El teletrabajo depende en gran medida del acceso a una conexión rápida a internet. En muchas zonas rurales, el despliegue generalizado de la banda ancha todavía no es una realidad. Tampoco se puede ignorar que la actividad económica seguirá desarrollándose principalmente en las ciudades. (…) La crisis ha subrayado la importancia de la interacción social en el entorno de trabajo, pero también ha demostrado que puede hacerse de diferentes maneras, en términos de intensidad y empleo del espacio.

Ignasi Capdevila, del PSB Paris School of Business – UGEI, reflexiona en este artículo de TheConversation sobre estos cambios.

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En los últimos 15 años la práctica del coworking se ha expandido en las grandes ciudades del mundo. El coworking es más que compartir un lugar de trabajo; se basa principalmente en la colaboración y el fomento de un sentido de comunidad entre los coworkers.

Estos espacios compartidos son lugares para trabajar pero también para socializar. Una de las principales ventajas de esta modalidad es evitar la soledad de trabajar desde casa.

El ‘coworking’, un fenómeno urbano que se extiende a zonas rurales

Pero el coworking no es un fenómeno exclusivamente urbano. En la última década se han ido abriendo espacios en muchas zonas rurales y regiones periféricas. El coworking rural sigue los principios del modelo urbano, pero entre ambos hay diferencias importantes.

Cowocat Rural es la asociación de espacios de coworking rural de Cataluña. Integra quince espacios que funcionan en pueblos y pequeñas ciudades de toda la geografía catalana. Es un caso pionero en Europa, y su estudio ha permitido identificar las principales características del modelo rural.

Al igual que el urbano, el coworking rural está orientado a apoyar a emprendedores, profesionales autónomos y teletrabajadores, ofreciéndoles un entorno de trabajo informal y colaborativo.

Pero mientras que en el modelo urbano predominan los espacios privados, el coworking rural está fuertemente promovido por actores públicos. Muchos ayuntamientos ponen a disposición de los emprendedores y teletrabajadores locales un espacio público (a veces de forma gratuita).

El objetivo es que la interacción entre los profesionales fomente el desarrollo de dinámicas locales de colaboración. Asimismo, se pretende que la creación de entornos de trabajo adecuados permita retener el talento local e incluso atraer talento externo.

El coronavirus puede reforzar el ‘coworking’ rural

Hay argumentos para afirmar que la crisis de la COVID-19 acelerará el desarrollo del coworking en zonas rurales, porque ofrecen una mejor calidad de vida, un entorno más relajado, con menos contaminación y menores tiempos de desplazamiento.

Además, el confinamiento forzoso ha hecho que muchas familias consideren la posibilidad de trasladarse a zonas periféricas, y la posibilidad de futuros confinamientos puede reforzar esa tendencia.

La crisis sanitaria está representando un cambio radical en la forma de trabajar. Muchas empresas que se vieron obligadas a implantar el teletrabajo, adaptando sus procesos y rutinas de trabajo, han descubierto ahora sus ventajas.

Cabe esperar que las experiencias positivas de teletrabajo conduzcan a las empresas a la incorporación de prácticas laborales más flexibles, dejando a sus empleados trabajar desde casa, al menos parcialmente.

Por otro lado, la práctica del coworking se ha difundido ampliamente. Uno de los grandes desafíos para su desarrollo en el área rural fue precisamente el desconocimiento general de los principios del coworking fuera de los centros urbanos. Sin embargo, en los últimos años, el concepto también se ha ampliado mucho en las zonas rurales.

El ‘coworking’ de ciudad peligra por el precio del suelo y la distancia social

En cambio, con la crisis del coronavirus los espacios de coworking urbanos se han vaciado. Muchos de ellos han sufrido el impacto del confinamiento y ven en peligro su supervivencia.

En cambio, los espacios rurales ofrecen una mayor resiliencia pues están menos sujetos a presiones de rentabilidad económica, al depender mayoritariamente de fondos públicos. Este apoyo pretende impulsar las redes de economía local y retener talento, lo que justifica la financiación pública. De hecho, en este caso, el coworking puede ser considerado como un servicio público que, junto con otras iniciativas, ayude al desarrollo de la economía local.

En las ciudades los espacios de coworking están fuertemente influenciados por el mercado inmobiliario. Su rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo dependen de una alta tasa de ocupación del espacio disponible. En cambio, en las zonas rurales esa presión es menor. Algunos municipios han rehabilitado espacios públicos infrautilizados para convertirlos en espacios de coworking.

