El Valle de los Caídos, en Madrid, donde estaba enterrado Francisco Franco hasta su exhumación en el 2019.
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Manuel Sánchez-Moreno, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
Una de las materias pendientes de España respecto a los compromisos internacionales, adquiridos ante el sistema universal de protección de los derechos humanos, son los delitos internacionales cometidos por la dictadura franquista y la necesidad de establecer medidas de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición.
Se han venido aprobando una serie de leyes a nivel estatal y autonómico que han permitido abordar algunas recomendaciones de Naciones Unidas. A nivel estatal, con el Partido Socialista (PSOE) en el gobierno, en 2007 se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que quedó sin presupuesto con el Gobierno del Partido Popular (PP) en 2012.
Esta ley fue derogada por una más avanzada de Memoria Democrática en 2022, que sigue en vigor, si bien sigue siendo insuficiente en lo que se refiere a la justicia penal. En esta misma línea se aprobaron hasta 14 leyes autonómicas principalmente bajo gobiernos nacionalistas, socialistas y de izquierdas.
Desde las elecciones autonómicas de mayo de 2023 en las que el PP venía liderando gobiernos autonómicos en coalición con Vox o con su apoyo, la tendencia es la derogación de las leyes autonómicas y en algunos casos la propuesta de “leyes de concordia” que omiten toda alusión y condena de la dictadura franquista, manteniendo la impunidad y desatendiendo a las víctimas, a favor de una supuesta reconciliación.
Un contexto territorial muy diferente
Este panorama tiene varios escenarios que dependen del contexto territorial concreto y del utilitarismo que se pueda desprender de la derogación o no de estas leyes.
Por un lado, Aragón se ha convertido en la primera autonomía en derogar una ley de memoria, en base al pacto de coalición entre PP y Vox, y en proponer un plan de concordia.
Castilla y León contaba con un decreto de memoria promulgado por el PP en 2018, derogado por el posterior gobierno de coalición con Vox.
En Valencia, la ley de memoria de 2017 aprobada por la coalición PSOE-Compromís quedó a la par derogada.
Tanto Castilla y León como la Comunidad Valenciana han propuesto también leyes de concordia.
Igualmente, el gobierno de coalición PP-Vox de Extremadura preveía derogar la ley de memoria de 2019 del PSOE y proponer una ley de concordia, que parece que no se llevará a cabo con la ruptura de la coalición.
En Baleares la ley de fosas de 2016 se mantiene, pero el gobierno autonómico del PP y Vox ha derogado la Ley de Memoria Democrática de 2018.
Por otro lado, Asturias, con un gobierno del PSOE e Izquierda Unida, sigue manteniendo la normativa autonómica en memoria democrática, así como Canarias, cuya ley data de 2018 y con la continuidad del mismo partido, Coalición Canaria.
Castilla-La Mancha no tiene ley de memoria, pero la continuidad del PSOE en el gobierno autonómico mantiene el Consejo Asesor de la Memoria Democrática, que funciona desde 2021.
Cataluña también mantiene desde 2007 la Ley del Memorial Democrático, bajo el gobierno del PSOE, complementada en 2009 con una ley de fosas y otra en 2017 para la reparación jurídica de las víctimas del franquismo, que fueron promovidas por posteriores gobiernos nacionalistas.
La Ley Foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936 lleva en vigor en Navarra desde 2013, junto con la Ley Foral de Lugares de la Memoria Histórica de 2018, ambas bajo diversos partidos nacionalistas, y siguen en vigor con la coalición entre el PSOE, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
El Partido Nacionalista Vasco, que sigue en el gobierno, aprobó su ley de memoria en 2023.
Particular es el caso de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada por el PSOE en 2017 sin ningún voto en contra y que sigue en vigor. Eran años en los que en este contexto autonómico concreto no existía un fuerte disenso, ni había surgido Vox como llave de gobiernos del PP.
En La Rioja, la ley de memoria aprobada en 2022 por el PSOE tampoco prevé ser derogada por el actual gobierno, con mayoría absoluta del PP.
En Cantabria, por el contrario, el PP también gobierna en solitario, pero prevé derogar con el apoyo de Vox la ley de memoria aprobada en 2021 por el PSOE.
Galicia, Madrid y Murcia no tienen legislación en la materia. Las tres comunidades han sido feudos asentados del PP.
Ahora que Vox ha dado por rotos los pactos autonómicos con el PP, no sabemos en qué situación quedarán las políticas de memoria en aquellos territorios en los que gobernaba la coalición.
Las derogaciones de las leyes de memoria y la propuesta de leyes de concordia ya han sido denunciadas tanto por el gobierno central, que recurrirá al Tribunal Constitucional, como por Naciones Unidas, para la que esta situación pretende “invisibilizar” las “graves violaciones de los derechos humanos” cometidas durante el “régimen dictatorial franquista”.
Manuel Sánchez-Moreno, Coordinador Académico del Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo: Gestión y Dirección de Proyectos, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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