Bajo el hashtag #NoQuieroPremiosDeLadrones se reunieron numerosos mensajes en Twitter en rechazo a la concesión del premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020. Quejas que se trasladaron al Congreso de los Diputados de la mano de Mireia Vehí (CUP). A quien el presidente de la Cámara en esos momentos, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, «rogó retirar las palabras en las que intentó relacionar a la Casa Real con ese tweet» y ella se negó.

premios princesa asturias 2019-

Este miércoles se dio a conocer la noticia de que el premio Princesa de Asturias de la Concordia de este año iría destinado a los sanitarios por su labor durante la pandemia. Poco después comenzó a llenarse la red de tweets de numerosos sanitarios mostrando su rechazo al galardón con mensajes críticos con la monarquía y la precariedad de la sanidad pública y su personal laboral.

«Como sanitario no quiero este premio. Quiero sueldos y contratos dignos o equipos de protección y material decentes»- decía uno de los tweets.

Esta campaña terminó trasladándose al Congreso este jueves, cuando la diputada Mireia Vehí (CUP) afirmó: «Ayer empezó una campaña por Twitter de muchos sanitarios que decían ‘no queremos premios de ladrones (…) sugerimos que si los señores Borbones pasan por el juzgado, vamos a tener más recursos públicos para la sanidad, la educación y para lo que se quiera».

Cuando la diputada de la CUP terminó su intervención, el presidente de la Cámara Alfonso Rodríguez Gómez de Celis se dirigió a ella diciendo: «Le rogaría que por las primeras palabras en las que ha intentado relacionar a la Casa Real con ese tweet las retirara por favor». La decisión de Mireia Vehí fue la de no retirar sus palabras.

 

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La decisión del gobierno español de aprobar un Ingreso Mínimo Vital para combatir la pobreza y la exclusión social continúa llamando la atención de medios y organizaciones de todo el globo. The Guardian incluso subraya que tras aprobarse en España, Pablo Iglesias está intentando, junto con Italia y Portugal, llevar esta «idea radical» a toda la UE. Otros recuerdan las dudas y «larga vacilación» que la medida ha suscitado durante años en España y que ahora finalmente, tras¡la crisis del coronavirus se ha impuesto. El IMV incluso ha recibido elogios de la ONU, uno de cuyos relatores ha dicho «es un gran ejemplo de cómo abordar la pobreza».

The Guardian pone de relieve que España recupera la «idea radical» de una renta mínima europeo. El diario británico resalta en una información de Ashifa Kassam que tras aprobar el gobierno español su primer plan de ingreso mínimo vital a nivel nacional, ministros de España, Italia y Portugal impulsan un política similar a nivel europeo. Recuerda que esta «idea radical» de renta mínima ha sido propuesta y marginada durante dos décadas en la UE, pero la recesión que se teme provoque la pandemia la ha vuelto a poner en el foco. Y menciona y entrevista en concreto a Pablo Iglesias, el ministro español de derechos sociales que ha «reclutado» a sus homólogas en Italia y Portugal, Nunzia Catalfo y Ana Mendes, para «revivir» el plan y llevarlo a Bruselas. Y apunta que si el IMV en España puede beneficiar a 2,3 millones de personas, una medida similar en la UE ayudaría a 113 millones de ciudadanos.

Deustche Welle destaca que «tras muchas dudas», España apuesta por la renta básica contra la pobreza. La TV alemana resalta que a pesar de la gran solidaridad de los españoles, las dos crisis severas que ha sufrido el país en diez años han hecho que la Iglesia y las ONGs ya no puedan aliviar la miseria de muchas familias y tras una «larga vacilación» el gobierno ha decidido actuar. Cita el caso concreto del Padre Ángel y Mensajeros de la paz, así como el de Caritas y otras ONGs que están distribuyendo alimentos y ayuda a los más necesitados y apunta que las peticiones se han disparado tras la Covid19. Y subraya que tras «dudarlo durante mucho tiempo», el estado finalmente ha decidido aprobar una ayuda social. Explica que ha tenido que ser un gobierno de coalición de izquierda quien de los primeros pasos para una mayor justicia social y que el IMV aprobado ha recibido incluso el visto bueno de Bruselas, a pesar de la alta deuda española, ante el aumento de la pobreza.

