Hay 69 países de todo el mundo que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo aunque en 124 es legal y en 28, dos más que en la anterior revisión, existe matrimonio igualitario. Son datos de la última actualización del informe Homofobia de Estado, elaborado por la asociación internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Entre esos 69 países que aún castigan penalmente la homosexualidad y que suponen el 35% del total, hay además 11 que contemplan la pena de muerte.

El informe de la organización, del que se hace eco un artículo de Marta Borraz, Ana Ordaz y Raúl Sánchez en ElDiario.es, sirve de «mapa de la homofobia mundial» y evidencia tanto luces como sombras. Detalla como 30 países castigan a las personas homosexuales con hasta 8 años de cárcel, mientras que en otros 27 va de los diez años a la cadena perpetua. En seis países, como Arabia Saudí o Yemen,  existe «plena seguridad jurídica» de que el castigo es la pena de muerte, mientras que en otros cinco, Afganistán o Qatar, por ejemplo, «ciertas fuentes» lo indican. Lo que deja un total de 11 naciones que castigan con la muerte la homosexualidad. E ILGA también señala como motivo de preocupación que la legislación se queda corta para interpretar qué ocurre con la homosexualidad en cada país y apunta a la necesidad de un análisis más amplio que tenga en cuenta «múltiples capas de la realidad».

Pero se recalca que 2020 también ha sido un año de avances. Gabón, por ejemplo ha salido de la lista de los países que castigan penalmente las relaciones entre personas del mismo sexo, y Bután puede estar a punto de hacerlo. Y además la lista de países en los que se permite el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres ha  crecido con dos nuevos integrantes, hasta los 28, con la última incorporación de Costa Rica que se ha unido a España, Bélgica, Argentina o Canadá. Además 34 estados miembros de la ONU prevén algún tipo de reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo después de que en los últimos 12 meses Mónaco y Montenegro votaran a favor.

También se han expandido los países que cuentan con algún tipo de protección y de leyes contra la discriminación LGTBIfóbica. Si en la anterior actualización del mapa, eran 142, ahora son 156.

En cambio con la pandemia se ha reducido «de manera drástica» los espacios seguros para la comunidad LGTBI y algunos gobiernos ha aprovechado para «para oprimirnos, perseguirnos, convertirnos en chivos expiatorios y discriminarnos. En muchos lugares donde las leyes ya eran una causa de desigualdad, las cosas han empeorado», advierte la ILGA.

Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cuatro centros de salud en el mundo carece de servicios de agua, poniendo a 1800 millones de personas en un mayor riesgo de contraer el COVID-19 y otras enfermedades.

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Fuente: MSF

En los 47 países menos adelantados del mundo uno de cada dos centros de atención de salud no cuenta con acceso a agua potable básica. Sin embargo, asegura la OMS, es un problema que tiene solución. Costaría aproximadamente un dólar per cápita que estos 47 países establezcan un servicio básico de agua en los centros de salud.

Además, alertan de que uno de cada tres centros no tiene acceso a puntos para la higiene de manos en los lugares donde se presta atención y uno de cada diez no tiene servicios de saneamiento. Lo que «pone a los pacientes en riesgo de contraer infecciones de todo tipo», dijo el doctor Tedros Adhanon Gebreyesus, el director de la OMS.

El estudio propone implementar planes de trabajo nacionales con costes cuantificados y una financiación adecuada. Además de supervisar y examinar periódicamente los progresos en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, y ampliar las competencias del personal sanitario en respaldo a los servicios de agua, saneamiento e higiene y promover y practicar una buena higiene. Así como integrar los servicios de agua, saneamiento e higiene en la planificación, el presupuesto y la programación del sector de la salud.

