1. El hecho de que Garzón sea imputado no hace menos justo y democrático el camino que inició.

2. Como bien sabe el PP, una imputación no es una condena.

3. España es un país muy garantista. Si alguien se ha sentido afectado por su investigación tiene todo el derecho a iniciar un procedimiento así.

4. Si se le acusa de prevaricación, por haber iniciado un procedimiento que no ha llevado a ningún sitio, ¿no sería eso igualmente aplicable al Tribunal que declara ilegal un partido que finalmente sí puede presentarse a las elecciones?

5. Y por último: ¿Quien ha interpuesto la querella?

Nunca me gustó la Ley de partidos aunque no se puede negar que ha sido eficaz para luchar contra ETA. Por lo tanto es aceptable que siga vigente pues protege más de lo que perjudica. La duda radica en que no necesitabas esa ley para meter en la cárcel a alguien si conseguías demostrar que sus actividades financiaban a un terrorista. Y por otra parte hay algunos complementos de la misma que son simplemente pueriles, por ejemplo el de la condena explícita de la violencia.

Primero porque mentir es barato, segundo porque una ley no se puede sustentar sobre el grado de cretinidad del sospechoso y tercero porque si nos ponemos a pedir en el Congreso de los Diputados una condena explícita de otros violentos -hay tantos, verdad- dejamos la Cámara vacía. No hace falta decir que la violencia es asquerosa y primitiva, así en genérico.

Que esa Ley es poco clara, y está llena de matices discutibles, lo demuestra el hecho de que el Constitucional haya querido zanjar el caso aquí antes de que los de Iniciativa Internacionalista se pusieran a recurrir a Europa. No es lo mismo ilegalizar un partido en España, que hacerlo allí, de cara a unas europeas. En Europa no se andan con bromas y una cosa son los indicios y otra muy diferente las pruebas. Uno puede tener indicios de que esa organización es un satélite de HB, pero otra cosa distinta es ser capaz de demostrar que forman parte necesaria de la actividad terrorista. Si España trata de evitar que acudan a las elecciones pero Europa lo acepta, tenemos un lío montado de cuidado.

Desde luego tanto el PSOE como el PP tienen que acatar la sentencia, como se han acatado otras. Eso supone aceptar que el sistema funciona, porque de lo contrario ¿que pasaría ahora con quienes fueron ilegalizados antes?.

Más allá de todo esto, el asunto merece otra consideración. Tras este caso nos viene a la memoria el impetu tan vehemente con el que el PP exigía la ilegalización inmediata de ANV antes de las elecciones. Aquello sirvió de ariete durante semanas de forma vergonzante. Pues este caso demuestra que, como decía entonces el Partido Socialista, antes de ilegalizar una organización deben tenerse muchos, muchos argumentos. De lo contrario el trabajo no sirve para nada más que concluir que, en efecto, un cretino no es siempre un delincuente.

Dice hoy el diario Público, en un interesantísimo texto de Nacho Escolar y de Alicia Gutierrez, que «el jefe de la Patronal financió al PP».

Resulta que una serie de empresarios, presuntamente, enviaban dinero a la Fundación del PP de Madrid -llamada FUNDESCAM cuya sede está en Genova 13, primera planta- y esa fundación contrataba -siempre presuntamente- cosas con la archiconocida Special Events, algunas de las cuales se dejaban incluso a medio cobrar.  En ese dato no ha reparado mucha gente, pero ¿cual era el objeto? ¿generosidad de Correa?

Lo de esa Fundación es curioso, porque resucitaba siempre ante cada convocatoria electoral.

Según el mismo periódico «La ley de financiación de partidos prohibe recibir directa o indirectamente, dinero de empresas con contratos vigentes en la Administración» y añade Público que Gerardo Díaz Ferrán los tenía. Es una exclusiva épica, a la que los empresarios ni siquiera han contestado, pues hasta este momento no ha llegado una sóla reclamación al periódico.