La Figaro enfatiza que España finalmente se dota de un ingreso mínimo vital nacional. El rotativo francés apunta en una crónica de Mahtieu de Taillac que ha hecho falta una «pandemia mundial, una crisis económica y social de profundidad desconocida y una destrucción de empleo a velocidad inédita» para que España apruebe un IMV, parecido al RSA francés, en todo el territorio. Detalla que aportara un ingreso complentario a 2,3 millones de personas. Y enfatiza que ya existía una ayuda equivalente en España «o más exactamente 17″, ya que las comunidades autónomas tenían diferentes y de montantes variables, pero IMV permite armonizarlas.

La ONU asegura que «“El ingreso mínimo vital en España es un gran ejemplo de cómo abordar la pobreza”. El relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, resalta que el IMV aprobado por el gobierno español «muestra cómo los Estados pueden aprovechar la crisis económica provocada por la pandemia mundial de COVID-19 para luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad». Asegura que el plan proporcionará alivio a las personas necesitadas y anima al Gobierno a seguir ampliando la cobertura, así como a reducir los requisitos de elegibilidad y burocráticos.

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Women’s Link Worldwide pide a varios organismos de Naciones Unidas que investigue «de manera urgente las vulneraciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras migrantes de la fresa en España».

Temporeras de la fresa Womens Link Worldwide

Con el apoyo otras siete organizaciones ha enviado una comunicación urgente a diferentes organismos de la ONU advirtiendo del riesgo que la pandemia supone para los derechos de las temporeras marroquíes y el resto de población migrante trabajadora, «que ya se encontraban en una situación de gran vulnerabilidad previa debido a la explotación laboral y a las diferentes formas de violencia que sufren desde hace años».

Alertan de que las temporeras «pueden verse expuestas a nuevas formas de explotación debido a la falta de mano de obra por el cierre de fronteras». Así como a una «mayor impunidad en los casos de violencia, especialmente violencia sexual».

Las organizaciones firmantes piden a los organismos de Naciones Unidas que emitan una «declaración conjunta dirigida a las autoridades competentes en España y en Marruecos y a las empresas implicadas exigiendo que protejan la salud y los derechos de las trabajadoras migrantes en Huelva».

Además, solicitan que las medidas «tengan una perspectiva de género», teniendo en cuenta que la recogida de la fresa «es un sector altamente feminizado». Además de que sean «sostenibles en el tiempo», más allá de la pandemia.

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Según el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, el ingreso mínimo vital aprobado en España «muestra cómo los Estados pueden aprovechar la crisis económica provocada por la pandemia mundial de COVID-19 para luchar contra la pobreza y reducir la desigualdad». Asegura que el plan proporcionará alivio a las personas necesitadas y anima al Gobierno a seguir ampliando la cobertura, así como a reducir los requisitos de elegibilidad y burocráticos.

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Desde Naciones Unidas destacan que se espera que llegue a más de 850.000 hogares y beneficie a 1,6 millones de personas en situación de pobreza extrema. Así como que los hogares beneficiarios recibirían desde 451,5 a 1.015 euros, dependiendo del tamaño de la familia.

«Animo al Gobierno español a seguir ampliando la cobertura de este programa y a reducir los requisitos de elegibilidad y burocráticos», añadió el experto, Olivier De Schutter.

Señaló que «las condiciones de elegibilidad no deben excluir a las personas particularmente vulnerables». Refiriéndose a «los migrantes indocumentados o recientemente documentados, los jóvenes recién emancipados que anteriormente estaban bajo tutela pública, las personas sin hogar o sin domicilio permanente, o las personas con discapacidades no reconocidas que no pueden trabajar».

Sobre España, Naciones Unidas recordaba: «A pesar de la recuperación económica experimentada tras la crisis de 2008-2011, la desigualdad se ha mantenido muy por encima de los promedios de la Unión Europea y los regímenes autonómicos de renta mínima han sido en gran medida inadecuados».

 

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A pesar de que el Tribunal Supremo avaló la exhumación de los restos del dictador, la Fundación Francisco Franco ha vuelto a pedir que corrija lo que califican de «grave error» y se ordene que vuelva a ser enterrado en el Valle de los Caídos. Emilio Silva, presidente de la ARMH, ha señalado en el programa La Cafetera de Radiocable.com que no cree que sea posible que los jueces reviertan la exhumación, pero que la Fundación está intentando generar un poco de presión ante un cambio de jueces en la sala que tiene que revisar la apelación. Considera en cualquier caso que la noticia evidencia la «necesidad de ilegalizar a fundaciones como la de Franco».

