El plan de vacunación del gobierno español, presentado esta semana, es noticia en varios medios de todo el globo. Se resalta que España tiene previsto empezar a vacunar desde enero por grupos de prioridad, empezando por residencias y sanitarios. Se añade que la campaña de vacunación será masiva y se llevará a cabo desde 13.000 centros de salud públicos por todo el país para intentar que una parte sustancial de la población esté inmunizada en seis meses. Asimismo se pone especialmente de relieve que en España la vacuna será gratis y voluntaria.

Les Echos surbaya que Madrid presenta un plan de vacunación «masivo, gratuito y voluntario». El diario francés detalla en un artículo de Cécile Thibaud que el gobierno español ha diseñado una campaña de vacunación contra la Covi19 que se llevará a cabo «exclusivamente» en 13.000 centros de salud públicos de todo el país y que será «gratuita, pero voluntaria». Añade que empezará en enero y tendrá como primer objetivo proteger a las poblaciones más vulnerables, empezando por los pensionistas, sanitarios y dependientes.

The Times apunta que España planea empezar la vacunación masiva contra la Covid 19 en enero. El rotativo británico recoge la intervención de Pedro Sánchez en la que anunció que España empezará a vacunar por «grupos de prioridad» y en 13.000 centros en enero y espera tener cubierta a una «parte sustancial» de la población en seis meses. Añade que el presidente español ha advertido de que por delante quedan «meses difíciles» pero España ya tiene «hoja de ruta» para afrontarlos.

Reuters resalta que las residencias serán las primeras en recibir la vacuna en España y que será gratuita. La agencia británica explica que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha desvelado el plan nacional español de vacunación que determina que los residentes y personal de las residencias de mayores serán los primeros en ser vacunados en España. Apunta que el gobierno ha establecido 18 grupos de ciudadanos que irán recibiendo gradualmente la vacuna, y tras las residencias, los sanitarios serán los segundos. Subraya asimismo que Illa ha explicado que la vacuna será gratuita y voluntaria.

Le Point recoge que España vacunará desde enero. El semanario galo resalta que el presidente español, Pedro Sánchez ha asegurado que podrán acometer una campaña de vacunación en toda España desde principios de 2021 a través de 13 centros de salud repartidos por todo el país. Añade que España recibirá el 10% de las vacunas pre-encargadas por la UE en 5 grupos farmaceúticos y seguirá la estrategia concertada a nivel europeo, priorizando personal médico, mayores y grupos vulnerables.

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Escocia se convierte en el primer país del mundo en dar acceso gratuito a tampones y compresas a todas las mujeres. Con la aprobación del proyecto aprobado por unanimidad en el Parlamento escocés los productos para la menstruación serán accesibles de forma gratuita en edificios públicos.

tampax compresas productos menstruacion wikipedia

Desde dos años Escocia proporciona este tipo de productos a estudiantes en escuelas, colegios y universidades a través de un programa del gobierno.  Según explica The New York Times, la nueva ley se basa en esta medida anterior e introduce el derecho a acceso gratuito a tampones y compresas en escuelas, colegios, universidades y todos los demás edificios públicos.

Según una encuesta publicada en 2017 por la organización ‘Plan International UK‘, una de cada 10 niñas en el Reino Unido no habían podido pagar los productos para la menstruación. Además del ‘tabú’ que suponía para casi la mitad (el 48 %) de las niñas de 14 a 21 años en el Reino Unido que aseguraron sentirse avergonzadas de sus periodos. Y casi tres cuartas partes (el 71%) de las niñas admitieron que se habían sentido avergonzadas al comprar estos productos.

Nicola Sturgeon, la primera ministra de Escocia, publicó en Twitter después de la votación que estaba «orgullosa de votar a favor de esta innovadora legislación», y la calificó de «política importante para las mujeres y las niñas».

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Ya está en las librerías españolas «Las Brigadas Internacionales. Fascismo, libertad y la Guerra Civil española», la última obra de Giles Tremlett, el ex corresponsal de The Guardian o The Economist y autor de varios libros sobre España, aborda ahora en profundidad la historia de los combatientes extranjeros que lucharon contra el fascismo durante la Guerra Civil. Y tras plantearse «¿fueron héroes o ilusos?», Tremlett trata de ofrecer un mirada nueva y sobre todo informativa sobre este episodio histórico «épico, repleto de sangre e ideales» que sigue removiendo emociones en España. Su libro está recibiendo numerosos elogios. El prestigioso hispanista Paul Preston asegura que es «una obra tan conmovedora como informativa, es la historia completa de las Brigadas que se echaba en falta».