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A pesar de que en marzo el gobierno español prohibió por ley los desahucios durante la pandemia, miles de personas se han visto obligados a abandonar sus casas en los últimos meses en España. lo destaca la TV pública británica en un reportaje de Tim Smith en el que detallan el caso concreto del barrio barcelonés de Ciutat Meridiana, conocido como «ciudad desahucios», como arquetipo del problema. Pero resalta que se trata de un tema sensible y común a todo el país que ha vuelto a poner el foco sobre la «falta crónica» de vivienda social en España. Añade además que ha desatado un «inflamado» debate público y político, en el que se mezclan el derecho individual a tener casa con las ocupaciones, los pisos vacíos y la falta de alternativas.

La BBC recuerda que en marzo de 2020, una ley prohibió «supuestamente» los desalojos durante la pandemia en España y Pedro Sánchez prometió que nadie perdería su casa. Pero enfatiza que esto no ha sido cierto para el barrio de Ciutat Meridiana «uno de los más pobres» de Barcelona y en donde los desahucios se han convertido en un «desagradable hecho cotidiano». Cita a activistas que revelan que cada semana registran entre 4 y 6 desalojos en este barrio conocido como «ciudad desahucios», pero la situación es extrapolable a otros puntos de España donde miles de personas han perdido sus viviendas. Y añade que parte del problema es que la prohibición de los desahucios del gobierno se ha limitado a la gente que puede demostrar que ha quedado en situación vulnerable directamente por la pandemia, algo que es difícil de determinar por los tribunales.

Pero el reportaje que mientras Podemos está intentando impulsar una nueva prohibición de desalojos, las ocupaciones ilegales de viviendas también se han convertido en una gran noticia en España y la oposición está reclamando medidas al respecto. Menciona la » oficina anti-ocupaciones » del Ayuntamiento de Madrid y las denuncias de que hay mafias aprovechándose de familias vulnerables. Pero enfatiza que el principal problema es la falta «crónica» de vivienda social en España, que solo alcanza al 2,5% del total del mercado inmobiliario, a la vez que es uno de los países de Europa con más pisos, propiedad de bancos y fondos, vacíos. Y subraya que mientras unos creen que España se ha convertido en un «paraíso de okupas», otros denuncian la desesperada falta de vivienda asequible. Y advierte: «el modo en que el gobierno responda a esto tendrá un impacto significativo en los más vulnerables».

BBC, British Broadcast Corporation, es la radiotelevisión pública británica. Fundada en 1922 es el mayor consorcio de radiodifusión del planeta con unos 23.000 empleados y el paradigma de emisora pública. Es una empresa estatal pero independiente de controles comerciales y/o políticos y que ha hecho de la neutralidad su emblema. No tiene publicidad y se financia mediante un canon que paga cada propietario de televisor y la venta de algunos productos (programas, libros, revistas…) Cuenta con varios canales de TV y radio en Reino Unido y un Servicio Mundial que transmite en el resto del planeta en más de 30 idiomas, siendo BBC Mundo su canal para el mundo hispano. Se estima que tiene una audiencia global de 330 millones de hogares. Su website es uno de los más seguidos del mundo con 2 millones de páginas vistas cada día. Ha protagonizado numerosos enfrentamientos con el gobierno británico como en el transcurso de la guerra de Irak y recientemente la BBC se ha visto envuelta en un escándalo por los abusos sexuales de uno de sus presentadores estrella que ha obligado a alguno de sus directivos a dimitir.

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El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, se une a los llamamientos de la OMS advirtiendo que el inicio de la vacunación no es el fin del virus. Simón explicó que «la inmunidad que produce la vacuna se genera un tiempo después de recibir la segunda dosis» y que, «durante todo ese tiempo, cuanto más alta sea la incidencia, más probabilidad hay de que una persona que haya empezado la vacunación esté expuesta a una infección». En consecuencia, La Cafetera de radiocable.com ha analizado la importancia de prevenir contagios antes y después de la vacunación con sus oyentes.

Fuente: UNICEF

Fuente: UNICEF

Ya a principios de diciembre la directora técnica de la OMS para la COVID-19, María Van Kerkhove, advertía: «La vacuna será otra herramienta más que tenemos para detener la transmisión, pero no será el fin del virus». Y el director de emergencias sanitarias de la organización, Mike Ryan, insistía en que «el mejor tratamiento es prevenir» y que cuando llegara la vacuna «no podemos actuar como si el virus ya no existiera, porque existe».

