El catedrático en Derecho Penal Enrique Gimbernat publica un texto en El Mundo sobre la Condena a los periodistas de la Cadena Ser, Daniel Anido y Rodolfo Irago. Gimbernat no lo hace desde la pasión empresarial de la que hemos sido acusados algunos,  -pues pertene al periódico de la competencia- y relata con detalle las razones jurídicas por las que la condena no se ajusta a derecho. Entre otras razones cita -basandose en sentencias del Tribunal Supremo y el Constitucional- que el ciudadano que se acoge al derecho de participación en asuntos públicos no puede pretender que su actividad política sea un tabú:

EN JUNIO de 2002, infringiéndose los Estatutos del PP, se produce en Villaviciosa de Odón, poco antes de las elecciones al Comité Ejecutivo Local de la mencionada localidad madrileña, una afiliación masiva e irregular de 78 personas a ese partido. […]

La cadena Ser dio cuenta de los hechos acaecidos en Villaviciosa el 17 de junio de 2003, recogiéndose también dicha información en su portal de internet Cadenaser.com, que la amplió, publicando, además, la lista completa de los 78 nuevos militantes, a la que habían accedido los periodistas, los cuales, acogiéndose al secreto profesional, se negaron a revelar quién se había apoderado materialmente de los datos de estos afiliados.

La sentencia del juez Rodríguez Fernández reconoce, ciertamente, que la información de la Ser era un «hecho noticiable» […]  condenando, sin embargo, a Anido e Irago porque faltaría el ulterior requisito […] de la necesidad de publicar en el portal de la Ser la lista completa de los 78 afiliados con nombre, apellidos, domicilio y número de afiliación.  […]

El derecho a la participación en los asuntos públicos reconocido en el art. 23.1 CE condiciona que, por mucho que figure en una base de datos[…], el ciudadano que se acoge a ese derecho de participación no puede pretender que su actividad política sea tabuizada permaneciendo en la impenetrabilidad. Así lo ha reconocido también el TC en diversas sentencias en las que ha tenido que ocuparse de la anulación de candidaturas presentadas por agrupaciones de electores vinculadas al terrorismo o a la violencia […]

TC, confirmando las del TS, establece desde la STC 85/2003, de 8 de mayo (en el mismo sentido, las SSTC 99/2004, 110/2007 y 44/2009) que «es obvio que entre aquellos aspectos básicos [de la intimidad] no se encuentran los datos referentes a la participación de los ciudadanos en la vida política, actividad que por su propia naturaleza se desarrolla en la esfera pública de una sociedad democrática, con excepción del derecho de sufragio activo dado el carácter secreto del voto. De esta manera, el ejercicio del derecho de participación política (art.21.3 CE) implica en general la renuncia a mantener ese aspecto de la vida personal alejada del público conocimiento».  [lea aquí el artículo completo]

Para la gente que todavía no entienda por qué ha preocupado tanto a los Internautas la Ley Sinde y su modificación hemos elaborado la «Guía para no perderse en la Revuelta de Internet«, así que no insistiré mucho en este aspecto.

Como se ha dicho allí, no está siendo una protesta gratuita; la Ley creará una gran inseguridad jurídica para cualquiera que tenga un blog o una página web y dificilmente será eficaz para perseguir la mal llamada piratería (tan cambiante y adaptable). Por otra parte dejará un arma peligrosísima para atacar a la libertad de expresión (un simple link a youtube podría ser un argumento legal para cerrar un blog).

Para entenderlo de forma sencilla hay que saber que siempre que se ha denunciado una página con links a películas -o a música-, las sentencias han sido absolutorias, porque enlazar no es delito. Si lo fuera, Internet tendría que desaparecer pues Google o cualquier periódico digital de este país estaría cometiendo un delito tras otro.
Con esa Ley, la industria -que no los autores- está tratando de crear un peligroso atajo saltándose a los jueces, que tan pocas veces les dieron la razón. Es decir, de prosperar, esta ley atacaría la naturaleza de la red, de sus enlaces y desde luego de la democracia.

Es lógico, por tanto, que, como hasta ahora, sea un juez quien estudie caso por caso, garantizando el desarrollo de Internet y el derecho a la legítima y trabajada defensa. Eso produce retrasos procesales que no benefician a ese sector, claro, pero es que la justicia española es garantista, por fortuna..o eso pensábamos. La industria debería dedicar los esfuerzos a buscar soluciones imaginativas en lugar de perder tiempo y energía con soluciones ineficaces y socialmente inquietantes.

Aunque no terminen de creerlo, esto puede tener importantes consecuencias electorales. En términos políticos la operación ha sido nefasta. Colando la Propiedad intelectual de rondón en la Ley de Economía Sostenible, han manchado la Ley al completo. Hoy, poca gente habla de la «Disposición» de Propiedad Intelectual en la Ley de Economía Sostenible… La gente lo resume todo en que la Ley de Economía sostenible es un disparate.  Y el Psoe corre el riesgo de darse cuenta demasiado tarde porque cada día que pasa el daño es mayor. Este nuevo mundo es así -ya lo he dicho otras veces.

Cabe la posibilidad de que los grupos de la oposición traten de apuntarse el tanto -hay negociaciones con todos los grupos para intentarlo- y sean ellos quienes consigan borrar ese aspecto de la Ley, en cuyo caso, el mérito será para otros y el PSOE habrá luchado en una batalla innecesaria, con un daño difícil de cuantificar.