La obra sitúa el germen del origen de las Brigadas Internacionales en las Olimpiadas Populares de Barcelona, convocadas para julio de 1936 en oposición a los Juegos Olímpicos de la Alemania de Hitler. Y resalta que aunque el evento se canceló por el estallido de la Guerra Civil, numerosos deportistas extranjeros decidieron quedarse en España y unirse a las milicias republicanas, junto a otros europeos de izquierdas que ya vivían exiliados en la Península.

Esto dio luego lugar a las Brigadas Internacionales, la mayor movilización internacional de combatientes que llegó a contar con 35.000 voluntarios de 60 países que vinieron a España a luchar contra el fascismo. Giles Tremlett recoge las experiencias y aventuras personales de los brigadistas, pero también describe las coyunturas políticas, las sangrientas batallas o las tensiones internas entre comunistas, anarquistas y las distintas nacionalidades para tratar de contar «la historia completa» del fenómeno con sus grandezas y miserias.

El libro «Las Brigadas Internacionales. Fascismo, libertad y la Guerra Civil española» incluye una extensa documentación. En concreto mucha información nueva del Comintern, el órgano rector de la Internacional Comunista controlado desde Moscú, que tuvo un papel clave en la formación y vida de las brigadas y a cuyo archivo, Giles Tremlett  ha tenido pleno acceso por primera vez. Y aunque se evidencia que entre los voluntarios «hubo tanto devotos como violadores» y no todas las biografías fueron ejemplares, la obra fija un denominador común entre ellos: todos tenían conciencia de participar en una lucha antifascista de la que la guerra española era sólo el preámbulo.

Giles Tremlett lleva en España desde 1992 y ha sido corresponsal de The Guardian hasta 2013, aunque en la actualidad es “contributing editor”, una especie de analista destacado. Durante una década y hasta 2016 también fue el corresponsal en España de The Economist. Es además autor de libros sobre España, como una biografía sobre Catalina de Aragón, otra sobre Isabel la católica  y “Ghost of Spain”, un viaje sobre el pasado oculto del país, de los que ha vendido más de 200.000 copias. En 2012 fue premiado por el Club Internacional de Prensa como mejor corresponsal extranjero. Entre sus últimos artículos sobre España destacan el análisis sobre cómo España pudo responder tan mal en el inicio de la pandemia, un reportaje sobre el asalto a la embajada norcoreana en Madrid, la defensa de que la izquierda debía unirse para dirigir la recuperación, o un artículo detallando cómo un grupo de universitarios creó Podemos y cambió la política europea.

giles-tremlett

 

La organización ecologista Greenpeace analiza la huella ecológica del comercio electrónico y concluye que «comprar online no es malo en sí mismo». De hecho, señalan, «durante la pandemia ha dado una posibilidad a pequeños negocios que no tenían otra forma de vender sus productos». Sin embargo, «el consumo masivo sí tiene consecuencias muy negativas: necesitaríamos tres planetas Tierra para satisfacer nuestra tasa actual de consumo».

trabajo desde casa

De cara al próximo y la temporada navideña piden «reinventar el consumo»: apostar por las tiendas locales y sostenibles (aunque sea de forma online) y reparar o comprar de segunda mano. E insisten en que «cada vez que compramos algo online, consumimos recursos y emitimos gases de efecto invernadero».

Para Greenpeace comprar online es sostenible cuando «compramos solo lo que necesitamos» y priorizamos «las tiendas de barrio». También cuando no hay alternativa local y la tienda física se encuentra lejos, porque «así ahorramos desplazamientos individuales». Además, piden poner atención al tipo de embalaje del producto, que debe ser «mínimo o incluso retornable o reutilizable». Y recomiendan evitar devoluciones, y en el caso de hacerlo, que «la empresa no destruya los artículos, sino que los vuelva a poner en venta».

