El responsable de Competencia europeo, Joaquín Almunia, insitió ayer en que los astilleros tendrán que devolver las ayudas. Se busca, eso sí, una fórmula que impacte lo menos posible sobre el futuro inmediato de los trabajadores:
La ayudas del periodo transcurrido entre 2005 y 2011, deberán ser devueltas por los inversores, pero no por los armadores ni por los astilleros.
No es tampoco una gran noticia. Invertir en astilleros era goloso fiscalmente para las empresas y esas inversiones permitían mantener unos precios finales (de los propios barcos construidos) competitivos. Si las empresas huyen, terminará impactando.
Unas 87.000 personas dependen de la solución de nuestros astilleros entre trabajadores e indirectos. Y no solo eso: puede afectar a comarcas enteras que dependen del sector naval como la ciudad de Vigo, Castropol, Bilbao Santurce…
Todavía hay margen, hasta el día 17, pero España debe facilitar nuevos argumentos jurídicos, distintos, para modificar el planteamiento.
El gobierno, en lugar de poner esto en manos de abogados especializados o de ocuparse personalmente, ha dejado la negociación en manos de las empresas españolas.
El gobierno lo ha descuidado. Si la apertura del procedimiento data de junio de 2011 ¿cómo se entiende que se haya esperado hasta ahora para acudir a una reunión de emergencia?
En lugar de haber dejado la negociación en manos de los empresarios de los astilleros, -era obvio que no podían convencer a los servicios jurídicos de la CE ellos solos-, se debió contratar a un gabinete jurídico de los que trabajan en Bruselas especializado en este tipo de negociaciones. Los hay que saben cómo negociar con los servicios jurídicos de la comisión.
Almunia está enrocado en la dimensión jurídica, pero además no es él quien tiene la última palabra, son los servicios jurídicos. Por otra parte está muy observado por nuestros competidores: Holanda y Noruega están vigilando para ver que hace «ese comisario español»
Es urgente que el Pte del gobierno tome las riendas del asunto. Sólo él puede reunirse con el Pte. de la Comision Europa, Durao Barroso, -los servicios jurídicos están directamente a su servicio, son de su responsabilidad-
El sector intenta ser optimista para que algo cambie antes del día 17, pero piden que, una vez conocido el dictamen, el 18 Rajoy debe convocar a todas las partes para ver como se afronta esta situación: qué marco y condiciones pone el gobierno para que este sector pueda seguir funcionando.
Si les toca pagar, los inversores van a salir en estampida de este sector. Además van a pleitear y van a reclamárselo al gobierno de la nación, no a Europa. Porque a ellos se les ofreció un marco jurídico que tenía todas las garantías.
Eso tendrá repercusiones indirectas en la credibilidad para el sector. Siempre habrá incertidumbre.
Al empleo no afecta, a astilleros tampoco, pero el sector queda en situacion de desconfianza porque esos son los que colaboraban con astilleros y se apartarán ahora del sector.
En Francia se hizo un dictamen en el 2006 y gracias a él no tuvo que devolver ninguna de las ayudas. El comisario de competencia hizo eso en su momento pero puso un techo de las ayudas que se podían dar al sector…ese dictamen era perfectamente conocido por todos los paises incluidos nosotros.
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