El distanciamiento social afectará a los espacios urbanos: para respetar las normas de separación física los espacios deberán ser menos densamente utilizados y, en consecuencia, los ingresos se verán reducidos.

Por el contrario, los espacios rurales, menos dependientes del precio del suelo y de las cuotas mensuales de los socios, sufrirán en menor medida. Además, en zonas rurales, disponer de oficinas espaciosas es menos problemático. Las distancias mínimas dentro de los espacios son más fáciles de respetar.

Hacer ‘coworking’ es hacer comunidad

Los principios del coworking no sólo están relacionados con el hecho de compartir un espacio físico, sino también con la capacidad de generar relaciones basadas en intereses comunes y complementariedades.

Una vez que los miembros se han conocido, pueden seguir interactuando y colaborando utilizando instrumentos virtuales (como seminarios web, foros, o videoconferencias). Así pues, incluso en el contexto de la crisis del coronavirus, se pueden aplicar los principios colaborativos del coworking.

Límites y oportunidades del ‘coworking’ rural

A pesar de su potencial de expansión, el coworking rural también se enfrenta a importantes desafíos. Por un lado, el teletrabajo depende en gran medida del acceso a una conexión rápida a internet. En muchas zonas rurales, el despliegue generalizado de la banda ancha todavía no es una realidad. Tampoco se puede ignorar que la actividad económica seguirá desarrollándose principalmente en las ciudades.

La coyuntura de la crisis de la COVID-19 ha cambiado la forma de trabajar de las personas. Paro algunos, esos cambios serán permanentes.

La crisis ha subrayado la importancia de la interacción social en el entorno de trabajo, pero también ha demostrado que puede hacerse de diferentes maneras, en términos de intensidad y empleo del espacio.

Para muchos, la crisis también ha representado una oportunidad para reajustar las prioridades y reconsiderar dónde y cómo vivir y trabajar. En este nuevo contexto, el coworking ofrece grandes oportunidades para construir redes locales en las zonas rurales y así reducir la brecha entre centros y periferias.

Publicado originalmente en TheConversation

Más de dos tercios de los asesinatos de defensores ambientales ocurrieron en América Latina, clasificada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. Además, los datos de 2019 revelan que este año se ha producido el número más alto de muertes de esta naturaleza en un solo año hasta la fecha. Un total de 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en dicho año, un promedio de más de cuatro personas por semana.

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En 2019 solo en la región amazónica se produjeron 33 muertes. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil fueron en la Amazonía. En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018, a 14 el año pasado, convirtiéndose en el país per cápita más peligroso de 2019.

Más de la mitad de los asesinatos reportados en 2019 se produjeron en Colombia (64) y Filipinas (43). Ambos países han registrado un aumento de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2018. En la clasificación le siguen Brasil, con 24 asesinatos, México (18), Honduras (14) y Guatemala (12). Europa sigue siendo la región menos afectada, con dos personas asesinadas en 2019 – ambas trabajaban para detener la tala ilegal en Rumania

La agricultura a gran escala, la minería y la tala continúan ocasionando la mayoría de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo. Los pueblos indígenas siguen estando en mayor riesgo de represalias, con un 40% de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques letales fueron contra pueblos indígenas ­– a pesar de representar tan solo el 5% de la población mundial.

Desde Global Witness piden «escuchar las demandas de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y amplificarlas». Así como, «presionar a los que están en el poder (empresas, financiadoras y gobiernos) para abordar las raíces del problema, apoyar y proteger a los defensores, y crear normativas que garanticen que los proyectos y operaciones se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado».

La mitad de las últimas quince centrales térmicas españolas cerraron a finales de junio y en breve lo hará el resto. Esto inaugura una nueva era «libre de carbón» en España, aunque en algunas de las regiones con mayor tradición minera, como Asturias, se temen las consecuencias económicas de la transición. Es lo que pone de relieve un reportaje del diario francés que firma Baptiste Langlois que detalla los casos de las centrales de Soto de la Barca y Lada, donde la población está reclamando alternativas para evitar la muerte de la región.