La publicación del artículo ha provocado que el PSOE de Madrid anuncie medidas legales contra el PP «por supuesta financiación ilegal», dice EL PAIS. Y según parece Público llevará mañana que el PSOE está pensando en trasladarlo a la fiscalía, y quizá como delito electoral. Bueno llevará eso y que Mariano Rajoy ha declarado que ni siquiera conocía la existencia de la Fundación -a pesar de que depende directamente del PP de Madrid-

Inquietantes son, sin duda, las primeras palabras de Esperanza Aguirre sobre el tema: «En el 2003 yo no estaba. O sea, que se lo pregunten a Pío, pío, pío». Ante tales declaraciones, que no desmentido, uno no puede más que pensar que algo gusta poco a Aguirre, cuando ni siquiera se toma la molestia de negarlo. Ella será una superviviente nata, sí, pero se le acumula el trabajo.

Desde luego el PP no está en su mejor momento. El Partido que hizo bandera contra la corrupción, que utiliza Filesa en cada oportunidad que puede para desacreditar al rival, se encuentra cada día con una nueva sorpresa en la prensa. Cuentan quienes cubren al PP que los sms se reciben con terror,  sin saber nunca si vienen acompañados de nuevas imputaciones.

Lo que pasa es que el asunto trasciende incluso al PP. La fusión política-empresa, siempre es nefasta porque donde aparece el dinero se escurren los intereses de los ciudadanos. Hoy tenemos un nuevo capítulo y esto se parece cada vez más a Falcon Crest. Lo malo es que uno empieza a perder el interés por la suerte que le depara a Angela Channing.

Se ha abierto un gran debate con la nueva Ley del aborto presentada por el gobierno. Ya manifesté aquí mi opinión cuando iniciamos el debate en la revista Quo.  Estoy a favor del aborto, sin que eso me plantee problemas emocionales. Ahora bien, no se trata de mi, ni de mis circunstancias. Se trata de que no se puede hacer proselitismo de la forma de entender la vida que tiene uno mismo.

Conviene aclarar -pese a lo que algunos parecen creer- que el gobierno no obliga a nadie a abortar, ni es Bibiana Aido quien va a hacerlo. Es una decisión que corresponde a las mujeres y en todo caso algo a sus parejas.

Rajoy ha decidido llevarlo al Constitucional. Bueno, ya lo dije, Rajoy vuelve a estrategias pasadas. Judicializar la política. No le funcionó en el pasado -ni en su vertiente judicial, ni en la vertiente electoral-. Es extraño y los conservadores deberían redefinir sus posturas. Aquí es que en España se mezcla todo con la religión. En EEUU por ejemplo hay republicanos que están a favor del aborto: «Ronald Reagan, en su primer mandato. O George H.W. Bush, que era favorable al aborto antes ser favorable a su victoria», decía Ellen Godman en el Washington Post.

Pero aquí la iglesia pesa mucho. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es el debate sobre la edad mínima para abortar, 16, sin consentimiento de los padres. El otro día me decían en facebook muy gráficamente, ¿una menor de 16 años está capacitada para decidir seguir adelante con un embarazo en contra de la opinión de sus padres? ¿está suficientemente madura para tomar una decisión de tanta trascendencia?…Si los padres quieren que aborte, ¿que opción debe prevalecer?; la de los padres o la de la hija….. ? Pues con este asunto sucede lo mismo. ¿Por qué para el aborto, debe prevalecer el criterio paterno? Y en todo caso lo que no se puede permitir es que la gente acuda a clínicas clandestinas.

Respecto a que el aborto se produzca antes de la semana 14, la cifra tiene un cierto sentido ético-político. Se hace un equilibrio entre lo científico, lo médico, lo social: Lo científico nos dice que hasta la semana 22-24 y por lo general la 26, el bebe no puede vivir de forma autónoma y por tanto correspondería a la mujer la decisión puesto que se sigue tratando de su cuerpo. Se establece en la semana 14 por qué hay que ver cual es el punto que la sociedad política tolera, ni más ni menos.

 Más allá de las normas jurídicas, subyace en toda Democracia un compromiso ético entre
gobernantes y gobernados, basado en la confianza recíproca […]

Ayer se produjo una imagen muy simbólica. Fue en las puertas del juzgado donde tuvo que declarar Francisco Camps como imputado. Allí había unos señores ciudadanos, normales, manifestando su opinión de forma pacífica con una pancarta en la que ponía: «Amiguitos del alma, ¿y las privatizaciones?». Hasta que por allí apareció un señor perfectamente trajeado, impecable, simpatizante de Camps -por lo que se ve- que corriendo rasgó la pancarta y salió huyendo con los trozos… Que metáfora ¿no? Que simbología. La propiedad del pueblo hecha añicos, robada a trozos.