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Este 7 de julio, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se reunen para deliberar sobre los recursos interpuesto por la Fundación Franco, la Comunidad benedictina y la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos y la familia del dictador. contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019 por el que se acordó la exhumación de Franco. El Supremo ya falló rechazando la medida cuatelar que pedía paralizar la exhumación, lo que permitió llevarla a cabo el pasado 24 de octubre de 2019, pero la decisión sobre el fondo del asunto sigue pendiente.

En este contexto, la Fundación Francisco Franco ha insistido en un comunicado en su petición al Tribunal Supremo de que «corrija su grave error» y ordene que los restos del dictador vuelva a ser enterrado en el Valle de los Caídos. Y aseguran que «la corrección es legalmente posible» y tienen la esperanza de que «algún magistrado valiente cuestione la constitucionalidad de la ley de memoria histórica».

El presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha explicado en la Csafetea que no cree que esto sea posible aunque recuerda «en algunos casos ha habido juzgados que han dado respuesta satisfactorias a grupos próximos a la Fundación Franco que pidieron que se repongan calles o algunos monumentos». Pero considera que el Supremo «ya tiene bastantes problemas de imagen como para asumir la posibilidad de decidir que Franco vuelva al Valle de los Caídos». Aunque apunta que la Fundación también está «agitando el ruido» porque la Sala Cuarta del Tribunal ha cambiado a dos de sus miembros y creen que esto podría beneficiarles ideológicamente.

Aunque Silva señala que en el fondo lo que buscan es que se reabra el debate sobre el trato que debe dar la democracia al dictador «que yo creo que ha sido muy blando». Y sostiene que noticias como esta evidencian «es que el gobierno está tardando en ilegalizar fundaciones como esta. No solo la Franco, que es una vergüenza que tenga este tratamiento VIP por parte de un estado democrático, sino también cualquier otra que no tenga entre sus funciones la defensa de los derechos humanos o que quieran enaltecer o ensalzar a figuras que participaron en violaciones de los derechos humanos».

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La aprobación en el Consejo de Ministros de la nueva ley de residuos española es noticia en la prensa de todo el globo, siendo el impuesto «verde» sobre los envases plásticos de un solo uso la medida más destacada porque va incluso más allá de las directrices de la UE. Pero se apunta que la norma contiene una «batería de medidas» que buscan no solo acabar con los plásticos de un solo uso, sino también cambiar el modelo económico de lineal a circular para promover el reciclaje y la reutilización. En este sentido se recuerda que España aún recicla «significativamente menos residuos» que la media de la UE y trata con esta norma de igualarse al continente.

Die Tageszeitung enfatiza que España, que reciclaba menos que Europa, toma medidas contra los residuos y plásticos. El diario alemán detalla en una crónica de Reiner Wandler cómo el gobierno español ha introducido un impuesto sobre el plástico y prohibido las vajillas desechables, pajitas y bastoncillos de algodón en la nueva ley que se ha presentado. Resalta que las medidas implementan en gran medidas las directrices europeas para evitar el plástico pero además introducen un impuesto de 0,45 euros por kg de este material en embalajes. Pero señala que España, que hasta ahora reciclaba el 36% de sus residuos, «significativamente menos que el promedio de la UE, quiere pasar de una economía lineal a una circular y la ley, que también incluye nuevas medidas sobre separación de basura, busca el objetivo de reciclar el 55% de los residuos en 2055.

Ouest France apunta que el gobierno español quiere imponer una tasa sobre los plásticos de un solo uso. El rotativo fracés recoge que el consejo de ministros ha aprobado un proyecto de ley con una batería de medidas que buscan limitar el uso de plástico y la contaminación en España. Resalta que en concreto plantea la creación de un «impuesto verde» sobre los envases en plástico de un solo uso que afectará tanto a la fabricación, importación y adquisición y que podría engrosar las arcas del Estado en 724 millones de euros. También menciona que la ley española prohibirá la venta de objetos de plástico de un solo uso a partir de julio de 2021 y obligará a restaurantes a dar agua del grifo gratis.