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Las víctimas de violencia de género siguen sin denunciar, por miedo a no ser creídas o a su agresor. En 2020, de las 41 mujeres asesinadas, solo el 15% había presentado denuncia. Según la Macroencuesta sobre Violencia contra la Mujer de 2019, la violencia de género se denuncia solo en el 21% de casos. Una preocupación sobre la que pusieron el foco desde el Ministerio de Igualdad. La ministra Irene Montero señaló que «muchas mujeres no denuncian por miedo a no ser creídas» y la responsabilidad «como Estado de garantizarle a todas las mujeres que no están solas y que tienen muchas puertas de entrada para denunciar las violencias que sufren».

Sobre la falta de denuncias previas, la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, dijo en La Cafetera, que «la puerta de la policía y los juzgados es una puerta demasiado estrecha sobre todo para las mujeres más vulnerables». Y propuso insistir en «otras puertas, de atención sanitaria, psicológica, de salud mental, o de pediatría en las que se detecta más violencia que la que se denuncia en policía y juzgados, un 37 %».

Desde Amnistía Internacional señalaron que «el 48% de las mujeres en España aún no tiene acceso a una asistencia integral contra la violencia sexual». Denunciaron especialmente la falta de centros y la desigual atención a nivel autonómico -con nueve comunidades autónomas que aún no han impulsado medidas de protección integral-. La organización pide que se aproveche la nueva ley de Libertad Sexual y que haya un presupuesto específico en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para proteger más a las mujeres de estas agresiones.

8M 2018ser mujer factor riesgo

La desprotección de las víctimas de violencia de género no es exclusiva de España. En el mundo, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual y menos del 40% buscan ayuda, según datos de Naciones Unidas.

María Noel Vaeza (ONU Mujeres para América Latina y el Caribe) destacó «la importancia de la prevención» de la violencia género durante la pandemia e hizo un llamamiento a gobernantes de Latinoamérica para que «tomen este tema con voluntad política y que decidan invertir para prevenir esta violencia».

Los servicios de asistencia a víctimas de violencia de género en España son el teléfono 016, el email 016-online@mscbs.es. Además del servicio de WhatsApp a través de los siguientes números: 682916136, 682508507. Además del teléfono de emergencias, el 112. Y los teléfonos de emergencias de Policía Nacional (091) y de Guardia Civil (062).

Ante una situación de peligro, si no es posible realizar una llamada, las autoridades recomiendan utilizar la app ALERTCOPS (para Android, y para iOS) , desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con la localización.

En la página internacional, La Cafetera puso el foco en los nuevos nombramientos del gabinete de Joe Biden y la posición de Trump en el proceso de transición. Mientras, en Perú continúa la crisis política que incluso abre el debate sobre la reforma de la Constitución. También fue muy destacado por la prensa internacional el caso de 16 niños venezolanos deportados por Trinidad y Tobago. Así como el referéndum en Suiza del próximo domingo para decidir si se prohíbe la financiación de empresas que fabrican armas (minuto 31:10).

En la agenda cafetera, la que conforman los oyentes, el programa destacó la información de que Escocia se ha convertido en el primer país del mundo en dar acceso gratuito a tampones y compresas. Así como la situación migratoria en las Islas Canarias, donde llegó este martes una patera tras el naufragio de las 36 personas a bordo (minuto 46:30).

El programa, además, analizó con José Romero los datos que revelan que la mayoría de mujeres siguen sin elegir carreras tecnológicas. Aunque, en general, existe un déficit de vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre estudiantes de formación profesional  y la universidad, esto se agrava entre las mujeres (minuto 53:25). El programa también conversó con César Dos Santos sobre los momentos más destacados de la semana en la comunidad de oyentes (minuto 66:50).

 

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Las manifestaciones contra la ley de educación han tenido poco impacto en la prensa internacional, pero algunos sí las han recogido, enfatizando sobre todo que la norma ha provocado un gran rechazo en la derecha española y un nuevo enfrentamiento con el gobierno y la izquierda. El FT, en particular, resalta que la Ley  Celaá ha desatado una «guerra lingüística» cuyo epicentro está en Cataluña. Aunque también subraya que se trata de la octava reforma educativa que vive España en cuatro décadas, «una por cada cambio entre izquierda y derecha en el poder» y en general siempre han generado conflictos políticos. RFI, por su parte, destaca el gran malestar de la derecha con la ley que ve como «lo peor de lo peor» y menciona la polémica por el uso del español, pero también los límites a la concertada y otros reproches.

