Olga Rodríguez, Carlos Hernández y Jon Sistiaga no son políticos. Son periodistas que estaban en el Hotel Palestina el día que un militar norteamericano, ebrio de guerra, decidió disparar contra aquel lugar. Violó la convención de Ginebra, pero lo que es peor, mató a dos ciudadanos. Hoy los tres periodistas, que pudieron perder la vida cuando les arrebataron un trozo de la misma, escriben una carta en EL PAIS criticando la decisión del fiscal Jesús Alonso. Recordemos: el fiscal que ha decidido dejar de lado a la familia Couso y por extensión a todos nosotros.

«No entendemos al fiscal de la Audiencia Jesús Alonso cuando dice en su recurso contra el caso Couso que sólo hay «unas vagas declaraciones de testigos que, por su propia ubicación, nada han visto o podido ver». Quizá a estas alturas el fiscal aún no sabe que dada nuestra ubicación, sí veíamos. Le sugerimos que lea las declaraciones que hicimos en la Audiencia Nacional en 2003 como testigos del ataque contra el hotel Palestine. Así se enteraría el fiscal de que el puente desde donde se lanzó el ataque se llama Al Jumiriya y no Jamurohara; o de que Couso y Taras Protsyuk (el otro periodista fallecido) no estaban en la misma planta, como él dice en su recurso, sino en plantas diferentes; o de que la tesis de la existencia de un francotirador en el hotel fue desmentida por los casi 200 periodistas que allí vivíamos, e incluso descartada por el propio Pentágono, que optó finalmente por la tesis del «ojeador», tesis por cierto que tampoco justifica el ataque contra un hotel habitado por civiles. Estamos seguros de que el fiscal no quería sugerir que matar civiles en una guerra no es delito; pero así lo parece, debido a sus imprecisiones, errores y ambigüedad. Le suplicamos por tanto un mayor rigor en sus escritos y le comunicamos que estamos a su disposición si le interesa saber qué vimos el 8 de abril de 2003 y por qué pensamos que la justicia española no debe abandonar el caso Couso.» [leído aquí]