Reuters subraya que España planea un impuesto sobre envases de plástico no reciclables para cumplir con la UE. La agencia británica explica que el gobierno español quiere recolectar 700 millones de euros anuales con una nueva tasa sobre plásticos presentada por la ministra de Medio Ambiente Teresa Ribera e incluida en una nueva ley con la que España intenta cumplir el objetivo de la UE de erradicar los plásticos de un solo uso en 2021. Detalla que se gravará con 0,45 euros cada kg de plástico de los envases lo que supondría, extrapolando los datos más recientes disponibles que son los de 2017, ingresos de 724 millones de euros. Aunque advierte de que el impuesto aún tiene por delante un largo proceso parlamentario.

Euronews resalta que España gravará la fabricación o importación de plásticos de un solo uso. La Tv europea se hace eco de la aprobación por el gobierno de un anteproyecto de ley para imponer un impuesto verde con el que «planta batalla a los plásticos de un solo uso». Y subraya las palabras de la ministra Teresa Ribera señalando que se trata de un intento de actualizar el marco de economía circular «para que nos acostumbremos a hablar de conservación en vez de caducidad y de reutilización y reciclaje de materiales que siguen siendo útiles en lugar de destruir residuos».

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La indignación por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos traspasa fronteras con numerosas protestas repartidas por el mundo. Pero, ¿acaso España está a salvo del racismo? La Cafetera de radiocable.com analiza con el periodista Moha Gerehou la situación del racismo en España, donde «está mucho más arraigado de lo que se piensa».

moha gerehou

Un ejemplo muy claro, dijo, es el tema de las paradas policiales por perfil étnico.»Algo muy característico del racismo que vivimos es que las personas negras sean paradas en una proporción muchísimo mayor por la policía»- afirmó. Un fenómeno que «vemos en Estados Unidos y en España».

Según un informe de 2013 realizado conjuntamente por la Universidad de Oxford y la Universidad de Valencia sobre las paradas policiales, la población gitana era parada unas 10 veces más que una persona blanca. En el caso de las personas negras, 7 veces más que personas blancas. Lo que provoca, dijo Gerehou, la sensación de que «la policía en vez de ser un organismo público que te tiene que proteger, acaba siendo un servicio que te señala con el dedo y te criminaliza».

«No es una cuestión solo de Estados Unidos sino que en España también tenemos casos de racismo, brutalidad policial y un montón de situaciones que se llevan denunciando desde hace años»- señaló.

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Juega en el AS Monaco aunque es originario de Arbucies, (Girona) y sus padres son inmigrantes senegaleses. Y cuando se enteró de la grave situación en la que se encuentran 200 temporeros que trabajan en los campos leridanos y duermen en la calle, Keita Baldé se ofreció a costearles la estancia en hoteles de la ciudad. Pero se ha visto obligado a anunciar que ha tenido que alquilar un edificio y está buscando otro para alojarles a todos ante la negativa de los hoteleros a aceptar a los inmigrantes en sus establecimientos.

«No estoy aquí para emprender una guerra social o de raza o de colores», ha explicado Keita Baldé en Instagram en los que desveló el caso, pero añade: «Nadie merece esa indiferencia y esa dificultad en su propia vida, y es una cosa muy fea. Yo quería encargarme de estos doscientos temporeros anónimamente, pero he tenido que salir a la luz para poder conseguir algún sitio donde meterlos».

El futbolista ha explicado que quiere sensibilizar a la opinión pública de la situación en la que se encuentran doscientos temporeros, la mayoría senegaleses, en Lleida al no tener un lugar donde dormir, ni apenas comida. Baldé, junto con activistas de la plataforma Fruita amb Justicia Social, se han movilizado para ayudarles. Pero según ha explicado Nogay Ndiaye, una de las activistas, y recogen medios como ElDiario.es y Publico, la mayoría de hoteles, hostales y otros alojamientos de Lleida les han cerrado las puertas a pesar de que el futbolista se ofreció a pagar la estancia por adelantado.

Por ello se han visto obligados a recurrir al alquiler de un edificio deshabitado de tres plantas del barrio de la Mariola, para alojar a unos sesenta de ellos y están buscando otros para el resto de los temporeros. Resaltan que han recibido ofrecimientos de algunos alojamientos de las afueras de la ciudad como el Hotel Reina Isabel o la Manresana de Juneda, pero la falta de vehículos propios de los inmigrantes que recogen la fruta complica esta posibilidad.