Financial Times resalta que la nueva Ley de Educación en España aviva la «guerra lingüística». La crónica del diario británico es de su corresponsal Daniel Dombey y recoge el enfado con la norma de grupos como Hablamos Español por eliminar la referencia a la lengua vehicular y las voces que la ven como una «insidiosa amenaza» al Estado. Añade que la derecha la acusa de violar la Constitución e incluso la RAE se ha pronunciado  expresando su preocupación «por cuestionar el uso del español». Pero enfatiza que desde la izquierda se describe esta nueva controversia como «inventada», se recuerda que la mención a la «lengua vehicular» se introdujo en 2013  y se acusa a los que critican la ley de usar el idioma como una excusa para desviar la atención sobre los verdadero pilares de la norma que busca modernizar una enseñanza basada en la memorización y nivelar el campo entre educación pública y concertada.

 

Pero el artículos subraya que la batalla muestra de nuevo el «abismo» existente entre el gobierno y la oposición y asimismo evidencia las tensiones que existen en la sociedad española sobre la educación y las lenguas. Recuerda que España ha tenido ocho reformas educativas en cuatro décadas, una por cada cambio de gobierno entre izquierda y derecha y rara vez se han evitado los  «intensos conflictos políticos». Pero pone de relieve que en esta ocasión el epicentro de la controversia es Cataluña, «donde el catalán domina la enseñanza en los colegios». Recoge en este sentido los argumentos de los defensores del español que se quejan de intimidación por pedir la enseñanza en castellano y califican de «inconstitucional» la inmersión lingüística. Pero contrapone los de los partidarios del catalán, que resaltan que sus alumnos obtienen mejores notas en lengua y literatura españolas que los del resto del país y que los idiomas con poco hablantes necesitan apoyo, mientras que el español lo hablan 489 millones de personas y no está en peligro.

RFI se hace eco del enfado de la derecha española con la Ley Celaá que critican como «lo peor de lo peor». La radio francesa, en un reportaje de François Musseau, recoge las manifestaciones en coche del domingo contra la ley de educación del gobierno de izquierdas español y resalta en particular el enfado de los tres partidos de derecha que la acusan de ser «lo peor de lo peor». Destaca que entre los reproches que le hacen a la Ley Celaá destaca que reduce la importancia del español en las aulas frente al catalán o gallego. Pero menciona que la derecha también critica los límites a la educación concertada -que apunta es religiosa pero financiada en parte con fondos públicos- y el cierre de escuelas de educación especial.

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España ha dado pasos relevantes en los últimos años para abordar la violencia sexual, pero casi la mitad de las mujeres en el país siguen sin contar con asistencia integral en caso de sufrir algún tipo de agresión sexual. Amnistía Internacional denuncia especialmente la falta de centros y la desigual atención a nivel autonómico -con nueve CCAA que aún no han impulsado medidas de protección integral-. Y pide que se aproveche la nueva ley de Libertad Sexual y que haya un presupuesto específico en los PGE 2021, para proteger más a las mujeres de estas agresiones.

violencia genero mujer

El 48% de las mujeres, según AI, sigue sin contar en España con asistencia integral en caso de sufrir algún tipo de agresión sexual. No tienen, por ejemplo, acceso a centros a los que dirigirse para solicitar ayuda, y en los que se les pueda dar atención médica, psicológica y asesoramiento legal si quisieran presentar una denuncia. Y en este campo, existe además una gran desigualdad en cuanto a la atención por comunidades autónomas que ya denunció Amnistía en su informe «Ya es hora de que me creas» hace dos años.

Desde entonces algunas, como Asturias y el Ayuntamiento de Madrid, han creado centros de crisis que atienden de manera integral a las mujeres víctimas de violencia sexual 24 h del día. Otras siete comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla León, Comunidad Valenciana, y Murcia) también ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género y violencia sexual. Mientras que en Castilla La Mancha y en Euskadi existe un programa de atención psicológica para mujeres víctimas de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja y en Cataluña se ha creado una unidad contra las agresiones sexuales.