Ouest France destaca que la mitad de las últimas quince centrales térmicas españolas cerraron a finales de junio, pero en Asturias aunque se comprende las transición digital existe temor por sus consecuencias económicas. Y detalla el caso concreto de la central eléctrica de carbón de Soto de la Barca, en Tineo, construida en los años 60, y que acaba de parar definitivamente su actividad tras rechazar la empresa propietaria cumplir la normativa ambiental europea por considerar que hacía inviable la producción. Pero recoge que los habitantes del valle que saben que «los días del carbón están contados» están pidiendo alternativas porque creen que la zona, que vivía de la central, morirá sin ellas.

El reportaje explica que casi todos los empleados se han jubilados o han sido recolocados en otras instalaciones de la empresa propietaria, Naturgy, y aunque no ha habido despidos, únicamente van a permanecer seis trabajadores para desmantelar la central. Y enfatiza que la población afectada denuncia que en otras regiones en las que se han cerrado minas y centrales ha habido alternativas por lo que sindicatos y plataformas ciudadanas se están organizando para reclamarlas.  Y apunta que algo parecido sucede también en la central de Lada, pertenceinte a Iberdrola, en Langreo, aunque allí la localidad se ha lanzado al turismo industrial para intentar capitalizar su pasado minero. Pero subraya que cada vez más voces denuncian que las «empresas no pueden explotar y desfigurar la tierra y luego marcharse sin dejar nada».

Ouest France es un diario francés creado en 1944, que se vende en el oeste del país y París. Pertenece a la Asociación para el apoyo a los principios de una democracia humanista (ASPDH) que controla la familia Hutin. Su línea editorial es de centro-derecha. Desde 1975 es el periódico con mayor difusión de Francia, rondando en 2016, los 700.000 ejemplares (más del doble que Le Figaro o Le Monde).

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Veintiún años ha tardado en ser ratificado por los 187 estados miembros de Naciones Unidas, pero tras la firma, este mes de agosto, de Tonga, el último país que faltaba, el Tratado Global para acabar con el trabajo y la explotación infantil, auspiciado por la OIT, ya es una realidad plena.

Niños campo refugiados grecia- MSF

La Convención sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil se ha convertido de hecho en la primera en 100 años de historia de la Organización Internacional del Trabajo que logra la ratificación universal de todos los miembros. El texto fue adoptado en 1999, pero su ratificación ha sido lenta y hasta este 4 de agosto cuando la ha completado oficialmente el Reino de Tonga, último país que faltaba por hacerlo, no se había logrado.

El tratado, que es legalmente vinculante para los gobiernos, pide la eliminación de todas las formas de explotación infantil, incluyendo la esclavitud y el trabajo forzado, y también exige proteger a los niños y niñas de la explotación sexual y del reclutamiento forzoso. «La ratificación universal es un hito histórico, y significa que todos los niños tienen ahora protección legal en todos los países contra la explotación laboral», ha resaltado el director general de la OIT, Guy Ryder.

La OIT estima que aún hay 152 millones de niños que realizan trabajo infantil, aunque el número se ha reducido significativamente desde el año 2000, cuando había 246 millones. Y aunque el 70% del trabajo infantil tiene lugar en el sector agrícola, los datos indican que hay 73 millones de menores que llevan a cabo tareas peligrosas. El problema es especialmente grave en Asia y África, que tiene el mayor número y el porcentaje más alto de niños de 5 a 17 años empleados como mano de obra infantil, respectivamente.

La OIT y la ONU tienen como objetivo poner fin en 2025 a cualquier tipo de trabajo infantil, aunque algunas voces alertan de que la pandemia de coronavirus puede dificultar esta meta, al estar generando ya el primer aumento desde el año 2000.

Un estudio encargado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco confirma que el aumento de las plantaciones de eucaliptos en Euskadi puede tener «serios efectos ambientales», «amenazar aún más a determinadas especies» animales y aumentar el riesgo de incendios.

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En las últimas tres décadas se ha cuadriplicado el suelo ocupado por los eucaliptos, llegando a cubrir en la actualidad el 2,6 % del territorio.

Como recoge El Correo, el informe señala una disminución en la diversidad de invertebrados del suelo, de hongos terrestres, líquenes y plantas, anfibios y aves. Aunque los efectos «son menos claros sobre los mamíferos», pero sí afectan negativamente a «la mayor parte de las variables estudiadas en los ríos» por la pobreza de nutrientes de la hojarasca de eucalipto.

En cuanto a los incendios forestales y el calentamiento global señala que, aunque en ambos influyen tanto factores biofísicos como socioeconómicos, la impresión es que «las plantaciones de eucaliptos no reducen, sino que aumentan los riesgos», frente a otro tipo de especies forestales.