Como cada martes, La Cafetera también analizó con Juan López Uralde, diputado y exdirector de Greenpeace, la actualidad en materia de ecología. En esta ocasión sobre la situación climática tras cinco años del Acuerdo de París (entrevista a partir del minuto 35:00).

En la página internacional, el programa puso el foco en la confirmación de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos por parte del Colegio Electoral (minuto 55:30). Y, en la agenda cafetera, la que conforman los oyentes, se destacó la información de que cerca de 2000 millones de personas están en riesgo de contraer el COVID porque sus centros de salud no tienen acceso a agua (minuto 52:50).

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El líder del principal partido independentista flamenco, N-VA, y uno de los aliados de Carles Puigdemont en Bélgica, Bart De Wever ha sido entrevistado en el diario L´ Echo sobre su proyecto de confederalismo para el país. Y ante la pregunta de si se plantearía una vía unilateral hacia la independencia de Flandes, al estilo de Cataluña, de la mano del otro partido independentista y extremista Vlaams Belang en 2024, ha defendido que  cualquier avance en la autonomía debe ser a través de un «acuerdo ordenado» y no es su ambición desencadenar una situación «a la catalana».  Y el argumento que enarbola De Wever, actual alcalde de Amberes, es que el procés en Cataluña «cortó en dos a la comunidad, la ha dividido hasta la médula y la ha sumido en un estado de desesperación».

L´Echo recuerda que Bart De Wever estuvo a punto de conformar un acuerdo el pasado verano con el partido socialista belga para formar gobierno y avanzar en el confederalimso para el país, pero finalmente no hubo pacto. Pero defiende que esta opción es el futuro de Bélgica y que en las próximas elecciones de 2024, sus posiciones se verán reforzadas, aunque sostiene que siempre aboga por hacerlo en el marco de un acuerdo: «La cuestión de la autonomía flamenca, el confederalismo o incluso más allá, tendrá que resolverse a nivel federal. Debe haber un acuerdo ordenado, incluso desde una perspectiva internacional».

Y ante la pregunta de si el resultado de las urnas en 2024 diera una oportunidad de avanzar hacia la independencia de la mano del Vlaams Belang «¿no sería una tentación para el N-VA?», De Wever responde: «¿Vamos a desencadenar una situación a la catalana? Intente hacerlo con su propia comunidad: cortarla en dos -Cataluña está dividida hasta la médula- y luego sumergirla en una estado de desesperación. No es mi ambición». Y alerta del peligro que supone para un país «jugar esta carta torpemente».

L´Echo es un diario económico belga creado en 1881, inicialmente bajo el nombre L Écho de la Bourse. Es francófono y tiene en De Tijd a su periódico hermano flamenco. Ambos pertenecen a Mediafin, una empresa propiedad al 50% del Grupo Rossel, editor de de Le Soir y De Persgroep, responsable de De Morgen. Es la publicación de referencia en economía y finanzas para la comunidad francófona belga, aunque ha ido perdiendo tirada, desde los 260.000 ejemplares que vendía en 1990 a los 13.000 de 2014.

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Amnistía Internacional detalla las violaciones de derechos humanos agravadas durante la pandemia. Entre ellas, las que afectan a los derechos de las mujeres. La pandemia de la COVID-19 ha incrementado los niveles de inseguridad y violencia contra las mujeres en todo el mundo.

8M 2018ser mujer factor riesgo

Desde Amnistía que ya antes de la crisis sanitaria, una de cada cinco mujeres sufría violencia de su pareja en el hogar en Europa. Pero los confinamientos y las medidas de aislamiento para contener la propagación del virus han expuesto a las mujeres y las niñas a mayores riesgos de abusos.

Señalan el caso de países como Polonia, Rumanía o Eslovaquia que «han utilizado la COVID-19 como una oportunidad para socavar o restringir aún más el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres».