Pero se apunta que aún hay nueve comunidades que no han impulsado medidas que protejan de manera integral a las mujeres. Y AI considera que tanto la nueva ley de Libertad Sexual, que está preparando el Ejecutivo, como los Presupuestos Generales del Estado, son oportunidades para avanzar en la prevención de la violencia sexual. Pide en concreto presupuestos específicos para ello. Detalla que en los PGE 2021 hay una partida de 180 millones de euros para el cumplimiento del Pacto de Estado de Violencia de Género, un 15% más que el año anterior. Pero advierte de que preocupa que solo cinco millones están expresamente dirigidos a programas de apoyo a víctimas de violencia sexual.

El aumento del 60% de los fondos para investigación que incluyen los nuevos presupuestos generales que prepara el gobierno ha desatado una «cauta celebración» de la comunidad científica en España que tiene la esperanza de que esto ayude a reconstruir y revitalizar un sistema científico dañado por la austeridad. Es lo que destaca la influyente revista científica británica en un artículo que firma Michele Catanzaro. Explica que la «lluvia» de dinero procede en buena parte del fondo de recuperación post-Covid de la UE, y en este sentido advierte de que las esperanzas de que se revierta parte del daño al sistema, conviven con el temor de que el impulso no se mantenga cuando se acaben estos fondos.

Nature resalta que los científicos españoles están «celebrando con cautela un notable aumento del presupuesto para investigación» y tienen la esperanza de que pueda revitalizar el sistema científico golpeado por una década de austeridad y recortes. Explica que el gobierno español ha presentado en el Parlamento unos PGE que incrementan los fondos para ciencia en un 60% con respecto a 2020 y que en caso de ser aprobados, elevarían el presupuesto del Ministerio de ciencia y tecnología hasta los 3.200 millones de euros, la mayor cantidad destinada nunca en España a la ciencia. Cita a investigadores como Amaya Moro Martín -que denunció en la propia revista en 2017 el abandono de la ciencia en España- o Jorge Barrero que lo celebran como un «cambio de tendencia» y una «gran noticia».

El artículo detalla que buena parte del aumento de dinero viene del fondo de recuperación post-Covid de la UE ya que, de los 140.000 millones de euros para España, el gobierno va a destinar 1.100 millones al Ministerio de Ciencia, añadiendo otros 2.100 millones de sus propios recursos. Enfatiza que muchos investigadores esperan que este dinero ayude a reconstruir el sistema científico español, muy golpeado desde la crisis financiera de 2008. Recuerda que los recortes y la austeridad redujeron a la mitad el presupuesto para investigación en 2013 y a penas ha crecido tras la recuperación económica . También resalta que el número de científicos en España se ha reducido y algunos hablan de «una generación perdida». Y advierte de que algunos investigadores temen que el incremento presupuestario no se mantenga cuando se acaben los fondos europeos, pero resalta que el gobierno de Sánchez y su ministro de ciencia Pedro Duque tienen planes para mantenerlo y alcanzar la meta de destinar el 3% del PIB a I+D.

Nature es una de las más antiguas y pretigiosas revistas científicas. Su primer número fue publicado en 1869. Se edita desde el Reino Unido por la compañía Nature Publishing Group, subsidiaria de Macmillan Publishers, propiedad del Grupo Editorial Holtzbrinck (dueños del semanario Die Zeit). La revista es leída por científicos e investigadores de todo el mundo siendo la mayor parte de los artículos exposiciones de trabajos de investigación muy técnicos. Pero también incluye editoriales y noticias científicas de carácter general así como artículos sobre política científica en diferentes países. 

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La Organización Metereológica Mundial (OMM) informa de que la desaceleración industrial por la pandemia no ha frenado los niveles récord de gases de efecto invernadero, «que atrapan el calor en la atmósfera, aumentan las temperaturas y provocan un clima más extremo». Según explica Juan López Uralde en La Cafetera de radiocable.com, «ese parón en la emisión de gases no ha tenido consecuencias en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera». De modo que, «la concentración sigue creciendo, porque lleva una inercia». Y, advierte: «Si seguimos emitiendo tal cantidad de gases, la capacidad de sumideros de carbono -fundamentalmente océanos y bosques, no será suficiente para frenar ese crecimiento» (minuto 52:20).

polucion contaminacion aire

Los datos que ofrece la organización concluyen que las concentraciones de dióxido de carbono subieron en 2019 y el promedio mundial anual superó el umbral de 410 partes por millón, un aumento en comparación con el año anterior. Y, en 2020 este incremento ha continuado a pesar de las medidas de confinamiento que redujeron las emisiones de muchos contaminantes y gases a la atmósfera.