Miles de jóvenes, muchos de ellos entre 16-17 años, futuros votantes, conviven con una realidad al márgen de la que trata de imponer el gobierno con la Ley Sinde y la red se ha movilizado con una gran contundencia. Quizá movilizarse en Internet parezca sencillo, pero créanme: cambiar de papeleta o no acudir a votar lo es igualmente. Hoy, esa sociedad, exige que la Disposición desaparezca, que su voz sea escuchada.

Es verdad que el gobierno está en un callejón complicado.  Corregir la Ley sería desacreditar a la Ministra González-Sinde y no hacerlo… sería despegarse del electorado. En el PSOE creen que abierto el melón como está sería un error cerrarlo para tener que abrirlo posteriormente -como exigirán Europa y los EE.UU-, aunque no es verdad. En Canada y Reino Unido se han abierto importantes debates sobre la materia, incluso con herramientas públicas para que la gente pueda debatir online el tipo de modelo que quiere para su país.

En realidad, aquí, lo que hace falta es que los socialistas mediten en profundidad -y alguno lo ha hecho- qué es la Propiedad Intelectual para ellos.

Alguien debería avisarles de forma urgente de que, lejos de lo que parece, están asumiendo las tesis más ultracapitalistas sobre la propiedad intelectual, los derechos de autor, la cultura, la creación y su difusión entre quienes tienen menos recursos. No hay más que preguntar el nombre de quienes están dirigiendo desde la distancia estas políticas.

Soledad Gallego-Díaz en el diario EL PAIS:

«La decisión que tome la Audiencia Provincial de Madrid sobre el recurso presentado por los periodistas de la Cadena SER Daniel Anido y Rodolfo Irago contra la sentencia que les condenó a 21 meses de cárcel e inhabilitación profesional por una información sobre afiliaciones irregulares en el PP es de enorme importancia porque no se trata de fijar qué tienen derecho a publicar o difundir los periodistas, sino de determinar qué tienen derecho a saber los ciudadanos. Lo que importa no es que la Audiencia rebaje las penas, como han sugerido algunos políticos, sino la absolución plena de los periodistas, porque lo que está en juego no es algo que se calcule en días de cárcel, sino en poder ejercer un derecho o no, algo que no admite medias tintas. […]

No es nuevo que se pretenda reducir el ámbito de trabajo de los periodistas. Lo que es nuevo es que esta ofensiva manifiesta contra el periodismo, al que se le niega la obligación de vigilar los abusos de los diferentes poderes, o se le exigen condiciones imposibles de cumplir, empieza a extenderse por todo el mundo, alentado por delincuentes multimillonarios, políticos corruptos y sinvergüenzas variados que utilizan los tribunales y la defensa de la intimidad como un escudo que esconda su realidad….»   [leela completa aquí]

Jose Luis Rodríguez Zapatero hoy en EL PAIS:

P. ¿Le parece razonable que una fiscal llegue a pedir tres años y seis meses de cárcel para dos periodistas de la cadena SER por publicar una información veraz de interés público?

R. Yo no juzgo nunca las actuaciones de los fiscales y menos de los jueces, pero si me pregunta la opinión por el proceso judicial en general y por esa sentencia, no me gusta nada, no la comparto en absoluto.

P. Le pregunto porque la fiscalía se rige por el principio de jerarquía y al frente de esa jerarquía está el fiscal general del Estado, nombrado por usted.

R. El fiscal general del Estado y la fiscalía con relación al Gobierno lo que hace es cumplir políticas, las políticas criminales, la orientación de las políticas criminales. Pero los fiscales actúan con su criterio y con su libertad y con su independencia. Esto es así. Nadie puede pensar que el Gobierno de España le dice al fiscal en uno u otro caso lo que tiene que hacer.

¿Perdón? ¿Son esto políticas criminales?

Recien llegada a su cargo, la ministra de cultura, Ángeles González Sinde, quiso tranquilizar a los internautas porque Internet es «imparable» y «va a seguir siendo la herramienta prioritaria de difusión de la cultura y de comunicación de nuestros tiempos»…

Pepe Cervera en Retiario:

«…Lo que hace funcionar Internet es el consenso, que no la unanimidad ni la mayoría; consenso basado en una extensa y muchas veces caótica discusión de opiniones defendidas por personas de reconocido prestigio.

Las decisiones técnicas y políticas de ICANN se toman por este procedimiento, en el que cualquiera que quiera hablar tiene garantizado ser escuchado con independencia de dónde venga o de quién sea. Lo que no tiene garantizado es el respeto o el peso de su opinión; eso hay que ganárselo. […]

Así es como se ha construido Internet. Y así es como se gestó tanto el manifiesto como RedSOS. Con mucho trabajo y no poco ruido; con posturas encontradas y una gran divergencia de pareceres coagulando, dada la importancia, en un texto de compromiso, en una acción común. Desde fuera de la Red parece un caos.

Pero desde dentro, de Internet y del proceso, es hasta hermoso: una victoria de la inteligencia individual y colectiva sobre las limitaciones tecnológicas y políticas inherentes al ciberespacio. No es democracia, pero es libre, abierto, inclusivo y participativo. No es bonito, ni elegante. Pero es el modo de gobierno del futuro….» [leelo aquí completo]