El fiscal del Estado de Texas ha demandado a la Administración de Joe Biden por el decreto federal que obliga a que los hospitales practiquen abortos en emergencias médicas en las que la vida de la madre corre peligro. Además el gobierno de EEUU ha anunciado un nuevo decreto para proteger el derecho al aborto, algo que desde Texas -que tiene una de las normativas sobre interrupción del embarazo más restrictiva de todo el país- se cuestiona porque consideran va en contra de las leyes estatales. Y en Indiana, el fiscal investiga a la médico que practicó un aborto a una niña de 10 años de Ohio violada y que tuvo que cambiar de estado para poder interrumpir su embarazo.

Desde la histórica revocación del derecho al aborto dictaminada por el Tribunal Supremo en EEUU, se suceden los intentos de los defensores de este derechos y de quienes se oponen a ella por reforzar su posición. El gobierno de Joe Biden ha anunciado un decreto para proteger el derecho al aborto y, entre otras medidas, obligar a los hospitales a practicarlos si la vida de la madre corre peligro incluso aunque las leyes estatales lo prohíben. Este decreto no garantiza el derecho al aborto en EEUU, ya que la única manera de hacerlo sería aprobar una ley en el Congreso, pero intenta ofrecer algún tipo de respaldo normativo a las mujeres.

Sin embargo en Texas, el estado que en 2021 ya aprobó una ley ultra restrictiva que prohibía el aborto desde las seis semanas de gestación sin excepciones, ha reaccionado demandando a la Administración Biden por este decreto. El fiscal de Texas, Ken Paxton, sostiene que va en contra de las leyes estatales al obligar a hospitales y médicos a «cometer crímenes y poner en riesgo sus licencias» aunque sea en casos en los que la vida de la madre peligra. También acusa al gobierno de EEUU de buscar «transformar cada sala de emergencias del país en una clínica de aborto sin cita previa».

La portavoz de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, ha respondido calificando al fiscal Paxton de «un ejemplo más de un funcionario republicano radical» y señalando que: «Es impensable que este funcionario demande para impedir que las mujeres reciban atención vital en las salas de urgencias, un derecho protegido por la ley estadounidense».

Por otro lado, en Indiana, el fiscal general ha anunciado que su oficina está investigando a la doctora que practicó un aborto a una niña de 10 años, embarazada de seis semanas a causa de una violación a la que su estado natal, Ohio, había prohibido el procedimiento. El caso de la menor había generado un enorme revuelo e indignación tras conocerse que se veía obligada a cambiar de estado, porque la nueva ley aprobada en Ohio prohíbe el aborto cuando se pueda detectar actividad cardíaca fetal, incluso en casos de violación o incesto.

El médico de la niña contactó con una ginecóloga de Indiana, Caitlin Bernard, para que llevara a cabo el procedimiento, ya que en este estado aún es posible acceder a un aborto. La intervención se produjo el pasado 30 de junio y la doctora Bernard notificó el procedimiento al Departamento de Salud, dos días después.

Sin embargo, el fiscal general de Indiana, el republicano Todd Rokita anunció que están investigando si Bernard cumplió con todas las exigencias establecidas en la ley del estado sobre abortos. En Indiana, los procedimientos realizados a menores de 16 años deben ser reportado al Departamento de Salud del estado y también al departamento de servicios infantiles dentro de los tres días siguientes. Rokita aseguró que no había encontrado este registro, aunque algunos medios lo han publicado.

 

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