Como explica Juan López Uralde, esto responde a «la inercia» y, como describe la OMM, a que las concentraciones son la suma de las emisiones pasadas y actuales. Según los científicos, la reducción de emisiones causada por el COVID-19 al final no tuvo un impacto mayor que el de estas variaciones.

Para Uralde, la solución pasa por «cambios estructurales que realmente hagan de esa reducción una constante». De manera que «seamos capaces de contener ese crecimiento en la acumulación». El diputado y exdirector de Greenpeace también puso el foco en los privilegios del diésel en España y en cómo, a diferencia de otros países como Reino Unido, sigue sin dar la espalda a este combustible. Además, destacó el caso de «slapp» en la campiña gallega, en concreto del caso de Manuel, un agricultor gallego que se ha visto envuelto en lo que se conoce como una Demanda Estratégica contra la Participación Pública. Unas demandas que suelen presentar grandes empresas o despachos, a quienes denuncian alguna irregularidad sobre asuntos públicos, según explica Greenpeace.

Además, en la página internacional el programa analizó las últimas informaciones sobre el clima social en Guatemala después de las protestas que terminaron con parte del parlamento en llamas. Así como también puso el foco en los primeros nombramientos del gabinete de Joe Biden y el juicio por corrupción al que se enfrenta el expresidente Nicolas Sarkozy (minuto 30:55).

En la agenda cafetera, la que conforman los oyentes, se hizo hincapié en los efectos contaminantes del comercio y consumo electrónico, y en la exigencia de Amnistía Internacional sobre la protección de las víctimas de violencia sexual en España (minuto 44:05).

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Es el caso de Manuel, el agricultor gallego que, tras denunciar la contaminación de una empresa ganadera, ahora se enfrenta a una demanda judicial por parte de dicha corporación. Greenpeace pone el foco en su caso como víctima de una Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). Un tipo de demandas que, según explica Juan López Uralde en La Cafetera de radiocable.com, funcionan como demandas judiciales intimidatorias que utilizan las grandes corporaciones «para tratar de frenar movimientos sociales o de protesta».

El caso concreto de Manuel, agricultor de la comarca de Limia, es el de una denuncia de la empresa Coren, «que se deshace de los residuos de sus granjas ganaderas vertiéndolos en el medio ambiente»- cuenta Uralde. En consecuencia, la corporación, para frenar esa denuncia, han presentado una demanda contra Manuel cuando, «lo que realmente están haciendo y lo que denuncia Greenpeace es tratar de silenciar la denuncia de esa contaminación del medio ambiente que están causando con su ganadería intensiva» (minuto 59:15).

Fuente: Greenpeace

Fuente: Greenpeace

El procedimiento consiste en «actuar contra personas destacadas de movimiento sociales que pueden perjudicar sus intereses y actúan legalmente contra ellos». De hecho, la organización ecologista señala ue las víctimas más habituales de estas demandas son activistas, periodistas independientes o investigadores, «que desempeñan una función de vigilancia imprescindible en los sistemas democráticos».

Según explica Greenpeace, el término SLAPP tiene sus raíces en Estados Unidos, donde en las últimas décadas este ha resultado ser «un fenómeno realmente preocupante para la libertad de expresión, tanto que actualmente algunos estados han implementado legislación para evitar este tipo de demandas». Como ha ocurrido también en Canadá y en Australia.

Esta práctica de acoso judicial «está cada vez más extendida en Europa, donde no existe ninguna legislación a día de hoy que las regule», apunta Greenpeace. Y pone el ejemplo de Italia, donde solo en 2017 se presentaron más de 9.000 demandas penales contra periodistas. Y en Portugal, Celtejo, una empresa explotadora de eucalipto, demanda al activista medioambiental Arlindo Marquês por publicar vídeos en redes sociales evidenciando su relación con la contaminación del río Tajo.

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