Durante la pandemia, España tuvo el mayor número de muertes en las residencias para la tercera edad de todo el mundo y ni siquiera hay aún una cifra precisa de fallecidos, lo que evidencia como se ha «deteriorado» la relación del país con sus mayores. Aunque ha habido algunos casos que han sido «un rayo de luz» y podrían servir para estudiarlos y abrir un debate sobre cómo mejorar la condiciones de estos centros,. Es lo que sostiene un reportaje del diario británico que firma su corresponsal James Badcock y analiza el impacto del coronavirus en las residencias y la atención a la tercera edad en España. Destaca el caso concreto de la residencia San Jerónimo en Navarra en el aspecto positivo y algunas de Madrid, como Vital Home Leganés, como las más señaladas y denunciadas. Aunque enfatiza sobre todo la conveniencia de abrir una reflexión en España sobre las residencias.

The Telegraoh resalta el caso de la residencia navarra de San Jerónimo en la que el personal tomó la «extraordinaria decisión» de encerrarse voluntariamente durante 35 días para proteger del coronavirus a los 61 residentes. Pero enfatiza que otros muchos no tuvieron esa misma suerte y España ha registrado el mayor número de muertes en residencias para la tercera edad de todo el mundo. Subraya la ferocidad con la que atacó el virus a este sector ha hecho que el gobierno siga sin poder dar una cifra precisa de fallecidos, pero hay al menos 9.000 muertos confirmados y otros 9.830 sospechosos. Y enfatiza que las «terribles historias de ancianos muertos abandonados en sus camas» o rechazados en hospitales han sido una «señal de alerta para un país que se enorgullece de mantener una tradicional veneración por sus mayores».

El reportaje apunta que esta «catástrofe» en las residencias españolas ha afectado especialmente a la generación que sobrevivió a la Guerra Civil y reconstruyó el país, además de ayudar a sus hijos y nietos durante la crisis de 2013, por lo que muchas voces denuncian que «España les ha fallado». Detalla las denuncias concretas de familias contra Vitalia Home Leganés por negligencia y en general señala las residencias de Madrid como las más afectadas, al verse el gobierno regional «sorprendido por la crisis». Pero enfatiza que las decenas de miles de muertes «merecen un legado y se está pidiendo que sea un salto hacia delante en las condiciones de estos centros». En este sentido advierte de que el coronavirus ha evidenciado hasta qué punto la relación de España con sus mayores «se ha deteriorado» y considera que quizá debería estudiarse casos como el de San Jerónimo y afrontar un debate sobre el tema.

El Daily Telegraph es un periódico británico fundado en 1855. Está considerado el diario conservador de referencia y suele defender posturas atlantistas y antieuropeas. Pertenece desde 2004 a los hermanos David y Frederick Barclay -considerados los dos hombres más ricos del Reino Unido en el sector de los medios y la publicidad- que también poseen la revista The Spectator y el diario escocés The Scotsman. Es el primer diario británico que creó una edición online en 1994. En agosto de 2018 su circulación fue de 370.906 ejemplares. En mayo de 2013, uno de sus periodistas económicos más destacados publicó un controvertido artículo asegurando que España era “oficialmente insolvente” y recomendaba sacar el dinero mientras se pudiera.

James Badcock es el corresponsal en España del Telegraph desde principios de 2015, pero es también colaborador o ha escrito para la BBC, Newsweek, Foreign Policy o The Guardian. Fue asimismo coordinador de la versión en inglés de El País. Ha escrito y puesto el foco en asuntos como la pobreza energética, el olvido a las víctimas de la Talidomida, la polémica por la pensión de veteranos de la División Azul o el liderazgo mundial de España en donación de órganos. Y ha señalado cómo la implicación internacional de España no se corresponde con su peso. En 2020 ha sido además el autor de varias  revelaciones sobre las cuentas y fondos off-shore de Juan Carlos I, como la de que en uno de ellos Felipe VI era beneficiario o que la mitad de su luna de miel fue pagada por un empresario amigo de su padre.

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Las mujeres francesas excluidas del derecho a reproducción asistidas acudían al extranjero para ejercerlo, pero con la nueva medida ya no tendrán que hacerlo. Los diputados franceses aprobaron con 66 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones, la llamada PMA (procreación médicamente asistida) para todas las mujeres.