«El tema de los colores y de los países tiene que perderse ya y no ser un problema. Soy un chico que ha nacido en Cataluña, luego cambié de país y me fui a Italia. Ahora estoy en Francia», ha insistido el futbolista. «Lo más importante es el hogar. Espero que nos faciliten las cosas. Estoy de responsable para poderles ayudar». Baldé no solo ha pagado el alquiler del edificio, que se está terminando de acondicionar, sino que también ha enviado dinero para la comida de los temporeros y está poniendo su nombre como garantía.

La historia ha provocado que se acuse de racismo soterrado a los hoteles y a la sociedad de Lleida. Keita Baldé ha intentado ser conciliador y ha asegurado «yo no he tenido ningún problema de pequeño por mi raza, ni he sido insultado», pero ha señalado: «Si solo una persona está ayudando a 200 jornaleros con comida, un hogar y ropa, imaginad qué podríamos crear y qué podríamos dar a los ciudadanos si nos juntáramos cinco».

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Los casos de violencia de género no cesan durante en el confinamiento. En concreto, en España han sido asesinadas al menos cinco mujeres por violencia de género en dicho periodo (hasta el 1 de junio), según los registros del Ministerio de Igualdad.

violencia machista ni una menos Foto: ONU Mujeres / Dzilam Méndez

En lo que va de año, se han registrado 20 casos confirmados de asesinato por violencia de género en España. La mayoría de ellos, diecisiete, sin denuncias previas. De los tres casos con denuncias previas, dos fueron interpuestas por la propia víctima, y la restante por otra persona. La mayoría convivía con su agresor.

Desde el inicio del confinamiento, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha alcanzado las 19.000 peticiones de ayuda a los servicios de atención.

El teléfono de ayuda 016 está habilitado las 24 horas, los 365 días del año, todos los días de la semana, así como el email 016-online@mscbs.es. Y, el servicio de asesoramiento jurídico está disponible todos los días de la semana, en 52 idiomas.

Para recibir apoyo psicológico, han habilitado un servicio de WhatsApp a través de los siguientes números: 682916136, 682508507. Y, en caso de situación de emergencia, recuerdan que el teléfono de emergencias, el 112. Y los teléfonos de emergencias de Policía Nacional (091) y de Guardia Civil (062), que siguen prestando servicio. Además, recuerdan que todos los teléfonos son gratuitos.

Ante una situación de peligro, si no es posible realizar una llamada, recomiendan utilizar la app ALERTCOPS (para Android, y para iOS) , desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con la localización.

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El 1 de junio de 2019 asumía al poder en El Salvador, Nayib Bukele. Era la primera vez que alguien rompía el bipartidismo que había gobernado el país desde el fin de la guerra civil y su triunfo trajo una ola de esperanza. Su imagen de joven empresario de 38 años, aficionado a la tecnología y las redes sociales que prometia modernizar El Salvador, erradicar la corrupción y reducir la pobreza y sobre todo la violencia, en un país que llegó a tener la mayor tasa de homicidios del mundo. Un año después su figura suscita aún bastantes luces internamente donde goza de un gran apoyo, pero muchas sombras por algunas de sus decisiones que son especialmente señaladas desde el exterior.

Su enfrentamiento con sus opositores en el Parlamento apoyándose en los militares con los que llegó a entrar en la cámara, su rechazo a cumplir un fallo de la Corte Suprema, las estrictas medidas aprobadas para luchar contra el coronavirus y su decisión de encarcelar juntos a los pandilleros del país han provocado acusaciones de autoritarismo y de poner en peligro la joven y frágil democracia del país. Pero Bukele ha conseguido reducir drásticamente la tasa de homicidios, gestionar la pandemia y que la economía creciera, por lo que alcanza, según algunas encuestas, un 90% de apoyo interno.

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Nayib Bukele, nacido el 24 de julio de 1981, empezó en 2012 su carrera política en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), uno de los dos grandes partidos de El Salvador, junto con ARENA. Fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán ese año y posteriormente, en 2015 de San Salvador. Pero en 2017 es expulsado del partido, acusado de agresiones verbales y físicas, y poco después crea su propio partido, Nuevas Ideas, con el que se presentó a las elecciones presidente en febrero de 2019, que gana en primera vuelta con un 53% de los votos.