También denuncian que las personas migrantes y solicitantes de asilo han sido «víctimas de discriminación». Citan los casos de detenciones a migrantes en países como Canadá, Estados Unidos, o México; las «cuarentenas selectivas» en Alemania, Chipre y Serbia, y desalojos forzosos en Francia y Grecia; y la situación en los campos de refugiados en Grecia. Donde «miles de personas, mayores, personas con enfermedades crónicas, menores, embarazadas, madres primerizas y personas con discapacidad, se han visto atrapadas en condiciones lamentables y peligrosas de hacinamiento».

La crisis migratoria en las Islas Canarias también ha estado en el foco de Amnistía Internacional, señalando que «se estén tramitando órdenes de devolución sin que las personas migrantes o posibles solicitantes de asilo hubieran recibido una adecuada asistencia letrada, tal y como exige el derecho internacional de los derechos humanos».

La organización también ha llamado la atención sobre la situación en los CETIs (Centros de Estancia Temporal para Migrantes), especialmente en el de Melilla, «hacinado y sin reunir las condiciones adecuadas para garantizar la protección y la salud de las personas residentes».

La COVID-19 también «ha visibilizando y profundizando la discriminación, la violencia y otras violaciones de derechos humanos que sufren a diario las personas LGBTI«. Por ejemplo, las restricciones a la atención médica de todo aquello que no sea la COVID-19 ha paralizado también procesos de transición de miles de personas trans en países como Estados Unidos, India o Australia. Y sus tratamientos hormonales se han quedado en un limbo, la atención psicológica se ha ralentizado y las intervenciones se han pospuesto. Lo que «ha impactado en la salud psicológica de estas personas».

Los defensores y defensoras de derechos humanos también están «en el punto de mira». Amnistía Internacional denuncian que la pandemia «ha sido un castigo añadido» para los defensores y defensoras de los derechos humanos que están «injustamente encarcelados», y también «se ha utilizado como pretexto para cometer nuevos actos de hostigamiento, persecución e incluso homicidio contra ellos».

Además, destacan que los Gobiernos de Europa Oriental y Asia Central han respondido a la pandemia de COVID-19 «con medidas represivas y abusivas». Para la organización, la aplicación policial de las medidas de confinamiento en toda Europa «ha afectado desproporcionadamente a las minorías étnicas y los grupos marginados, que han sufrido actos de violencia, controles de identidad discriminatorios, cuarentenas forzosas y multas».

El personal sanitario también ha estado «amenazado». Afirman que en el mundo, con datos de septiembre, ya habían muerto al menos 7.000 profesionales de la salud tras contraer la COVID-19. Y solamente en México había entonces al menos 1.320 fallecimientos confirmados: la cifra más alta para un solo país.

En España, la degradación del servicio de Atención Primaria «ha llegado en lugares como Madrid a unos niveles tan preocupantes que provocan un riesgo en el derecho al acceso la salud en la comunidad». También, la organización ha documentado cómo «la inmensa mayoría de personas mayores que vivían en residencias de Madrid y Cataluña no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia». Y, «algunas de estas violaciones de derechos humanos siguen vigentes hoy»- aseguran.

Otra de las vulneraciones de derechos humanos que señala Amnistía es la censura de información esencial sobre la pandemia, que «se ha convertido en un fenómeno mundial». Por lo que «ha instado a los Gobiernos a contener su egolatría y dar prioridad a la salud pública».

Y recuerdan que los Gobiernos «deben garantizar que el empleo de tecnologías digitales para rastrear y monitorear a personas y poblaciones respeta plenamente los derechos humanos».

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Las voces que alertan contra la cotización en el mercado de futuros del uso del agua que se autorizó recientemente en Wall Street siguen creciendo. Numerosos expertos han señalado que ante la previsible escasez de agua que provocará el cambio climático y los conflictos que generará, la comercialización bursátil abre la puerta a la especulación. Pero además, Pedro Arrojo-Arroyo, relator de la ONU, ha asegurado que el mercado del agua «viola los derechos humanos básicos».