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Era el artículo de mayor impacto social que incluye el proyecto de Ley de Bioética, destacó en su momento France 24, cuando se presentó la propuesta, el 24 de julio de 2019.

Hasta ahora, la PMA estaba reservada a las parejas heterosexuales. Las mujeres que no tenían pareja masculina tenían que viajar a otros países como España, Bélgica o Suiza para someterse a un tratamiento de procreación.

La petición de perdón y el reconocimiento, por parte del vicepresidente español, Pablo Iglesias, de la persecución hacia el pueblo gitano a lo largo de la historia de España son puestos de relieve por la principal agencia de noticias turca. Recuerda que la comunidad gitana sigue siendo una de las más desfavorecidas del país y a menudo es objeto de racismo y crímenes de odio. Y resalta que la disculpa de Iglesias «en nombre del gobierno de España» reconociendo el «racismo institucional» hacia los gitanos, puede ser un paso para superar esta situación.

Anadolu destaca que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha pedido disculpas en nombre del gobierno de España por el «racismo institucional» contra la comunidad gitana. Explica que el líder de Podemos ha aprovechado un acto en Madrid de conmemoración del genocidio nazi contra los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial para reflexionar sobre los «propio» intentos de opresión y exterminación de esta comunidad en España. Y recoge que Iglesias ha recordado en concreto el «genocidio institucional del baro estardipen ( Gran redada)» en el siglo 18, cuando durante el reinado de Fernando VI cuando fueron encarcelados hasta 12.000 hombres, mujeres y niños de la etnia gitana.

El artículo apunta que el vicepresidente español también ha asegurado que «poca gente saber que en 1978, tras las elecciones democráticas, la Guardia Civil tenía instrucciones de reprimir al colectivo gitano». Y añade que Iglesias ha defendido que reconocer la historia y estos casos de «racismo institucional» es el primer paso para superarlo. La agencia turca señala que en España la comunidad gitana sigue siendo una de las más desfavorecidas y a menudo es objeto de racismo y crímenes de odio. Y recoge que la presidenta de FAKALI (Federación de Asociaciones de mujeres gitanas) ha advertido de que están viendo «cada vez más ideologías políticas abiertamente racistas y xenofónicas».

Anadolu es la agencia de noticias oficial turca creada en 1920 durante la Guerra de la Independencia y justo antes de la declaración de la República turca por el propio Mustafa Kermal Ataturk y dos periodistas. Es una sociedad anónima pero recibe una subvención anual del gobierno turco. Publica diariamente unas 1.500 noticias en diez idiomas, además de unas 1.000 fotos y 200 vídeos. Colabora o intercambia información con otras agencias internacionales como AFP, AP, Xinhua o EFE. 

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Entre el 7 y el 16 de septiembre -según CCAA- está previsto que vuelvan a abrir oficialmente las puertas los colegios, institutos y universidades de toda España. Pero esa es practicamente la única certeza que existe al respecto a cómo va a ser la educación en la etapa post-confinamiento. No hay instrucciones claras ni protocolos definitivos para garantizar tanto la seguridad de alumnos, profesores y padres como la educación en sí misma. Y casi más preocupante que la falta de indicaciones, resulta la ausencia de reflexión profunda y debate en la sociedad al respecto. A pesar de ser un tema crucial para un país, tanto por su impacto sanitario como en el aprendizaje de las nuevas generaciones, cada vez más voces denuncian la sorprendente carencia de interés y preocupación por ello. ¡Parece haber más debate sobre como abrir las discotecas que los colegios!

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En España, uno de los problemas para trazar un plan es que las competencias en educación están transferidas y dependen de las 17 consejerías autonómicas. La ministra de Educación, Isabel Celáa, ha dicho que el curso empezará en un entorno seguro pero que son las comunidades autónomas las que se encargarán de ello. Pero varias consejerías autonómicas ya han anunciado que sólo darán directrices, dejando que sean los centros los que tomen las medidas concretas. Lo cual supone delegar una enorme cuota de responsabilidad en los equipos directivos, sin apenas respaldo legal. Algunos ya han denunciado este abandono de las Administraciones y en Sevilla incluso ha dimitido toda la dirección de un colegio ante la imposibilidad de garantizar la seguridad.

