Disyuntiva que se plantea con la polémica de YPF ¿Debe el gobierno de todos los ciudadanos proclamarse como el defensor de una empresa privada? ¿Debe la diplomacia española salir en defensa de YPF tan abiertamente?
Clarín explica en su editorial que, de Zapatero a Rajoy, se percibe ??un cambio radical en el modo de defender a los empresarios españoles?:
«…marcando una fuerte diferencia con la administración del ex embajador de Luis Rodríguez Zapatero, Rafael Estrella, quien en su momento se presentó ante los inversionistas españoles con la frase de ??yo no soy el embajador de las tarifas?, Oyarzun se puso en el almuerzo del miércoles a disposición de los empresarios y les dijo que él estaba en este destino para defender los intereses de los empresarios y se ponía a su servicio.»
Diplomacia al servicio de la «defensa de los intereses de los empresarios». En realidad Clarín exagera los términos, porque el 70% del trabajo del anterior embajador, también consistió en crear espacios de entendimiento entre empresas y gobiernos. Si bien es cierto que nunca se convirtió en su delegado comercial.
Pero la disyuntiva ni es nueva, ni sencilla y menos en plena crisis.
La fuerza con la que la economía ha golpeado al país y al empleo ha instalado la percepción de que España necesita proteger a sus empresas, casi tanto como a sus ciudadanos, o más.
Sin embargo, ¿los problemas de YPF , son los problemas de sus accionistas, o los de los ciudadanos? Porque los intereses de YPF pueden beneficiar a España; pero los intereses de YPF pueden también no ser los mismos que los de España.
Al fin y al cabo, una compañía defiende los intereses de sus accionistas, no los de «los ciudadanos». Y esos espacios colisionan con frecuencia.
Caso concreto de YPF: Resulta que la empresa no comercializa en Argentina el petróleo que obtiene allí porque no le parecen rentables los precios que el país ofrece. Pura estrategia comercial. De manera que Argentina se ve obligada a importar desde el extranjero un petróleo que tiene en su propio país, viendo como su balanza de pago se resiente. Eso es lo que ha hecho que el gobierno de Cristina Kirchner amenace con la nacionalización.
A Repsol se le exigen más inversiones allí, pero «repartió 90% de lo obtenido en Argentina en dividendos a sus accionistas, en un momento en que España atraviesa una severa recesión.» -explica la BBC
Así que, mientras que los ciudadanos españoles sufrirán las consecuencias de la defensa gubernamental sobre YPF, los ciudadanos no tendrán nunca capacidad alguna de decisión sobre las estrategias de las empresas.
Supongamos que no se logra detener la escalada de tensión, que Argentina nacionaliza y que España responde con alguna suerte de bloqueo comercial recíproco. Se romperían los mercados de importación-exportación con ese país: ¿Debemos pagar todos ciudadanos españoles por las estrategias fallidas o acertadas de una sola compañía y del interés de sus ventas y sus accionistas?
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