de la Comunidad de Madrid«.

Según Isabel Serra, Ayuso «ha utilizado la pandemia de una forma perversa para jugar con las vidas de los madrileños, pero sobre todo para construirse un perfil estatal contra el gobierno de coalición». «Aún así», dijo, «hay una oportunidad de frenar la posibilidad de que vuelva a ser presidenta». E insistió: «No podemos permitir que Ayuso siga gobernando y tampoco que entre la extrema derecha«.

Serra apeló a la movilización del voto de «los barrios populares» porque, argumentó: «Las veces que la izquierda ha sido mayoría en la Comunidad de Madrid es porque los barrios populares se movilizaron». Además, llamó a «evitar entrar en peleas entre las izquierdas». «Porque la gente está cansada de las guerras entre la izquierda y pide que nos unamos,  echemos a la derecha y evitemos que entre la extrema derecha»- señaló.

Para Isabel Serra «Ayuso ha utilizado la pandemia para continuar cargándose la sanidad pública». Desde su formación, proponen «contratar más personal en condiciones dignas, revertir las privatizaciones, y dotar de recursos la atención primaria, que garantiza el acceso en igualdad de condiciones a la sanidad». Y llamó la atención sobre las listas de espera y la «desatención de muchas otras enfermedades». Además, defendió la propuesta de Unidas Podemos de dar «cobertura universal» en fisioterapia, dentista y oculista: «No puede ser que cuestiones centrales estén derivadas a lo privado».

Respecto a la posibilidad de pactos con Ciudadanos, respondió: «Todo lo discutiremos y lo haremos en función de propuestas programáticas, lo que pasa es que lo hemos visto en estos años es que Ciudadanos tiene un proyecto antagónico a Unidas Podemos«. Por lo que, afirmó: «Es algo muy difícil, por no decir un imposible».

Sobre la candidatura de Toni Cantó, rechazada por la justicia, dijo: «La justicia ha considerado que Toni Cantó no puede hacer trampas y les ha salido mal esto que hace Ayuso permanentemente de premiar a quienes se saltan la ley y a quienes hacen trampas». Según Serra, «la lista de Ayuso tiene a otras tantas personas o que están implicadas en casos de corrupción como la Gürtel y Púnica o que deberían de ser juzgadas por cosas gravísimas». Y citó al consejero de Sanidad Ruiz Escudero, «con los protocolos aplicados en las residencias de mayores durante la primera fase de esta pandemia que dejó sin atención sanitaria a miles de personas». E insistió en que «la lista del PP es una lista que premia a quienes hacen trampas».

En relación a la candidatura de Pablo Iglesias, señaló: «Yo he sido condenada por manifestarme a favor de una persona con discapacidad que fue desahuciada en 2014, con acusaciones absolutamente falsas, con un montaje y una identificación por parte de la policía absolutamente irregular». Entonces, como contó, recurrió la condena al Tribunal Supremo y «en las próximas semanas, puede ser que meses», se pronuncie. Sin embargo, dijo: «Viendo la justicia de este país que muchas veces no es justa no podíamos arriesgarnos a que fuera cabeza de lista y que en mitad de la campaña me inhabilitasen y el partido se quedara sin candidata». Entonces, según contó, se dirigió a Pablo Iglesias y «a partir de ahí él decidió dar este paso hacia adelante». Una decisión que, a juicio de Serra, «ha roto la campaña que tenía pensada Ayuso y ha abierto una oportunidad en la Comunidad de Madrid» y «animado a mucha gente».

La Cafetera, además, analizó con José Romero, la posición de España respecto a las reformas propuestas por Bruselas. Por otro lado, con Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional España, se puso el foco en el informe anual que realizó la organización sobre la situación de Derechos Humanos en el mundo. Y, en la página internacional, las elecciones de Ecuador marcaron la actualidad y dieron como vencedor al conservador Guillermo Lasso y la derrota del correísta Andrés Arauz.

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España se convirtió el 18 de marzo en el cuarto país europeo en despenalizar y regular la eutanasia, justo en un momento en que la cuestión se está debatiendo en otros parlamentos como Francia o Portugal y está también en el foco en países como Suiza o Polonia. Coincidiendo con el inicio el pasado 8 de abril de las sesiones en la Asamblea Nacional francesa, numerosos medios galos están poniendo como referencia el caso de España y señalando las «lecciones» que se pueden extraer. Se resalta que la ley que legaliza la eutanasia y el suicido asistido establece «garantía severas» pero se ha aprobado con una amplia mayoría parlamentaria -aunque apunta que la derecha y la extrema derecha se han opuesto y han anunciado un recurso-  y un aún mayor apoyo social superior al 85% de la población.

RFI destaca que la eutanasia vuelve al corazón del debate político europeo y que España ya ha dado el paso. La radio explica que varios parlamentos europeos han recuperado de nuevo la cuestión relativa al «fin de la vida» y la eutanasia que en Francia se debate en la Asamblea Nacional desde el 8 de abril. Y subraya que en este campo, España ya ha dado el paso y se ha colocado, al lado de Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, como el cuarto país europeo que la autoriza. Detalla que la nueva ley ha contado con una mayoría muy amplia y el apoyo del 85% de la población y es vista como una victoria para la asociación por el derecho a morir dignamente. Recuerda asimismo que en España ha habido varios enfermos muy mediatizados cuyo «camino» se ha seguido.

France Info apunta que en el debate sobre la eutanasia, España ha optado por la legalización. La emisora gala apunta que en toda Europa la cuestión sobre lo que en Francia se ha denominado «fin de vida libre y elegido» se está abordando de distintas maneras. Explica que en Polonia se ha prohibido, pero en España se acaba de legalizar. Detalla que se han establecido una serie de garantías «bastante severas», pero permite a las personas que sufren una enfermedad grave e incurable que les provoca un sufrimiento insoportable acceder a la eutanasia. Añade que la ley constó en un amplio apoyo de 202 votos en el Congreso y aunque la extrema derecha de Vox ha anunciado que la va a recurrir, la legalización de la eutanasia suscita la adhesión del 87% de la población española.

Liberation resalta que España, tras 30 años de lucha, es el 4º país de la UE que aprueba la eutanasia. El diario galo, en un reportaje de su corresponsal François Musseau detalla que la ley de eutanasia aprobada en el Congreso a mediados de marzo entra en vigor el 25 de junio y permitirá a cualquier persona que sufra una enfermedad grave e incurable o crónica e invalidante «decidir sobre su propia vida. Subraya que tras Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, España se convierte en el cuarto país europeo en aprobar la eutanasia y enfatiza la «legión» de obstáculos que ha enfrentado un país «de herencia católica». En este sentido apunta que algunos casos mediáticos, como el de Ángel Hernández que ayudó a morir a su mujer María José en 2019 han contribuido a la causa, aunque fuera el de Ramon Sampedro el que iniciara la campaña. Aunque advierte de que España aún tiene pendiente conseguir que se aplique la ley y menciona los recursos de PP y Vox y el aval de las comisiones de garantías como retos.

Equinox habla de las «lecciones españolas» para el debate francés sobre la eutanasia. La publicación señala que la pandemia ha vuelto a poner el foco sobre el «tabú de la muerte» y a nivel legislativo se está debatiendo en Francia y otros países europeos. Pero enfatiza que España ha vivido una «revolución» en su relación con la muerte y la posibilidad de tomar decisiones con respecto a ella y ha aprobado la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido. Apunta que ha habido «desafíos intelectuales, morales y jurídicos fascinantes» y han existido asimismo movimientos de oposición a la norma, pero enfatiza que en España la eutanasia es apoyada por el 87% de la población.

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