El suicido de un hombre antes de ser desahuciado recuerda la urgencia de garantizar el acceso a la vivienda

El suicidio de un hombre de 58 años en Sants (Barcelona) antes de ser desahuciado, después de que el juzgado desestimara el informe de vulnerabilidad de los servicios sociales, revela la urgencia de garantizar el acceso a la vivienda en España. Según fuentes municipales citadas por El Periódico, llevaba mucho tiempo en el paro y había agotado la prestación por desempleo. «Esto es lo que pasa cuando te niegas a regular los precios, a parar los desahucios, y llevas a la gente a una situación límite», dijo al respecto Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogateres i Llogaters. La Cafetera de Radiocable.com ha analizado con sus oyentes lo sucedido y debatido sobre la consideración de la vivienda como un derecho en España para garantizar su acceso a la ciudadanía.

En este contexto, varias informaciones apuntan que el Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros de este martes un recurso contra la ley catalana que regula los precios del alquiler, ante el Tribunal Constitucional. Con el argumento de que vulnera competencias estatales. Sin embargo, no pedirá su suspensión. Lo que ha provocado la reacción del Sindicato de Inquilinos y de Inquilinas, que convocó una protesta frente a la sede socialista de Ferraz (Madrid), ante la posibilidad de que el Gobierno recurra la ley de vivienda catalana.

En rueda de prensa, José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dijo que «es muy difícil no recurrir» la ley «cuando la Comisión de Garantías Estatutarias de Catalunya emite un informe tan negativo».

Cataluña se convirtió en septiembre de 2020 en la primera comunidad autónoma española con una ley de regulación de los precios del alquiler. Una ley que es pionera en regulación de alquileres, y que desde el sindicato de inquilinos e inquilinas quieren que se extienda al resto del Estado. Así lo expresó en su momento Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas: «Esta ley no se puede quedar solo en Cataluña. La necesitamos también en Madrid, Valencia, Málaga y en todo el territorio. Ahora toca convertirla en ley estatal».

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