Pero la rebelión de la comunidad educativa que se está dando bajo el lema «Sin seguridad, no volvemos» también sucede en otros puntos de España. En Madrid los directores de instituto han advertido de que las condiciones fijadas por la Comunidad convierten los centros en «focos de contagio» y el profesorado protesta contra la falta de seguridad en los planes de vuelta al colegio para septiembre.

La distancia social entre los alumnos y garantizar el uso de mascarillas son dos de los caballos de batalla a los que se enfrentan los centros educativos. Y se trata de dos retos mayúsculos, cuando las administraciones no están dando facilidades ni para contratar más personal, ni para ampliar instalaciones. En Madrid, por ejemplo primero se habló reducir el número de alumnos por clase a 15. Luego a 20 y finalmente, el último protocolo de la CAM planteaba no recortar la ratio -el número de alumnos por clase- ni en colegios, ni en institutos. Y en Cantabria, la ratio de la que se habla también es de 25 alumnos por aula, lo que ha provocado protestas del sindicato de profesores

Pero además, los centros reclaman «poder mandar por ley a los niños a casa» en casos de contagio. De momento no se conocen instrucciones precisas sobre cómo afrontar los posibles positivos y cuarentenas. Y no parece que se estén debatiendo tampoco. Cada comunidad autónoma está proponiendo diferentes medidas para abordar distintos aspectos. En Asturias plantean una hora menos de clase al día, en Extremadura, clases por las tardes, Castilla y León y Baleares, turnos en comedor y patio, en Cataluña, la toma de temperatura y en Murcia, el cambio de calzado para entrar en el aula, entre otras. Pero en los dos aspesctos claves que reclama la comunidad educativa, más inversiones para adecuar espacio y más personal, no ha habido demasiados avances.

Y sorprende la falta de debate público al respecto, tanto de las medidas de seguridad como de la importancia de que las generaciones más jóvenes prosigan con su educación, Varios expertos ya han alertado de que el confinamiento implicó una pérdida de competencias y aprendizajes para muchos menores, que puede generar una mayor desigualdad a medio y largo plazo. Y se reclaman medidas para compensar esta situación y sobre todo garantizar que aunque el curso 2020-2021 pueda sufrir parones y cuarentena se habilite un sistema eficaz que permita garantizar el aprendizaje.

Aunque de nuevo, muchas voces señalan que no se ha avanzado en este terreno tampoco y que las medidas van a recaer en los responsables de cada centro. Pero la realidad es que ni por las consecuencias sanitarias, ni por las de educación, un país puede permitirse no reflexionar a fondo sobre cómo reabrir los colegios. Y España, hasta ahora, no lo ha hecho.

En el primer semestre de 2020, un 40% de la generación eléctrica de la Unión Europea fue de origen renovable. Esto supone un aumento de un 11% respecto al mismo periodo del año pasado, pero sobre todo implica que por primera vez en la historia, las renovables han superado a los combustibles fósiles en la generación de electricidad, que han caído un 18% con respecto a 2019. Y concretamente, España redujo su producción energética con carbón en un 58%.

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Los datos corresponden al informe anual sobre el sector eléctrico europeo del think tank Ember en colaboración con La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad y los recoge un artículo de Marta Montojo en Eldiario.es. Y además del hito histórico de que las renovables superen por primera vez a nivel europeo a los combustibles fósiles, hay que destaca que esto implica un ahorro de un 23% de las emisiones de CO2 derivadas del sector eléctrico.

El desplome de los combustibles fósiles ha sido particularmente señalado en el caso de la producción energética con carbón que ha caído un 32% en toda la UE en los primeros seis meses de 2020. En algunos países como España -que además ha cerrado la mitad de sus centrales de carbón- el descenso ha sido incluso mayor: un 58%. Aunque la palma se la lleva Portugal, cuya producción con este combustible fósil ha caído un 95%.

El gas también ha sufrido un serio recorte en este año del 6% en la UE, pero llegando al 20% y 16% en España e Italia respectivamente. Las renovables, por su parte, han registrado la tendencia opuesta, con un auge global del 11% con respecto a 2019. La energía solar en particular ha crecido un 13%, mientras que la eólica ha aumentado un 11%.

El informe señala que a esta situación ha contribuido la paralización de la actividad económica por la COVID-19, que ha reducido la demanda de electricidad en un 7% en la UE y agravado los problemas del carbón. Pero también se resalta que ha aumentado la instalación de aerogeneradores y plantas fotovoltaicas y que las condiciones meteorológicas han sido favorables.