Sigue la batalla jurídica en el caso de mobbing militar
El comandante asturiano que denunció por primera vez acoso laboral dentro del Ejército ha presentado una dura queja al Fiscal General del Estado contra la actuación de la Fiscalía militar, informando de la misma al Rey. Además ha pedido aclaraciones al Tribunal Supremo, por considerar que cometió un error al juzgar su caso. El afectado no descarta seguir la batalla jurídica recurriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo o al Comité de Derechos Humanos de la ONU, si no se atiende a su queja.
La Sala 5ª de lo Militar del Tribunal Supremo acaba de desestimar el recurso de casación que el comandante presentó contra la absolución del Coronel Gómez Armero por un presunto delito de «deslealtad» cometido en un contexto de mobbing. Pero dos de los cinco magistrados emitieron un voto particular, considerando probado que el Coronel actuó con dolo y que todas sus acciones obedecieron a un designio unitario: intimidar al comandante y tomar represalias. Por ello piden que sea castigado por una falta grave de excederse arbitrariamente en el ejercicio del mando.
Esto ha dado alas al denunciante para seguir con su lucha, sobre todo porque los dos magistrados en cuestión no son jurídicos militares, sino que provienen de la carrera civil y están considerados progresistas y más imparciales, en opinión del comandante.
El error del que el comandante se queja, se refiere a que el Tribunal Supremo eludió pronunciarse sobre la petición de que el coronel Armero fuese condenado por el tipo leve del delito de deslealtad. Argumentaron que se trataba de una petición nueva, lo cual no es cierto segun el abogado del comandante. También denuncian que en cuanto al parte falso que dio el coronel, la sentencia simplemente argumenta que el comandante estaba de baja y que por ello el parte nunca podía perjudicar al servicio. Sin embargo el propio Tribunal Supremo condenó a un cabo por una situación idéntica.
La insatisfacción del comandante es compartida por su familia que ha enviado un durísimo alegato al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, con copia al Rey, en protesta por la actuación del fiscal, que en el tribunal anterior pidió un año y medio de prisión para el coronel y ahora defendió su inocencia quitándole importancia a todo. En el texto se denuncia que «solo se producen condenas cuando hay violaciones, golpes, robos escandalosos o cuando son muchas las personas que tienen que retirarse por el abuso de un superior» y lamenta que a las personas implicadas en lo ocurrido «se les han otorgado cargos importantes, mientras a las víctimas se les tacha de conflictivos, vagos o criminales».
Además la familia del comandante se pregunta por qué no se ha acusado de falso testimonio a una de las partes, ya que dos tenientes coronel y los testigos del comandante defendieron versiones opuestas. El escrito dice textualmente «Apostamos fuerte porque una de las dos partes faltó a la verdad y nos dan «café para todos». Sean valientes, métannos a nosotros en la cárcel si están convencidos de que fuímos los que faltamos a la verdad.»
Finalmente y como ejemplo de la desmoralización en que se han visto sumidos, consideran que la actuación de la instituciones en este caso les «libera de cualquier compromiso futuro con el Ministerio Público como testigos y como denunciantes, aceptando las posibles responsabilidades futuras que esa conducta pueda conllevar. Sobre todo si quienes nos la han de exigir son las mismas personas que hemos visto actuar que, sin lugar a dudas, no se pararán un instante a comparar una cosa con la otra. No olvide nunca Sr. Herrero-Tejedor que no ha protegido a los testigos que han resultado perjudicados ni a la víctima del acoso».
El comandante ha denunciado además represalias contra algunos de sus testigos y el hecho de que sigan produciéndose «persecuciones» veladas contra el. Por ejemplo, cuando no se borraron sanciones de SIPERDEF, anuladas por los tribunales.
