A los ciudadanos nos cuesta comprender que se utilice dinero público para el rescate de empresas privadas que llevan años repartiendo paladas de beneficios.

Finalmente uno observa que de estos sectores dependen miles de familias y traga:

La mitad del empleo de Opel, que emplea a 55.000 personas en toda Europa, se encuentra en Alemania. Otros países con factorías importantes son España (7.752), Reino Unido (4.700), Suecia (4.000), Polonia (4.000), Bélgica (2.500), Austria (1.600) y Francia (1.500).

Pero nada es tan sencillo en este mundo global. Según el diario EL PAIS: «El temor de la mayoría de estos países es que un aumento de ayudas públicas por parte de Berlín redunde en una mayor garantía para los trabajadores de Alemania. El portavoz de Competencia de la Comisión Europea advirtió ayer de que «no puede darse la situación de que las ayudas públicas se condicionen a que el cierre de plantas se realice en un país y no en otro».

Más allá de esta ayuda concreta, e incluso de las soluciones para estos tiempos de crisis, parece imprescindible que esto nos ayude a exigir a las Administraciones, sistemas de control para que el dinero público se emplee exclusivamente con el objeto de proteger a esos trabajadores. No puede ser que los beneficios sean privados y las quiebras siempre terminen siendo públicas. De la misma forma no puede permitirse que los sueldos de los ejecutivos que llevan a la quiebra a las empresas sigan siendo astronómicos. ¿Hasta cuando creen que la sociedad podrá tolerar eso?

Una de las cosas que más nos llama la atención a quienes no seguimos de cerca los postulados de la Iglesia es el discurso tan carente de compasión que destila a menudo. Eso resulta extraño a quienes desde la izquierda defienden posiciones que podrían ser perfectamente cristianas, aunque estén tan lejos de la religión. Se podría simpatizar con la Iglesia ¿por que no? El problema es que sus manifestaciones públicas no se hacen desde el respeto, sino desde la ofensa:

«No es comparable lo que haya podido pasar en unos cuantos colegios» con «los millones de vidas destruidas por el aborto».  Cañizares.

«Cuando se banaliza el sexo» deja de tener sentido el delito de violación, (revista del Arzobispado de Madrid)

Ofensa a todas aquellas personas que han sido víctimas de abusos y ofensas a las miles de personas en el mundo que han abortado, algunas de forma natural, y otras bajo el supuesto de la necesidad.  Eso por no hablar de las ofensas gravísimas a miles de personas que han sufrido una violación.

Iñaki Gabilondo resumía muy bien la posición de Cañizares y de la revista Alfa Y Omega

«El resultado doctrinal de ese despropósito podría ser el siguiente: permiso para violar y, si de la violación se deriva embarazo, condena por abortar».

A Mayor Oreja, sin embargo las declaraciones no le han parecido tan mal: «la postura del cardenal es exacta». «Ha dicho las dos cosas, bien dichas y en el orden que debe».

Me enteré por Meneame de que «entre el siglo XII y el XIX la docrina de la Iglesia era que «el alma humana entraba en el feto masculino alrededor del día número 40, y en el feto femenino en torno al día 80�?�. Esto es, unas seis semanas para los varones y nada menos que 12 semanas para las hembras aunque, como no era posible conocer el sexo del feto hasta el parto (o hasta el aborto)»tan sólo se excomulgaba por abortos posteriores al día 80″

No es un asunto importante, porque a nadie decente le extraña que en efecto las ideologías cambien con los tiempos, pero resulta llamativo ¿no?

Se está inaugurando un nuevo estilo de márketing político del que ya teníamos algunos fogonazos: el del pirómano bombero. Se lanza una denuncia pública incluso a sabiendas de que uno también incurre en la práctica. Pero el que golpea primero golpea dos veces.

Esto es relativamente nuevo en este país aunque el PP se está volviendo especialista en la materia. La última entrega nos viene con la batalla de los aviones y veremos a ver si es eficaz, aunque de momento ya le ha dado la iniciativa política al PP durante una semana.

Sobre el tema: nadie en su sano juicio permitiría que un Presidente del gobierno viaje sin sistema de comunicaciones, sin servicio de seguridad -y menos en un país amenazado por ETA-, sin el equipo médico, sin asesores etc.

No es cuestión de eficacia, ni de representatividad, que también, sino de rentabilidad. El propio Presidente Aznar cuando volaba en avión comercial normal tenía que desplazarse en helicóptero al aeropuerto. Nadie lo discutió nunca; nadie en su sano juicio.

Pero ya que nos ponemos, pues pongámonos. El PP se ha cubierto de gloria porque a raiz de su denuncia, nos hemos enterado de todo lo demás…:

Rajoy utilizó un avión militar para la campaña electoral de 2003. La información lleva incluso el telefax.

Mayor Oreja: Ha reconocido que él asiste los domingos a misa en el coche oficial que «por razones de seguridad» tiene asignado: «No se puede tener la seguridad de lunes a sábado, porque si se es objeto del seguimiento de un terrorista éste aprovechará el domingo para matar a esa persona�?�.[…] «No es lo mismo ir a misa, o ir a un teatro con la protección que es tu obligación, porque lo que hubiese sido una insensatez es que no se fuese con seguridad, y otra cosa es utilizar un avión público. Son dimensiones absolutamente distintas», (Espejo Público, Antena 3, 29-05-09)

Federico Trillo, subió 11 veces a un avión oficial en mayo de 2003. El 3 de mayo se desplazó a Alicante y al día siguiente a Jaén. Dos días después, viajó en el Falcon a Talavera, para asistir a un acto en calidad de ministro y al día siguiente volvió a emplearlo para ir a un mitin en Mérida.

José María Aznar se fue de vacaciones a Mallorca en avión militar. Volvió a la Península para asistir a la boda de su hija utilizando el mismo medio de transporte.

Elplural cuenta hoy que «altos cargos de la Generalitat utilizan los coches oficiales para recoger paellas o ir a misa»

Pero datos al márgen, no parece mal que esto nos sirva para abrir una reflexión profunda para fiscalizar el uso que se hace de los medios públicos en nuestro país. Yo no estaría en contra, ahora bien, parecería un poco contradictorio que fuera el PP quien lo presidiera.

Son los que están, pero no están todos los que son. En efecto, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella contra Garzón.

Lo ha hecho de forma unánime. Se sabe quien ha interpuesto la demanda, y con el Auto sabemos también quienes son los firmantes.

Uno de ellos, el Ponente, es el juez Adolfo Prego de Oliver. Pertenece al Patronato de Honor de la Fundación Denaes (Fund. para la defensa de la Nac. española). Denaes ha acompañado en alguna ocasión al sindicato Manos Limpias, que ahora interpone la demanda.

Y así es nuestro país amigos.