Sus primeros meses transcurrieron tranquilos y con anécdotas que reforzaban su perfil de presidente moderno y carismático. El selfie que se hizo y colgó en su cuenta de Twitter mientras pronunciaba su discurso en la Asamblae Nacional de la ONU se hizo viral. Y también tuvo repercusión la ruptura de relaciones diplomáticas que anunció con con Venezuela y la expulsión del representante de Maduro. Aunque en febrero de 2020, la curiosidad que despertaba dio paso a cierta perplejidad y preocupación cuando acudió al Parlamento acompañado de militares.

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Las imágenes de soldados desplegados dentro de la Asamblea Legislativa dieron la vuelta al mundo y fueron señaladas como un intento de Bukele de presionar e intimidar a los diputados de la oposición  para que aprobaran la financiación de la siguiente fase de su plan de seguridad. Algunos llegaron a calificarlo de «autogolpe». Se da la circunstancia de que al ganar las presidenciales con un nuevo partido, Bukele no cuenta con representación parlamentaria  y su primer año de gobierno ha transcurrido sin apoyo del poder legislativo.

Pero el presidente salvadoreño también ha tenido después otros enfrentamientos y posiciones polémicas y que se señalan como autoritarias. Desafió la decisión de la Corte Suprema -que consideró ilegal su política de enviar a soldados a detener a quienes violaban la cuarentena por el coronavirus y encerrarlos en centro de retención- y anunció que se negaba a obedecerla.  Y su política de mano dura hacia las «maras», las violentas pandillas del país -anunciando primero  que permitía a la policía utilizar «fuerza  letal» contra los pandilleros y posteriormente encarcelándolos juntos aunque pertenecieran a bandas rivales y publicando imágenes de los pandilleros hacinados en un patio- ha recibido críticas de defensores de los derechos humanos.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco llegó asegurar que la política de Bukele con las maras evidenciaba «maldad y crueldad al buscar deliberadamente enfrentamientos entre las pandillas juntándolos aun a sabiendas de su rivalidad. Todo esto provocó un gran escrutinio internacional sobre el presidente salvadoreño. El New York Times advirtió en mayo en un reportaje que «el joven líder que había prometido cambiar El Salvador está aplicando la misma mano dura de siempre». Añadía que las acciones recientes de Nayib Bukele habían «dejado a abogados, empresarios, activistas o periodistas, con la preocupación de que estaba cayendo en la clase de autoritarismo que llevó a la guerra civil» y alertaba de que podía infligir un «daño irreparable» al país y a su frágil democracia.

Pero todo esto contrasta con la buena imagen que tiene Bukele dentro de El Salvador. Su eslogan en la campaña fue «Hay dinero de sobra si nadie lo roba» y muchos señalan que ha conseguido mejorar la situación. A nivel económico, el PIB creció el 2,38% el año pasado y ha alcanzado un acuerdo con China para recibir millones en proyectos de cooperación del gigante asiático, sin que este acercamiento enturbiara la buena relación que tiene con Trump y EEUU.

El coronavirus también le ha dado un motivo para presumir de gestión. El Salvador ha registrado 2.582 casos confirmados y 46 fallecidos, unos números bastante reducidos en comparación con otros países, que él atribuye a implacable respuesta. Aunque su gestión de la parte sanitaria de la pandemia se ha visto completada con unas medidas económicas que han llamado la atención. Su discurso al respecto fue calificado de «populista» pero corrió como la polvora por las redes y decisiones como entregar 300 euros a las familias afectadas por la pandemia y repartir comida en las localidades más pobres, también han reforzado la idea de que «representa los intereses del pueblo».

Aunque seguramente el mayor logro de Nayib Bukele en su primer año de gobierno haya sido la drástica reducción de la tasa de homicidios. Los datos oficiales hablan en este periodo de una media de 4,1 homicidios diarios, muy por debajo de los 12,6 que tuvo su antecesor Salvador Sánchez Cerén en el mismo período. En este sentido su política de mano dura hacia las maras fue bien recibida internamente, porque muchos culpan a las pandillas por la violencia que sacudió al país en los últimos años y que obligó a huir a numerosos amenazados.

Las últimas encuestas señalan de hecho que su popularidad es altísima. Según la publicada el pasado 24 de mayo por el diario salvadoreño La Prensa Gráfica, el 92,5% de los salvadoreños aprueba el trabajo hecho por Bukele en su primer año de gobierno y un 95,7% respalda su gestión de la pandemia de coronavirus. Aunque algunos críticos alertan de que el presidente esta cultivando una imagen mesiánica de si mismo como salvador para que no se fiscalice la represión que ejerce y su autoritarismo.