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Desde este 7 de diciembre de 2020, existe un nuevo índice bursátil en Wall Street llamado NQH20 y que constituye el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo. Lo ha lanzado CME Group con el pretexto de ayudar a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y equilibrar mejor las demandas competitivas del suministro de agua. Permite a compradores y vendedores intercambiar un precio fijo por la entrega de una cantidad fija de agua en una fecha futura.

No es el primer mercado donde se compra y se vende el derecho a utilizar agua, pero el hecho de que haya ahora un índice bursátil «acuático» oficial en Wall Street con afán puramente económico y el momento elegido para lanzarlo, cuando la incertidumbre por el cambio climático, hace temer una escasez de agua en el futuro, ha disparado numerosas alarmas.

Una de las más contundentes proviene de la ONU, donde el relator especial sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, ha asegurado que comercializar el agua en el mercado de futuros de Wall Street viola los derechos humanos: «Poner el agua en la bolsa de valores como si fuera oro o petróleo atenta contra el derecho básico de todos al agua»

El experto de Naciones Unidas ha recordado que el agua ya está bajo una amenaza extrema por el cambio climático, además de por una población y una demanda en crecimiento y por una contaminación grave de la agricultura y la industria minera. Y asegura: «No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos. es un bien público y es un componente esencial para la salud pública”, recalcando su importancia en la lucha contra la pandemia.

Y uno de los aspectos del mercado de futuros del agua que más preocupan a los expertos es precisamente que abre la puerta a la especulación. Aeeojp-Arroyo alertan de que podría atraer a especuladores como fondos de cobertura y bancos a apostar por el agua, repitiendo la burbuja especulativa del mercado de alimentos en 2008. Y también podría perjudicar a los pequeños agricultores.

Por otro lado, Gonzalo de la Cámara, investigador principal sobre economía del agua en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, recuerda en ElDiario.es, que en Chile, se creó un sistema para que los inversores agrícolas tuvieran la certeza de que iban a tener agua, permitiendo adquirir esos derechos gratis y a perpetuidad que podían ceder a terceros. La iniciativa fue un éxito económico, aumento los regadíos y el crecimiento pero conllevó una burbuja de derechos del agua que resultó un desastre medioambiental, esquilmándose, por ejemplo, el acuífero Copiapó.

Por ello se avise del riesgo que supone que el mercado de agua de Wall Street no sea regulado para impedir la especulación. Especialmente ante el previsible futuro de escasez de agua que se avecina que convertirán este recurso básico un bien cada vez más preciado. En México, ya ha habido una guerra por el agua. Según desvelaba Los Ángeles Times, una disputa de largo tiempo sobre los derechos del agua compartida entre México y Estados Unidos ha derivado, a causa de  la corrupción, el narcotráfico y las empresas mineras, en un enfrentamiento y choques abiertos delas tropas de la Guardia Nacional Mexicana contra agricultores y ganaderos que incautaron una presa en el norte del estado de Chihuahua.

inversores-bolsa

Según publica Amnistía Internacional, la mayoría de la población en países pobres se quedará sin vacuna contra la Covid-19 en 2021, mientras los países ricos «han acaparado dosis suficientes para vacunar casi tres veces a toda su población».

laboratorio vacuna covid

La organización destaca que los países ricos, que representan sólo el 14% de la población mundial, han comprado hasta el 53% de las vacunas. Mientras que cerca de 70 países pobres sólo podrán vacunar a 1 de cada 10 personas contra la COVID-19 el año que viene «si los gobiernos y la industria farmacéutica no toman medidas urgentes para garantizar la producción de dosis suficientes».

En respuesta, un grupo de organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, y Oxfam, se han unido en la Alianza Vacuna del Pueblo para pedir a todas las empresas farmacéuticas que trabajan en vacunas contra la COVID-19 «que compartan su tecnología y la propiedad intelectual abiertamente a través del Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud para que puedan fabricarse miles de millones de dosis más y haya vacunas seguras y efectivas para todas las personas que las necesiten».