Se cuestiona que la opinión pública haga juicios paralelos, manifieste su opinión, pero ¿como no hacerlo? Camps no es una tonadillera que ha defraudado, ni un empresario. Es un político elegido por los ciudadanos, un representante público. El derecho de los ciudadanos a preguntar, a cuestionar, a exigir impecabilidad, es indiscutible. Sólo faltaba.

Algo de razón llevan quienes tratan de mantener el trabajo de los jueces a salvo. Lo que pasa es que aquí hay dos tipos de responsabilidad, la judicial y la política.  Porque lo mismo el juez no ve indicios, no tiene pruebas, y ya está, la judicial habrá funcionado y no hay duda de que es un sistema muy protector. Pero ¿que hay de la responsabilidad política? ¿Donde se administra? ¿Es que Rajoy no ha pedido las facturas de los trajes? ¿las tiene? Como dice Gabilondo el PP es un infatigable reclamador de responsabilidades ajenas, pero nunca cuando se trata de las suyas.

En todo caso no es culpa de la sociedad que se lancen sospechas contra Camps. Su credibilidad quedó en entredicho cuando aseguró que sólo conocía «someramente» a Álvaro Pérez el bigotes. Y luego vinieron los cariños y las conversaciones en las que se referían uno a otro como «amiguito del alma», como bien sabía ya todo Valencia.

¿Por qué entonces no actúa Rajoy? ¿tiene esas facturas? Porque el daño que está haciendo esto a Mariano Rajoy, al PP, y a la política en general es enorme: parece una burla contra las instituciones.

Hoy nos cuenta EL PAIS que Rita Barberá, que acompañaba pomposamente a Camps a las puertas del juzgado, también podría ser salpicada por la investigación. La cosa no hace más que complicarse. Y mientras tanto ahí sigue el Código ético popular, llorando por las esquinas…

8.- Comunicar a la Dirección del Partido Popular y a poner a su disposición el puesto público que desempeñaran, si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito.

9.- Asimismo, el Partido Popular asume el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos y que, a su vista, pará públicas las conclusiones de su informe, así como las sanciones que de ello puedan derivarse en aplicación del Reglamento de Conflictos y Disciplina.
[Código ético del PP]

«Más allá de las normas jurídicas, subyace en toda Democracia un compromiso ético entre gobernantes y gobernados, basado en la confianza recíproca» (Código ético del PP)

Aquel código ético presentado por el PP en el año 93 pesa hoy como una losa sobre todos y cada uno de los miembros del partido. Se hizo como ariete contra el PSOE, como bandera contra la corrupción, para poder izarlo en cada sesión del Congreso. Pero la moral debiera ser un camino de ida y vuelta, no solo de ida.

Hoy el PP está salpicado por la corrupción y por las contradicciones morales y el código ético se ha vuelto papel mojado, porque ya no puede ser usado contra el PSOE.

Ayer, «casi seis años después del accidente del Yak-42 que costó la vida a 62 militares españoles, el general Vicente Navarro, encargado por el entonces ministro de Defensa Federico Trillo de la repatriación de los cadáveres, fue condenado a tres años de cárcel por falsificar conscientemente la identidad de 30 de los cuerpos».

Y Trillo, el eterno ausente, rompió su silencio. Se presentó en rueda de prensa, casi como si fuera una víctima de este asunto. Pero Trillo no fue una de las víctimas del Yak.

A los ciudadanos nos cuesta aceptar su inocencia. ¿Quien fue el manido autor intelectual de las identificaciones falsas?. ¿Es creible de verdad que el General Navarro por su cuenta y riesgo firmara esos papeles y llegara a España y no lo contara a nadie? ¿Es creible de verdad que un militar pueda hacer eso?

El propio Trillo dijo una vez, el 14 de junio de 1995 , «la responsabilidad de un subordinado es imputable a su jefe»… pero aquella afirmación sólo valía contra Felipe Gonzalez, claro.

La Losa política del Yak perseguirá siempre a Trillo. Pero no tiene sentido hablar ya de él. Más allá de su dignidad personal está la de Rajoy, el hombre que le nombró Portavoz de Justicia e Interior, el hombre que le mantiene en el cargo. ¿Como es posible que después de esto siga haciéndolo? Eso es malo hasta para el partido, ¿Que clase de imágen traslada a la sociedad el PP?