Citan además una iniciativa similar que el mes pasado, en Estados Unidos, convocó a más de 100 dirigentes de alto nivel de organizaciones de salud pública, religiosas, de justicia racial y sindicales para firmar una carta pública dirigida al presidente electo Biden para que apoyara «una vacuna del pueblo».

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El presidente de GAD3, Narciso Michavila, presentó varias de las conclusiones del último informe de la consultora de investigación social en La Cafetera de Radiocable.com. Entre ellas, que «la pandemia nos ha hecho ver de nuevo que éramos una generación muy privilegiada y que dábamos nuestra supervivencia por garantizada». Ahora, «sin embargo, esto lo hemos puesto en cuestión» y «ha hecho que la sociedad se haya humanizado muchísimo, a pesar del clima de crispación política». Aseguró que, «todos los datos» con los que cuentan en el estudio muestran a la ciudadanía con «mucha más solidaridad, comprensión y empatía hacia el otro».

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Narciso Michavila destacó que «se han disparado las ayudas a ONGs» y que «estas Navidades serán de mucha distancia social pero de mucha cercanía solidaria».

Además, el estudio analiza el impacto de la pandemia en las relaciones humanas. Por ejemplo, señalaba Michavila: «Los jóvenes están conociendo a sus amigos antes a través de redes sociales que de forma presencial».

En la página internacional, programa puso el foco en la prórroga de las negociaciones del Brexit anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En la agenda cafetera, En la agenda cafetera, los oyentes destacaron la información de que 9 de cada 10 personas en países pobres no recibirán el año que viene la vacuna mientras los países ricos acaparan el 53% de las vacunas.

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El daño social provocado por la pandemia en España y en concreto el significativo aumento del número de pobres es puesto de relieve por el canal de noticias europeo en un reportaje. Recoge que desde marzo, un millón más de españoles vive en situación de pobreza y las ONGs y asociaciones de ayuda han visto duplicarse las peticiones de comida y solidaridad. Y subraya especialmente el impacto del coronavirus sobre la economía sumergida y paralela en España que ha «dejado de jugar su papel» y está derivando en una pauperización masiva. Señala asimismo, que las ayudas no están llegando.

Euronews señala que España es uno de los países de Europa en el que la pandemia ha provocado mayor daño social. Y en concreto enfatiza que el mazazo económico ha aumentado en un millón más el número de españoles que vive en situación de pobreza que ya era de 12 millones antes de la llegada del virus. Menciona el caso concreto de una pareja con tres hijos que tras verse obligados a cerrar el bar que tenían en Barcelona han sido desahuciados y viven de la solidaridad de asociaciones y vecinos. Pero subraya que no es un caso aislado, sino que ya tanto las ONGs como las asociaciones barrio han visto duplicarse las peticiones de ayuda.

Y el reportaje pone especialmente de relieve que el impacto está siendo «brutal» para muchos de los que vivían en la economía paralela y sumergida -«muy extendida en España», resaltan- que ha dejado de jugar su papel. Añade que para intentar hacer frente a esta «pauperización en masa», la UE ha movilizado el Fondo de Recuperación y el gobierno español aprobó en mayo la creación del Ingreso Mínimo Vital. Pero advierte de que en España la ayudas no están llegando y cita en concreto que en el IMV que debía llegar a 2,3 millones de personas, apenas se han aprobado el 1% de las solicitudes y muchas familias vulnerables siguen esperando la respuesta del gobierno.

Euronews es un canal de televisión multilingue europeo creado en 1993. Es propiedad de SOCEMIE (Societé Opératrice de la Chaîne Européenne Multilingue d’Information Euronews) en el que están integradas las cadenas nacionales europeas (aunque RTVE salió del canal en 2008 tras el cambio regulatorio del ente). Se dedica íntegramente a la información las 24 horas del día y nació como alternativa europea a la CNN. Emite en español, italiano, francés, alemán, inglés, portugués, ruso, árabe, turco, persa, ucraniano, griego, húngaro y polaco. Llega a 350 millones de hogares en 155 países del mundo.

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